Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.

A contramano del discurso oficial sobre el “fin de los planes”, el gobierno de Javier Milei expandió como nunca la asistencia social directa. Mientras el salario, las jubilaciones y el empleo formal retroceden frente a la inflación, la AUH y la Tarjeta Alimentar crecieron en términos reales y se consolidaron como el principal sostén del ajuste libertario.

Uno de los rasgos más singulares —y menos admitidos— del experimento libertario en la Argentina es el rol central que adquirió la política social como mecanismo de contención. Lejos de eliminar los planes, como prometía el relato de campaña, el gobierno de Javier Milei los expandió hasta alcanzar un récord histórico: más de seis millones de beneficiarios entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Una cifra que no solo contradice el discurso oficial, sino que revela el núcleo real del modelo.

Mientras los salarios, las jubilaciones y el empleo formal perdieron de manera sistemática frente a la inflación, las transferencias destinadas a la infancia fueron las únicas que crecieron de forma sostenida en términos reales durante los primeros dos años de gestión. En ese dato se condensa una clave política decisiva: el ajuste fue profundo, pero no derivó en un estallido social generalizado.

Los números son elocuentes. Según datos oficiales, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, entre ellos 93.453 personas con discapacidad. A su vez, la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En conjunto, el sistema de asistencia directa supera ampliamente los seis millones de prestaciones, un umbral inédito que marca un proceso de transformación estructural: una Argentina cada vez más alejada del país de clase media que predominó hasta los años setenta.

El contraste con el resto de las variables económicas es contundente. De acuerdo con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el salario mínimo perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total. La licuación salarial fue una constante del ajuste, profundizada tras la devaluación del 120 % de diciembre de 2023, cuyos efectos nunca terminaron de revertirse.

En cambio, la AUH y la Tarjeta Alimentar mostraron una evolución opuesta. Durante el gobierno de Milei, la AUH es un 23 % superior en términos reales a la que se pagaba bajo la presidencia de Alberto Fernández y un 10 % más alta que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creadora del programa. En la comparación interanual, el incremento real alcanzó el 47 %, mientras que la medición oficial del propio Gobierno arroja subas cercanas al 100 % entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Una mejora excepcional que convirtió a la asistencia social en el principal amortiguador del modelo.

Esta política explica, en buena medida, la ausencia de conflictos sociales masivos pese a la magnitud del ajuste. Milei no eliminó la ayuda estatal: la rediseñó. Desplazó a las organizaciones sociales de la intermediación, reforzó las transferencias directas y concentró la contención en el umbral alimentario. El resultado fue un esquema que no saca a los hogares de la pobreza, pero logra evitar que millones caigan en la indigencia.

El recorrido histórico refuerza la paradoja. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder con alrededor de 250 mil planes sociales, cifra que Cambiemos utilizó como símbolo de estigmatización. Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri la asistencia se disparó hasta casi 1,5 millones de beneficiarios. Con Alberto Fernández y la pandemia, el número trepó a cuatro millones. Lejos de revertirse, ese proceso se profundizó con Milei, aun sin emergencia sanitaria.

La contracara es el mercado laboral. En los dos primeros años del actual gobierno se perdieron cerca de 180 mil empleos formales, con una aceleración marcada en los últimos meses: solo en octubre se destruyeron unos 70 mil puestos. Mientras el discurso oficial insiste en el achicamiento del Estado, la política social se consolidó como la principal herramienta de gobernabilidad.

A este esquema se suma el rol de las provincias, también golpeadas por el ajuste nacional. En Santa Fe, por ejemplo, la demanda alimentaria creció alrededor del 30 % durante 2025. Programas como la Tarjeta Única de Ciudadanía, la Tarjeta Institucional y ProSoNut alcanzan a más de 246 mil personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada en fechas críticas con partidas extraordinarias.

El modelo libertario ajustó con fuerza sobre el salario, el empleo y las jubilaciones, pero blindó la asistencia directa. Esa es la paradoja central del experimento Milei: un Estado que se retira del mundo del trabajo, pero se vuelve imprescindible para garantizar la subsistencia básica.

Los planes sociales no desaparecieron; se transformaron en el principal dique de contención del ajuste. Una estrategia que amortigua la indigencia, sostiene la gobernabilidad y expone, sin eufemismos, que el costo del reordenamiento económico recae sobre el trabajo mientras la política social se convierte en el ancla silenciosa de la estabilidad.

