Más de 130 trabajadores de la empresa Hunter fueron despedidos sin previo aviso, luego de que la firma perdiera la licitación del servicio de seguridad del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Denuncian que el sindicato UPSRA avaló los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y que solo intervino cuando el conflicto se viralizó. Reclaman indemnizaciones completas y respeto por la antigüedad.

La bronca, la angustia y la sensación de abandono atraviesan a más de 130 vigiladores de seguridad privada que se quedaron sin trabajo en San Juan en las últimas horas de 2025. El 31 de diciembre, a las 12:30 del mediodía, trabajadores de la empresa Hunter comenzaron a ser citados en grupos de 15 o 20 personas a la oficina local de la firma. Allí recibieron una notificación seca y sin margen de negociación: la empresa había perdido el “objetivo” del Hospital Rawson y quedaban desvinculados de manera inmediata.

Entre los despedidos hay trabajadores con más de dos décadas —y en algunos casos cerca de 30 años— de antigüedad. Muchos de ellos cumplieron funciones clave en pasillos, guardias y perímetros del principal nosocomio de la provincia, en jornadas de hasta 12 horas y en un contexto laboral de alta exigencia.

“UPSRA no intervino para nada”

Las críticas más duras de los despedidos apuntan contra la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA). En este sentido, los trabajadores aseguraron que el sindicato no solo no los defendió, sino que convalidó los despidos.

“Nos despidieron con el artículo 247 de la LCT y UPSRA lo avaló. El gremio nos entregó en bandeja”, expresó uno de los vigiladores afectados.

Según relataron, no hubo acompañamiento gremial durante el proceso ni presencia sindical en las instancias previas o posteriores a los despidos. “El gremio no intervino para nada, ni cuando se perdió la licitación ni cuando nos echaron. Nadie se comunicó”, remarcaron.

El artículo 247 y la indemnización recortada

La empresa Hunter aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de una indemnización reducida en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Bajo ese encuadre, la firma ofreció solo el 70% de la indemnización correspondiente, una propuesta que los trabajadores consideran injusta y abusiva.

Los vigiladores sostienen que la pérdida de la licitación no puede ser utilizada como excusa para recortar derechos adquiridos, especialmente en casos de antigüedades tan extensas. Por eso, exigen el pago completo de las indemnizaciones y el rechazo de la aplicación del artículo 247.

La nueva empresa y los puestos que no se conservaron

El servicio de seguridad del Hospital Rawson quedó en manos de la empresa El Guardián. Sin embargo, lejos de absorber al plantel saliente, solo incorporó a 13 de los 130 trabajadores despedidos. “No quieren saber nada con los vigiladores de Hunter”, denunciaron.

Además, remarcaron que las condiciones laborales de la nueva firma son diferentes y que no hubo ningún proceso transparente de traspaso de personal. “Después del primer día no llamaron a nadie más”, aseguraron.

El sindicato reaccionó tras la viralización

Recién en las últimas horas, y luego de que el conflicto tomara estado público, UPSRA presentó una nota ante el Gobierno de San Juan reclamando el pago completo de las indemnizaciones y repudiando la aplicación del artículo 247 por parte de Hunter Security SA.

Sin embargo, para los despedidos la reacción llega tarde. “UPSRA se comunicó recién ayer, cuando todo se viralizó”, señalaron, y aclararon que el contacto fue solo con algunos de los diez afiliados que había entre los 130 despedidos.

Dolor, incertidumbre y un reclamo que sigue abierto

Las imágenes de despedida en redes sociales reflejaron el impacto humano del conflicto. “130 personas perdimos el laburo, ya no más ‘nos vemos mañana’. Adiós Hospital Rawson”, escribió uno de los trabajadores, junto a fotos cargadas de emoción.

En una situación económica adversa, los despedidos enfrentan ahora la incertidumbre total: sin empleo, con indemnizaciones recortadas y con un sindicato al que acusan de haberlos dejado solos.

