La Cámara Minera de San Juan respaldó la intención del Gobierno nacional de revisar o “aclarar” la Ley de Glaciares, en una postura que reabre la tensión entre inversión minera y preservación ambiental. Aunque el sector habla de necesidad de seguridad jurídica, especialistas advierten que la iniciativa puede debilitar uno de los marcos de protección hídrica más importantes del país.

Iván Grgic, presidente de la entidad, celebró que el tema forme parte de las prioridades del Ejecutivo y sostuvo que la falta de precisión del articulado afecta no sólo a la minería, sino también a otras actividades contempladas por la ley. Desde el sector aseguran que la normativa actual genera “incertidumbre” y trabas para proyectos estratégicos.

Sin embargo, el respaldo empresarial se da en un contexto donde organizaciones ambientales, académicos y especialistas en gestión del agua vienen advirtiendo que una flexibilización del marco legal podría poner en riesgo ecosistemas clave, especialmente en provincias cordilleranas donde el retroceso de glaciares es acelerado y la presión extractivista creciente.

El punto central: la disputa por el alcance normativo

Para la CMSJ, el foco del debate está en definir con exactitud el alcance de la ley: qué se protege, cómo se clasifican los ambientes periglaciares y qué nivel de intervención se permite en zonas sensibles. El sector insiste en que la actualización debe resolverse “sin demoras” para consolidar la seguridad jurídica “necesaria” para proyectos a largo plazo, especialmente los vinculados al cobre y al litio.

Grgic destacó además el rol de la Provincia de San Juan en el proceso. Según el dirigente, es el gobierno provincial el que está llevando los planteos técnicos a la Nación. Pero críticos advierten que esta estrategia —impulsada por una provincia históricamente vinculada al desarrollo minero— puede sesgar el debate hacia los intereses del sector, relegando la protección del ambiente y el recurso hídrico.

Decretos, leyes y competencias: dónde se juega la pulseada

La discusión incluye dos caminos posibles: una nueva ley aprobada por el Congreso o un decreto reglamentario que modifique la interpretación de la norma vigente. El Gobernador de San Juan sugirió que ambas son opciones viables, aunque desde la industria empujan especialmente la idea de una ley “aclaratoria”.

En caso de avanzarse con una nueva norma, la CMSJ plantea tres ejes:

Reafirmar la competencia provincial para definir áreas protegidas.

Revisar con detalle las áreas periglaciares y glaciares de escombros, figuras clave para el resguardo de reservas hídricas.

Precisar el criterio de significancia hídrica, un punto que el sector considera ambiguo.

Pero justamente esos son los puntos donde especialistas ambientales alertan sobre posibles retrocesos. Las áreas periglaciares y los glaciares de escombros son fundamentales para la regulación del agua en zonas áridas; limitar su protección, incluso bajo el argumento de mayor precisión técnica, abriría la puerta a intervenciones industriales en zonas hoy resguardadas.

Un sector alineado, pero con críticas en aumento

La postura de la CMSJ coincide con la de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lo que refleja un consenso interno del sector para avanzar en cambios. Pero también queda en evidencia un creciente contrapunto: mientras empresarios piden “claridad jurídica”, organizaciones socioambientales interpretan la revisión como un intento de relajar las restricciones ambientales en beneficio de grandes empresas.

En paralelo, la sociedad civil y especialistas en recursos hídricos sostienen que la ley actual —a pesar de sus imperfecciones— constituye uno de los marcos más avanzados de protección de glaciares y ambientes asociados en América Latina, y advierten que abrir su articulado en el actual contexto político puede terminar favoreciendo intereses económicos por encima del resguardo ecosistémico.

El respaldo de la Cámara Minera de San Juan a la revisión de la Ley de Glaciares evidencia una ofensiva coordinada del sector para modificar un marco legal que consideran restrictivo. El Gobierno nacional recoge el guante y abre la puerta a una discusión profunda, pero el riesgo es claro: que en nombre de la seguridad jurídica se avance en un debilitamiento de la protección de las reservas hídricas en uno de los territorios más sensibles del país.

La disputa recién comienza y será una de las más relevantes del nuevo ciclo político: en ella se juega no sólo el futuro de las inversiones mineras, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo, autonomía provincial y preservación ambiental en una región clave para el abastecimiento de agua en tiempos de crisis climática.

Ante la falta de interlocución con el Gobierno y en medio de fuertes presiones internas, la conducción renovada de la CGT recibe este martes a los diputados nacionales de extracción sindical para consensuar una estrategia parlamentaria contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei. El encuentro, que se realizará en la sede de Azopardo, busca unificar criterios frente a un proyecto que la central considera regresivo y que divide posturas dentro del movimiento obrero.

La nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) encara su primera acción política de peso desde su asunción: una reunión con los diputados nacionales vinculados al mundo sindical para avanzar en un frente común contra el proyecto de flexibilización laboral del Gobierno nacional. La convocatoria surge ante la ausencia de una mesa de negociación formal con la administración de Javier Milei, que hasta el momento no ha llamado a debatir los aspectos centrales de la reforma en el plano tripartito.

La decisión fue tomada en la última reunión de la mesa chica cegetista realizada en la sede porteña de UPCN, bajo la conducción del flamante triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Allí se resolvió avanzar en una articulación directa con los legisladores sindicales, considerados un eslabón decisivo para condicionar el camino legislativo del proyecto.

Entre los diputados convocados figuran Vanesa Siley (Judiciales Ciudad), Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) —todos ellos con renovación de mandato— y Hugo Moyano (hijo), quien asumirá el 10 de diciembre. También participarán los actuales legisladores gremiales Mario “Paco” Manrique (SMATA), Carlos Cisneros (Bancarios) y José Gómez (Luz y Fuerza), con mandatos vigentes hasta 2027.

Presiones internas y el pedido de un tono más firme

La previa del encuentro llegó caldeada. Mario Manrique, referente del SMATA y uno de los diputados sindicales más cercanos al kirchnerismo, lanzó una advertencia directa a la conducción cegetista:
“Acá es blanco y negro. No es momento para especular ni para andar por la vereda del medio”, afirmó. El legislador reclamó una postura más contundente frente a lo que considera un avance regresivo del Gobierno y no descartó una escalada en el plano social.
“La calle va a tomar un protagonismo fundamental”, anticipó, recordando que la CGT debe sostener los compromisos que asume si pretende retener la confianza de los trabajadores.

Sus declaraciones evidenciaron las tensiones internas que atraviesa la central obrera: mientras un sector busca sostener un canal de diálogo con el oficialismo, las alas más duras presionan por endurecer la respuesta y activar mecanismos de protesta en caso de que el Gobierno insista en avanzar sin consensos.

Cristian Jerónimo, dirigente del vidrio e integrante del triunvirato, fue categórico:
“No vamos a aceptar ninguna propuesta regresiva que implique quita de derechos: jornada de 12 horas, banco de horas, salario por productividad. Nada de eso tiene viabilidad”, sostuvo. Además, cuestionó el rol del Consejo de Mayo, en el que participa Gerardo Martínez (UOCRA), al señalar que no se observa “ningún tratamiento serio” sobre propuestas concretas.

Un Gobierno confiado en la nueva correlación de fuerzas parlamentaria

Aunque existían versiones sobre una posible reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta el momento no hubo confirmación oficial. En el encuentro que mantuvo con autoridades de la Unión Industrial Argentina la semana pasada, trascendió que Santilli deslizó ante Sola y Jerónimo que habría una convocatoria y que “el contenido de la reforma no es el que trascendió”. Sin embargo, ese gesto no alcanzó para calmar las dudas dentro de la CGT.

En la central interpretan que el Gobierno apuesta a la nueva composición del Congreso para avanzar sin necesidad de acuerdos amplios. Esa lectura —sumada a filtraciones sobre propuestas como la ampliación de la jornada laboral, la desregulación de horas de trabajo, la disminución de aportes patronales y la facilitación de despidos— encendió todas las alarmas en el movimiento obrero.

Los puntos más conflictivos de la reforma laboral

Entre los aspectos del proyecto que generan mayor rechazo se destacan:

La limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

La priorización de acuerdos por empresa por sobre los convenios de actividad.

La reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales.

La flexibilización de la jornada laboral, con mecanismos como el banco de horas.

La reducción de aportes patronales y la facilidad para despidos sin causa justificada.

Manrique fue tajante al respecto:
“Ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo. Todas se plantearon en épocas de crisis para abaratar despidos”, sostuvo.

Un escenario dividido y la búsqueda de unificarse

La CGT llega a este encuentro atravesada por dos tensiones simultáneas: por un lado, la estratégica, vinculada a cómo enfrentar la reforma; por otro, la política, donde el kirchnerismo busca influir para empujar a la central hacia una postura más confrontativa. El triunvirato, mientras tanto, intenta sostener un equilibrio entre mantener canales abiertos con el Gobierno y responder al clima de su propia base.

El encuentro de esta tarde en Azopardo 802 es clave para definir el tono que adoptará la CGT en las próximas semanas. Con un Gobierno que avanza sin señales claras de negociación y con sectores internos reclamando firmeza, la central obrera deberá resolver si opta por profundizar la presión política en el Congreso, reforzar la estrategia de movilización o apostar a un equilibrio complejo entre ambos caminos.

Lo cierto es que la reforma laboral se perfila como uno de los debates más tensos del nuevo ciclo político, y la posición que adopte la CGT determinará no solo su peso institucional, sino también el nivel de conflictividad social en los meses por venir.

