La UTA, las empresas nucleadas en ATAP y funcionarios provinciales acordaron el restablecimiento inmediato de los servicios de corta y media distancia tras una audiencia que se extendió durante más de siete horas. La decisión se produjo el mismo día en que la Justicia había ordenado levantar la medida de fuerza.

Los colectivos de corta y media distancia volverán a circular de inmediato en San Juan, luego de una extensa reunión entre dirigentes de la UTA, empresarios nucleados en ATAP y funcionarios provinciales que se prolongó durante más de siete horas en la Subsecretaría de Trabajo.

El restablecimiento fue confirmado al término del encuentro por Ricardo Salvá, representante de ATAP, quien señaló que las partes acordaron priorizar la recuperación del servicio para los usuarios de toda la provincia.

La definición llegó después de una jornada marcada por la intervención de la Justicia. Cerca de las 13, el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado y ordenó levantar la medida de fuerza que mantenían los choferes.

La resolución judicial dispuso la restitución del transporte público, aunque su cumplimiento efectivo quedó condicionado a las notificaciones correspondientes y a las instancias de negociación que se desarrollaban en paralelo. Finalmente, el acuerdo alcanzado en Trabajo permitió concretar el regreso de las unidades a las calles.

El conflicto se había iniciado durante las primeras horas del miércoles, cuando la UTA dispuso retenciones de servicio en reclamo por el cumplimiento de las condiciones salariales acordadas con anterioridad. La medida afectó tanto recorridos urbanos como servicios interurbanos y dejó a miles de usuarios sin una prestación regular durante más de un día.

La intervención de la Subsecretaría de Trabajo permitió concentrar la negociación entre las partes involucradas, mientras las autoridades provinciales procuraban garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el traslado cotidiano de trabajadores, estudiantes y usuarios.

“Se priorizó que el servicio vuelva a funcionar de manera normal para todos los sanjuaninos”, sostuvo Salvá al confirmar el resultado de la audiencia.

Con la decisión adoptada en la mesa laboral, la protesta queda formalmente superada y el transporte comienza a recuperar su funcionamiento habitual. El reclamo salarial que originó la medida, sin embargo, permanece vinculado a las negociaciones entre los trabajadores y las empresas, que deberán continuar por los canales institucionales correspondientes.

El desenlace pone fin a una interrupción que alteró durante más de 30 horas la movilidad provincial y que obligó a la intervención sucesiva de Trabajo, la Justicia, la UTA y las empresas concesionarias. El objetivo inmediato pasa ahora por recuperar la regularidad de las frecuencias y normalizar progresivamente el servicio en toda la RedTulum.

La CGT movilizó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la industria nacional y contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, en una nueva demostración de fuerza de la central obrera. La marcha tuvo como destino el edificio del ex Ministerio de Industria y concluyó con los discursos de los tres integrantes del triunvirato: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria se desarrolló bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con la industria y las pequeñas y medianas empresas como principales destinatarias del reclamo sindical. La CGT sostiene que la combinación de caída del consumo, menor inversión y dificultades para las empresas está repercutiendo sobre el empleo y los ingresos.

El diagnóstico quedó plasmado también en un documento difundido por el Consejo Directivo Nacional. La central acusó al Gobierno de estar llevando adelante una política económica “monitoreada” por el Fondo Monetario Internacional, orientada —según su interpretación— hacia intereses que no coinciden con los de la economía nacional.

En el texto, la organización sindical afirmó que las políticas oficiales están provocando un deterioro del sistema productivo, con especial impacto sobre las pymes. Enumeró entre los factores que, a su juicio, explican ese retroceso el aumento del desempleo, la pérdida de ingresos, el deterioro de las condiciones laborales, la caída del consumo interno, la recesión, la presión impositiva, el retroceso de la inversión, la falta de financiamiento y los costos de los servicios públicos.

La central sinical también vinculó la situación de las empresas con el funcionamiento de las economías regionales y las cadenas de proveedores. Para la CGT, la pérdida de establecimientos industriales no se limita al cierre de una empresa, sino que repercute sobre trabajadores, proveedores y circuitos comerciales asociados a la producción.

El Primer Juzgado Civil, a cargo de Héctor Rollán, hizo lugar al amparo presentado por la Fiscalía de Estado y dictó una medida cautelar innovativa. UTA, ATAP y las empresas concesionarias deberán levantar las retenciones y garantizar la prestación normal y continua de todas las líneas una vez notificadas.

La orden establece que las partes deberán garantizar la prestación normal, habitual, regular y continua de todas las líneas de transporte automotor de pasajeros de la provincia, respetando los diagramas horarios establecidos. También exige poner a disposición de manera inmediata las unidades y la infraestructura necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó la resolución y explicó que desde el organismo comenzaron a diligenciar las notificaciones correspondientes. La restitución efectiva del servicio comenzará a regir una vez que UTA, ATAP y las compañías involucradas sean notificadas judicialmente.

El argumento del Gobierno

La Fiscalía de Estado fundamentó el amparo en la necesidad de preservar los derechos constitucionales de los usuarios. El planteo sostuvo que la interrupción prolongada del transporte afecta el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la circulación, además del derecho a utilizar el servicio público.

La intervención judicial se produjo después de más de 30 horas de interrupción del transporte, en medio de una disputa salarial entre los choferes y las empresas. La UTA sostiene que existen diferencias en el pago de las recomposiciones salariales acordadas a nivel nacional, mientras ATAP argumenta que las compañías atraviesan restricciones económicas que limitan su capacidad para afrontar los montos reclamados.

El dictamen judicial no modifica esa discusión de fondo, pero impone una condición concreta para su continuidad: el transporte debe volver a funcionar mientras las partes resuelven sus diferencias por las vías administrativas, laborales y judiciales correspondientes.

El fallo contempla además apercibimientos y eventuales sanciones frente a un incumplimiento de la medida cautelar. De este modo, el conflicto por los salarios y la situación económica del transporte ingresa en una nueva instancia, ahora bajo una orden judicial que obliga a garantizar la continuidad del servicio público.