Los gremios nucleados en CONADU y CONADU Histórica resolvieron un nuevo paro nacional de 72 horas, entre el 12 y el 14 de noviembre, en reclamo de la convocatoria a paritarias y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se agrava ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y el deterioro del poder adquisitivo de los docentes. Las federaciones anticipan que, sin avances concretos, peligran las mesas de examen y el inicio de clases del año próximo.

El conflicto entre los docentes universitarios y el Gobierno nacional entró en una fase crítica. Con salarios rezagados, presupuesto desactualizado y una ley de financiamiento incumplida, el malestar del sector se profundiza. Esta semana, las federaciones CONADU y CONADU Histórica resolvieron un paro nacional de 72 horas —los días 12, 13 y 14 de noviembre— como parte de un reclamo que combina demandas salariales, legales e institucionales, en defensa del sistema universitario público.

“Hace más de un año que el Gobierno no convoca a paritarias. Debería haberlo hecho en septiembre del año pasado y seguimos sin respuestas”, expresó Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, en diálogo con Mundo Laboral San Juan.
El dirigente confirmó que la medida se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo y que, al mismo tiempo, los gremios impulsarán una consulta popular nacional para definir los próximos pasos del plan de lucha.

“Queremos conocer la posición de los docentes sobre la posibilidad de afectar las mesas de examen de diciembre o no iniciar el ciclo lectivo 2026. El escenario es cada vez más extremo y los salarios, cada vez más insuficientes”, explicó Barcelona.

Salarios en retroceso y financiamiento en suspenso

La raíz del conflicto no es nueva, pero se ha profundizado con el paso de los meses. Los docentes universitarios acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% respecto de la inflación acumulada del último año, mientras los incrementos otorgados por decreto quedaron muy por debajo de los precios.

A ello se suma la falta de actualización del presupuesto universitario, que mantiene a las instituciones funcionando con partidas reconducidas, sin previsión real de gastos frente a los incrementos de energía, insumos y servicios básicos.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2023, establecía un mecanismo progresivo para garantizar recursos mínimos y previsibilidad a las universidades públicas. Sin embargo, según denuncian las federaciones, su aplicación fue suspendida o ignorada por el actual Ejecutivo, dejando al sistema en una situación de fragilidad económica y operativa.

Barcelona fue categórico: “El Gobierno ha tomado a la universidad como un enemigo político. No hay diálogo ni voluntad de cumplir la ley. Y mientras tanto, el salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza”.

Un sistema en alerta y un horizonte incierto

La presión se traslada también al interior de las universidades. Muchos rectores manifestaron preocupación por la sostenibilidad de la actividad académica y la continuidad del calendario lectivo. En varias casas de estudio ya se evalúan ajustes en programas de extensión, reducción de horas cátedra y suspensión de actividades presenciales por falta de recursos para cubrir gastos operativos.

En ese marco, la consulta nacional que impulsan los gremios busca definir la intensidad del conflicto en la última etapa del año. La posibilidad de no tomar mesas de examen en diciembre o de no iniciar el ciclo lectivo 2026 figura entre las opciones que los docentes deberán considerar.
“Estamos ante una situación límite. Si no hay respuestas, la continuidad del sistema universitario público está en riesgo”, insistió el titular de Adicus.

Ausencia de respuestas y desgaste institucional

Las federaciones docentes también criticaron la falta de avances en el plano judicial. “La Justicia no ha dado curso a las medidas cautelares presentadas para exigir al Estado el cumplimiento de la ley. Esa inacción judicial, sumada a la indiferencia política, deja al movimiento sindical sin herramientas institucionales para resolver el conflicto”, explicó Barcelona.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene silencio público y no ha convocado a ninguna mesa de diálogo formal. La situación, advierten los gremios, podría derivar en una paralización prolongada del sistema universitario, con consecuencias directas sobre el cierre del año académico y el inicio del próximo ciclo.

El paro de 72 horas que se inició el 12 de noviembre trasciende la coyuntura salarial. Representa, para los gremios, un punto de inflexión en la defensa de la universidad pública argentina, que enfrenta una combinación inédita de desfinanciamiento, pérdida de poder adquisitivo y desinterés gubernamental.

El conflicto pone de relieve un debate más profundo: cuál será el lugar de la educación superior en el modelo de país que se está configurando.

Si no se convoca a paritarias ni se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, el riesgo no solo es la suspensión de clases, sino la erosión sostenida de uno de los pilares históricos del desarrollo y la movilidad social en la Argentina.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) declaró el estado de alerta tras conocerse la decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de dar por finalizada la suspensión de los artículos del Decreto 378/2025, una medida adoptada —según el sindicato— de manera unilateral y sin el debido proceso de consulta técnica con los especialistas y trabajadores del sector.

En un comunicado oficial, el gremio manifestó su profunda preocupación por las implicancias que esta decisión podría tener sobre la seguridad aerocomercial, uno de los pilares del sistema aeronáutico nacional.

“Como organización sindical que representa a los tripulantes de cabina de todo el país, advertimos que decisiones de esta naturaleza, adoptadas sin el debido análisis técnico ni consulta con los especialistas y trabajadores del sector, pueden tener consecuencias directas sobre la seguridad operacional”, expresó el sindicato conducido por Juan Pablo Brey.

