Avanza en el desguace para cerrar las corresponsalías de Télam en todo el país
El Gobierno nacional solicitó el cierre de las corresponsalías que la agencia de noticias Télam tiene en varios puntos del país, dos meses después de que el Ejecutivo pusiera fin al servicio informativo y pasara a disponibilidad a la totalidad de su planta.
El Ejecutivo hizo oficial el pedido a través de la presentación de un Memorándum dirigido a las autoridades de las distintas áreas de la empresa del Estado, tales como Walter Silva, Valeria Posadas, Carlos Avaca, Maximiliano García y Carlos Digiano. El documento lleva la firma de Diego Martín Chaher, interventor de la agencia de noticias.
“Se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, asegura el escrito.
Estas sedes se encuentran en las ciudades de Resistencia, Chaco; Bahía Blanca y La Plata; provincia de Buenos Aires; Paraná, Entre Ríos; Santa Rosa, La Pampa; Posadas, Misiones; Viedma, Río Negro; Salta, San Juan, Santa Fe y Rosario, Ciudad de Córdoba, Córdoba; Corrientes, en su provincia homónima; y en Mendoza Capital, Mendoza.
“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes”, agrega el escrito.
En ese sentido, el documento indica que “deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”.
El Gobierno inició este proceso hace dos meses. El pasado 4 de marzo, la sede de Télam, ubicada en la calle Bolívar de la Ciudad de Buenos Aires, amaneció vallada y rodeada de policías. Los trabajadores que habitualmente cumplen tareas en ese edificio no pudieron ingresar.
Una semana después, el Gobierno nacional renovó la licencia por otros siete días e implementó un programa de retiros voluntarios para todo el personal, tanto para empleados que estén en planta permanente como para contratados.
“En el marco de un proceso de reestructuración del Estado iniciado por el Presidente de la Nación, se anuncia la implementación del programa de Retiro Voluntario, por treinta (30) días, para todo el personal, de planta y contratado a plazo fijo, de Télam S.E, en los términos del archivo que se adjunta al pie de la presente comunicación”, decía el comunicado difundido en ese momento.
Esta semana comunicó el inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un mecanismo por el cual buscarán cesantear a todos aquellos que no acepten los retiros voluntarios después del 10 de mayo.
Télam fue creada hace 78 años. Es la agencia de noticias más grande del país y cuenta con 700 empleados que producen alrededor de 500 artículos por día para su difusión. En paralelo, el Gobierno intenta allanar el camino para privatizar Radio y Televisión Argentina, que integra la lista incluida dentro de la Ley Bases de empresas nacionales que podrían ser vendidas al sector privado. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera ser tratado en el Senado.
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Pablo Moyano confirmó que la CGT movilizará este miércoles para rechazar el veto al aumento de jubilados
El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y referente del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó que la central movilizará este miércoles 11 al Congreso de la Nación, para que los legisladores rechacen el veto del presidente al aumento a los jubilados. Además, decidirán un paro general tras visitar al papa Francisco.
Con la presencia del Frente Sindical, las dos CTA, movimientos sindicales y las organizaciones sociales, Moyano confirmó la movilización a partir de las 14: “Ojala que esa marcha multitudinaria y pacífica convenza a aquellos diputados y diputadas que están todavía pensando en dar vuelta el voto para rechazar el veto que ha puesto este empleado del FMI que es el presidente”.
“La CGT apoya la movilización”, respondió el sindicalista en diálogo con Radio 10, luego del documento que publicaron desde la central. “Nadie puede mirar para otro lado o callarse la boca ante una situación tan particular e importante como es la defensa de los salarios de los jubilados”, consideró.
De cara a la convocatoria de esta semana, el dirigente ratificó que “la CGT se va a movilizar” y advirtió que “lo importante son los que vamos a estar en la plaza”. “Cada ley que vaya en contra de los derechos de los laburantes nos va a encontrar en la calle pero dependemos de los diputados que legislan estas leyes”, agregó.
Por otra parte, Moyano descartó que desde la central estén hablando con el ejecutivo por la reforma laboral de la ley Bases: “No está negociando nada”. “Si la reglamentan, iremos a la Justicia”, informó, al tiempo que agregó que “ya hicimos todas las medidas gremiales” pero que “eso no quiere decir que la CGT se haya quedado con los brazos cruzados”.
Por último, consultado por la chance de concretar otro paro general en todo el país, el camionero declaró que “se van adelantando los tiempos” y que “si el gobierno sigue atacando, después de ver al Papa Francisco se analizarán las medidas”. “Muchos sectores están impulsando un paro general del movimiento obrero”, concluyó.
