El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 3 reconoció la existencia de una relación laboral entre deRentas y trabajadores que utilizaban sus vehículos para prestar servicios mediante aplicaciones y determinó la aplicación del Convenio Colectivo 773/2019. FAREM considera que la sentencia puede convertirse en un antecedente relevante para otras empresas del rubro.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 3 y fue recibida por la Federación Argentina de Remises (FAREM) como un pronunciamiento de relevancia frente a las nuevas modalidades de transporte de pasajeros que utilizan aplicaciones digitales.

Para el secretario general de FAREM, Alejandro Poli, el fallo establece que la utilización de una plataforma tecnológica no modifica la naturaleza de la tarea desarrollada por el conductor. El dirigente sostuvo que cuando un trabajador recibe un pedido, se dirige a buscar a un pasajero y lo traslada hasta otro destino a cambio de una remuneración, la prestación debe quedar comprendida dentro del convenio específico de la actividad.

El punto adquiere especial importancia por la modalidad contractual utilizada por empresas que ofrecen vehículos a conductores que luego trabajan mediante aplicaciones. Según la interpretación de FAREM, presentar la relación como un simple alquiler de automóvil no alcanza para excluir las obligaciones laborales cuando, en los hechos, existe una prestación organizada y remunerada.

«Todos van a tener que cumplir el convenio colectivo 773/2019», afirmó Poli al referirse al alcance que el gremio pretende darle al pronunciamiento. El dirigente incluyó dentro de ese universo a remiseros, choferes administrativos y conductores vinculados con aplicaciones, independientemente de la denominación contractual utilizada por las empresas.

El CCT 773/2019 establece distintas categorías salariales para la actividad. FAREM sostiene que, en el caso analizado, deRentas debe encuadrar a sus conductores de acuerdo con la categoría correspondiente a una empresa de la dimensión de la firma. Poli cuestionó además los contratos mediante los cuales los trabajadores abonan semanalmente por adelantado para acceder a un vehículo y luego generar sus ingresos como conductores.

La discusión excede, de este modo, el caso particular. La expansión de las aplicaciones modificó la forma de solicitar viajes y de vincular a pasajeros con conductores, pero abrió al mismo tiempo una disputa sobre el encuadramiento laboral, las obligaciones de las empresas y los derechos que corresponden a quienes realizan los traslados.

Desde FAREM interpretan que la sentencia aporta un criterio para discutir aquellas estructuras que presentan al conductor como un mero locatario del vehículo, mientras la empresa organiza o condiciona su prestación. No obstante, el fallo corresponde al expediente de deRentas y su eventual proyección sobre otras compañías deberá definirse en cada caso concreto.

La resolución suma así un nuevo capítulo a la disputa por la regulación laboral del transporte mediante aplicaciones. Mientras las plataformas y empresas vinculadas al alquiler de vehículos desarrollan modelos contractuales adaptados a la economía digital, los representantes de los trabajadores buscan que la Justicia determine qué derechos corresponden cuando, detrás de esas nuevas formas de prestación, subsisten las características propias del transporte remunerado de pasajeros.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso concentra una parte significativa de los recursos previstos para infraestructura en un reducido grupo de grandes emprendimientos. Sobre una partida total de aproximadamente $1,3 billones para obra pública, las diez iniciativas con mayores asignaciones reúnen unos $585.000 millones, cerca del 45% del total.

La propuesta oficial contempla más de 435 obras distribuidas entre rutas, ferrocarriles, represas, edificios públicos, infraestructura tecnológica y otros proyectos. La inversión en infraestructura representa alrededor del 0,7% de los $202,1 billones que conforman el gasto total proyectado para el próximo ejercicio.

La distribución territorial presenta diferencias marcadas. Buenos Aires concentra unos $321.000 millones, mientras que San Luis aparece con aproximadamente $4.200 millones. En el caso de las obras interprovinciales, el proyecto contempla unos $151.000 millones; para emprendimientos de alcance nacional, $110.000 millones, y para infraestructura en el exterior, incluidos edificios diplomáticos, otros $2.400 millones.

