La justicia ordenó la re incorporación de una empleada jerárquica de la Biblioteca Nacional

Se trata de Araceli Díaz, quien fue cesanteada después de comunicar que estaba embarazada.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la desvinculación de una empleada jerárquica de la Biblioteca Nacional, en el marco de los despidos masivos dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri, porque lo realizaron un día después que comunicara que estaba embarazada. Con esta decisión, la Sala I de la Cámara revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda promovida por Araceli Díaz, quien -mediante sucesivas designaciones- se desempeñaba como Directora de Asuntos Jurídicos, cuando a fines de noviembre de 2018 se le notificó su desvinculación.

El magistrado de primera instancia consideró que la cuestión no podía ser resuelta con una acción de amparo, si no que requería «el ofrecimiento de prueba y la consiguiente acreditación de las circunstancias alegadas». La trabajadora había expuesto que, tratándose de un embarazo en curso, no tenía otros recursos o remedios judiciales o administrativos que le permitieran obtener la protección de sus derechos constitucionales.
Para ello, la demandante citó el artículo 134 inciso e) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/2006 y tratados internacionales que impedían su cese. La norma garantiza a toda mujer durante la gestación, «el derecho a la estabilidad en el empleo» a partir del momento que la trabajadora notifica su embarazo.

Con estos elementos, la Sala I de la Cámara ponderó que en la causa «se encuentra debidamente acreditado que el día anterior a la desvinculación», Díaz notificó a las autoridades de la Biblioteca Nacional que «se encontraba cursando un embarazo y acompañó a tal efecto el correspondiente certificado médico».

Agregó que «el derecho a la estabilidad en el empleo durante la gestación nació a partir de dicha comunicación, lo que le impedía a la demandada adoptar cualquier decisión que desconociera dicha garantía».

Con esos argumentos, las camaristas María Do Pico y Liliana Heiland consideraron que «la extinción de la última prórroga» de la designación de Díaz «resulta ilegítima por desconocer garantías y derechos que amparan a la mujer embarazada».