La CGT movilizó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la industria nacional y contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, en una nueva demostración de fuerza de la central obrera. La marcha tuvo como destino el edificio del ex Ministerio de Industria y concluyó con los discursos de los tres integrantes del triunvirato: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria se desarrolló bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con la industria y las pequeñas y medianas empresas como principales destinatarias del reclamo sindical. La CGT sostiene que la combinación de caída del consumo, menor inversión y dificultades para las empresas está repercutiendo sobre el empleo y los ingresos.

El diagnóstico quedó plasmado también en un documento difundido por el Consejo Directivo Nacional. La central acusó al Gobierno de estar llevando adelante una política económica “monitoreada” por el Fondo Monetario Internacional, orientada —según su interpretación— hacia intereses que no coinciden con los de la economía nacional.

En el texto, la organización sindical afirmó que las políticas oficiales están provocando un deterioro del sistema productivo, con especial impacto sobre las pymes. Enumeró entre los factores que, a su juicio, explican ese retroceso el aumento del desempleo, la pérdida de ingresos, el deterioro de las condiciones laborales, la caída del consumo interno, la recesión, la presión impositiva, el retroceso de la inversión, la falta de financiamiento y los costos de los servicios públicos.

La central sinical también vinculó la situación de las empresas con el funcionamiento de las economías regionales y las cadenas de proveedores. Para la CGT, la pérdida de establecimientos industriales no se limita al cierre de una empresa, sino que repercute sobre trabajadores, proveedores y circuitos comerciales asociados a la producción.

El Primer Juzgado Civil, a cargo de Héctor Rollán, hizo lugar al amparo presentado por la Fiscalía de Estado y dictó una medida cautelar innovativa. UTA, ATAP y las empresas concesionarias deberán levantar las retenciones y garantizar la prestación normal y continua de todas las líneas una vez notificadas.

La orden establece que las partes deberán garantizar la prestación normal, habitual, regular y continua de todas las líneas de transporte automotor de pasajeros de la provincia, respetando los diagramas horarios establecidos. También exige poner a disposición de manera inmediata las unidades y la infraestructura necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó la resolución y explicó que desde el organismo comenzaron a diligenciar las notificaciones correspondientes. La restitución efectiva del servicio comenzará a regir una vez que UTA, ATAP y las compañías involucradas sean notificadas judicialmente.

El argumento del Gobierno

La Fiscalía de Estado fundamentó el amparo en la necesidad de preservar los derechos constitucionales de los usuarios. El planteo sostuvo que la interrupción prolongada del transporte afecta el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la circulación, además del derecho a utilizar el servicio público.

La intervención judicial se produjo después de más de 30 horas de interrupción del transporte, en medio de una disputa salarial entre los choferes y las empresas. La UTA sostiene que existen diferencias en el pago de las recomposiciones salariales acordadas a nivel nacional, mientras ATAP argumenta que las compañías atraviesan restricciones económicas que limitan su capacidad para afrontar los montos reclamados.

El dictamen judicial no modifica esa discusión de fondo, pero impone una condición concreta para su continuidad: el transporte debe volver a funcionar mientras las partes resuelven sus diferencias por las vías administrativas, laborales y judiciales correspondientes.

El fallo contempla además apercibimientos y eventuales sanciones frente a un incumplimiento de la medida cautelar. De este modo, el conflicto por los salarios y la situación económica del transporte ingresa en una nueva instancia, ahora bajo una orden judicial que obliga a garantizar la continuidad del servicio público.

Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos y murió en ejercicio de la Presidencia el 1° de julio de 1974. Militar de carrera, fundador del movimiento justicialista y tres veces elegido presidente, construyó una identidad política que modificó la relación entre el Estado, los trabajadores y el poder económico y que, más de cinco décadas después de su muerte, continúa generando adhesiones y fuertes controversias.

Su figura excedió ampliamente los límites de una carrera política. Perón transformó la relación entre el Estado y el movimiento obrero, impulsó una nueva concepción de los derechos sociales y dio origen a una fuerza política —el justicialismo— que sobrevivió a su muerte, a la proscripción, a dictaduras y a sucesivas transformaciones de la Argentina.

