
La justicia ordenó la re incorporación de una empleada jerárquica de la Biblioteca Nacional
Se trata de Araceli Díaz, quien fue cesanteada después de comunicar que estaba embarazada.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la desvinculación de una empleada jerárquica de la Biblioteca Nacional, en el marco de los despidos masivos dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri, porque lo realizaron un día después que comunicara que estaba embarazada. Con esta decisión, la Sala I de la Cámara revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda promovida por Araceli Díaz, quien -mediante sucesivas designaciones- se desempeñaba como Directora de Asuntos Jurídicos, cuando a fines de noviembre de 2018 se le notificó su desvinculación.
El magistrado de primera instancia consideró que la cuestión no podía ser resuelta con una acción de amparo, si no que requería «el ofrecimiento de prueba y la consiguiente acreditación de las circunstancias alegadas». La trabajadora había expuesto que, tratándose de un embarazo en curso, no tenía otros recursos o remedios judiciales o administrativos que le permitieran obtener la protección de sus derechos constitucionales.
Para ello, la demandante citó el artículo 134 inciso e) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/2006 y tratados internacionales que impedían su cese. La norma garantiza a toda mujer durante la gestación, «el derecho a la estabilidad en el empleo» a partir del momento que la trabajadora notifica su embarazo.
Con estos elementos, la Sala I de la Cámara ponderó que en la causa «se encuentra debidamente acreditado que el día anterior a la desvinculación», Díaz notificó a las autoridades de la Biblioteca Nacional que «se encontraba cursando un embarazo y acompañó a tal efecto el correspondiente certificado médico».
Agregó que «el derecho a la estabilidad en el empleo durante la gestación nació a partir de dicha comunicación, lo que le impedía a la demandada adoptar cualquier decisión que desconociera dicha garantía».
Con esos argumentos, las camaristas María Do Pico y Liliana Heiland consideraron que «la extinción de la última prórroga» de la designación de Díaz «resulta ilegítima por desconocer garantías y derechos que amparan a la mujer embarazada».
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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.
Metodología de Censura
Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.
En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.
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Judiciales rechazó el aumento salarial y ratificó el paro para este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el aumento salarial del 2,2% otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de junio.
La UEJN, liderada por Julio Piumato, consideró que el aumento salarial del 2,2% es insuficiente y no responde a las necesidades de los empleados judiciales. El gremio denunció que, con este incremento, «nos siguen ajustando» y ratificó el paro nacional como medida de protesta.
Un Plan de Lucha que Continúa
La UEJN viene sosteniendo un plan de lucha en el sector desde el año pasado, y advierte que, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la Justicia atraviesa un fuerte ajuste en sus partidas presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanzó más del 32%. El gremio ya había realizado un paro el viernes pasado y una serie de actividades durante esta semana, incluyendo banderazos en todo el país y un acto de apoyo a la Justicia del Trabajo.
Rechazo al Traspaso del Fuero
Además, la UEJN expresó su rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que consideran un ataque a la Justicia del Trabajo. El gremio busca defender los derechos de los trabajadores y garantizar la independencia del Poder Judicial.
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Alfredo Duarte: “El Gobierno impone un techo salarial injusto mientras libera los precios”

En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Duarte, titular de ATSA Sanidad San Juan y dirigente nacional del sector, se refirió con firmeza a la situación crítica que atraviesan los trabajadores de la sanidad especialmenete en el sector privado. Con aumentos prácticamente congelados y una inflación en alza, Duarte advirtió que se acumula un atraso salarial que supera el 8% y denunció una política nacional que, según sus palabras, “ahoga al trabajador mientras beneficia al capital”.
Paritarias intervenidas y salarios congelados
Duarte señaló que el mayor problema en el país se da en el sector privado de la sanidad, donde se está impidiendo una negociación salarial libre. Según explicó, existe una decisión política del presidente Javier Milei de imponer un techo del 1% a los incrementos salariales, lo que limita severamente la posibilidad de discutir en paritarias condiciones justas de trabajo. “No se puede pretender fijar los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo dejar librados los precios al mercado. Es una medida totalmente injusta”, expresó.
Duarte remarcó que el atraso salarial ya alcanza un 8%, al sumarse la pérdida acumulada de los meses anteriores con el último índice inflacionario del 2,8% correspondiente al período vencido.
Una brecha cada vez más insostenible
Además, cuestionó la postura de las patronales del sector privado, quienes —amparadas en la directiva nacional— se niegan a ofrecer aumentos salariales, mientras exigen a las obras sociales incrementos de hasta un 30% por las prestaciones médicas. “Yo administro una obra social y veo cómo los prestadores privados nos piden incrementos del 20 al 30%. ¿De dónde quieren que salga ese dinero si no actualizan los salarios?”, cuestionó Duarte.
En este marco, denunció que hay sectores que buscan “salvarse solos”, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores. “Al final del camino, siempre pagamos los mismos: los trabajadores y quienes menos tienen. Las medidas del Gobierno nacional lo dejan muy claro”, sentenció.
El gremio se mantiene en alerta
Duarte anticipó que, si no hay respuestas concretas, el Consejo Directivo Nacional del gremio, encabezado por Héctor Daer, evaluará nuevas medidas de fuerza. “Vamos a seguir insistiendo. Es urgente ajustar los salarios a la realidad que estamos viviendo”, afirmó.
El dirigente también remarcó que los aumentos obtenidos en el sector privado han sido mínimos, y que no alcanzan siquiera para sostener el poder adquisitivo frente al costo de la canasta básica.
Apoyo a la suspensión de artículos del DNU atihuelga
Finalmente, Duarte se refirió a la decisión judicial conocida en las últimas horas, que ratificó la suspensión de los artículos del DNU 340/20 relacionados con la antigüedad laboral. Aseguró que fue un fallo importante que reivindica los derechos constitucionales de los trabajadores. “El sindicato, a través de Héctor Daer, hizo una presentación a nivel nacional porque se estaban cercenando derechos fundamentales. Cuando no hay diálogo, la justicia debe actuar para frenar la opresión del capital”, sostuvo.
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