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Encuentro entre las partes donde la central obrera cuestionó el endeudamiento producido por el Gobierno de Mauricio Macri

La CGT reclamó al Fondo Monetario Internacional (FMI) «un necesario compromiso para encarar una negociación realista y flexible respecto de las posibilidades de Argentina para afrontar sus pagos», y demandó al organismo multilateral «la búsqueda de una solución para garantizar sustentabilidad macroeconómica y el desarrollo inclusivo». La central obrera también rechazó de forma contundente las reformas estructurales laborales, de reducción de las jubilaciones y del número de empleados públicos, al tiempo que realizó duras críticas al gobierno de Mauricio Macri, y la creciente toma de deuda con el avala del organismo internacional.

La CGT se reunió este jueves en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) con la misión del FMI, ocasión en la cual remarcó que la actual situación de endeudamiento «desproporcionado e insustentable» es consecuencia de «la gestión encabezada por Mauricio Macri» y, esa realidad, «no es ajena a la institución» crediticia.

Un documento del consejo directivo cegetista, difundido luego del encuentro, sostuvo además que «la sustentabilidad macroeconómica y el desarrollo inclusivo deben contemplar lo social y laboral», y subrayó que la única recuperación económica posible tiene que basarse en «la creación de trabajo decente para el crecimiento real».

La CGT rechazó la implementación de reformas estructurales laborales, de reducción de jubilaciones y de empleados públicos y aseveró que «la deuda no puede pagarse a expensas del sacrificio y la pobreza de los trabajadores, quienes ya atraviesan una situación lo suficientemente crítica como para que se les reclame más esfuerzos».

La dirigencia sindical detalló ante las autoridades del FMI un crudo panorama de la realidad social y enfatizó que «los elevados índices de desempleo, pobreza e indigencia, agudizados por la pandemia de coronavirus, configuran un escenario que requiere la atención y asistencia inmediatas del Gobierno a los sectores mas vulnerables».

La CGT respaldó de forma «contundente» al Gobierno nacional en «el trazado de sus líneas de negociación, que posibilitaron la reestructuración con los tenedores de deuda privados», y lo apoyó también en «una estrategia de negociación con el FMI que
priorice las posibilidades de recuperación económica de la Argentina», puntualizó.

Los dirigentes comprometieron su participación en un proceso de diálogo tripartito institucionalizado con el Gobierno y los empresarios, como propone históricamente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para diseñar «un modelo de desarrollo productivo que garantice trabajo de calidad para todos los argentinos», concluyeron.

En el extenso encuentro participaron los integrantes del consejo directivo Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (Construcción y anfitrión del encuentro) Andrés Rodríguez (Estatales, UPCN) y Antonio Caló (Metalúrgicos, UOM), y también lo hizo Esteban Castro en representación de los trabajadores de la economía popular (UTEP). Por la misión del FMI lo hicieron la presidenta de la delegación, Julie Kozack, quien tiene rango superior al también participante Luis Cabeddu, y Trevor Alleyne.

Según fuentes gremiales, en el encuentro el FMI aseguró que no procura una reforma laboral en la Argentina y se pronunció por «los consensos tripartitos» y «el diálogo social», y señaló que su propósito es «estabilizar la economía, lograr la disciplina fiscal y acompañar de manera «muy fuerte» las políticas de protección social.

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La retirada de Argentina de la OMS: un paso hacia la incertidumbre sanitaria

La reciente decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó una oleada de críticas y preocupaciones en la comunidad sanitaria y la sociedad en general. La medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso, fue calificada de «criminal» por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

Un retroceso en la cooperación internacional

La OMS es una institución fundamental para la cooperación internacional en materia de salud. La salida de Argentina de esta organización significaría la pérdida de acceso a recursos y tecnologías médicas avanzadas, así como la interrupción de la colaboración con expertos de otros países para abordar problemas de salud globales. Esto podría tener graves consecuencias para la salud pública en el país, especialmente en momentos de emergencias sanitarias.

La destrucción del Estado desde adentro

La decisión del gobierno argentino de retirarse de la OMS se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y despidos en el sector salud. Fesprosa denunció que esta medida es parte de una estrategia más amplia para debilitar el sistema de salud pública en Argentina. La organización exigió al gobierno que revierta esta medida y que priorice la inversión en salud pública.

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El gobierno busca desmantelar entidades públicas con un “mega decreto” 

En un movimiento que busca profundizar el ajuste del Estado, el gobierno nacional prepara un nuevo decreto de necesidad y urgencia que eliminará varias entidades estatales y fusionará otras. La medida, que se enmarca en la estrategia de desregulación y transformación del Estado liderada por el ministro Sturzenegger, busca agilizar el funcionamiento y reducir la burocracia.

La reestructuración administrativa: ¿qué cambia?

El nuevo decreto afectará a la estructura de la presidencia, la Jefatura de Gabinete y la mayoría de los ministerios. Se eliminarán entidades que se consideran innecesarias o que duplican funciones con otros organismos, y se fusionarán otras para reducir la redundancia y mejorar la eficiencia. La medida también incluirá la derogación de diversas normas y procedimientos burocráticos que datan de diferentes períodos.

El impacto en los empleados públicos: ¿qué pasará con ellos?

Aunque el gobierno no ha proporcionado detalles sobre el futuro de los trabajadores de las entidades que se eliminarán o fusionarán, se sabe que hay un programa que busca adaptar a los empleados que se quedan sin lugar de trabajo para que puedan salir al sector privado en un plazo de un año. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos empleados es palpable.

La estrategia del gobierno: ¿qué busca lograr?

El gobierno busca replicar el impacto que tuvo el DNU 70 de diciembre de 2023, que desreguló múltiples áreas de la economía. La medida es una señal clara de que la gestión de Javier Milei continuará avanzando en su plan de ajuste estatal durante 2025. Además, el presidente ha anunciado que buscará eliminar leyes vigentes y derogar distintas resoluciones y circulares, con el objetivo de simplificar el marco normativo y reducir la burocracia.

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Impuesto a las Ganancias: un ataque frontal al poder adquisitivo de los trabajadores


La recaudación estatal crece, pero a qué costo. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en enero la recaudación estatal creció un 151,5% debido al aumento en la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Un millón más de trabajadores se sumó a la lista de contribuyentes, lo que se tradujo en un aumento de 2.570.020 millones de pesos en la recaudación.

Pero detrás de esta cifra se esconde una realidad más sombría. La eliminación del mínimo no imponible que regía desde octubre de 2023 fue el golpe de gracia para los trabajadores. Anteriormente, solo pagaban el tributo quienes superaban un salario bruto de $1.980.000. Sin embargo, con la entrada en vigencia de un nuevo esquema en la primera quincena de 2024, el mínimo no imponible se fijó en 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, $2.340.000.

La política fiscal del gobierno es un ataque frontal al poder adquisitivo de los trabajadores. La suba del impuesto a las Ganancias se combina con un aumento en los aportes y contribuciones, lo que puede afectar aún más la capacidad adquisitiva de los asalariados. Esto es especialmente grave en un contexto donde los salarios aún buscan recuperar el poder de compra tras la inflación del año pasado.

La pregunta es: ¿qué pasará con los trabajadores que ya están al límite? ¿Cómo podrán hacer frente a este aumento en la carga impositiva? La respuesta es simple: no podrán. La política fiscal del gobierno es un golpe mortal al bolsillo de los trabajadores, y es hora de que alguien se haga cargo de esta situación.

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