Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, sostuvo que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario y empuja a las universidades nacionales a un escenario crítico. Advirtió que, sin correcciones inmediatas, en 2026 “no habrá clases” y que el ajuste golpea con especial dureza a las instituciones del interior. “El proyecto oficial es volver a un modelo elitista donde solo acceden quienes pueden pagar”, afirmó.

En una entrevista con Radio La Torre, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo,  estableció un diagnóstico severo sobre el estado del sistema universitario argentino. Aseguró que el presupuesto actual llegó a un nivel “límite” y que la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno nacional compromete el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

“El Gobierno está incumpliendo la Constitución. El Ejecutivo no hace las leyes, las ejecuta”, remarcó De Feo, aludiendo a la norma que establece criterios de inversión sostenida para garantizar el funcionamiento del sistema. Según el dirigente, la reciente ley aprobada por el Congreso “no incrementa el presupuesto, apenas permite recuperar lo recortado en los últimos dos años”, ajustes que —subrayó— golpearon con especial dureza a las universidades del interior.

El presupuesto 2025, explicó, parte de una base distorsionada: “Los aumentos proyectados se calculan sobre un gasto ejecutado paupérrimo”. A ello se suma una estimación oficial de inflación del 10% para el próximo año, un número que incluso organismos estatales como el Banco Nación consideran irreal. “Si la inflación duplica esa proyección, como todo indica, el presupuesto del año próximo será incluso menor al de este año”, advirtió.

Docentes y no docentes en situación crítica

El deterioro salarial se convirtió en un factor adicional que amenaza la continuidad del sistema. “Hoy muchas trabajadoras y trabajadores universitarios necesitan un segundo empleo. Otros directamente abandonan la docencia porque no pueden sostenerse con estos sueldos”, señaló De Feo.

Según sus estimaciones, en los últimos dos años el sistema perdió alrededor de 10.000 docentes. Esa merma impacta en la calidad educativa y en el acceso: “Significa más de 100.000 estudiantes afectados. Para ellos, la universidad ya se cerró”, sentenció.

Universidades del interior: el eslabón más vulnerable

El mensaje del dirigente fue especialmente enfático respecto de las instituciones medianas y pequeñas, que considera en “serio riesgo operativo”. Entre las más afectadas mencionó a las universidades de La Rioja, Catamarca, Chilecito, Chamical y otras sedes territoriales con fuerte inserción comunitaria.

Mientras tanto, becas congeladas en $35.000 —“una cifra irrisoria, que alcanza para dos apuntes y un par de sándwiches”— profundizan las dificultades de miles de estudiantes que dependen del apoyo estatal para sostener sus estudios.

En este contexto, De Feo destacó el rol de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) como ejemplo del impacto social que tienen las instituciones del interior: “Muchas localidades existirían de otra forma sin la universidad. Para miles de jóvenes, es la única puerta al derecho a estudiar”.

El retorno a un modelo elitista

El dirigente sindical calificó la política oficial como un intento de reinstalar un modelo excluyente: “Están volviendo a la Argentina de 1910, cuando había cuatro universidades y estudiaban solo los ricos”. Para De Feo, el Gobierno concibe el financiamiento como un gasto prescindible, desinvierte en investigación, achica la presencia territorial y abre la puerta al arancelamiento.

“No buscan cobrar para sostener la universidad: buscan que quienes no puedan pagar, no accedan. Es una política de exclusión”, sostuvo.

Un 2026 en conflicto: “O la mantenemos abierta o la cerramos”

De Feo adelantó que en febrero los gremios definirán un plan de lucha y anticipó que es “casi inevitable” que el año académico comience con conflicto. Si bien descartó medidas durante diciembre para no perjudicar mesas de exámenes y procesos de graduación, fue categórico sobre el futuro inmediato:
“En 2026 no vamos a iniciar las clases si no se cumple la ley. No se puede sostener la universidad sobre la espalda de trabajadores que cobran monedas.”

El Sueldo Anual Complementario correspondiente a diciembre 2025 ya ingresa en la agenda económica de millones de trabajadores. La Ley de Contrato de Trabajo fija plazos estrictos para su pago y contempla un margen excepcional que no puede extenderse más allá del 24 de diciembre. Cómo se calcula, quiénes deben recibirlo y qué hacer si la acreditación se demora.

De acuerdo con la legislación vigente, la fecha límite de pago es el 18 de diciembre de 2025. No obstante, la normativa contempla un plazo de gracia de cuatro días hábiles destinado a resolver cuestiones administrativas o bancarias que puedan demorar el proceso. Con este margen excepcional, el plazo máximo para que el aguinaldo esté acreditado es el 24 de diciembre de 2025.

Una vez superada esa fecha, la mora es automática y el trabajador queda habilitado para iniciar reclamos, exigir el pago con intereses y, de ser necesario, promover actuaciones ante la autoridad laboral.

Quiénes están alcanzados por el aguinaldo de diciembre

El SAC debe ser abonado a todas las personas que se encuentren bajo relación laboral registrada, incluyendo:

Empleados del sector privado.

Trabajadores estatales.

Personal de casas particulares.

Trabajadores rurales y de actividades agropecuarias.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES comprendidos por la normativa.

En el caso de los jubilados y pensionados, el organismo previsional abona el aguinaldo junto con el haber mensual, entre el 9 y el 23 de diciembre, según la terminación del DNI.

Cómo calcular el monto del aguinaldo

El método de cálculo es claro y obligatorio:

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración bruta percibida entre julio y diciembre.

Ese monto debe contabilizar:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones y premios remunerativos.

Adicionales establecidos por convenio.

Sumas fijas que integren el salario bruto.