Su infancia transcurrió entre la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. Hijo de Mario Tomás Perón y Juana Sosa, creció en un ámbito rural antes de incorporarse al Colegio Militar de la Nación. Egresó en 1913 como subteniente de Infantería y desarrolló durante las siguientes décadas una carrera profesional dentro del Ejército.

Fue instructor, estudió historia militar y estrategia y ocupó distintos destinos antes de viajar a Europa como integrante de una misión del Ejército argentino. A su regreso continuó su carrera militar hasta alcanzar el grado de coronel. Pero a comienzos de la década de 1940 su trayectoria comenzó a desplazarse hacia la política.

El punto de inflexión llegó después del golpe militar de 1943. Perón asumió en octubre de ese año funciones en el entonces Departamento Nacional del Trabajo y poco después quedó al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí estableció una relación directa con dirigentes sindicales y trabajadores y promovió una serie de medidas laborales que ampliarían su respaldo entre las organizaciones obreras.

Ese crecimiento político también provocó resistencias dentro de las Fuerzas Armadas y entre distintos grupos económicos y políticos. En octubre de 1945 fue desplazado de sus cargos y detenido. La movilización obrera del 17 de octubre reclamó su liberación y se convirtió en uno de los acontecimientos fundacionales del peronismo.

Pocos meses después, Perón compitió en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946. La fórmula Perón-Quijano obtuvo el 52% de los votos y el 4 de junio asumió la Presidencia. El proceso marcó la incorporación definitiva de amplios sectores populares a una nueva etapa de la vida política argentina.

Durante su primera presidencia avanzaron políticas de intervención estatal, expansión de derechos laborales y fortalecimiento del movimiento sindical. En 1947 se sancionó la Ley 13.010 de sufragio femenino, que permitió que las mujeres ejercieran por primera vez el voto en las elecciones nacionales de 1951. En 1949, además, una Asamblea Constituyente reformó la Constitución e incorporó nuevos derechos sociales.

Perón fue reelegido en 1951 con el 62,49% de los votos, en los primeros comicios presidenciales en los que participaron las mujeres. Sin embargo, su segundo mandato quedó interrumpido por el golpe militar de septiembre de 1955, que derrocó al Gobierno constitucional e inició una extensa etapa de proscripción del peronismo.

Comenzaron entonces 18 años de exilio y prohibición política. Perón permaneció primero en distintos países latinoamericanos y luego se instaló en Madrid. Desde España conservó el liderazgo del movimiento y mantuvo una influencia determinante sobre la política argentina aun sin poder regresar al país.

El retorno definitivo se produjo en 1973. El peronismo había ganado las elecciones de marzo con la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima, mientras Perón permanecía impedido de competir. Tras la renuncia de Cámpora se convocaron nuevos comicios y Perón obtuvo la Presidencia el 23 de septiembre de 1973 con más del 60% de los votos, acompañado por su esposa María Estela Martínez de Perón. Asumió el 12 de octubre.

Tenía entonces 78 años y una salud deteriorada. Su tercer mandato duró menos de nueve meses: murió el 1° de julio de 1974, dejando la Presidencia en manos de Isabel Perón.

Tan amado como resistido

A más de cinco décadas de su muerte, la influencia de Perón continúa siendo visible en la política argentina. Pese a las fracturas internas y los cambios de gobierno, el movimiento que fundó mantuvo su doctrina viva en el sindicalismo y el activismo justicialista.

También persiste la discusión histórica sobre su legado. Para sus seguidores, Perón representa la incorporación de los trabajadores a la vida política, la ampliación de derechos sociales y una concepción soberana del desarrollo nacional. Para sus críticos, su figura está asociada a prácticas de concentración del poder, confrontación política y restricciones a la oposición durante sus gobiernos.

Esa doble condición explica buena parte de su vigencia. Perón no pertenece solamente a la historia del peronismo: forma parte de las grandes disputas políticas de la Argentina contemporánea. A 131 años de su nacimiento, su nombre continúa presente en sindicatos, partidos, debates electorales y discusiones sobre el papel del Estado, el trabajo y la justicia social.

La casa de Lobos donde nació fue declarada Monumento Histórico Nacional por la Ley 25.518, una expresión institucional de la dimensión que alcanzó su figura en la historia argentina.