El integrante del triunvirato de la CGT advirtió sobre un creciente descontento social y expresó su preocupación por el descreimiento en la política. De cara a 2027, cuestionó los personalismos dentro del peronismo, reclamó una convocatoria más amplia y sostuvo que la dirigencia debe recuperar capacidad de representación.

Sola distinguió tres comportamientos dentro del electorado: quienes mantienen un respaldo firme al Gobierno, quienes se oponen de manera igualmente definida y un tercer grupo al que denominó “ningunismo”. Para el dirigente del Sindicato del Seguro, esa última franja constituye uno de los principales desafíos para la representación política porque no se limita a definir una preferencia electoral, sino que puede derivar en desinterés por participar de los comicios.

“Tenés un doble problema. No solo tenés que convencer a alguien que te vote, sino que tenés que convencerla que vaya a votar”, sostuvo Sola en declaraciones periodísticas, al referirse a lo que considera una pérdida de confianza en las estructuras partidarias.

La crítica al peronismo y los personalismos

El dirigente sindical trasladó ese diagnóstico al funcionamiento del Partido Justicialista. Sola planteó que el peronismo conserva una tradición favorable a las coaliciones, pero cuestionó que esa capacidad de articulación haya quedado condicionada por liderazgos individuales.

“El espíritu de coalición y frentista es afín al peronismo”, señaló. A su entender, el problema comenzó cuando distintas conducciones buscaron interpretar al movimiento desde perspectivas cada vez más personalistas. Esa lógica, sostuvo, termina dificultando la incorporación de dirigentes y organizaciones que podrían participar de una construcción política más amplia.

La crítica incluye también al funcionamiento institucional del PJ. Sola afirmó que nunca fue convocado por las autoridades partidarias para aportar la mirada de los trabajadores y cuestionó que los partidos políticos hayan quedado reducidos, según su interpretación, a estructuras que recuperan protagonismo principalmente durante los procesos electorales.

“El peronismo tiene que ser generoso a la hora de convocar como lo hizo muchísimas veces, pero tiene que ser generoso a la hora de conducir”, planteó. La observación apunta a una diferencia que considera central: ampliar una coalición para ganar una elección no alcanza si luego las decisiones quedan concentradas dentro de una única estructura partidaria.

Una coalición más amplia

Sola también se pronunció a favor de una construcción que reúna a distintas fuerzas con coincidencias programáticas. La propuesta no se limita al PJ, sino que plantea la posibilidad de conformar un espacio capaz de incorporar dirigentes y organizaciones provenientes de otras tradiciones políticas.

El dirigente ya había planteado durante 2026 que el peronismo resulta necesario para cualquier alternativa opositora, pero que, a su entender, no alcanza por sí solo para construir una propuesta política amplia.

Su planteo se inscribe además en una etapa en la que la CGT procura preservar autonomía institucional mientras sus principales dirigentes intervienen cada vez con mayor frecuencia en discusiones sobre el rumbo económico, laboral y político del país. Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello integran desde noviembre de 2025 el triunvirato que conduce la central obrera.

Docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán este martes 22 de septiembre una nueva jornada de paro, en rechazo a la oferta salarial del 3%. Los gremios sostienen que necesitan una recomposición del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 y reclaman la aplicación del artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario. También convocaron a la quinta Marcha Federal para el 15 de octubre.

Las universidades nacionales volverán a paralizar este martes 22 de septiembre sus actividades por 24 horas, en la segunda jornada del paro de 48 horas dispuesto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida completa la huelga iniciada el viernes 18 y fue definida luego de que las organizaciones docentes y nodocentes rechazaran nuevamente una propuesta de aumento salarial del 3%.

La disputa excede la discusión de un porcentaje mensual. Los sindicatos reclaman la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en octubre de 2025. Su artículo 5 establece que los haberes docentes y nodocentes debían actualizarse desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma tomando como referencia, como mínimo, la evolución del IPC, además de disponer actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación publicada por el INDEC.

Una brecha salarial que los gremios calculan en 33,4%

El porcentaje que concentra el reclamo surge de los informes elaborados por FEDUN y CIICTI. El último relevamiento disponible ubica en 33,4% la recomposición nominal necesaria para recuperar, en términos reales, el nivel salarial de noviembre de 2023. CIICTI volvió a señalar ese mismo cálculo en agosto de 2026.

Frente a esa referencia, la propuesta del 3% presentada en la negociación paritaria fue considerada insuficiente por las organizaciones que integran el Frente Sindical. Desde ADIUC, uno de los gremios que participa de la articulación nacional, sostuvieron además que la diferencia acumulada derivada de la aplicación pendiente del artículo 5 equivaldría a unos cuatro salarios. Esa estimación corresponde a la organización gremial y forma parte de sus argumentos para sostener la continuidad de la protesta.

La FEDUN reclama, junto con la recomposición de los haberes, que el Gobierno aplique la normativa vigente. Su secretario general, Daniel Ricci, cuestionó la nueva propuesta oficial y sostuvo que el porcentaje ofrecido no permite recuperar la pérdida acumulada por los trabajadores universitarios.

