La justicia ordenó la re incorporación de una empleada jerárquica de la Biblioteca Nacional
Se trata de Araceli Díaz, quien fue cesanteada después de comunicar que estaba embarazada.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la desvinculación de una empleada jerárquica de la Biblioteca Nacional, en el marco de los despidos masivos dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri, porque lo realizaron un día después que comunicara que estaba embarazada. Con esta decisión, la Sala I de la Cámara revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda promovida por Araceli Díaz, quien -mediante sucesivas designaciones- se desempeñaba como Directora de Asuntos Jurídicos, cuando a fines de noviembre de 2018 se le notificó su desvinculación.
El magistrado de primera instancia consideró que la cuestión no podía ser resuelta con una acción de amparo, si no que requería «el ofrecimiento de prueba y la consiguiente acreditación de las circunstancias alegadas». La trabajadora había expuesto que, tratándose de un embarazo en curso, no tenía otros recursos o remedios judiciales o administrativos que le permitieran obtener la protección de sus derechos constitucionales.
Para ello, la demandante citó el artículo 134 inciso e) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/2006 y tratados internacionales que impedían su cese. La norma garantiza a toda mujer durante la gestación, «el derecho a la estabilidad en el empleo» a partir del momento que la trabajadora notifica su embarazo.
Con estos elementos, la Sala I de la Cámara ponderó que en la causa «se encuentra debidamente acreditado que el día anterior a la desvinculación», Díaz notificó a las autoridades de la Biblioteca Nacional que «se encontraba cursando un embarazo y acompañó a tal efecto el correspondiente certificado médico».
Agregó que «el derecho a la estabilidad en el empleo durante la gestación nació a partir de dicha comunicación, lo que le impedía a la demandada adoptar cualquier decisión que desconociera dicha garantía».
Con esos argumentos, las camaristas María Do Pico y Liliana Heiland consideraron que «la extinción de la última prórroga» de la designación de Díaz «resulta ilegítima por desconocer garantías y derechos que amparan a la mujer embarazada».
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El conflicto universitario se extiende y ADICUS prepara nuevas jornadas de paro
El conflicto universitario volverá a ocupar las aulas y dependencias de la Universidad Nacional de San Juan durante la próxima semana. Desde ADICUS confirmaron nuevas medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.
La resolución fue adoptada en el Congreso de CONADU Histórica, donde se definió desarrollar una semana completa de lucha. La propuesta impulsada desde San Juan contemplaba comenzar con un paro de 48 horas y avanzar progresivamente, pero la mayoría de los congresales optó por extender la protesta durante toda la semana, combinando jornadas de huelga con acciones de visibilización.
La secretaria gremial del gremio universitario, Edith Liquitay, explicó que no habrá necesariamente paro todos los días. Las jornadas sin actividad serán determinadas en coordinación con los trabajadores no docentes, siguiendo la modalidad implementada el miércoles 12 de agosto.
Durante esa medida conjunta, la adhesión alcanzó niveles elevados en distintas dependencias de la UNSJ. Según los datos proporcionados por Liquitay, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento llegó aproximadamente al 90% durante el turno mañana y al 95% por la tarde, mientras que en otras unidades académicas se ubicó alrededor del 70%.
El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. ADICUS sostiene que los incrementos acumulados para los trabajadores universitarios alcanzaron el 21,3%, mientras que la inflación del período habría generado una pérdida del 29,5%. Para el gremio, esa diferencia explica la decisión de profundizar las medidas.
El conflicto también alcanza al financiamiento de las universidades. la referente gremial cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el acta firmada el 10 de junio y señaló que permanecería pendiente un 20% adicional destinado al funcionamiento de las casas de estudios, además de recursos para hospitales escuela y un aumento de las becas.
El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que realizó las transferencias correspondientes a gastos de personal y actualizaciones salariales y defiende el cumplimiento de las partidas previstas.
Mientras continúa la disputa, el Ejecutivo convocó a una nueva paritaria nacional para el 1 de septiembre. ADICUS considera insuficiente ese horizonte y apuesta a sostener la presión gremial para obtener respuestas antes de esa fecha.
La discusión excede las universidades y también llegó a la Justicia, donde los rectores reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El próximo 4 de septiembre, además, está prevista una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional en Bariloche.
La continuidad de las medidas en San Juan dependerá de la coordinación entre docentes y no docentes, pero ADICUS ya anticipó que la próxima semana volverá a llevar la protesta universitaria al ámbito público.
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Las 62 Organizaciones buscan recuperar peso político y sindical en San Juan
Las 62 Organizaciones Peronistas Regional San Juan formalizarán este jueves 13 de agosto su nueva conducción en un acto que reunirá a más de una treintena de gremios y buscará consolidar la representación sindical del peronismo provincial.
El encuentro comenzará a las 18:30, bajo la denominación “Acto Normalizador Compañero Lorenzo Miguel”, en el Camping de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicado sobre calle Frías Sur, antes de calle 5, en Villa Krause, Rawson.
