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El ministro informó que se están desarrollando encuentros con empresarios y la CGT para darlo en octubre.


El ministro de Producción y de Trabajo, Dante Sica, afirmó ahora que «no está cerrado el bono» para los trabajadores privados, pero «está sí la voluntad política del Gobierno» de llegar a un acuerdo con empresarios y dirigentes sindicales para que se entregue. «Desde este del lunes empezaremos a llamar a la UIA, a las distintas cámaras, a la CGT y la idea es que lo más rápido posible (se otorgue el bono), para que en octubre los trabajadores puedan tener una compensación», dijo Sica. Explicó que junto a los empresarios y los sindicalistas «la idea es diagramar cuál es el mejor mecanismo», para compensar la pérdida de poder adquisitivo generada luego de la devaluación del 30% del peso, tras las PASO.

La CGT «obviamente pidió un bono similar a lo que hicimos en el sector público» de 5.000 pesos, pero «después empezamos a discutir y charlar con las cámaras empresarias y ver la situación de las pymes».

Sica consideró, en tono irónico, que resultará más fácil llegar a un acuerdo, luego de que representantes de la Unión Industrial Argentina y la CGT se mostraran juntos la semana pasada en Tucumán en un acto del candidato Alberto Fernández. «Si la UIA y ahora la CGT dicen que están dispuestas a firmar o están proclives a un diálogo de un pacto social, entonces creo que va a ser mucho más fácil esta semana para ponernos de acuerdo, para poder tener una mejora desde el punto de vista del salario real», dijo.

Luego de las elecciones primarias del 11 de agosto «cambiaron las condiciones económicas. Tenemos ahora que empezar a diseñar medidas que tiendan a una mejora sobre aquellos sectores afectados», explicó Sica. Una de esas medidas «tenía que ver con los ingresos de salarios fijos, los asalariados formales. Nos juntamos con la CGT y a partir de ahí empezamos a trabajar» en lugar una compensación de los salarios.

Sica, consultado por la prensa por la negativa de los empresarios a otorgar un bono de $ 5.000, aseguró: «Te diría que no está cerrado el tema del bono. Lo que está sí es la voluntad política del Gobierno», de otorgarlo. «Lo que empezamos a charlar con las distintas cámaras, era la necesidad de tener alguna compensación sobre el salario real por este salto de inflación no esperada, en agosto y septiembre, y quizás un poco de octubre», explicó el ministro.

Recordó que la mayoría de las paritarias habían cerrado casi a finales de julio, todas tenían cláusulas de revisión, y con la decisión de otorgar un bono «la idea era adelantarnos también a esa discusión de quizás no abrir las paritarias de nuevo y poder buscar algún mecanismo para compensar la caída del salario real, pero sin ahogar a las empresas, que no solo están sufriendo una caída a nivel de actividad sino sufriendo una astringencia en el mercado financiero».

Fuente: conciliación obligatoria

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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.

La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.

La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario

La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.

La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.

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La CGT prepara un encuentro con León XIV durante su visita al país


La Central Azopardo gestiona un encuentro con el Pontífice durante su visita prevista a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Una delegación sindical viajará al Vaticano la próxima semana para avanzar con el pedido. La agenda papal todavía no fue oficializada y el Gobierno ya trabaja en los preparativos.

Una delegación de la conducción sindical viajará la próxima semana a Roma y entre sus objetivos estará avanzar en la posibilidad de mantener una reunión con el Pontífice. La intención de la central obrera se inscribe en una relación histórica entre el movimiento sindical argentino y la Iglesia católica, particularmente alrededor de cuestiones vinculadas con el trabajo, los ingresos y la protección de los sectores más vulnerables.

La visita de León XIV está prevista, según las fuentes citadas, entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque la agenda definitiva todavía no fue difundida oficialmente. El Gobierno nacional ya comenzó a coordinar aspectos vinculados con logística, seguridad y protocolo para recibir al Pontífice.