Las diez obras con mayores partidas

1. Ferrocarril General Roca — Constitución-La Plata: $126.000 millones.
   La mejora integral del ramal, vinculada a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, encabeza el listado con una asignación de $126.000 millones.
2. Aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz: $82.000 millones.
   El proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz ocupa el segundo lugar entre las mayores partidas previstas para 2027, con $82.000 millones.
3. Autopista Ruta Nacional 9/34, Salta: $69.000 millones.
   Se trata del tramo comprendido entre Rosario de la Frontera y el límite con Jujuy, en la sección que parte del kilómetro 1.422 de la RN 9 y llega hasta el kilómetro 1.449,5.
4. Misiones satelitales – Etapa III: $67.000 millones.
   El programa nacional de misiones satelitales figura entre las iniciativas con mayor financiamiento, con una partida de $67.000 millones.
5. Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $64.000 millones.
   La obra localizada en Buenos Aires recibe $64.000 millones y ocupa el quinto lugar del listado.
6. Reactor RA-10: $40.000 millones.
   El proyecto para la construcción del reactor experimental RA-10, también localizado en la provincia de Buenos Aires, contempla $40.000 millones.
7. Complejo Federal de Condenados de Agote: $39.000 millones.
   La construcción del complejo penitenciario de Agote, en territorio bonaerense, cuenta con una previsión de $39.000 millones.
8. Cuatro helicópteros navales livianos: $38.000 millones.
   El presupuesto incorpora $38.000 millones para la incorporación de cuatro helicópteros destinados a la Base Naval Puerto Belgrano.
9. Autopista Ruta Nacional 9/34, Jujuy: $34.000 millones.
   La continuidad del corredor hacia el límite provincial aparece nuevamente entre las diez mayores partidas, esta vez con $34.000 millones asignados al tramo correspondiente a Jujuy.
10. Satélites SARE II A: $26.000 millones.
    Cierra el listado el proyecto para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites, con una asignación de $26.000 millones.

El conjunto de estas diez iniciativas muestra una combinación de infraestructura ferroviaria y vial, generación hidroeléctrica, desarrollos tecnológicos, equipamiento para la defensa y construcción penitenciaria. Cuatro de ellas corresponden a la provincia de Buenos Aires, que además es el distrito con la mayor asignación global para obras dentro del proyecto.

La concentración de recursos también permite observar una característica del Presupuesto 2027: la inversión física nacional no se distribuye de manera uniforme entre jurisdicciones ni responde únicamente a obras tradicionales. Junto con rutas, ferrocarriles y represas aparecen proyectos vinculados con tecnología espacial, energía nuclear y equipamiento militar.

La ministra de Seguridad de la Nación encabezó la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con representantes provinciales y los jefes de las cinco fuerzas federales. La agenda incluyó el dispositivo por la visita de León XIV, el bloqueo de celulares en cárceles y la prevención del suicidio entre los efectivos.

San Juan se convirtió este viernes en sede de la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con la presencia de autoridades de las distintas jurisdicciones y de los jefes de las cinco fuerzas federales. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien planteó la coordinación entre Nación y provincias como uno de los principales instrumentos para abordar los desafíos de seguridad.

La funcionaria llegó a la provincia acompañada por una agenda que tuvo tres asuntos centrales: el dispositivo previsto para la visita del papa León XIV, el control de las comunicaciones desde las cárceles y las políticas de bienestar y prevención del suicidio dentro de las fuerzas de seguridad.

El operativo por la visita papal ocupará un lugar relevante durante las próximas semanas. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Gobierno nacional ya dispuso comandos unificados federales para coordinar los despliegues especiales en Córdoba, Buenos Aires, Luján y Claypole. Las resoluciones oficiales contemplan la intervención articulada de organismos nacionales y fuerzas federales con las autoridades locales.

Monteoliva señaló que el dispositivo deberá contemplar el movimiento de personas por rutas, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y remarcó que ninguna jurisdicción puede afrontar por sí sola un operativo de esa magnitud. La coordinación abarcará las etapas previas, el desarrollo de las actividades y el repliegue posterior.

El segundo asunto estuvo vinculado con las comunicaciones desde establecimientos penitenciarios. La ministra reclamó avanzar con la adhesión de las provincias al programa de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles y sostuvo que impedir comunicaciones vinculadas con organizaciones criminales constituye una herramienta para limitar su capacidad operativa.

Según los datos expuestos por Monteoliva, las requisas realizadas dentro del Servicio Penitenciario Federal aumentaron 330% desde 2023. La funcionaria también planteó que la visita de León XIV a la cárcel de Devoto puede convertirse en una oportunidad para retomar la discusión sobre el futuro del establecimiento y su eventual traslado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

El tercer punto de la exposición estuvo relacionado con la salud mental de los integrantes de las fuerzas de seguridad y la prevención del suicidio. Monteoliva sostuvo que el abordaje requiere coordinación entre organismos nacionales, gobiernos provinciales y las áreas de bienestar de cada fuerza.

“Quienes eligen cuidar a los demás también necesitan ser cuidados”, afirmó la ministra, al plantear que la atención de los efectivos, sus familias y sus entornos debe formar parte de las políticas permanentes de seguridad.

El vicegobernador Fabián Martín reivindicó la articulación entre las distintas jurisdicciones y sostuvo que la seguridad constituye un derecho cuya protección requiere coordinación institucional. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, destacó a su vez la presencia de las autoridades nacionales y provinciales y comprometió la disposición de la provincia para aportar recursos humanos y tecnológicos.

El encuentro incluyó además exposiciones sobre bienestar de las fuerzas, operativos y herramientas para fortalecer la prevención. La agenda fue presentada por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, junto con representantes de las distintas jurisdicciones.

Al cerrar su intervención, Monteoliva mencionó datos oficiales que muestran una reducción de los homicidios dolosos y de determinados robos durante el primer semestre de 2026. La ministra advirtió, sin embargo, que los indicadores estadísticos deben traducirse en una percepción concreta de mayor seguridad para la población.