El Poder Ejecutivo emitió una resolución que delega en la Jefatura de Gabinete la facultad de suscribir convenios con universidades nacionales. La resolución se enmarca en una estrategia más amplia de control y ajuste sobre las casas de altos estudios, que incluye la realización de auditorías y la exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de fondos. Sin embargo, esta estrategia no contempla la solución a los problemas estructurales que afectan a las universidades, como la falta de financiamiento y la caída de los salarios de los docentes y no docentes.

Impacto en la autonomía universitaria

La decisión causó preocupación en la comunidad universitaria, que teme que la mayor centralización del control de los gastos afecte la capacidad de las universidades para llevar a cabo proyectos y programas de investigación y extensión. La autonomía universitaria, principio fundamental de la educación superior, se ve amenazada por la creciente intervención gubernamental.

Repercusiones políticas y sociales

Esta nueva disposición generó grandes repercusiones con algunos sectores políticos y sociales expresando su apoyo a la medida y otros criticándola duramente. La oposición política ha acusado al Gobierno de intentar controlar la educación pública y de no priorizar la inversión en la educación superior.

La resolución gubernamental plantea interrogantes sobre la política educativa del Gobierno y su compromiso con la educación pública. La iniciativa puede tener consecuencias negativas en la calidad de la educación superior y en la capacidad de las universidades para cumplir con su misión de formar profesionales y generar conocimiento.

La Subsecretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días para el CIMyN, lo que implica que la institución no podrá llevar a cabo despidos y los empleados no podrán realizar medidas de fuerza. El Colegio Médico se comprometió a buscar soluciones para garantizar la viabilidad económica de la institución.

La conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo generó un paréntesis crucial en medio de la incertidumbre sobre el futuro del CIMyN. El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, destacó la buena predisposición de las partes para dialogar y aclarar la confusa situación. Según Marchese, el Colegio Médico «se comprometió a buscar las soluciones más favorables para la empresa, para que pueda ser rentable y de esa manera no tomar ningún tipo de decisión que perjudique a los trabajadores».

El Colegio Médico reconoció que el anuncio del cierre fue «mal comunicado» y que, en realidad, la institución se encuentra en un «proceso de reorganización interna en virtud de la crisis económica». Durante los próximos 15 días, se espera que el Colegio Médico presente propuestas concretas para obtener los fondos necesarios y garantizar la viabilidad económica de la institución a largo plazo.

Entre las posibles soluciones que se barajan se encuentran la probabilidad de alquilar el nosocomio, la búsqueda de un financiamiento propio por parte de la institución médica o inclusive alcanzando una medida que ya sobrevoló en alguna oportunidad como es la venta del CIMyN. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna acción concreta y solo hay un compromiso para que la institución no cierre y las personas sigan trabajando.

El Colegio Médico de San Juan anunció el cierre total del Sanatorio CIMyN debido a la falta de pagos y atrasos por parte de la Obra Social Provincia, que supera los $1.200 millones. La medida afecta a más de 130 empleados que están en riesgo de perder su trabajo.

La crisis en el CIMyN es el resultado de una deuda millonaria con la Obra Social Provincia (OSP) que supera los $1.200 millones. Según el Colegio Médico, la OSP paga las prestaciones un 30% por debajo de lo que deberían, lo que hace inviable la continuidad económica del establecimiento. El presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Bordes, señaló que la situación es crítica y que la salud privada está a punto de colapsar.

«Antes había un aporte nacional que era el FESCAS, que pagaba el 30% del sueldo de los empleados. Con la llegada de este Gobierno Nacional, esto desapareció y en ese mismo momento se aumentó un 50% el sueldo del personal de salud. Eso quedó, pero no se compensó nunca ese porcentaje que se estaba pagando por debajo», expresó Bordes.

Sin embargo, el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, aseguró que la responsabilidad del cierre no es de la obra social, sino de un mal manejo de los propietarios del CIMyN. Fasoli destacó que la OSP es uno de los principales pagadores de la provincia y que sus valores prestacionales no son tan bajos como para generar pérdidas.

«Ellos han manifestado que no pueden manejarlo administrativamente. Necesita pasos de corrección y ajuste, porque con los mismos valores prestacionales otras instituciones no están en crisis e incluso algunas crecen formando más camas y prestando más servicios. El motivo por el que no ocurre en el CIMyN tiene que ver con muchas cosas, pero no con la OSP», contestó Fasoli.

La voz de los trabajadores:

Los empleados del CIMyN se manifestaron frente a la Subsecretaría de Trabajo para solicitar la intervención del Estado y lograr la conciliación obligatoria. Mariana Bravo, delegada de los trabajadores, expresó que la situación es crítica y que el personal está muy preocupado por su futuro laboral.

«Hemos sido recibidos y se declaró la conciliación obligatoria. Eso es lo que conseguimos hasta ahora», señaló Bravo. «Actualmente, 136 empleados en relación de dependencia atraviesan una situación crítica: en abril sólo cobraron el 50% de sus haberes. Lo de los vouchers fue en otra ocasión. Ahora lo que estamos tratando de conseguir es que se nos pague el otro 50%», aclaró.

El cierre del CIMyN tendrá un impacto significativo en la comunidad de San Juan, ya que es un centro de salud de alta complejidad que atiende a una gran cantidad de pacientes. La pérdida de empleos y la falta de atención médica especializada serán algunos de los efectos más graves de esta crisis.