El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó un esquema escalonado de medidas de fuerza en San Juan en rechazo a la reforma laboral y a la propuesta del Gobierno sobre financiamiento universitario. Denuncian una pérdida salarial superior al 100% frente a la inflación y califican la oferta oficial como “insuficiente y regresiva”.

En una fuerte escalada de conflicto el Gobierno nacional y los gremios del sector educativo, la docencia universitaria volvió a declararse en estado de alerta. Desde el sindicato que nuclea a docentes universitarios, Barcelona— detalló el alcance de la medida de lucha que combinará paros, movilizaciones y asambleas para definir la continuidad de la problemática.

La primera medida será este viernes 27 de febrero, con un paro en rechazo a la reforma laboral y una concentración en la Plaza 25 de Mayo en el microcentro sanjuanino junto a otras organizaciones sindicales. El cronograma continuará el 2 y 3 de marzo con un paro articulado con CTERA y otros gremios de la educación. El 4 se realizará una asamblea para evaluar nuevas acciones, que podrían extenderse durante una semana completa.

El punto de mayor fricción se activará cuando el Congreso trate la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario: en ese momento, anticipó el dirigente, se convocará a un paro de 48 horas.

Una brecha salarial que no cierra

El eje del reclamo es estrictamente económico, aunque sus implicancias exceden el bolsillo. Según ADICUS, desde la asunción del actual gobierno la evolución de los salarios quedó más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada. La ley de financiamiento aprobada el año pasado por el Congreso —vetada luego por el Ejecutivo y posteriormente restituida por el Parlamento— contemplaba la recomposición de esa deuda y una actualización conforme a los acuerdos paritarios.

Sin embargo, la propuesta oficial, señaló Barcelona, consiste en un incremento del 12,3% a pagar en tramos durante marzo, julio y septiembre. “Es una cifra que no compensa la pérdida y que, de imponerse, consolidaría un deterioro superior al 50% del poder adquisitivo”, advirtió.

El dirigente fue más allá y calificó la coyuntura como la más crítica de la historia reciente del sector. “Nunca estuvimos tan mal los docentes y no docentes universitarios. Ni siquiera en períodos de hiperinflación o en intentos previos de recorte presupuestario se registró un retroceso de esta magnitud”, sostuvo, en referencia implícita a las crisis atravesadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y al ajuste impulsado por Ricardo López Murphy.

Más que un conflicto salarial

La discusión no se limita a porcentajes. En el trasfondo, los gremios cuestionan lo que interpretan como un intento de modificar por vía legislativa y administrativa compromisos ya ratificados por el Congreso y respaldados por fallos judiciales. Desde esa perspectiva, la puja remite a la autonomía universitaria y al modelo de financiamiento público del sistema superior.

La movilización prevista en San Juan replicará una dinámica que se observa en distintas provincias: rectores, docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles comenzaron a confluir en un frente común ante lo que describen como un escenario de asfixia presupuestaria. La articulación con sindicatos de otros niveles educativos y con centrales obreras amplía el alcance político del reclamo.

En ese marco, la protesta contra la reforma laboral y la defensa del financiamiento universitario convergen en una misma narrativa: la denuncia de una política de ajuste que, según los gremios, impacta de manera directa en la calidad educativa y en las condiciones de trabajo.

Un conflicto abierto

El calendario anunciado anticipa un marzo atravesado por medidas de fuerza y negociaciones tensas. La estrategia sindical combina presión en las calles con la expectativa de incidir en el debate parlamentario. El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reconfigurar el esquema de gasto.

Entre ambas posiciones se dirime no sólo una recomposición salarial, sino la orientación futura del sistema universitario argentino. Con la amenaza de un paro de 48 horas cuando el tema llegue al recinto, el conflicto promete escalar si no hay una señal de acercamiento.

La advertencia de ADICUS resume el clima del sector: para los docentes, aceptar la oferta actual implicaría convalidar una pérdida histórica; para el Ejecutivo, conceder más recursos tensiona un programa económico centrado en el equilibrio fiscal. En esa encrucijada, las universidades vuelven a convertirse en un termómetro sensible del rumbo político y social del país.

