La discusión en torno al Impuesto a las Ganancias volvió a encenderse tras la difusión de un duro documento de la Mesa Sindical, espacio que nuclea a más de sesenta sindicatos de alcance nacional. Allí, las organizaciones advirtieron que la política oficial de actualización de escalas y mínimos no imponibles se apoya en una “inflación maquillada” que termina ampliando de manera significativa el universo de trabajadores alcanzados por el tributo.

Según el pronunciamiento gremial, el “dibujo sobre la inflación real” no solo impacta sobre los sectores de menores ingresos, sino que “tiene un efecto depredador sobre los salarios superiores al promedio”, incorporando a trabajadores de ingresos medios a un impuesto que, remarcan, continúa tratando al salario como si fuera una ganancia.

El documento hace referencia a la comunicación oficial del Gobierno sobre los pisos salariales y escalas que regirán durante el primer semestre de 2026, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. De acuerdo con lo anunciado por la administración libertaria, los montos se ajustarán un 14,3% a partir de enero, porcentaje que los gremios consideran ampliamente insuficiente frente al aumento real del costo de vida.

Nuevos pisos y más trabajadores alcanzados

Con esa actualización, el piso mínimo para comenzar a pagar Ganancias será de $2.490.000 de salario de bolsillo para un trabajador soltero. En tanto, los umbrales se elevan a $2.692.700 para un soltero con un hijo, $2.896.500 para un soltero con dos hijos, $2.894.000 para un casado sin hijos, $3.232.000 para un casado con un hijo y $3.302.100 para un casado con dos hijos.

Sin embargo, la Mesa Sindical advirtió que el impacto real del impuesto no se limita a esos pisos formales. “Como en el pago del impuesto juega la famosa tablita, todo trabajador que tenga una ganancia neta acumulada superior a $2.030.000 durante el primer semestre será gravado con alícuotas que van del 9% al 35%, según su nivel de ingreso”, detallaron.

Este esquema, sostienen, provocará que más de dos millones de trabajadores y trabajadoras queden alcanzados por Ganancias, ampliando de manera sustancial la base contributiva sobre los salarios.

Salarios medios y canasta familiar

El documento también pone el foco en la creciente cercanía entre los salarios medios y el umbral de pobreza. Según los gremios, la canasta familiar alcanzó los $1.300.000 en diciembre de 2025 y continúa en ascenso, lo que achica peligrosamente la distancia entre quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas y aquellos que comienzan a tributar Ganancias.

“Es notorio que la brecha entre quienes menos ganan y los sueldos medios es cada vez más estrecha”, advierten, y subrayan que esta política fiscal profundiza la regresividad del sistema impositivo, descargando el ajuste sobre el ingreso del trabajo.

En su cierre, la Mesa Sindical sostiene que esta actualización “sigue tomando al salario como ganancia cuando, a todas luces, su poder de compra es cada vez más limitado”. Lejos de tratarse de un debate técnico, el documento plantea que la política impositiva actual consolida una “vida mínima” que impacta de manera profunda y generalizada en el conjunto de los trabajadores.

“Unirnos para mejorar nuestros salarios y cambiar la matriz impositiva es una necesidad cada vez más evidente”, concluye el texto, dejando planteado un escenario de creciente conflictividad si no se revisa el esquema tributario aplicado sobre los ingresos laborales.

Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.

El Sindicato de Empleados de Comercio denunció 29 despidos en el Hiper Libertad de San Juan y alertó sobre malos tratos persistentes, falta de información oficial y versiones no confirmadas de una posible venta. El conflicto expone la fragilidad laboral del sector en un entorno de caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.

La situación laboral en el Hiper Libertad en la provincia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la apertura del establecimiento. A los despidos ya concretados se suma un clima interno marcado por la incertidumbre, la falta de información clara y denuncias de maltrato hacia los trabajadores, en un escenario que mantiene en vilo a decenas de familias.

Según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, un total de 29 trabajadores fueron desvinculados de la empresa entre el año pasado y lo que va de 2026. Durante 2024, 27 empleados dejaron la firma bajo distintos mecanismos, mientras que en las primeras semanas del nuevo año se produjeron dos despidos más. Ambos corresponden a trabajadores con 26 años de antigüedad, que formaron parte del plantel original desde la inauguración del hipermercado en la provincia.

“Los conflictos internos no son nuevos. El maltrato y la falta de respeto hacia los empleados vienen ocurriendo desde hace meses”, señaló Moral, quien cuestionó con dureza la gestión local del establecimiento. Para la dirigente gremial, las prácticas denunciadas configuran un deterioro sostenido de las condiciones laborales que no puede naturalizarse bajo ningún argumento.

La preocupación se profundiza ante la ausencia de definiciones oficiales sobre el futuro de la empresa. En este sentido a los despidos, comenzaron a circular con fuerza versiones sobre una posible venta del supermercado, aunque desde el sindicato aclaran que no existe confirmación formal. “El rumor surge desde la sede central en Córdoba, pero no hay comunicación oficial ni información sobre eventuales compradores”, explicó Moral.

En ese marco, el gremio reclama la apertura de canales de diálogo efectivos con interlocutores que cuenten con capacidad real de decisión. Según indicaron, el gerente local no tendría autoridad suficiente para resolver los conflictos planteados. Por ese motivo, en las audiencias realizadas en la Subsecretaría de Trabajo exigen la presencia de representantes empresariales que puedan asumir compromisos concretos y garantizar su cumplimiento.

El conflicto en Hiper Libertad se inscribe, además, en un sentido más amplio de crisis en el sector comercial. Moral advirtió sobre la fuerte caída del consumo y explicó que, si bien diciembre suele mostrar un repunte estacional, enero históricamente se presenta como un mes complejo, condicionado por las vacaciones y el elevado uso de tarjetas de crédito. A ello se suma la pérdida sostenida del poder adquisitivo, que empuja a gran parte de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza y modifica de manera drástica los hábitos de compra y alimentación.

El caso de Hiper Libertad San Juan refleja con crudeza las tensiones que atraviesan hoy al empleo en el comercio: despidos sin explicaciones claras, deterioro del clima laboral y una empresa que guarda silencio frente a los reclamos. Mientras los rumores de venta se multiplican y las definiciones no llegan, la incertidumbre se convierte en una carga diaria para los trabajadores. En un marco económico adverso, la falta de diálogo y de responsabilidad empresarial profundiza un escenario que exige respuestas urgentes para preservar el empleo y la dignidad laboral.