El reclamo también alcanza becas, hospitales e investigación

El conflicto incorpora además recursos para las funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y extensión. Los gremios plantean que el financiamiento debe contemplar las becas estudiantiles, los hospitales universitarios y las condiciones necesarias para sostener la enseñanza y la investigación.

La propia Ley 27.795 establece entre sus objetivos garantizar el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes, además de asegurar condiciones laborales y salariales para docentes y nodocentes. También dispone recursos para tecnología, formación y fortalecimiento de las plantas universitarias.

La continuidad de la huelga no constituye una medida aislada. El Frente Sindical anunció un esquema de 23 jornadas de protestas, que desembocará en una nueva Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre, acordada junto con el Consejo Interuniversitario Nacional.

La convocatoria reúne a FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, con participación de docentes y nodocentes de universidades de todo el país. En distintas casas de estudios se sumaron actividades de visibilización, clases públicas y otras iniciativas durante las jornadas de protesta.

La huelga de este martes reinstala la controversia salarial entre el Ejecutivo y el sector universitario, donde la brecha entre el 3% ofertado y el 33,4% exigido expone un quiebre profundo. Esta distancia no solo frustra el acuerdo mensual, sino que reactiva el debate de fondo sobre el cumplimiento de la Ley 27.795 y la garantía presupuestaria para las casas de altos estudios.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que la partida destinada a remuneraciones de la Administración Pública Nacional cayó 32,6% en términos reales en agosto de 2025 frente al mismo mes de 2023. En los primeros ocho meses de 2025, la baja acumulada fue de 29,2%, mientras el gasto de funcionamiento retrocedió 28,6%.

El superávit fiscal que el Gobierno nacional volvió a registrar en agosto de 2025 tuvo como contracara una fuerte reducción de algunas partidas del gasto. Entre ellas, la destinada a las remuneraciones de la Administración Pública Nacional, que, según CEPA, perdió 32,6% de valor real respecto de agosto de 2023. Frente a agosto de 2024, el gasto salarial descendió otro 7,2% en términos reales.

El documento vincula parte sustancial de la reducción del gasto de funcionamiento con el rezago de las remuneraciones públicas frente a la inflación. El dato adquiere relevancia porque los salarios constituyen uno de los principales componentes de los recursos destinados a sostener la estructura de la Administración Nacional.

Menos recursos para el funcionamiento del Estado

La contracción también alcanzó los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de los organismos. CEPA calculó una caída real del 35,9% en agosto respecto de 2023, mientras que durante los primeros ocho meses del año el retroceso llegó al 28,6%.

Ese rubro comprende recursos destinados, entre otros conceptos, al sostenimiento operativo de las dependencias públicas. Su evolución muestra que el ajuste también afectó los fondos disponibles para bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración.

La magnitud de la reducción contrasta con el resultado fiscal informado oficialmente. El Ministerio de Economía comunicó que el Sector Público Nacional obtuvo en agosto de 2025 un superávit primario de $1,990 billones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones, después del pago de $1,355 billones en intereses netos de deuda intraestatal. En los primeros ocho meses, el resultado financiero acumuló un superávit equivalente a alrededor de 0,2% del PBI.

Las universidades también reciben menos recursos reales

Las universidades nacionales forman parte de la misma discusión presupuestaria. De acuerdo con el relevamiento de CEPA, las transferencias destinadas a esas instituciones quedaron 17,5% por debajo de agosto de 2023 en términos reales y acumularon una disminución del 23,8% durante los primeros ocho meses de 2025.

El dato requiere una precisión: el Gobierno informó que las transferencias corrientes a universidades aumentaron 46,4% interanual en agosto, en el marco de las obligaciones derivadas de la legislación aprobada en 2024. La diferencia entre ambas lecturas responde a que CEPA compara el poder de compra de los fondos con agosto de 2023, mientras la información oficial destaca la variación nominal respecto de 2024.

La evolución salarial dentro de las universidades también forma parte del conflicto que mantienen las organizaciones docentes y no docentes con el Gobierno. Un informe de FEDUN y CIICTI había estimado previamente una pérdida real del 23,8% para los salarios universitarios desde noviembre de 2023.

Una política salarial que continúa por debajo de la inflación

La negociación para la Administración Pública Nacional incorporó nuevos incrementos hacia el último tramo de 2025. El Decreto 832/2025 homologó aumentos de 1,9% desde septiembre, 1,8% desde octubre, 1,6% desde noviembre y 1,5% desde diciembre, aplicados sobre las remuneraciones vigentes en cada mes.

La discusión sobre esos porcentajes queda marcada por la pérdida acumulada durante la actual administración. Los datos de ejecución presupuestaria muestran que el Estado sostiene el objetivo de equilibrio fiscal mientras distintas partidas vinculadas con ingresos, funcionamiento y financiamiento universitario permanecen por debajo de los niveles reales de 2023.

El resultado fiscal y la evolución del gasto público describen dos dimensiones de una misma política presupuestaria: la consolidación de las cuentas nacionales se apoyó en una reducción significativa del gasto real, con efectos particularmente visibles en las remuneraciones estatales y en los recursos destinados al funcionamiento de organismos públicos.