La ministra de Seguridad denunció penalmente al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por declaraciones que calificó como “amenaza contra el orden constitucional”. El dirigente respondió con dureza y apuntó a un intento del Gobierno de “disciplinar la protesta” en el marco del inminente paro contra la reforma laboral. Organismos, sindicatos y referentes sociales expresaron su solidaridad y cuestionaron el accionar oficial.

La tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales sumaron un nuevo capítulo, luego de que el Ministerio de Seguridad —a través del director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Soto— presentara una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. El escrito acusa al dirigente de “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática” por haber declarado que su rol es “provocar la crisis de este Gobierno”.

La presentación sostiene que Aguiar habría incurrido en una “amenaza pública” en el contexto del inminente envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. El Gobierno argumenta que las afirmaciones del gremialista buscan “afectar el ejercicio del mandato popular” del Presidente y obstaculizar su capacidad constitucional para impulsar cambios legislativos.

La acusación llega en un momento político particularmente sensible: a solo dos días del primer paro nacional convocado por ATE contra lo que consideran una reforma laboral regresiva y persecutoria de la organización sindical.

La respuesta de Aguiar: “El que atenta contra la Constitución es este Gobierno”

Minutos después de conocida la denuncia, ATE difundió un contundente comunicado firmado por Aguiar, quien calificó la acción como “temeraria” y denunció una estrategia oficial para acallar la protesta social.

“El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno”, afirmó el dirigente, señalando como prueba el uso del “protocolo anti movilización” y la “represión de todos los miércoles”, en referencia al operativo de Seguridad que se despliega frente al Congreso cuando se tratan proyectos oficiales.

Aguiar también destacó lo que llamó una “doble vara” del Gobierno, recordando declaraciones del propio Presidente en las que aseguró que “va a destruir el Estado”. “¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, cuestionó.

Para el dirigente estatal, la denuncia forma parte de un intento de disciplinamiento sindical:
“Lo de Bullrich es enfermizo y temerario. No es casual que llegue dos días antes del paro. Si alguien cree que el Gobierno se desestabiliza por declaraciones televisivas, está aceptando lo endeble de una gestión que vive pendiendo del hilo de la timba financiera y del dólar.”

Solidaridad creciente del movimiento obrero y organismos sociales

La reacción del campo gremial fue inmediata. En las primeras horas posteriores a la denuncia se multiplicaron los pronunciamientos de apoyo a Aguiar, especialmente desde sectores que perciben en el avance judicial del Ministerio de Seguridad un nuevo capítulo en la confrontación del Gobierno con los movimientos sindicales.

La CTA Autónoma manifestó su “repudio absoluto” a la denuncia y defendió el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de los dirigentes gremiales. También lo hizo la Federación Judicial Argentina, que alertó sobre una “tendencia preocupante a criminalizar la actividad sindical”.

Se sumaron además la Seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria, el Directorio Obrero del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén, la Junta Interna de ATE en el EPAS, la Seccional ATE San Pedro (Misiones) y diversas agrupaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de “judicializar el conflicto social”.

Con el correr de las horas, referentes académicos, dirigentes políticos opositores y especialistas en derecho laboral también se expresaron públicamente, aportando un marco más amplio a la discusión sobre los límites institucionales y la libertad sindical en momentos de reformas estructurales.

Una pulseada que anticipa un escenario de mayor confrontación

La denuncia contra Aguiar no solo agudiza la tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales, sino que funciona como un anticipo del clima que acompañará la discusión de la reforma laboral, un proyecto que promete reconfigurar las relaciones de trabajo y que ha sido duramente cuestionado por la mayoría de las centrales gremiales.

Para los sindicatos, el avance judicial representa un mensaje político: la advertencia de que el Gobierno está dispuesto a llevar la disputa más allá del terreno discursivo y que no dudará en recurrir al sistema penal para contener la protesta.

Para el Gobierno, en cambio, se trata de marcar un límite a lo que considera “discursos desestabilizadores” y de sostener su narrativa de orden en un contexto económico frágil y con creciente conflictividad social.

El enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Rodolfo Aguiar se inscribe en una coyuntura de alta sensibilidad política, marcada por la inminente reforma laboral y la reactivación de los mecanismos de protesta sindical. La denuncia no solo profundiza la disputa entre el Ejecutivo y ATE, sino que abre interrogantes sobre el papel de la Justicia en los conflictos sociales, la vigencia del derecho a la protesta y los límites de la confrontación política en un país que atraviesa una crisis económica persistente.

El escenario, lejos de apaciguarse, anuncia semanas de mayor tensión, con un movimiento sindical que promete redoblar la presión y un Gobierno que apuesta a mantener el control a través de la judicialización y el endurecimiento discursivo.