En una reunión clave realizada en la sede de Azopardo, la conducción de la CGT se reunió con los diputados nacionales de extracción sindical para analizar los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y definir un plan de acción conjunto. El triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello advirtió que la central solo aceptará un debate que implique “más derechos” y reclamó ser convocada de manera formal a discutir cualquier modificación en la legislación vigente.

La conducción encabezada por el renovado triunvirato —Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— recibió en la histórica sede de Azopardo a los diputados nacionales de extracción sindical. El objetivo: trazar un frente común en el Congreso y avanzar en la elaboración de un contraproyecto “progresivo e inclusivo”, que se posicione como alternativa a las iniciativas oficiales que, según la central, ponen en riesgo “conquistas históricas del movimiento obrero”.

La previa de la reunión ya había demostrado el peso político de la cita: en la mesa chica participaron figuras de gran influencia interna como Hugo Moyano, Héctor Daer, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez, quienes coincidieron en que “cualquier intento de flexibilización deberá contar con la respuesta coordinada de todo el sindicalismo”.

La presencia de los legisladores y la lógica parlamentaria

Entre los diputados presentes estuvieron Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Sergio Palazzo (Bancarios), Mario “Paco” Manrique (SMATA) y Hugo Yasky (CTA-T), todos integrantes del bloque Unión por la Patria. Los legisladores ofrecieron un diagnóstico del escenario parlamentario y detallaron las posibles vías para resistir el avance de un proyecto que el oficialismo presenta como “modernización”, pero que para el sindicalismo implica un retroceso en materia de estabilidad, registración y protección laboral.

Palazzo sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Nos reunió la CGT para analizar estrategias y construir proyectos superadores. Lo que el país necesita es una reforma laboral progresiva, no un recorte de derechos como pretende el Presidente”.

La articulación legislativa será clave en un Congreso fragmentado, donde el oficialismo necesita alianzas para lograr mayorías. La metáfora que circuló en Azopardo fue elocuente: “Ninguna reforma estructural pasará sin que la CGT haga oír su peso político”.

Las advertencias del triunvirato: diálogo sí, retrocesos no

A la salida del encuentro, el primer triunviro, Jorge Sola, expuso una postura firme pero abierta al debate: la CGT está dispuesta a discutir la modernización laboral, pero no bajo condicionamientos que “reduzcan derechos o debiliten la relación laboral”.

Sola además trazó un diagnóstico inquietante:

el país atraviesa una recesión profunda,

se multiplican los cierres de pymes,

cae el empleo formal,

y el Gobierno “carece de una visión productiva”.

En ese marco, Sola lanzó una advertencia directa: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

También reprochó el discurso reciente del ministro de Economía, Luis Caputo, ante la UIA, señalando que “no mencionó ni una vez la palabra industria”, un gesto que para la CGT revela la orientación del programa económico.

Por su parte, Cristian Jerónimo, secretario general del Vidrio y uno de los nuevos integrantes del triunvirato, marcó un punto clave en la interna gremial:

“Si quieren discutir, discutamos todo. Una negociación laboral con más derechos, no con menos. Y discutamos también el reparto de ganancias”.

El planteo ubica a la CGT en una posición ofensiva: no sólo rechaza retrocesos, sino que propone avanzar en debates que históricamente incomodan al sector empresario.

Octavio Argüello, representante de Camioneros, acompañó la línea de sus pares y afirmó que la modernización laboral “ya ocurre en cada convenio colectivo”, dejando en claro que no se necesita una reforma de flexibilización generalizada para adaptar la normativa a los cambios productivos.

La cumbre en Azopardo dejó una señal clara: la CGT no solo pretende resistir la reforma laboral, sino también condicionar su contenido y exigir un lugar formal en la mesa de negociaciones. La coordinación con los diputados gremiales refuerza el músculo político de la central obrera y abre la puerta a la presentación de un contraproyecto propio, alineado con la idea de que la “modernización” debe traducirse en más derechos, mayor productividad y un modelo de relaciones laborales equilibrado.

El Gobierno, que necesita avanzar en una reforma estructural para sostener su programa económico, deberá decidir si incluye al sindicalismo en la discusión o enfrenta un escenario de resistencia creciente en el Congreso y en las calles. La advertencia del triunvirato fue explícita y contundente: “Sin diálogo real, chocarán con la pared”.

La ministra de Seguridad denunció penalmente al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por declaraciones que calificó como “amenaza contra el orden constitucional”. El dirigente respondió con dureza y apuntó a un intento del Gobierno de “disciplinar la protesta” en el marco del inminente paro contra la reforma laboral. Organismos, sindicatos y referentes sociales expresaron su solidaridad y cuestionaron el accionar oficial.

La tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales sumaron un nuevo capítulo, luego de que el Ministerio de Seguridad —a través del director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Soto— presentara una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. El escrito acusa al dirigente de “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática” por haber declarado que su rol es “provocar la crisis de este Gobierno”.

La presentación sostiene que Aguiar habría incurrido en una “amenaza pública” en el contexto del inminente envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. El Gobierno argumenta que las afirmaciones del gremialista buscan “afectar el ejercicio del mandato popular” del Presidente y obstaculizar su capacidad constitucional para impulsar cambios legislativos.

La acusación llega en un momento político particularmente sensible: a solo dos días del primer paro nacional convocado por ATE contra lo que consideran una reforma laboral regresiva y persecutoria de la organización sindical.

La respuesta de Aguiar: “El que atenta contra la Constitución es este Gobierno”

Minutos después de conocida la denuncia, ATE difundió un contundente comunicado firmado por Aguiar, quien calificó la acción como “temeraria” y denunció una estrategia oficial para acallar la protesta social.

“El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno”, afirmó el dirigente, señalando como prueba el uso del “protocolo anti movilización” y la “represión de todos los miércoles”, en referencia al operativo de Seguridad que se despliega frente al Congreso cuando se tratan proyectos oficiales.

Aguiar también destacó lo que llamó una “doble vara” del Gobierno, recordando declaraciones del propio Presidente en las que aseguró que “va a destruir el Estado”. “¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, cuestionó.

Para el dirigente estatal, la denuncia forma parte de un intento de disciplinamiento sindical:
“Lo de Bullrich es enfermizo y temerario. No es casual que llegue dos días antes del paro. Si alguien cree que el Gobierno se desestabiliza por declaraciones televisivas, está aceptando lo endeble de una gestión que vive pendiendo del hilo de la timba financiera y del dólar.”

Solidaridad creciente del movimiento obrero y organismos sociales

La reacción del campo gremial fue inmediata. En las primeras horas posteriores a la denuncia se multiplicaron los pronunciamientos de apoyo a Aguiar, especialmente desde sectores que perciben en el avance judicial del Ministerio de Seguridad un nuevo capítulo en la confrontación del Gobierno con los movimientos sindicales.

La CTA Autónoma manifestó su “repudio absoluto” a la denuncia y defendió el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de los dirigentes gremiales. También lo hizo la Federación Judicial Argentina, que alertó sobre una “tendencia preocupante a criminalizar la actividad sindical”.

Se sumaron además la Seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria, el Directorio Obrero del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén, la Junta Interna de ATE en el EPAS, la Seccional ATE San Pedro (Misiones) y diversas agrupaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de “judicializar el conflicto social”.

Con el correr de las horas, referentes académicos, dirigentes políticos opositores y especialistas en derecho laboral también se expresaron públicamente, aportando un marco más amplio a la discusión sobre los límites institucionales y la libertad sindical en momentos de reformas estructurales.

Una pulseada que anticipa un escenario de mayor confrontación

La denuncia contra Aguiar no solo agudiza la tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales, sino que funciona como un anticipo del clima que acompañará la discusión de la reforma laboral, un proyecto que promete reconfigurar las relaciones de trabajo y que ha sido duramente cuestionado por la mayoría de las centrales gremiales.

Para los sindicatos, el avance judicial representa un mensaje político: la advertencia de que el Gobierno está dispuesto a llevar la disputa más allá del terreno discursivo y que no dudará en recurrir al sistema penal para contener la protesta.

Para el Gobierno, en cambio, se trata de marcar un límite a lo que considera “discursos desestabilizadores” y de sostener su narrativa de orden en un contexto económico frágil y con creciente conflictividad social.

El enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Rodolfo Aguiar se inscribe en una coyuntura de alta sensibilidad política, marcada por la inminente reforma laboral y la reactivación de los mecanismos de protesta sindical. La denuncia no solo profundiza la disputa entre el Ejecutivo y ATE, sino que abre interrogantes sobre el papel de la Justicia en los conflictos sociales, la vigencia del derecho a la protesta y los límites de la confrontación política en un país que atraviesa una crisis económica persistente.

El escenario, lejos de apaciguarse, anuncia semanas de mayor tensión, con un movimiento sindical que promete redoblar la presión y un Gobierno que apuesta a mantener el control a través de la judicialización y el endurecimiento discursivo.

La red de supermercados atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas dos décadas, con una caída abrupta del consumo que en algunos distritos supera el 30% interanual y presiona a las empresas a reducir estructuras de forma acelerada. El grupo chileno Cencosud —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy— lidera un ajuste de alcance nacional, con más de 200 despidos desde febrero y un mapa de cierres que crece semana a semana. Sobre ese escenario, la posible salida de Carrefour de la Argentina amplifica la incertidumbre: 24.000 trabajadores dependen del resultado de una negociación todavía sin garantías laborales.

