La CGT, las dos CTA y la UTEP confirmaron movilizaciones para el 6 y 7 de agosto. El primer reclamo será frente al Senado, donde se debatirá la reforma de la Ley de Tierras Rurales, mientras que al día siguiente participarán de la tradicional marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo.

La CGT, las CTA y la UTEP convocan a dos marchas contra la ley de tierras del Gobierno
La conflictividad entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical sumará un nuevo capítulo la próxima semana. La CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron una doble jornada de movilización para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras Rurales y para volver a reclamar cambios en la política económica impulsada por la administración de Javier Milei.

La primera convocatoria será el jueves 6 de agosto frente al Congreso, en coincidencia con la reanudación del debate en el Senado sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Un día después, el viernes 7, las organizaciones volverán a las calles en el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, con una concentración que culminará en Plaza de Mayo.

La propuesta oficial introduce cambios sustanciales en la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Entre sus puntos más discutidos elimina el límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y suprime las restricciones que impedían la adquisición de grandes extensiones en zonas productivas. El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica, mientras que sus detractores advierten que comprometen el control nacional sobre recursos considerados estratégicos.

La iniciativa también reforma el régimen de expropiaciones, estableciendo indemnizaciones calculadas sobre el valor de mercado, con un tope para el lucro cesante, y condiciona la transferencia del dominio al pago efectivo de la compensación. A ello se suma la incorporación de procedimientos judiciales más rápidos para los desalojos y la derogación de disposiciones de la Ley de Manejo del Fuego que impedían modificar el destino de tierras afectadas por incendios durante un plazo de treinta años.

El rechazo excedió el ámbito sindical. Diversas organizaciones sociales y rurales se integraron a la denominada Coalición Federal en Defensa de la Tierra y a la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, que durante los últimos días impulsaron radios abiertas, campañas de recolección de firmas, encuentros públicos y un banderazo bajo la consigna «Argentina no se vende».
A ese pronunciamiento se sumaron entidades religiosas. La Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío expresaron públicamente su preocupación por el contenido del proyecto y solicitaron a los legisladores un análisis profundo de las modificaciones propuestas antes de avanzar con su sanción.

En el plano parlamentario, el debate en el Senado acumula cuatro postergaciones debido a las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios. La discusión volverá al recinto este jueves tras un cuarto intermedio solicitado durante la última sesión, en medio de intensas negociaciones entre el Gobierno y distintos bloques legislativos.

Para la CGT, las CTA y la UTEP, la movilización busca influir en esa definición parlamentaria y consolidar un frente común frente a las reformas impulsadas por la Casa Rosada. La convocatoria se suma a las recientes marchas junto a organizaciones de jubilados y anticipa un segundo semestre condicionado por la agitación gremial y las protestas comunitarias frente a la gestión oficial.

Impulsado por APOPS junto a la CGT, el Foro Federal «Pensar la Argentina Previsional» reúne a trabajadores, universidades, especialistas, sindicatos y organizaciones sociales para construir propuestas sobre el futuro del sistema jubilatorio frente a los cambios demográficos, tecnológicos y laborales que redefinirán la seguridad social en las próximas décadas.

El debate sobre el futuro del sistema previsional argentino comenzó a salir de los ámbitos técnicos y gubernamentales para incorporar una mirada más amplia y federal. Con ese propósito, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) puso en marcha el Foro Federal «Pensar la Argentina Previsional», una iniciativa que convoca a trabajadores de ANSES, especialistas, universidades, organizaciones sociales, representantes sindicales y referentes institucionales con el objetivo de elaborar una agenda de propuestas para modernizar la seguridad social y proyectarla hacia los próximos treinta años.

La propuesta parte de una premisa que atraviesa toda la discusión: las transformaciones demográficas, el envejecimiento de la población, la expansión del empleo informal, la irrupción de nuevas modalidades laborales y el impacto de la innovación tecnológica obligan a revisar el funcionamiento del sistema previsional desde una perspectiva de largo plazo. Para los organizadores, limitar el debate a la actualización de haberes, la edad jubilatoria o el equilibrio fiscal implica dejar de lado desafíos estructurales que condicionarán la sustentabilidad del régimen en las próximas décadas.

El recorrido ya comenzó con encuentros en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, continuó en el municipio bonaerense de San Martín y tuvo una nueva escala en la ciudad cordobesa de Villa María, en una jornada organizada junto a UTEDYC. La próxima convocatoria tendrá lugar en el histórico Salón Felipe Vallese de la CGT, donde se buscará ampliar la participación de organizaciones gremiales, académicas y sociales de todo el país.

