La pobreza volvió a crecer en la Argentina y alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había alcanzado el 28,2%.

La nueva medición implica que aproximadamente 15,5 millones de personas quedaron por debajo de la línea de pobreza dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo estadístico. La cifra marca un cambio respecto de la trayectoria descendente registrada durante 2025.

El deterioro también alcanzó a los hogares: el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza. En el caso de la indigencia, el indicador se ubicó en 7,5% de las personas y 5,6% de los hogares, lo que representa alrededor de 3,6 millones de personas que no lograron cubrir siquiera el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

La diferencia entre ambos indicadores está determinada por las canastas utilizadas por el INDEC. La pobreza comprende a quienes viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales. La indigencia, en cambio, identifica a quienes no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El resultado adquiere una dimensión adicional al compararlo con el mismo período del año anterior. Frente al 31,6% registrado en el primer semestre de 2025, la pobreza aumentó 0,7 puntos porcentuales. El salto más pronunciado se produjo en la comparación con el segundo semestre de ese año, cuando el indicador había descendido al 28,2%.

La medición también vuelve a poner el foco sobre la población infantil, uno de los grupos con mayor incidencia de la pobreza. En el primer semestre de 2025, antes de esta nueva suba general, el 45,4% de los menores de 15 años ya vivía en hogares pobres; los datos difundidos ahora muestran que el deterioro general se produjo en un período posterior.

El nuevo informe del INDEC llega en un período en el que los indicadores de consumo también muestran señales de retracción. En julio, las ventas de supermercados disminuyeron 2,1% interanual a precios constantes y acumularon una caída de 2,7% en los primeros siete meses del año, otro dato que permite observar la evolución de la capacidad de compra de los hogares.

La Defensoría del Pueblo de San Juan prepara un nuevo amparo colectivo de alcance nacional para reclamar por la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, ante las demoras en los pagos, las dificultades denunciadas por familias y prestadores y los cambios que el Gobierno nacional impulsa para el sistema asistencial.

La decisión fue anticipada por la defensora Florencia Peñaloza después de su exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación. La funcionaria vinculó la eventual presentación judicial con el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la evolución de las partidas durante 2026 y las modificaciones incluidas en la discusión del Presupuesto 2027.

Peñaloza señaló que el 60% de los casos ingresados a la Defensoría de San Juan corresponden a cuestiones de salud y que la mayoría está vinculada con discapacidad. Recordó además que el organismo ya había acudido a la Justicia en 2025 por la suspensión de pensiones no contributivas y que posteriormente se dispuso la restitución de beneficios afectados. La propia Defensoría registra ese antecedente como parte de sus actuaciones en materia de discapacidad.

El nuevo planteo no estaría limitado a los beneficiarios. La institución busca incorporar las dificultades denunciadas por familias, profesionales, equipos técnicos e instituciones educativas, particularmente aquellas vinculadas con la continuidad de tratamientos y prestaciones. “Lo planteamos por los niños y familias, pero también por los profesionales, equipos técnicos y escuelas”, sostuvo Peñaloza.

Uno de los puntos que genera preocupación es la discusión sobre el sistema de impuestos. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en el mecanismo de actualización de los valores del nomenclador y de las prestaciones, cambios que fueron cuestionados por organizaciones vinculadas con discapacidad y que actualmente forman parte del debate legislativo. El Gobierno, además, comenzó a negociar modificaciones sobre algunos de los artículos cuestionados.

La discusión se produce mientras el área atraviesa una nueva etapa institucional. Alejandro Vilches renunció el 21 de septiembre a la Secretaría Nacional de Discapacidad, cargo que dejó argumentando razones personales, en momentos en que el Congreso analiza las modificaciones presupuestarias y regulatorias para 2027.

El organismo sanjuanino ya había intervenido durante 2026 ante problemas vinculados con asistencias de salud. En septiembre, por ejemplo, solicitó al PAMI y a sus prestadores garantizar guardias mínimas y mecanismos alternativos de atención durante una medida de fuerza, con especial atención sobre afiliados que requieren tratamientos permanentes, medicamentos o asistencia por discapacidad.

Las ventas a precios constantes disminuyeron 2,1% interanual en julio y acumularon una baja de 2,7% en los primeros siete meses del año. En las grandes cadenas relevadas por el INDEC, el personal ocupado cayó 4,6% y quedó en 95.383 trabajadores.

La retracción del consumo volvió a quedar expuesta en las góndolas de los supermercados. En julio, las ventas a precios constantes disminuyeron 2,1% respecto del mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-julio mostró una contracción del 2,7% interanual, según la Encuesta de Supermercados del INDEC. En la comparación mensual desestacionalizada, además, el indicador retrocedió 0,7%.

Las 93 empresas que integran el relevamiento registraron ventas por $2,59 billones a precios corrientes, un aumento nominal del 25,8% interanual. Sin embargo, ese crecimiento quedó por debajo de la variación de los precios implícitos del relevamiento, que alcanzó el 28,5%. La diferencia explica la caída del volumen comercializado en términos reales.

La composición de las ventas también muestra una concentración en productos de consumo cotidiano. Carnes aumentó su facturación nominal 39,5% en un año; verdulería y frutería, 30,6%; bebidas, 27,7%; lácteos, 25,6%; y artículos de almacén, 24,6%. Este último rubro continuó siendo el de mayor participación, con el 28% del total.

En cambio, los bienes vinculados con consumos de mayor valor exhibieron aumentos nominales considerablemente menores: electrónicos y artículos para el hogar avanzaron 11,6%, mientras que indumentaria, calzado y textiles para el hogar lo hicieron 8,5%. La brecha entre ambos grupos muestra una composición de compras más concentrada en alimentos y productos esenciales.

También cambió la forma de financiar las compras. Las tarjetas de crédito concentraron el 41,9% de la facturación, por $1,086 billones, seguidas por las de débito, con el 25,9%. El efectivo representó el 16,6%, mientras que billeteras virtuales, QR, vales, tarjetas de regalo y otros mecanismos reunidos por el INDEC en la categoría “otros medios de pago” alcanzaron el 15,6%, con un crecimiento nominal interanual del 63,8%.

El ticket promedio fue de $34.981, un 16,5% superior al de julio de 2025, sobre un total de 74,1 millones de operaciones. La facturación presencial concentró el 96,9% del total, mientras que las ventas por canales digitales representaron el 3,1%.

Menos ventas y una plantilla más reducida

La evolución del empleo aporta otro dato relevante. En julio, los supermercados relevados tenían 95.383 trabajadores asalariados, un 4,6% menos que un año antes y 0,5% por debajo de junio.

El recorte se concentró principalmente en los puestos operativos. Cajeros, administrativos, repositores y otros trabajadores sumaron 84.641 personas, equivalentes al 88,7% de la nómina, con una disminución interanual del 5%. El personal jerárquico, compuesto por gerentes, supervisores y otras posiciones de conducción, totalizó 10.742 trabajadores y registró una baja del 1,8%.

Los sueldos brutos promedio también mostraron diferencias importantes entre categorías. Para el personal operativo alcanzaron $1.849.357, con una variación interanual del 33,2%, mientras que para los cargos jerárquicos llegaron a $4.650.088, un 24,7% más que un año antes.