Marcelo Trujillo, referente de SOEESIT e integrante de la CGT Regional San Juan, sostuvo que la central obrera prioriza la vía judicial frente al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Alertó sobre el riesgo de despidos, cuestionó los índices oficiales de inflación y advirtió que la iniciativa “busca desarticular la organización colectiva”.

En medio de un nuevo capítulo del debate por la reforma laboral, el sindicalismo vuelve a exhibir matices en su estrategia. Mientras el Frente de Sindicatos Unidos impulsa movilizaciones frente al Congreso, la conducción de la CGT resolvió concentrar sus esfuerzos en el plano judicial. Desde San Juan, Trujillo defendió esa decisión y explicó los fundamentos políticos y económicos que la sustentan.

“La CGT no es que no quiera acompañar. Está integrada por gremios estatales y privados, y en el sector privado hoy salir a la calle implica un riesgo concreto de despido”, afirmó. Según su mirada, la eventual aprobación de la reforma podría habilitar un escenario de mayor vulnerabilidad laboral. “Podemos terminar con una cuarta parte o la mitad de la gente afuera sin siquiera haber protestado”, sostuvo.

Judicializar antes de que la norma entre en vigencia

La central obrera marchará el lunes a los tribunales para presentar el primer planteo de inconstitucionalidad, replicando la estrategia utilizada contra el DNU 70/2023. Para Trujillo, la anticipación es clave: “Si esto se aprueba y se pone en marcha, los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos políticos. Hay que actuar rápido”.

El dirigente calificó la iniciativa como una “ley que apunta a desarmar lo colectivo”. En su interpretación, el trasfondo no es meramente institucional sino estructural: “No atacan a las instituciones, atacan a los hombres y mujeres que trabajan. Buscan que la pelea sea individual, y sabemos que el trabajador solo no tiene fuerza”.

La coincidencia entre la CGT y la CTA en avanzar con amparos y presentaciones sectoriales configura una ofensiva legal amplia, que podría incluir demandas individuales y recursos colectivos. El objetivo es frenar o al menos limitar la aplicación de los artículos más controvertidos.

Economía, paritarias y desconfianza en los índices

Más allá del debate legislativo, Trujillo expuso una crítica sobre la situación económica. Señaló que las paritarias se ajustan al IPC oficial, pero cuestionó la representatividad de ese indicador frente a la dinámica real de precios en góndola. “No condice con lo que vive el trabajador. Hay gastos que no se contemplan en la canasta básica, como impuestos y tasas, que también impactan en el bolsillo”, deslizó.

En esa línea, anticipó que la inflación podría ubicarse por encima de las previsiones oficiales y sumó críticas hacia la conducción del organismo estadístico nacional. “Se manejan índices que no reflejan la realidad completa”, afirmó, en alusión al rol del Ministerio de Economía en la definición de las cifras.

El señalamiento no es menor: si los acuerdos salariales se estructuran sobre parámetros que el sindicalismo considera subestimados, la pérdida de poder adquisitivo se profundiza. Y en un contexto de desaceleración inflacionaria aún frágil, cualquier desfasaje repercute de manera directa en el consumo y en la estabilidad laboral.

Un debate que excede la coyuntura

La discusión sobre la reforma laboral trasciende el articulado específico. Para el dirigente sanjuanino, lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales. “Todos somos trabajadores, seamos representantes gremiales o no. Esto nos afecta en mayor o menor medida”, enfatizó.

La tensión entre movilización y judicialización refleja dos tácticas dentro del mismo universo sindical. Mientras algunos sectores privilegian la presión en la calle, la CGT apuesta a una disputa institucional en los tribunales. El denominador común es la convicción de que la reforma alterará el equilibrio vigente.

En ese cruce de estrategias se define la próxima etapa del conflicto. La marcha a tribunales será el primer movimiento de una batalla que promete extenderse en el tiempo. Para Trujillo, el desafío es preservar la organización colectiva frente a un escenario que, según advierte, tiende a fragmentar la defensa del trabajo.