El conflicto en la seguridad privada de San Juan expone una combinación explosiva de precarización laboral, despidos masivos y un rol sindical severamente cuestionado. Mientras los trabajadores exigen indemnizaciones completas y respeto por años de servicio, el caso vuelve a poner en debate el uso del artículo 247 de la LCT, la responsabilidad de las empresas ante la pérdida de contratos y el verdadero alcance de la representación gremial en momentos críticos. La bronca sigue abierta y el reclamo, lejos de cerrarse, recién comienza.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales apoyó la presentación judicial impulsada por APUNT para declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, al considerar que vulnera la Ley de Financiamiento Universitario y amenaza salarios, funcionamiento institucional y el derecho social a la educación superior.

La tirantez entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario público sumó un nuevo capítulo con la decisión de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) de respaldar formalmente la acción judicial presentada por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT). La demanda apunta a frenar la aplicación del Decreto 759/2025, al que consideran incompatible con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso.

Según lo planteado en la presentación, el decreto intenta suspender de hecho la vigencia de una ley plenamente vigente, que garantiza recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial del personal nodocente. Para APUNT y FATUN, la medida no solo constituye un exceso del Poder Ejecutivo, sino que también lesiona el principio de legalidad, al pretender imponer un decreto por encima de una norma aprobada por el Poder Legislativo.

Desde la federación señalaron que esta acción judicial no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas por distintos sectores del ámbito universitario frente a lo que consideran una avanzada sobre el financiamiento educativo. En ese marco, subrayaron que permitir la suspensión de una ley conquistada tras años de debate y consenso parlamentario sentaría un precedente institucional grave.

“Ningún decreto puede situarse por encima de una ley ni poner en riesgo el normal funcionamiento de las universidades”, advirtieron desde FATUN, al tiempo que remarcaron que el impacto de la medida excede lo presupuestario. La eventual paralización de la Ley de Financiamiento Universitario afectaría de manera directa los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, profundizando la pérdida del poder adquisitivo en un contexto económico ya adverso.

Pero el alcance del conflicto va más allá del plano laboral. Para la federación nodocente, lo que está en juego es también el derecho de la sociedad a acceder a la educación superior pública, un pilar histórico del desarrollo social, científico y productivo del país. La restricción de recursos, alertan, compromete la calidad educativa, la continuidad académica y la capacidad de las universidades de cumplir su función social.

El respaldo de FATUN a la acción judicial presentada por APUNT refuerza la idea de que el debate sobre el financiamiento universitario no es técnico ni circunstancial, sino profundamente político e institucional. La disputa pone en tensión el equilibrio entre poderes, la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso y el modelo de universidad que se pretende sostener.

“Defender esta ley es defender la universidad pública, el trabajo digno y el futuro del país”, afirmaron desde la federación, que ratificó su estado de lucha permanente. Con la unidad, la organización y la solidaridad como ejes, el sector nodocente vuelve a situarse en la primera línea de defensa de un sistema universitario que consideran estratégico para la democracia y el desarrollo nacional.

Mientras el Ejecutivo intensifica el diálogo con gobernadores para garantizar el avance de la reforma laboral, la CGT acelera su estrategia parlamentaria y apunta a conquistar a los senadores que no responden directamente a la Casa Rosada. El objetivo: bloquear los artículos más sensibles del proyecto y frenar un cambio estructural en las relaciones laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una intensa actividad política en pleno receso estival y profundiza su ofensiva para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Mientras el Ejecutivo negocia apoyos con los gobernadores, la central obrera redobló su estrategia en el Congreso y puso el foco en la Cámara de Senadores, donde considera que aún existen márgenes para bloquear o modificar sustancialmente la iniciativa.

Además de una sostenida campaña de difusión en redes sociales, en la que advierte sobre las consecuencias del proyecto en materia de derechos laborales y organización sindical, la CGT aceleró los contactos directos con legisladores que integran lo que en el sindicalismo denominan el “centro político”: senadores que no responden de manera automática al oficialismo, pero tampoco se alinean con una oposición frontal.