El presunto “equilibrio fiscal” que exhibe el gobierno de Javier Milei se sostiene sobre un ajuste profundo y altamente selectivo. La eliminación de la obra pública, el recorte a las universidades, el deterioro de jubilaciones, baja en salarios a estatales y el ahogo financiero a las provincias conforman una deuda social creciente que empieza a mostrar límites económicos y políticos.

El balance fiscal que el Gobierno presenta como uno de sus principales logros económicos se apoya, según los datos oficiales, en un recorte histórico del gasto público. De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Gasto Total de la Administración Pública Nacional en 2025 se contrajo un 28,1% en términos reales respecto de 2023. Sin embargo, más allá de la magnitud del ajuste, lo verdaderamente revelador es su composición: la “motosierra” no fue pareja, sino quirúrgica, concentrada en áreas clave para el desarrollo, la cohesión federal y la protección social.

El caso más extremo es el del Gasto de Capital, es decir, la inversión nacional en infraestructura. En apenas dos años, este rubro sufrió un recorte del 79,4% real, como consecuencia directa de la decisión política de suspender casi por completo la obra pública. El impacto va mucho más allá del plano contable: rutas paralizadas, obras inconclusas, deterioro de servicios básicos y una destrucción masiva de empleo en el sector de la construcción, uno de los mayores generadores de trabajo formal e indirecto en el país.

El segundo ajuste más significativo fue el de las Transferencias Corrientes a las provincias, que cayeron un 60,5% real entre 2023 y 2025. Se trata, en su mayoría, de fondos “no automáticos” destinados a sostener programas de salud, educación, transporte y obra pública local. El recorte puso a las administraciones provinciales contra las cuerdas, obligándolas a reducir gastos, frenar inversiones, endeudarse o aumentar impuestos locales. Este ahogo financiero explica buena parte de la creciente tensión política entre la Casa Rosada y los gobernadores, incluso aquellos inicialmente alineados con La Libertad Avanza, y está en la base de las recientes derrotas legislativas del oficialismo, que debió retroceder y modificar aspectos clave de sus proyectos de reforma.

En tercer lugar aparece el recorte a las Transferencias a Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios, que se redujeron un 39,6% en términos reales. Este ajuste se tradujo en una drástica reducción de subsidios al transporte y la energía, con el objetivo explícito de eliminarlos por completo. El resultado fue un brutal aumento de tarifas que impactó de lleno en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, prácticamente congelados frente a la inflación, y un fuerte desfinanciamiento de empresas estatales estratégicas, hoy sometidas a planes de “saneamiento”, recortes de personal o directamente procesos de privatización.

El ajuste también alcanzó de lleno a los ingresos laborales y al sistema universitario. Los salarios de los trabajadores de la administración pública nacional perdieron un 27,3% de su poder adquisitivo real respecto de 2023, una caída prácticamente idéntica a la sufrida por las universidades nacionales, cuyo presupuesto se redujo un 27,7% real en el mismo período. Este recorte explica el conflicto persistente con el sistema científico y educativo, y el intento del Gobierno de vetar o derogar leyes de financiamiento universitario bajo el argumento del “equilibrio fiscal”.

Sin embargo, incluso bajo este esquema de ajuste severo, los resultados fiscales comienzan a mostrar señales de fragilidad. El cierre del último ejercicio anual reveló que diciembre fue el cuarto mes consecutivo con una brecha negativa entre el crecimiento de los ingresos y el de los gastos. Mientras los ingresos cayeron un 4,6% interanual, el gasto creció un 3,1%, evidenciando un deterioro en las cuentas públicas que pone en cuestión la sostenibilidad del modelo.

El equilibrio fiscal que exhibe el Gobierno de Javier Milei no es neutro ni gratuito: se construye sobre la paralización de la obra pública, el desfinanciamiento educativo, el deterioro de jubilaciones y salarios y el ahogo de las provincias. Los datos muestran que el ajuste ya alcanzó un límite económico y social, mientras los números fiscales empiezan a tensionarse. De cara a 2026, el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva cada vez más clara: profundizar un ajuste que recae sobre una sociedad exhausta o admitir que el dogma del superávit permanente choca con la realidad de una deuda social que sigue creciendo.