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Las dos CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical y organizaciones sociales emitieron un documento conjunto
La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza Sergio Palazzo, el Frente Sindical para el Modelo Nacional que contiene a Pablo Moyano, la UTEP y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos elaboraron y firmaron un documento contra el veto que impulsa Javier Milei: «Los jubilados y las jubiladas no están solos».
En un llamado de atención por la situación política, económica y social y «la degradación humana de nuestra sociedad», las organizaciones firmantes hicieron «un llamado público a la reflexión para parar este ataque sistemático del gobierno de Javier Milei contra nuestro pueblo. Que es también un ataque a nuestra soberanía y nuestra democracia», señalaron.
Entre las víctimas del ajuste, nombraron a los jubilados, universitarios, docentes y trabajadores y ubicaron la inauguración de «esta política de la crueldad» que se aplica «desde que Milei asumiera su mandato a través del DNU 70/23, avasallando facultades no delegadas por el Congreso de la Nación».
Entre las consecuencias de esa crueldad, mencionaron la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo formales e informales, el ajuste en salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, derechos humanos, entre tantos. «Y qué decir de los trabajadores más vulnerables a quienes se le desenganchó y congeló el salario social que recibían y la quita del monotributo social».
Con datos oficiales, bosquejaron una situación socioeconómica alarmante. «Asistimos a una recesión de la actividad económica sin precedentes con la destrucción del aparato productivo y el cierre de más de 10 mil PyMEs. Esto castiga particularmente a nuestras infancias y nuestros mayores», agregaron.
Asimismo rechazaron la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva y a un denominado Protocolo de Actuación frente a Bloqueos, ambos orientados a impedir el derecho de huelga y la libertad de acción sindical.
Respecto a los jubilados, expresaron: «Hay que tener mucho odio hacia nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestros jubilados para llevar adelante tanta persecución y represión gubernamental como la que se está ejecutando en estos días contra los adultos mayores, quienes además de sufrir la merma de los haberes se ven privados de la mayoría de los medicamentos».
Ante lo que consideraron «gestos autoritarios», como el veto del presidente contra una ley votada por amplia mayoría en ambas cámaras, reclamaron el rechazo absoluto a dicho veto. «De ninguna manera podemos permitir que el presidente siga transfiriendo las riquezas que genera nuestro pueblo y nuestra nación para beneficiar a los poderosos grupos económicos que hoy lo rodean».
Reclamaron también que el aumento se financie con la recaudación del Impuesto a Bienes Personales «que fue eliminado para favorecer a las 200.000 personas más ricas de este país», exigieron la derogación y anulación del DNU 70/23; el cese del congelamiento y desenganche del Salario social de los planes y la quita del Monotributo social, los despidos masivos del Estado, como así también los despidos y suspensiones en el sector privado.
La ley de financiamiento Universitario, rechazaron los 100 mil millones de pesos, como gastos reservados de la SIDE, la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para reunirse con represores condenados por crímenes de lesa humanidad, y pidieron la expulsión de los mismos de la Cámara Baja.
«La masividad de este acto es la demostración contundente de que los jubilados y jubiladas no están solos por lo que el movimiento sindical y social que representamos seguirá luchando hasta lograr que quienes toda su vida trabajaron y se ganaron el descanso puedan tener el ingreso que les permita una vida digna», cerraron.
Fuente: Infogremiales
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La justicia laboral suspendió Ganancias para el sector energético
La Justicia Laboral concedió una medida cautelar solicitada por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, liderada por Guillermo Moser, para suspender la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios del sector energético. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 44.
La controversia surge en torno a la reciente restitución del impuesto, que fue aprobada en Diputados y rechazada en el Senado, pero posteriormente aprobada nuevamente en la Cámara de Diputados y que venía aparejada con la Ley Bases. Según se argumenta, esta acción sería ilegal ya que, para revertir una ley, es necesario que ambas cámaras aprueben la modificación, no solo una. El DNU y la Ley Bases todo lo pudieron, aunque no todo.
A partir de esta cautelar, las empresas están obligadas a suspender el descuento del impuesto hasta que la justicia confirme o desestime el fallo. El Estado dispone de cinco días para apelar la decisión.
El secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, destacó que esta resolución representa un alivio significativo para los trabajadores del sector, que ven en esta mmedida una mejora en sus condiciones salariales.
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