Desde Aeronavegantes remarcaron que la falta de diálogo institucional y el carácter intempestivo de la medida generan un escenario de incertidumbre en una actividad donde la seguridad y la previsibilidad son esenciales. En ese sentido, subrayaron que la resolución “rompe un equilibrio alcanzado a lo largo de años de trabajo conjunto entre las autoridades aeronáuticas, las compañías y los gremios, en pos de un sistema seguro y profesionalizado”.

Frente a este panorama, la entidad sindical anunció que se mantiene “en estado de alerta” y “evaluando los pasos a seguir, incluyendo las vías administrativas y judiciales correspondientes”, en caso de que las modificaciones introducidas afecten directamente las condiciones laborales de sus representados.

Aun así, Aeronavegantes aclaró que el Convenio Colectivo de Trabajo que mantienen con Aerolíneas Argentinas contempla disposiciones que mitigan parcialmente los efectos del decreto, aunque advirtieron que su preocupación se extiende a “otros colectivos laborales del sector que sí resultan directamente impactados por estas medidas”.

“Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores afectados y nuestro firme rechazo a cualquier intento de desregulación que ponga en riesgo la seguridad, la previsibilidad y las condiciones dignas de trabajo en la aviación nacional”, subrayaron.

Luego de meses de reclamos y de haber conseguido un aumento del 61%, los trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron que el Gobierno inició sumarios disciplinarios contra los referentes del conflicto. Las sanciones alcanzan a Norma Lezana y a otros profesionales de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), acusados de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”. El gremio calificó la medida como “una represalia ridícula e infundada” y convocó a un Cabildo Abierto en defensa del hospital público.

Cuando parecía que el largo conflicto salarial del Hospital Garrahan comenzaba a cerrarse, una nueva decisión oficial volvió a encender las tensiones.
Los trabajadores, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), denunciaron que el interventor designado por el Ministerio de Salud de la Nación, Mariano Pirozzo, inició sumarios disciplinarios contra los referentes gremiales que encabezaron las protestas, entre ellos Norma Lezana, histórica dirigente del hospital.

Las notificaciones acusan a los profesionales de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación” por las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto que derivó, finalmente, en un aumento salarial del 61%.
Desde la APyT consideraron las sanciones como un acto de persecución política y gremial, destinado a disciplinar a quienes protagonizaron la lucha por recomponer los sueldos y defender las condiciones laborales.

“Nos acusan casi de terroristas por reclamar ser recibidos por la dirección del hospital”, señaló Lezana, al calificar los sumarios como “ridículos, infundados e insólitos”.
La dirigente sostuvo que los trabajadores responderán “en todos los terrenos: administrativo, judicial y apelando a la solidaridad social que permitió visibilizar nuestro reclamo durante todo este tiempo”.

El foco de las críticas apunta directamente a Pirozzo, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien el gremio señala como un funcionario sin trayectoria en el ámbito de la pediatría pública. “Este personaje, formado en la Universidad Maimónides y entrenado en el Hospital Militar Cosme Argerich, jamás recibió a los representantes gremiales durante los meses de conflicto”, remarcaron desde la asociación.

Lezana fue aún más contundente: “De Lugones y Pirozzo esperamos cualquier cosa. Haber tenido que reconocer, después de negarlo durante casi un año, que nuestros reclamos eran válidos, ahora se complementa con esta represalia increíble. Si creen que nos van a intimidar, demuestran que no entendieron nada”.

La dirigente recordó que el conflicto por recomposición salarial y condiciones laborales provocó más de 300 renuncias de profesionales calificados, situación que —dijo— “evidencia el vaciamiento del sistema de salud pública y el desinterés por sostener el hospital de referencia pediátrica más importante del país”.
“Si hubo violencia en este conflicto, fue la del ministro-empresario y del interventor que desconocen la pediatría pública. Nuestra lucha fue por cuidar al hospital, no por dañarlo”, añadió.

Una nueva jornada de protesta

Como respuesta a las sanciones, la APyT convocó a un Cabildo Abierto de Organizaciones y Familiares para este jueves 13 de noviembre a las 16, dentro del predio del hospital.
El encuentro contará con la participación de organizaciones de la salud, del movimiento por la discapacidad, de la universidad pública, jubilados, colectivos feministas, organismos de derechos humanos y sindicatos solidarios.

Durante la actividad se debatirán los pasos a seguir frente a los sumarios y se analizarán acciones conjuntas contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional, incluyendo los proyectos de reforma laboral y previsional que preocupan a los gremios.
“El ataque contra los voceros del movimiento en defensa del Garrahan busca allanar el terreno para nuevos embates. Pero no nos van a callar”, concluyó Lezana.

El conflicto del Garrahan, lejos de cerrarse con el acuerdo salarial, entra ahora en una nueva fase marcada por la confrontación política y gremial.
Las sanciones a los trabajadores abren un frente sensible dentro del sistema de salud pública, donde la tirantez entre las autoridades y el personal sanitario se reaviva bajo un clima de desconfianza y malestar.

El hospital insignia de la pediatría argentina, símbolo de atención pública de excelencia, vuelve a quedar en el centro de la escena. Y con él, una pregunta de fondo:
¿puede sostenerse un sistema sanitario de calidad cuando quienes lo sostienen son perseguidos por defenderlo?