Durante la jornada, Martín Solazzo, dirigente de la UOM, asumirá como secretario general de la organización provincial. La designación apunta a dotar al espacio de una conducción formal y reconocida por las organizaciones que participan de la estructura.
La nómina reúne sindicatos de distintas ramas, entre ellos la UOM, Químicos, Asociación Bancaria, Ladrilleros, Viales Nacionales, Plásticos, Automóvil Club Argentino, ATSA, SOEME, Panaderos, Fleteros, Taxistas, UTEP, Gráficos y Trabajadores del Hielo.
La amplitud de la representación constituye uno de los principales rasgos de la nueva conformación. La estructura incorpora organizaciones vinculadas con la industria, los servicios, el transporte, y distintas áreas de la economía provincial.
Respaldo de la conducción nacional
El acto contará con la presencia de Marcelo Pariente, secretario general nacional de las 62 Organizaciones; Karina Moyano, secretaria adjunta; y Miguel Pedelhez, secretario del Interior.
El respaldo de los líderes nacionales consolidará el proceso político y exhibirá el respaldo de la conducción nacional al proceso iniciado en San Juan. La convocatoria reunirá a dirigentes gremiales y referentes del peronismo provincial en una misma instancia.
La reorganización adquiere relevancia en un momento de búsqueda de nuevas formas de articulación entre el movimiento obrero y el peronismo. Para los sindicatos que integran la estructura, la recuperación de una representación política propia constituye una herramienta para intervenir en las discusiones partidarias y laborales.
La normalización en San Juan recupera esa tradición con una estructura que reúne a numerosas organizaciones y una conducción encabezada por Solazzo. El objetivo central será consolidar esa representación sindical como un actor político clave dentro del movimiento obrero y del peronismo local.
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El paro universitario alcanzó un 90% de adhesión en San Juan
El paro nacional de 24 horas convocado por los gremios universitarios registró un 90% de adhesión en San Juan, según informó ADICUS. La medida alcanzó a las facultades de la UNSJ y a los colegios preuniversitarios, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La jornada de protesta fue convocada por las organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, en medio de un conflicto que combina el reclamo por la recuperación de los salarios con la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.
En San Juan, la elevada adhesión comunicada por ADICUS reflejó el respaldo de los trabajadores universitarios a la medida de fuerza nacional. La interrupción de las actividades académicas se extendió durante 24 horas y coincidió con el comienzo del segundo cuatrimestre, lo que volvió a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión.
Salarios y pérdida del poder adquisitivo
El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. Los gremios universitarios sostienen que los incrementos otorgados durante el último período no lograron compensar el deterioro acumulado de los ingresos frente a la inflación.
Las organizaciones sindicales cuestionaron particularmente el aumento del 21,3% percibido durante julio, al considerar que resultó insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido. Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales habían advertido, además, que la diferencia entre los salarios actuales y la evolución de los precios supera el 28%.
La discusión no se limita a la actualización de los haberes. Los sindicatos también reclaman que se instrumenten las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario y que se actualicen los recursos destinados a becas y hospitales universitarios.
Desde la perspectiva gremial, la insuficiencia presupuestaria repercute directamente sobre el funcionamiento de las universidades nacionales y condiciona el desarrollo de las tareas de enseñanza, investigación y extensión.
Un conflicto que volvió a las aulas
La protesta se produjo en un momento especialmente sensible para las universidades, con el inicio del segundo cuatrimestre y sin un acuerdo que permita cerrar la disputa salarial.
Para los gremios, la convocatoria a la huelga constituye una nueva instancia de presión frente a la falta de respuestas a sus demandas. La elevada adhesión registrada en San Juan, según ADICUS, mostró que el reclamo excedió a una unidad académica puntual y alcanzó a las distintas estructuras educativas dependientes de la UNSJ.
La acción también expuso nuevamente la distancia entre las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional respecto del financiamiento de las universidades públicas.
La respuesta del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos sindicales y cuestionó la legitimidad de la medida de fuerza. Desde el Gobierno sostuvieron que las transferencias correspondientes a las universidades se encuentran al día de acuerdo con los compromisos asumidos y rechazaron que exista un incumplimiento de sus obligaciones.
Además, el Ejecutivo convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre, fecha que los gremios deberán evaluar mientras mantienen abierto el reclamo por una recomposición salarial.
El paro de este miércoles dejó así una señal concreta en San Juan: con un 90% de adhesión informado por ADICUS, la discusión universitaria volvió a interrumpir las clases y mostró que la pugna salarial y presupuestaria permanece sin una resolución definitiva.
La continuidad de las demandas estará condicionada por las respuestas en la mesa paritaria y la asignación de los fondos universitarios. Al mismo tiempo, la comunidad académica mantiene un litigio que trasciende los sueldos y repercute en las actividades cotidianas de la educación superior.
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