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La decisión fue oficializada a través de la Resolución 1597/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El gobierno oficializó hoy la inyección de otros 1.000 millones de pesos a las obras sociales para que tengan recursos con los cuales pagar a sus proveedores para que no haya interrupción de servicios de salud. .

La medida aprobó el pago a cuenta a unos 225 Agentes del Seguro de Salud en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.) por la suma de 1.000 millones de pesos.

El Gobierno nacional viene inyectando millonarias sumas a las obra sociales desde el inicio de la pandemia para compensar la caída de sus ingresos en pos de que no se vea resentida la atención de los afiliados.

El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se presenten en el futuro.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º, no se realizará dicho pago a cuenta, como así tampoco futuros pagos a cuenta, a los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 744/04, con los Estados de Origen y Aplicación de Fondos vencidos hasta junio 2020, hasta tanto regularicen la situación.

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Gremios universitarios celebran la aprobación de la Ley de Financiamiento

Los gremios universitarios celebraron la reciente aprobación de la ley de financiamiento del sector en el Congreso Nacional y destacaron la lucha emprendida por la comunidad universitaria.

«Es un logro de nuestra lucha, de las banderas de nuestra Federación, y de todos nuestros sindicatos de base, que, a lo largo y a lo ancho del país, le han puesto el cuerpo a la pelea por la defensa de nuestras Universidades Nacionales y de nuestros salarios, y para alcanzar esta Ley de Financiamiento Universitario», destacó la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

El Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los trabajadores nodocentes, que participaron de una manifestación frente al Congreso a la espera de la aprobación de la ley junto a gremios docentes de la actividad, advirtieron con profundizar las acciones gremiales si el presidente Javier Milei veta la ley tal como prometió semanas atrás.

«Ahora queda decirle al Gobierno Nacional que si esta ley es vetada, nos encontraremos más que nunca en las calles, y volveremos a realizar una nueva marcha federal universitaria, volviendo a convocar al pueblo a salir a las calles, para que exprese que la Educación Pública Superior, gratuita, cogobernada y de calidad es una bandera irrompible del conjunto social de nuestro país», señaló la FATUN.

La entidad sindical reconoció también la defensa del «pueblo argentino» a la educación universitaria pública. «Este triunfo es nuestro, pero también es del pueblo argentino, que ese 23 de abril marcó los límites democráticos para el Gobierno Nacional, diciendo: ¡con las Universidades Públicas, NO!», concluyó.

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La AFIP actualiza las escalas del Impuesto a las Ganancias

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicará una nueva tabla del Impuesto a las Ganancias en los próximos días, con una actualización extraordinaria que ya estaba prevista para septiembre. Este ajuste afectará los salarios de los trabajadores, de acuerdo con el paquete fiscal aprobado este año, sin embargo, las consultoras ya prevén que no habrá impacto positivo.

El nuevo mínimo no imponible será de $2,03 millones brutos para un trabajador soltero y $2,63 millones para uno casado con dos hijos. Este incremento responde a lo establecido por la Ley 27.743, que reintrodujo el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de contribuyentes.

El ajuste del 12,8% en las escalas y deducciones se basa en la inflación registrada por el INDEC entre junio y agosto, y se aplicará sobre los salarios que se pagarán en octubre. A partir de 2025, estas actualizaciones se realizarán semestralmente, evitando que la inflación desajuste el sistema tributario.

Expertos en la materia, como los tributaristas Martín Caranta y Sebastián Domínguez, coincidieron, en diálogo con Ámbito Financiero, en que la AFIP debe publicar las tablas actualizadas para que las empresas puedan aplicar correctamente los cambios en los sueldos. Se espera que estas tablas estén disponibles la semana próxima.

Este ajuste, aunque necesario para compensar la inflación, no se traducirá en un incremento en el consumo de los empleados afectados por Ganancias, según advierte la consultora Focus Market, debido al aumento de los costos en servicios públicos y privados.

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Milei confirmó el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario

El presidente Javier Milei confirmó hoy a través de un mensaje en redes sociales que aplicará un «veto total» a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en las últimas horas por el Senado.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado dio a conocer que rechazará la norma, del mismo modo que lo había hecho con la ley que incrementa las jubilaciones mínimas.

«Veto total», respondió el Presidente a un posteo en X que había hecho el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

Ese funcionario había manifestado que la «última palabra» respecto de la suerte de esa medida la tenía Milei.

El Senado aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales, y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento, e incluye una actualización salarial para los docentes y no docentes.

El proyecto no contaba con el aval del oficialismo, que argumentó que ese incremento pone en riesgo el objetivo de alcanzar el «superávit fiscal».

De concretarse el veto presidencial, las casas de altos estudios se quedarían sin los $738.595 millones en materia presupuestaria que prevé la norma sancionada por el Congreso.

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