La central obrera respalda la iniciativa al considerar que el diseño del sistema previsional no puede quedar circunscripto a especialistas o decisiones exclusivamente gubernamentales. La intención es construir consensos desde el territorio, incorporando la experiencia de quienes administran diariamente la seguridad social, estudian su evolución o representan a los trabajadores y jubilados.

El secretario general de APOPS, Fabián Montaño, sostuvo que el propósito del foro es intervenir antes de que cualquier reforma previsional quede definida. Según planteó, el objetivo consiste en que quienes sostienen el sistema participen activamente en la elaboración de las propuestas y no sean meros destinatarios de decisiones ya adoptadas.

El dirigente también cuestionó que, durante años, el debate previsional haya quedado reducido casi exclusivamente a variables fiscales. A su entender, la seguridad social representa uno de los principales instrumentos de cohesión de un Estado moderno y constituye un compromiso colectivo destinado a garantizar protección frente a la vejez, la discapacidad y otras contingencias sociales. Desde esa perspectiva, defendió la necesidad de preservar sus principios fundacionales mientras se actualizan las herramientas para responder a una realidad laboral y demográfica profundamente distinta a la que dio origen al sistema vigente.

Cada encuentro incorpora aportes de especialistas en derecho previsional, economistas, académicos, funcionarios locales, representantes sindicales y trabajadores de ANSES. La diversidad de miradas apunta a construir diagnósticos compartidos sobre cuestiones que ya condicionan el presente del sistema: la baja densidad de aportes provocada por la informalidad, la mayor expectativa de vida, la digitalización de la administración pública, la aparición de nuevas formas de empleo y la necesidad de ampliar la cobertura sin comprometer la sustentabilidad financiera.

APOPS adelantó que las conclusiones del recorrido no quedarán circunscriptas al ámbito gremial. La intención es consolidar un documento que pueda alimentar la discusión legislativa, académica e institucional sobre una eventual reforma previsional, aportando una visión construida desde las distintas realidades regionales del país.

Con nuevas universidades, sindicatos y organizaciones incorporándose a cada convocatoria, el Foro Federal busca consolidarse como un espacio permanente de reflexión sobre uno de los desafíos más relevantes de la Argentina: construir un sistema previsional capaz de garantizar derechos, responder a los cambios del mercado laboral y sostener su viabilidad financiera en las próximas décadas.

El incremento responde a una actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del tributo al dióxido de carbono. La suba rondará el 0,5% en las naftas y el 0,75% en el gasoil, mientras que el resto del ajuste impositivo quedó diferido hasta septiembre.

Los precios de los combustibles volverán a modificarse desde el 1° de agosto como consecuencia de una actualización parcial de los impuestos que gravan la comercialización de naftas y gasoil. La medida fue oficializada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 693/2026 y forma parte del esquema de adecuación gradual de los tributos que permanecían parcialmente congelados desde períodos anteriores.

La decisión impacta sobre el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono, dos componentes que integran el precio final que pagan los consumidores en los surtidores. Según las estimaciones del mercado, el ajuste representará un incremento promedio del 0,5% para las naftas y del 0,75% para el gasoil.

En términos nominales, la actualización equivale a una suba cercana a los $11 por litro en la nafta y de aproximadamente $14 por litro en el gasoil. De esta manera, el valor de referencia de la nafta súper pasará de $2.047 a alrededor de $2.058, mientras que el gasoil aumentará de $2.106 a unos $2.120 por litro, aunque los precios finales podrán variar de acuerdo con la política comercial de cada empresa y las particularidades de cada región del país.

El decreto mantiene, sin embargo, el criterio de aplicar el ajuste tributario de manera gradual. El remanente correspondiente a las actualizaciones pendientes de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025 volverá a diferirse hasta el 1° de septiembre, cuando el Poder Ejecutivo deberá definir si completa esa recomposición o extiende nuevamente el cronograma.

La decisión responde a la política oficial de administrar el impacto de los impuestos sobre los precios de los combustibles, uno de los componentes con mayor capacidad de trasladarse a los costos del transporte, la logística y buena parte de la estructura productiva. Desde el Gobierno sostienen que el diferimiento parcial busca preservar el proceso de desaceleración inflacionaria sin resignar el objetivo de normalizar gradualmente la carga tributaria.

En el caso del gasoil continuará vigente el tratamiento diferencial previsto para las provincias comprendidas en el régimen patagónico, que incluye a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, donde se mantiene un adicional específico contemplado por la legislación vigente.