La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y los gremios nucleados en AMET impulsaron una jornada nacional de paro y movilización en reclamo de paritarias, restitución de fondos y defensa del financiamiento educativo. Desde los sindicatos advierten que la política del Gobierno nacional conduce a un retroceso estructural que pone en riesgo la igualdad educativa entre provincias y la propia continuidad del sistema público.

La medida de fuerza convocada por CTERA tiene un fuerte respaldo de los gremios de base y la adhesión de AMET, que representa al sector técnico. En diálogo con El Mundo Laboral SJ, Daniel Quiroga, titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, trazó un diagnóstico tan preciso como alarmante: “Venimos advirtiendo desde el año pasado lo que hoy sucede. El Gobierno eliminó los artículos que garantizaban el financiamiento educativo y técnico, y eso afecta directamente a las escuelas y a los estudiantes”.

La denuncia se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y congelamiento de las paritarias nacionales. Con la continuidad del presupuesto 2023 en un escenario de inflación superior al 200%, los recursos destinados a infraestructura escolar y programas federales quedaron prácticamente licuados. “El artículo 9 de la Ley Nacional de Educación y el artículo 52 de la Ley de Educación Técnica fueron eliminados. Eso implica que las provincias ya no reciben fondos para sostener las escuelas técnicas. Hay docentes que organizan bingos o ferias para comprar insumos básicos”, relató Quiroga, con crudeza.

El desfinanciamiento, sumado a la ausencia de negociaciones salariales, reaviva viejas heridas. “Estamos volviendo a los años noventa”, advirtió el dirigente, al comparar el escenario actual con la época en que las políticas neoliberales desmantelaron la educación técnica. Aquella década marcó la desaparición de numerosos establecimientos y la pérdida de miles de puestos de trabajo docentes. Recién con la sanción de las leyes de Educación Técnica y Nacional, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el sector recuperó estructura y relevancia. Hoy, ese avance parece desmoronarse.

Desde los gremios, la lectura es unánime: la parálisis presupuestaria y el desinterés del Ejecutivo nacional configuran un ataque directo al derecho a la educación. “No hay paritarias nacionales, no hay un salario docente base común, y eso genera desigualdades entre provincias ricas y pobres. Este paro es un mensaje al Gobierno: se está equivocando con el futuro de los niños”, subrayó el gremialista.

El paro de 24 horas será sin asistencia a los lugares de trabajo y acompañado por una marcha que se desplegará a nivel nacional con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, con el propósito de expresar el rechazo de los docentes a las medidas de ajuste dictaminadas por el Gobierno Nacional.

La protesta incluye un abrazo simbólico al Congreso de la Nación, donde las organizaciones reclamarán la restitución de la Ley de Financiamiento Educativo y la reactivación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La jornada de movilización también busca visibilizar la precarización creciente del trabajo docente y el deterioro de las condiciones de enseñanza.

Mientras tanto, el Ejecutivo nacional sostiene una política de ajuste fiscal estricta y evita referirse públicamente al conflicto. Sin convocatoria a paritarias y con el sistema educativo operando con presupuestos desactualizados, las advertencias sindicales sobre el impacto en la calidad educativa comienzan a hacerse tangibles en cada escuela.

CTERA y los gremios universitarios lanzaron un paro nacional en reclamo de aumentos salariales, actualización del FONID y reapertura de paritarias. La medida, que se sentirá en escuelas y universidades de todo el país, expone el deterioro del poder adquisitivo docente, con sueldos licuados por la inflación y un gobierno que aún no convoca a negociar desde 2024.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y los sindicatos universitarios, entre ellos ADICUS, confirmaron una huelga nacional que afectará tanto a la educación básica como al nivel superior. La medida, que se realizará en todo el país, busca visibilizar la pérdida salarial acumulada y el vaciamiento del financiamiento educativo, agravado por la falta de convocatoria a paritarias nacionales desde hace más de un año.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, detalló que la protesta responde a una doble urgencia: la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la actualización de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno nacional mantiene congelada pese a la inflación récord. “Hemos perdido más del 40% del poder adquisitivo. No se puede sostener la docencia con estos salarios”, advirtió el dirigente.

El paro fue convocado por CTERA como parte de un plan federal de lucha, y cuenta con el acompañamiento de docentes universitarios y técnicos, lo que implica una paralización casi total del sistema educativo. En la provincia, se espera un acatamiento masivo tanto en las escuelas públicas como en la Universidad Nacional de San Juan, donde el malestar docente viene en ascenso desde principios de año.