La pulseada recién comienza. Y el desenlace no dependerá únicamente del Senado, sino también de la capacidad del sindicalismo para sostener cohesión interna y articular una respuesta eficaz en el plano judicial y social.

La Mesa Chica de la Confederación General del Trabajo resolvió no convocar a paro ni movilizar durante el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. El lunes marchará al Palacio de Tribunales para presentar un planteo de inconstitucionalidad, en una decisión que expone matices internos y diferencias con el Frente de Sindicatos Unidos.

En una reunión que se extendió por casi dos horas en la sede de UPCN, con Andrés Rodríguez como anfitrión, la conducción de la CGT definió un giro táctico frente al avance legislativo de la Reforma Laboral. Lejos de profundizar la presión callejera, optó por desactivar cualquier convocatoria a paro general o movilización frente al Congreso y concentrar su ofensiva en el terreno judicial.

La decisión, adoptada por la Mesa Chica, implica descartar una nueva huelga este viernes y evitar una demostración masiva durante el debate en el Senado. En cambio, el lunes la central obrera marchará con sus cuerpos orgánicos al Palacio de Tribunales para presentar un amparo por inconstitucionalidad, replicando el esquema utilizado a fines de 2023 cuando impugnó el Decreto 70/2023.

Cálculo político y expectativas judiciales

La lectura que prevaleció en la cúpula sindical es pragmática. “Si los legisladores no escucharon el paro que fue contundente, no hay forma de que vayan a torcer su decisión”, deslizaron fuentes gremiales. La frase sintetiza el diagnóstico: la correlación de fuerzas en el Congreso no ofrece margen para modificar el resultado y la confrontación en la calle no alteraría el curso parlamentario.

En este sentido, la CGT apuesta a un escenario donde percibe mayores posibilidades de incidencia. El cuerpo de letrados ya trabaja en la presentación que cuestionará la constitucionalidad de varios artículos de la reforma. Entre los argumentos se mencionan la supuesta colisión con garantías laborales consagradas en la Constitución Nacional y el malestar generado en sectores del Poder Judicial por la eliminación de un fuero específico.

La estrategia judicial no sólo busca frenar la aplicación de la norma, sino también ganar tiempo y trasladar la disputa a un ámbito donde el sindicalismo considera que puede encontrar mayor receptividad.

Tensiones internas y diferencias externas

La resolución no estuvo exenta de debate. Algunos sectores plantearon la necesidad de escalar las protestas, no sólo por la reforma sino también por el deterioro salarial y los conflictos sectoriales que atraviesan distintas actividades. Los gremios del transporte, según trascendió, sostuvieron la postura más combativa, aunque sin lograr consenso suficiente para modificar la línea predominante.

La determinación de la CGT contrasta con la posición del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que integran la Unión Obrera Metalúrgica, las CTA, los Aceiteros y ATE, entre otros. El frente había impulsado un paro de 36 horas y finalmente convocó a movilizar este viernes para visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial.

Desde el entorno de Abel Furlán minimizaron la decisión cegetista: “No esperábamos que hagan nada, pero no importa. Nosotros vamos a seguir en la calle y vamos a federalizar el Frente en los próximos días”, señalaron, marcando una diferencia de método y de intensidad en la respuesta sindical.

Al trasladar el eje a los tribunales, la CGT asume un doble desafío: sostener cohesión interna frente a sectores que reclaman mayor confrontación y convencer a la Justicia de que la reforma vulnera principios constitucionales. La apuesta, en definitiva, no es sólo jurídica sino también política.

Mientras el Senado avanza con el tratamiento de la norma, el movimiento sindical exhibe una escena fragmentada: una central que privilegia la vía institucional y un frente gremial que insiste en la movilización permanente. El desenlace dependerá tanto del voto parlamentario como de la interpretación que, eventualmente, hagan los jueces.

En esa rigidez entre calle y tribunales se juega algo más que una táctica coyuntural: se define el modo en que el sindicalismo enfrentará una reforma que considera estructural. La CGT eligió el expediente judicial como herramienta principal. El resultado dirá si esa moderación estratégica fue una jugada de prudencia o un repliegue que dejó la iniciativa en manos de otros actores.