Uno de los principales ejes atribuidos a la futura escala en el país será la defensa de las personas más vulnerables. De acuerdo con fuentes eclesiásticas, el mensaje de León XIV plantea colocar al ser humano en el centro de las decisiones y prestar especial atención a los pobres, los enfermos, los migrantes y los más pequeños, concebidos como aquellos que una sociedad no puede dejar al margen.

La eventual llegada del Papa tendrá además un fuerte componente histórico: sería la primera visita de un Pontífice a la Argentina en 39 años. El antecedente más reciente corresponde a Juan Pablo II, quien visitó el país en 1982, durante la Guerra de Malvinas, y regresó en 1987. Francisco, argentino de nacimiento, nunca pudo concretar una visita papal a su tierra durante su pontificado.

Entre las actividades que se analizan para noviembre aparece una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, además de una celebración religiosa en la Basílica de Luján y una visita a Córdoba. También se evalúa la posibilidad de que León XIV concurra al complejo penitenciario de Villa Devoto y participe de una instancia de diálogo con representantes de distintos espacios políticos.

La agenda incluiría, además, encuentros de carácter ecuménico y eclesiástico. Su recorrido por la Argentina formaría parte de una gira regional que también contempla Uruguay y Perú, país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral antes de asumir como sucesor de Pedro.

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ATE postergó la protesta en 27 aeropuertos tras la intimación del Gobierno

El gremio suspendió las medidas de fuerza previstas para este jueves y viernes en 27 aeropuertos, luego de que la Secretaría de Trabajo intimara a garantizar el 75% de los servicios. Si no hay acuerdo en la audiencia laboral, el sindicato advirtió que retomará la protesta desde el lunes 7 de septiembre.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió postergar el paro que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían previsto para este jueves y viernes en 27 aeropuertos del país. La conducción del gremio, encabezada por Rodolfo Aguiar, aguarda ahora una audiencia con la Secretaría de Trabajo para definir cómo se aplicarán los servicios mínimos establecidos para la actividad aeronáutica.

La decisión se produjo después de que el Gobierno nacional intimara a ATE a garantizar el 75% de la prestación durante una eventual medida de fuerza. La notificación fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que reclamó el cumplimiento del régimen vigente para los servicios considerados esenciales.

Aguiar confirmó la suspensión y sostuvo que el sindicato actuó para facilitar una instancia de negociación. “Nadie nos puede acusar de ser irrazonables”, afirmó, al señalar que ATE siempre contempló la prestación de servicios esenciales. Según el dirigente, la audiencia permitirá establecer de común acuerdo los alcances de la esencialidad y la modalidad de la protesta.

El conflicto tiene como origen los reclamos de los trabajadores de ANAC por el cumplimiento de acuerdos paritarios y mejoras en las condiciones laborales. La medida inicialmente anunciada contemplaba asambleas durante dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, en los aeropuertos alcanzados.

Durante esas jornadas, ATE había previsto garantizar únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales. El gremio había advertido que eventuales demoras o cancelaciones no serían responsabilidad de los trabajadores y cuestionó al Gobierno por no haber respondido a sus demandas pese a la anticipación con que fueron comunicadas.

La intimación oficial se apoyó en las disposiciones de la denominada Ley de Modernización Laboral, que fija un piso del 75% para determinados servicios considerados esenciales durante una huelga. Entre ellos figura el transporte aéreo y la actividad aeronáutica, además de otras prestaciones vinculadas con salud, saneamiento, telecomunicaciones, recolección de residuos, servicios portuarios y seguridad.

ATE sostiene, en cambio, que el derecho de huelga está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que históricamente garantizó prestaciones mínimas para evitar riesgos sobre la vida, la salud y la seguridad. Aguiar reclamó una audiencia urgente para acordar con las autoridades la modalidad de la protesta y cuestionó que el Gobierno invoque la esencialidad principalmente cuando los trabajadores realizan medidas de fuerza.

La tregua será, por ahora, de corto alcance. Si la audiencia no se concreta o fracasa la instancia de diálogo, ATE anunció que retomará las medidas desde el lunes 7 de septiembre, con nuevas asambleas en los aeropuertos. La negociación laboral será entonces determinante para evitar que el conflicto vuelva a impactar sobre la programación de vuelos en todo el país.

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