En ese universo aparecen los peronistas no kirchneristas, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y representantes de bloques provinciales, cuyo voto resulta decisivo para el futuro de la reforma. Según fuentes sindicales, allí se concentra la principal batalla parlamentaria.

La estrategia combina distintos perfiles dentro de la conducción cegetista. El secretario general del Sindicato de Empleados del Vidrio, Cristian Jerónimo, y el referente del gremio del Seguro, Jorge Sola, encabezan la vía del diálogo político y parlamentario. En contraste, Jorge Argüello, del sindicato de Camioneros, representa la postura más confrontativa y no descarta una escalada del conflicto con medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios.

El proyecto de reforma laboral, impulsado por el presidente Milei y el ministro Federico Sturzenegger, logró avanzar en comisión tras la firma del dictamen. Sin embargo, ese respaldo estuvo lejos de ser un triunfo pleno: mientras los libertarios firmaron en forma favorable, el PRO, la UCR y los bloques provinciales lo hicieron en disidencia, dejando abierta la puerta a una poda artículo por artículo durante el tratamiento en el recinto.

Ese escenario diluyó el optimismo inicial del oficialismo, que daba por asegurada una victoria política encabezada por la senadora Patricia Bullrich. Por el contrario, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el proyecto sufra modificaciones profundas o incluso quede bloqueado.
La incertidumbre política se agravó con el tenso debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo y sus aliados habituales evidenciaron fisuras y desacuerdos, obligando al oficialismo a recomponer vínculos parlamentarios. Para la CGT, ese traspié fue leído como “la primera batalla ganada”.

Con ese diagnóstico, la central obrera profundizó las gestiones para reunir entre siete y ocho voluntades en el Senado que permitan frenar los artículos más sensibles del proyecto, especialmente aquellos que afectan el financiamiento sindical y debilitan la capacidad de representación de los gremios.

Entre los nombres con los que ya hubo conversaciones figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio “Camau” Espínola. En paralelo, la CGT busca sumar a los senadores santacruceños del espacio Movere, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de radicales que buscan marcar distancia de la Casa Rosada.

Según publicó el diario La Nación, dentro de la CGT también surgieron críticas al bloque justicialista por no involucrarse de lleno en la “pelea fina” por los votos. “Nadie va a hablar por nosotros”, deslizaron los sectores más duros, en un contexto donde la central obrera atraviesa, además, tensiones internas sobre cómo enfrentar la avanzada libertaria.

Los puntos en disputa

Los ejes que generan mayor rechazo en la CGT incluyen la ampliación de las actividades consideradas esenciales —lo que limitaría el derecho a huelga—, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados.

No obstante, el punto que concentra mayor resistencia es la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que reemplazaría el actual régimen de indemnizaciones. El nuevo esquema se financiaría con un aporte obligatorio del 3% de los empleadores y modificaría el destino de esos recursos, que dejarían de alimentar el sistema previsional para ser administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano.

Para la CGT, este cambio no solo debilita la protección ante el despido, sino que altera el equilibrio del sistema de seguridad social y reduce el poder de negociación sindical.

El punto de partida

Los primeros contactos formales de la CGT con legisladores del PJ comenzaron el 10 de diciembre. Luego, la central obrera mantuvo reuniones con gobernadores de Provincias Unidas en un encuentro realizado en el Banco de Chubut, del que participaron Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), incluso antes de que el texto oficial ingresara al Congreso.

“Como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en abstracto”, explicó Pullaro tras aquel encuentro. “Hubo muchas coincidencias. Hay una sensatez muy grande frente a los problemas que tiene la Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán a los trabajadores, y está bien que así sea”, concluyó el gobernador santafesino.

Mientras el Gobierno busca blindar la reforma laboral con acuerdos políticos y respaldo territorial, la CGT apuesta a una estrategia quirúrgica en el Senado para frenar o desarticular el corazón del proyecto. En ese pulso se juega no solo una reforma clave del programa libertario, sino también el equilibrio de poder entre el Estado, el mercado y el movimiento sindical en la Argentina que viene.