En Tucumán, la baja de persianas de tres sucursales de Vea dejó 55 familias sin ingresos. En Mendoza, el cierre de Vea Guaymallén afectó a 14 trabajadores. En el conurbano, las clausuras en Castelar, Moreno y San Pedro elevaron la cifra a cerca de 110 cesantías en apenas dos meses. A esto se suma el cierre del Easy de La Tablada —55 puestos menos— y la alarma que circula en grupos internos sobre posibles ajustes en Necochea, Hurlingham y La Plata, aunque la empresa intenta transmitir calma y desmentir cierres inminentes.

El Sindicato de Empleados de Comercio señala un “déficit operativo sostenido” como argumento empresarial para reconfigurar la red y fortalecer solo las marcas más rentables, como Jumbo y Disco. Sin embargo, para el sindicalismo mercantil la ecuación es más amplia: la recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del volumen vendido explican buena parte de la crisis que se despliega de norte a sur del país.

San Juan: un epicentro silencioso del ajuste

En San Juan, Cencosud ya avanzó con un cierre que generó fuerte preocupación gremial: la sucursal de Vea en Villa Krause, estratégica para la zona de Rawson, bajó sus persianas dejando a decenas de trabajadores en estado de vulnerabilidad laboral. La empresa ofreció reubicaciones parciales y negociaciones particulares, pero el impacto fue inmediato, no solo por los puestos perdidos sino por el rol del supermercado en el abastecimiento de un área densamente poblada.

En paralelo, Hipermercado Libertad abrió en la provincia un capítulo especialmente conflictivo: ofreció salidas voluntarias a 80 empleados, pero ninguna fue aceptada. El motivo es contundente: los montos ofrecidos representaban apenas el 40% de la indemnización legal, una cifra que el SEC San Juan rechazó de plano. “No existe incentivo que pueda considerarse voluntario cuando no se respeta la ley”, señalaron desde el gremio. La cadena, que estudia una transición hacia un formato de menor escala, deberá reconfigurar su propuesta si pretende avanzar sin conflicto abierto.

El panorama provincial se completa con un diagnóstico que preocupa a cámaras empresarias y sindicatos por igual: la caída del consumo golpea fuerte en los supermercados locales y en los comercios medianos, con una contracción que ya afecta a proveedores regionales de alimentos, bebidas y productos frescos. Para el SEC San Juan, el riesgo es que la combinación de recesión y reestructuración empresarial produzca “un efecto dominó” en el mercado laboral provincial.

Crisis en Misiones y el avance de los retiros voluntarios

En Posadas, Hipermercado Libertad inició un plan de retiros voluntarios que ya fue aceptado por al menos 20 trabajadores en una reestructuración que modifica su formato “hiper” hacia uno más pequeño. Misiones atraviesa un derrumbe del empleo mercantil: más de 6.800 puestos perdidos en el último año, según el gremio local. La caída de ventas genera cierres cotidianos de comercios y profundiza la fragilidad laboral en toda la cadena de consumo.

El factor Carrefour: 24.000 empleos en vilo

La posible venta de Carrefour —con ofertas de Chango Más, Coto, Cencosud y un grupo adicional— instaló un nivel de alerta sin precedentes. FAECYS exige una mesa de diálogo urgente para garantizar la continuidad de convenios, condiciones laborales y estabilidad general de los 24.000 trabajadores involucrados.

En Mar del Plata, el SECZA reiteró ante la empresa un acuerdo internacional firmado con UNI Global Unión, en el que Carrefour reconoce obligaciones de transparencia, comunicación previa y resguardo del empleo. “Son 240 familias que sostuvieron el crecimiento de la empresa por años”, expresó el gremio marplatense, que anticipa acciones coordinadas con otras delegaciones si no hay garantías concretas.

El temor en todo el país es uniforme: una operación de compra sin compromiso de absorción puede derivar en miles de despidos silenciosos encubiertos bajo reestructuraciones o cierres escalonados.

El comercio minorista atraviesa un verdadero terremoto. La combinación de recesión, caída histórica del consumo y crisis estructural del sector empuja a las principales cadenas a un ajuste profundo con consecuencias laborales directas. Cencosud avanza en cierres y despidos, Libertad reconfigura su estructura y Carrefour encara un proceso de venta que mantiene en vilo a 24.000 familias.

San Juan, lejos de ser un caso menor, se ha convertido en un punto sensible del mapa: el cierre en Villa Krause y las ofertas de retiros por debajo de la ley en Libertad revelan una fragilidad que podría extenderse si no se articulan políticas activas de protección laboral. El sindicalismo mercantil, en estado de alerta nacional, se prepara para una escalada de conflictos en un escenario donde —una vez más— los trabajadores se transforman en la principal variable de ajuste.