Cuando el trabajador no completó los seis meses del semestre, el aguinaldo debe liquidarse de manera proporcional al tiempo trabajado.

Ejemplo:
Si la remuneración bruta más alta del semestre fue de $750.000, el aguinaldo correspondiente ascenderá a $375.000 brutos.

Qué hacer si el aguinaldo no se acredita en término

El incumplimiento del pago dentro del plazo legal habilita una serie de acciones formales:

1. Intimar al empleador mediante carta documento o notificación electrónica con constancia de envío.
2. Radicar una denuncia —gratuita— en la Secretaría de Trabajo de la Nación o en el organismo laboral de cada provincia.
3. En el caso de jubilados, verificar el calendario oficial de ANSES y realizar el reclamo correspondiente a través del 130.

La falta de pago constituye una infracción laboral y puede derivar en intereses resarcitorios y sanciones para la empresa.

El aguinaldo de diciembre no es un gesto de buena voluntad, sino un derecho laboral consolidado. La norma fija plazos estrictos y un método de cálculo uniforme que protege el ingreso de trabajadores y jubilados en el tramo final del año. Con una fecha tope inamovible —el 24 de diciembre—, cualquier retraso habilita un reclamo formal, reforzando la importancia de conocer la legislación para garantizar que el beneficio se cumpla en tiempo y forma.

La CGT denunció que el Gobierno no tiene “voluntad de diálogo” y que pretende avanzar con una reforma laboral “regresiva” sin convocar a ámbitos de negociación. Mientras tanto, la Casa Rosada dejó atrás cualquier intento de consenso y ya distribuyó el borrador definitivo entre sus principales figuras. La apuesta oficial es aprobar la flexibilización laboral entre el 10 y el 31 de diciembre, pese a la resistencia sindical y las dudas de varios gobernadores.

La discusión por la reforma laboral ingresa en una fase de máxima tensión política. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, reafirmó que la central obrera no acompañará ningún proyecto que implique una reducción de derechos y denunció que el Gobierno mostró “falta de voluntad” para habilitar una mesa de negociación real.

“Hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con quienes representamos los intereses del mundo del trabajo, no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, sostuvo Jerónimo, también titular del Sindicato del Vidrio (SEIVARA), en diálogo con Radio Rivadavia. Además, desmintió que la CGT oponga resistencia sin conocer el contenido del proyecto: según señaló, la información llega a través de estudios jurídicos vinculados al sector empresarial, ante la ausencia de comunicación oficial.

Mientras la central obrera reclama diálogo, la Casa Rosada avanza en sentido contrario. Altas fuentes del oficialismo confirmaron que el texto final de la reforma —elaborado con la participación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger— ya está en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de la futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo es claro: aprobar la ley antes de fin de año.

En esta etapa, el Gobierno dejó a un lado la narrativa del consenso que había prometido en el marco del Consejo de Mayo. La última reunión de ese espacio terminó en un choque frontal: Gerardo Martínez, representante de la UOCRA y delegado cegetista, calificó el borrador como un “atentado contra los derechos de los trabajadores”, mientras que Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), también cuestionó el proyecto, pero por el motivo inverso: consideró que “flexibiliza poco” el mercado laboral.

Pese a las críticas de los dos principales actores del mundo laboral, en el oficialismo aseguran que solo un reducido grupo conoce la letra final del documento. Ni sindicatos ni empresarios afirman haber recibido modificaciones respecto de la versión rechazada.

El borrador con los puntos centrales del proyecto en circulación incluiría medidas sensibles:

Tope a las indemnizaciones para todos los contratos nuevos.

Nuevos regímenes para empleo joven, con mayor flexibilidad y menos derechos iniciales.

Rediseño de obligaciones laborales que, según el Gobierno, permitirían crear empleo y reducir litigiosidad.

Desde la CGT, los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello adelantaron que resistirán cualquier intento de recorte de derechos en medio de una crisis económica profunda.

El rol de los gobernadores

Con el Congreso como escenario de la próxima disputa, la CGT comenzó a trabajar en su estrategia política. Dirigentes cegetistas mantuvieron reuniones reservadas con gobernadores, quienes —según fuentes sindicales— muestran una predisposición mayor a escuchar las advertencias gremiales que a alinearse automáticamente con el Ejecutivo.

En las provincias hay preocupación: temen que un conflicto social de gran magnitud erosione aún más la frágil situación económica, mientras esperan definiciones sobre el envío de fondos nacionales, un factor clave para inclinar posiciones.

Desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con el compromiso de varios mandatarios para no bloquear la reforma, aunque en los distritos se percibe cautela y un incipiente giro de algunos gobernadores hacia posiciones más cercanas a la CGT.

El clima político se tensiona también desde otros gremios. Armando Cavalieri, titular de Comercio, instó a sus afiliados a permanecer “alertas al más mínimo movimiento” del Gobierno y afirmó que la única reforma laboral que hoy espera la sociedad es “la que recupere el salario hundido”.

La reforma laboral se convirtió en el eje más conflictivo de la agenda legislativa que prepara el oficialismo para diciembre. La combinación de un proyecto de alto impacto social, el apuro por aprobarlo antes de fin de año y la exclusión del diálogo tripartito clásico configuraron un escenario de choque anunciado.

El Gobierno busca un cambio estructural del sistema laboral, mientras que la CGT considera que cualquier flexibilización agrava la precariedad y profundiza la desigualdad en un contexto de ingresos deteriorados. El rol de los gobernadores aparece como el factor que puede inclinar la balanza: sin su apoyo, el oficialismo enfrentará dificultades para aprobar una reforma que requiere acuerdos interbloque y contención territorial.