Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán tres paros de 24 horas durante noviembre, convocados por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Las medidas están previstas para este martes 3, el jueves 12 y el lunes 16, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la federación, que resolvió sostener las medidas de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. La organización reclama una respuesta urgente para recuperar los ingresos del personal y garantizar los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresaron desde FATUN al anunciar las jornadas de protesta. La federación también advirtió que mantendrá su programa de lucha hasta obtener respuestas del Ejecutivo.

El litigio excede la negociación salarial. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial con los dos tercios de los votos, permanece en el centro de una controversia institucional. El Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento y a la asignación de partidas presupuestarias.

Posteriormente, la Justicia federal ordenó avanzar con su cumplimiento, incluida la actualización de los salarios docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. El Gobierno apeló las decisiones judiciales para evitar la aplicación inmediata de la ley, por lo que la disputa continúa en los tribunales.

Las tres jornadas de noviembre volverán a afectar el funcionamiento administrativo y operativo de las universidades nacionales. El reclamo de FATUN coloca nuevamente en primer plano la pérdida salarial del personal y la discusión sobre los recursos necesarios para sostener la educación superior pública.

La crisis del consumo ya tiene una expresión concreta en las calles de Córdoba: durante septiembre y octubre cerraron 263 establecimientos comerciales, un promedio de cuatro por día. El relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) expone el deterioro de los negocios minoristas, en medio de una contracción prolongada de las ventas y de hogares cada vez más endeudados.

La caída alcanza con especial intensidad a los rubros de primera necesidad. En octubre, el volumen de ventas minoristas de alimentos retrocedió 8,7% interanual y completó once meses consecutivos en baja. Según la Cámara de Comercio de Córdoba, las ventas generales disminuyeron 19% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la rentabilidad cayó 21%.

La pérdida de ingresos obliga a los comerciantes a operar con márgenes reducidos, limita la reposición de mercadería y dificulta afrontar alquileres, servicios y otros costos fijos. El impacto se concentra especialmente en los pequeños establecimientos, incluso aquellos con décadas de trayectoria. El Centro de Almaceneros de Córdoba informó que en septiembre cerraron 82 comercios barriales, en coincidencia con una caída del 11,3% en sus ventas.

Las perspectivas tampoco ofrecen señales alentadoras. El informe del IETSE indica que el 6,5% de los comerciantes considera que podrá sostener su negocio menos de tres meses, mientras que otro 11,5% estima que tendrá margen para continuar entre tres y seis meses. En conjunto, el 18% anticipa que podría dejar de operar antes de medio año.

La contracción comercial está directamente relacionada con las dificultades financieras de las familias. El 88,5% de los hogares consultados recurrió a alguna modalidad de financiación para comprar alimentos durante los últimos 30 días: el 38,2% compró fiado, el 36,3% utilizó tarjetas de crédito y el 14% pidió dinero prestado. Además, el 61,7% afirmó que no podría sostener sus gastos durante más de una semana si perdiera sus ingresos.

Desde el instituto advirtieron que «una parte sustancial de las familias ya no puede resolver sus necesidades alimentarias con los ingresos mensuales». Esa restricción reduce las compras, compromete la facturación de los negocios y profundiza las dificultades para mantenerlos abiertos.

La desaceleración de los precios tampoco alcanza para revertir el deterioro. La inflación de octubre fue del 1,83%, por debajo del 2,08% registrado en septiembre, pero el IETSE advierte que variaciones cercanas al 2% mensual siguen erosionando los ingresos cuando salarios y recursos familiares no se actualizan al mismo ritmo.

La postal cordobesa expone así una brecha entre la moderación de los índices de precios y la capacidad efectiva de consumo. Mientras las familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas, los pequeños comercios pierden ventas y acumulan dificultades para sostener sus puertas abiertas. Para revertir el cierre de empresas y la pérdida de empleo, es indispensable reactivar el mercado laboral y recomponer los ingresos de las familias.

La pérdida de poder adquisitivo, la incertidumbre sobre la economía y las dificultades para conseguir empleo concentran las principales preocupaciones de los argentinos, según una encuesta nacional de la consultora Zentrix. El relevamiento, realizado en octubre, también registró un rechazo mayoritario a la gestión de Javier Milei: el 55,5% desaprueba su desempeño, mientras que el 36,2% lo respalda.

La inquietud por el rumbo económico encabeza las respuestas, con el 48,2%. Le siguen los ingresos y salarios, mencionados por el 46,2%, y el desempleo, con el 44,6%. La corrupción ocupa el cuarto lugar, con el 42,9%, mientras que las tarifas de los servicios públicos aparecen en el quinto puesto, con el 28,8%.

La distribución de las respuestas revela el peso de las dificultades materiales en la percepción social: cuatro de las cinco principales preocupaciones están vinculadas directamente con la economía. Además, seis de las diez más mencionadas corresponden a cuestiones relacionadas con los ingresos, el trabajo y el costo de vida.

Un dato significativo es que la inflación quedó por debajo de otras inquietudes. Aunque los precios mantienen una variación mensual cercana al 2%, el aumento del costo de vida ya no aparece como la principal preocupación para la mayoría de los consultados. En cambio, los salarios, el endeudamiento familiar y la posibilidad de perder el empleo ocupan un lugar más relevante.

En cuanto a la evaluación presidencial, la desaprobación alcanza el 55,5%, frente a una aprobación del 36,2%. La diferencia es de 19,3 puntos porcentuales. Si bien el respaldo a Milei registró su tercera suba mensual consecutiva —pasó del 31,4% en julio al 36,2% en octubre—, todavía permanece por debajo del rechazo.

La valoración personal del mandatario ofrece cifras similares, aunque con una brecha más amplia: el 58% manifestó una imagen negativa, mientras que el 35,9% expresó una opinión favorable. La distancia entre ambas posiciones llega a 22,1 puntos.

El estudio se realizó entre el 19 y el 30 de octubre de 2026 mediante una encuesta online de alcance nacional, con 1.278 participantes de las 24 jurisdicciones. La muestra fue ponderada según región, edad y sexo.

Los resultados reflejan una demanda social fuertemente asociada con el poder de compra y la estabilidad laboral. A casi tres años del inicio de la gestión libertaria, la evolución de los salarios, el empleo y los ingresos familiares aparece como un factor central para medir la percepción ciudadana sobre el rumbo económico y el desempeño del Gobierno.