El contexto económico agrava el conflicto. Con una inflación anual que supera el 200% y salarios que apenas se actualizaron un 80%, la pérdida de poder adquisitivo es ya insostenible. Los gremios denuncian que el Ejecutivo “rompió el marco legal de la negociación colectiva”, al desoír lo que establece la Ley de Financiamiento Educativo y al retacear fondos que por ley deben garantizarse a las provincias.

“El Gobierno incumple la ley y pretende que las universidades y las escuelas se financien con migajas”, señaló Barcelona. “Sin FONID, sin actualización presupuestaria y sin paritarias, la educación pública se desangra”.

A la precarización salarial se suma el deterioro de las condiciones de trabajo: aulas sin mantenimiento, falta de materiales y recorte de programas de apoyo a la formación docente. En las escuelas técnicas y universidades, el problema se traduce además en la falta de insumos básicos para la práctica educativa.

La huelga no solo expresa un reclamo económico: es también una defensa de la educación pública frente al avance de las políticas de ajuste estructural impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Los gremios advierten que, si no hay respuesta, el conflicto escalará con nuevas medidas de fuerza en noviembre.

Esta medida se inscribe en un escenario donde la crisis educativa es también una crisis de Estado. La falta de inversión, la ruptura del diálogo paritario y el desfinanciamiento de las universidades configuran un panorama alarmante que pone en riesgo el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

Mientras el Gobierno insiste en ajustar como principio rector, los docentes marchan por dignidad. La protesta, que une a maestros y profesores de todos los niveles, no solo interpela al poder político: también llama a la sociedad a defender uno de los pilares de la democracia argentina —una educación pública, gratuita y de calidad, que hoy se encuentra bajo amenaza.

La CTERA convocó para este martes 14 de octubre a un paro y movilización federal en defensa del financiamiento educativo, los salarios y la restitución del FONID

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso, anunció un paro nacional docente para el martes 14 de octubre de 2025, acompañado por una movilización al Congreso de la Nación desde las 10 de la mañana.
La medida, que tendrá alcance en todo el país, busca visibilizar la crisis que atraviesa la educación pública por los recortes del Gobierno nacional, el congelamiento de partidas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Según la conducción sindical, el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Ejecutivo “representa un ataque directo a la educación pública”, al reducir drásticamente los fondos destinados a infraestructura escolar, capacitación y salarios. “Sin financiamiento, la escuela pública no tiene futuro”, advirtió Alesso al confirmar la medida.

Entre los reclamos centrales figuran la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución inmediata del FONID, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo, la mejora de las condiciones salariales y laborales y la defensa de los derechos previsionales y jubilatorios del sector.

Amplia adhesión en todo el país

La jornada de protesta contará con la participación de todos los gremios de base de CTERA, lo que asegura una paralización casi total del sistema educativo público. Confirmaron su adhesión:

ADEP (Jujuy)

ADOSAC (Santa Cruz)

AGMER (Entre Ríos)

ASDE (San Luis)

ATECh (Chubut)

AMP (La Rioja)

AMSAFE (Santa Fe)

ATEN (Neuquén)

ATEP (Tucumán)

SUTE (Mendoza)

SUTEBA (Buenos Aires)

SUTEF (Tierra del Fuego)

UDAP (San Juan)

UDPM (Misiones)

UEPC (Córdoba)

UNTER (Río Negro)

UTE (Ciudad de Buenos Aires)

UTELPA (La Pampa)

UTRE (Chaco)

SUTECO (Corrientes)

ADF (Formosa)

ATECA (Catamarca)

ADP (Salta)

SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)

A su vez, en la provincia de Buenos Aires el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, AMET, FEB, SADOP y UDOCBA— se sumará de manera unificada al paro y la movilización. Estas organizaciones denunciaron “el deterioro constante del salario docente y el abandono del Estado nacional de sus responsabilidades de financiamiento”.

En cada distrito se realizarán asambleas, clases públicas y actos frente a las legislaturas provinciales, mientras las delegaciones de todo el país marcharán hacia el Congreso en Buenos Aires, epicentro de la jornada.

Un conflicto que crece

La protesta de mañana martes 14 de octubre se inscribe en un contexto de fuerte tensión entre los gremios estatales y el Gobierno nacional, tras meses de congelamiento de partidas y una caída del poder adquisitivo que supera el 40% desde diciembre de 2023.
CTERA sostiene que el ajuste “es incompatible con el sostenimiento de la escuela pública”, y advierte que la ausencia de paritaria nacional impide acordar un piso salarial común que garantice igualdad educativa en todas las provincias.

En paralelo, la central docente busca reinstalar en la agenda pública el debate sobre el rol del Estado en la educación y la necesidad de una política federal de financiamiento. “Defendemos la educación pública como derecho, no como gasto”, remarcan desde la organización.