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El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.

De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».

El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».

La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».

A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.

Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».

La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».

El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».

«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.

«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato

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Gremios

Trabajadores judiciales cumplen un paro de 36 horas

Los trabajadores judiciales paralizarán hoy las tareas en todo el país, esta vez durante 36 horas, en demanda del inmediato pago del segundo tramo del incremento salarial oportunamente convenido con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en una jornada que incluirá una movilización hacia el Palacio de Tribunales.

Un documento de prensa informó que a partir de las 10 de mañana los trabajadores se movilizarán hacia los tribunales en el contexto de la nueva huelga por «la justicia y la recomposición salarial», por lo que cortarán las calles Talcahuano y Lavalle.

«Los judiciales hacen Patria, defienden la independencia de la justicia y luchan por la dignidad salarial», sostuvo el titular de la organización gremial, Julio Piumato, y el secretario de Prensa, Nahuel Appella, quienes indicaron que la nueva huelga comenzará a las 10 de mañana y se extenderá durante toda la jornada del viernes próximo.

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Gremios

ATE convocó a un paro nacional para mediados de junio

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Hugo Godoy, anunció ayer «un paro nacional activo» para la primera quincena de junio en rechazo al acuerdo paritario firmado para los trabajadores del sector entre el Gobierno nacional y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que contempla un 33% de aumento salarial para junio-agosto.

La medida de fuerza fue resuelta en el contexto de los 66° Congreso Ordinario y 55° Extraordinario de ATE realizados en la ciudad bonaerense de Ensenada. La huelga nacional, que incluirá movilizaciones y cortes de ruta en todo el país y cuya fecha para la primera quincena de junio será decidida en algunos días, se realizará junto con organizaciones sociales populares y los gremios adheridos a la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lideran Godoy y Ricardo Peidro.

Godoy sostuvo en un comunicado que la medida de fuerza también fue convocada «en defensa de la soberanía y por la justicia social, por un aumento de emergencia, un salario universal y el cese de la precarización laboral y de la criminalización de la protesta social» y en rechazo del «ajuste» y de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El dirigente estatal informó que la fecha del paro nacional será decidida en los próximos días, aunque confirmó que la protesta se realizará en «la primera quincena de junio».

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Gremios

UPCN cerró un aumento del 33%

El secretario general de UPCN y adjunto de CGT, Andrés Rodríguez, acordó este lunes un incremento salarial del 33,02% acumulativo y por tres meses para los estatales nacionales, durante una reunión con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.

El entendimiento fue anunciado por el primer mandatario en su cuenta personal de Twitter en horas de la tarde: «Acordamos la paritaria estatal hasta septiembre tras reunirnos con el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estamos preservando el ingreso de todas y todos los trabajadores estatales«.

Lo pactado establece un cronograma de subas para el primer trimestre de la paritaria de la administración pública nacional: 7% en junio, 11% en julio y 12% en agosto.

Rodríguez y Fernández acordaron que en septiembre se retomará la discusión para aplicar nuevos incrementos en los sueldos de los empleados públicos dependientes del Estado nacional.

De la reunión participaron la Ministra de Trabajo Raquel «Kelly» Olmos, el jefe de Gabinete de Ministros Agustín Rossi, el secretario de Hacienda Raúl Rigo, en lo que fue el inicio a la paritaria 2023.

Según lo acordado, la rúbrica del acuerdo se oficializó hoy a las 16 en la sede del Ministerio de Trabajo en Callao al 114 de la Ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro de ayer no formó parte la conducción de ATE nacional, el otro gremio con representación entre los estatales nacionales adherido a la CTA Autónoma.

No es la primera vez que el sindicato conducido por Hugo «Cachorro» Godoy queda fuera de la convocatoria por parte del presidente, una situación que aumenta el malestar y disconformidad entre la organización y el gobierno nacional.

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