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El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.

De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».

El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».

La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».

A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.

Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».

La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».

El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».

«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.

«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato

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 Histórica marcha en defensa de la universidad pública en todo el país

La multitudinaria Marcha Federal se replicó en las principales ciudades del país y tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Se leyó un documento redactado por la comunidad universitaria en el que se denunció el ajuste del presupuesto ejecutado por el gobierno de Javier Milei.

La Marcha Federal Universitaria concentró este martes a la tarde una multitud en la Plaza de Mayo y se replicó en distintas ciudades del país, en lo que fue la jornada de protesta más masiva contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández de Piccoli, leyó un documento al final del acto, en el que se consideró “insuficiente” al aumento de las partidas universitarias anunciado ayer por el gobierno, y se pidió la reposición del FONID, un complemento salarial docente eliminado por el gobierno nacional. “Todos los problemas que tenemos se resuelven con más inversión en la educación pública, convocamos a la sociedad argentina a defenderla”, terminó el documento consensuado por todas las universidades nacionales.

La cantidad de gente reunida colmó no solo la plaza (vallada sobre la Casa Rosada), sino que se extendió por las amplias Avenida de Mayo y las diagonales norte y sur.

Más allá de las columnas organizadas, principalmente las universitarias que se movilizaron desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, la mayoría de los manifestantes marchó por fueras de las estructuras universitarias, sindicales o partidarias, muchos portando carteles escritos a manos.

Sin mover lo que se llama “el aparato”, la CGT acompañó la marcha en el marco de otras dos medidas tomadas por la central obrera: la CGT también se movilizará el 1 de mayo y el 9 del mismo mes cumplirá el segundo paro general contra el gobierno de Milei. Los secretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano se sumaron al acto de el martes por la tarde.

Los organizadores estimaron en unos 800 mil asistentes a la plaza. “Y un millón en todo el país”, dijo el representante docente de la Conadu, Carlos De Feo en su discurso. “Un millón y medio”, dijo después un dirigente de los no docentes universitarios.

También hablaron Sonia Alesso, de Cetera, y Sergio Romero, de UDA, quien dijo que “el gobierno, aunque lo niegue, deberá analizar qué pasó en esta plaza”.

Norberto Heyanca, en representación de las universidades tecnológicas, le reclamó al gobierno. “Hay que dialogar más”, le reclamó al gobierno. “Viva la universidad pública, carajo”,concluyó.

En el documento leído al final del acto por la presidenta de la FUA se afirma que “las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales” y se denuncia que las universidades “han sufrido un fuerte ajuste en términos reales, en los denominados gastos de funcionamiento”.

“Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria, (2:28) son absolutamente insuficientes”, dice el documento leído por Piera Fernández, en nombre de la comunidad universitaria.

El documento también señaló que “en los últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores han perdido el 50% respecto a la inflación”.

“Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales, docentes y no docentes, y el espacio paritario nacional con participación plena del gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral”, se criticó también, a la vez que se exigió “paritarias libres, sin techos”.

“La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”, afirmó el documento, en el que se criticó los recortes presupuestarios, entre ellos, al CONICET.

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General

La CGT ratificó el paro y las marchas con el gobierno de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el plan de acción en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con un amplio respaldo político y sindical.

La central sindical confirmó, en primera instancia, el acompañamiento a la comunidad universitaria en la marcha del próximo 23 de abril en defensa de la universidad pública y en repudio al desfinanciamiento impulsada por el Ejecutivo nacional.

El próximo paso del plan de CGT será el 1 de mayo, con la realización de una movilización al Monumento del Trabajo. La marcha contará con la presencia, además de los gremios cegetistas, de los sindicatos de las CTA y los movimientos sociales.

El cierre de la primera etapa del programa de lucha será el 9 de mayo con un paro general nacional de actividades por 24 horas, tal como lo definió el Consejo Directivo Nacional de la central.

El paro general convocado por la CGT ganó fuertes respaldos en los últimos días, del sector gremial y de la política. Además de las adhesiones orgánicas de las CTA de Hugo Yasky y Hugo Godoy, este miércoles fueron los movimientos sociales de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) quienes confirmaron la participación en todas las acciones cegetistas.

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Gremios

Gremios textiles y del calzado apoyan el plan de lucha impulsado por la CGT

 Los gremios de la Industria Textil y del Calzado denunciaron que el sector atraviesa una “crisis laboral y de producción” y anunciaron su adhesión al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el próximo 9 de mayo.

El posicionamiento se hizo público en un encuentro realizado en la sede de la Asociación Obrera Textil (AOT), que contó con la participación de otros gremios como el Sindicato de Empleados Textiles (SETIA), la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido (SOIVA) y la Unión de Trabajadores del Calzado (UTICRA).

La reunión se llevó a cabo para analizar la situación de la actividad, que fue definida por los sindicatos como “crítica”, debido a la paralización del sector que reduce la producción y golpea a la masa laboral.

Entre los presentes se encontraban los secretarios generales de los gremios del sector, Hugo Benítez (AOT), José Minaberrigaray (SETIA), y el secretario adjunto de UTICRA, Horacio Jerez.

El cónclave sirvió para que los dirigentes apoyen el Plan de Lucha del Consejo Directivo de la CGT y la convocatoria a la Marcha Nacional por la Universidad Pública, del próximo 23 de abril, así como la movilización el Día del Trabajador y el paro general del próximo 9 de mayo.

Los dirigentes presentes remarcaron la necesidad de abordar el problema de la caída del poder adquisitivo, así como la pérdida de horas extras y el proceso de suspensiones que las empresas del sector comenzaron a implementar como alternativa a la baja demanda.

En ese sentido, ponderaron que si el ajuste del gobierno de Javier Milei persiste, “existe el peligro de una aceleración de los despidos, en detrimento de las fuentes del empleo registrado”, apuntaron.

Por otra parte los dirigentes definieron como “perversa” la escalada de precios de los medicamentos, prestaciones e insumos de servicios, y su consecuente impacto en el funcionamiento de las Obras Sociales, en detrimento de sus afiliados.

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