La Confederación General del Trabajo confirmó un paro nacional con movilización para el martes 10 de febrero, en coincidencia con el debate de la reforma laboral en el Senado. La central sindical denuncia un retroceso en derechos adquiridos y cuestiona la falta de diálogo del Gobierno con las organizaciones gremiales. La medida de fuerza tendrá alcance federal y prevé movilizaciones en las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas sindicales confluirán frente al Congreso.

El anuncio se produjo luego de la masiva movilización del pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo y marca una nueva escalada en el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. Desde la central sindical advirtieron que la iniciativa oficial representa un avance sobre derechos laborales históricos y una profundización de la precarización del empleo.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización en todo el país”, afirmó el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, al ratificar la convocatoria. En la misma línea, el secretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto “constituye un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y reclamó la apertura de instancias de negociación reales con los gremios.

La huelga impactará de lleno en sectores clave de la actividad económica y social. Se verán afectados el transporte público, la administración pública, los bancos, la recolección de residuos, la construcción y buena parte de la actividad industrial, entre otros rubros. La medida anticipa una jornada de fuerte conflictividad social y alto nivel de adhesión sindical.

A la vez, el Gobierno nacional confirmó el corrimiento del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta para el 10 de febrero, con el argumento de buscar mayores consensos parlamentarios antes de su votación. Sin embargo, desde la CGT aseguran que no existe voluntad política de diálogo con el sindicalismo.

“El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con las organizaciones de los trabajadores”, denunció el cosecretario general de la central, Cristian Jerónimo, quien remarcó que el proyecto oficialista debilita los mecanismos de negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.

Con una inflación que golpea el consumo cotidiano y un tope salarial fijado por el Gobierno, los sindicatos encaran las paritarias con un clima de creciente malestar. Reclaman negociaciones libres, advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo y anticipan un año de fuerte conflictividad laboral.

Aunque los índices oficiales buscan mostrar una desaceleración de la inflación, en la vida cotidiana de los trabajadores el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo evidente. Los precios continúan en alza y los salarios corren desde atrás, un escenario que marca el pulso de las negociaciones paritarias que comenzarán a intensificarse en las próximas semanas.

En ese contexto, los gremios llegarán a las mesas de negociación con un reclamo común: rechazar el techo salarial del 1% mensual que impulsa el Gobierno nacional y exigir paritarias sin condicionamientos. “Reclamamos que las paritarias sean libres y reflejen la situación económica real de cada sector”, sintetizó un dirigente de la CGT, al expresar el clima interno del sindicalismo.

Desde la central obrera cuestionan la distancia entre los datos oficiales y la realidad económica. “En enero de 2025 el dólar oficial estaba en 1.032 pesos y hoy ronda los 1.495. Esa suba del 44,9% en un año es la verdadera inflación del gobierno de Javier Milei”, señaló un referente sindical, que consideró que el ancla salarial se convirtió en una herramienta de ajuste sobre los ingresos del trabajo.

Además, los gremios denuncian que el margen de negociación se encuentra virtualmente intervenido. “Quien condiciona las paritarias no es la Secretaría de Trabajo, sino el Ministerio de Economía, que no homologa acuerdos por encima del 1%”, advirtieron desde la CGT. Esa situación obligó a los sindicatos a recurrir a mecanismos alternativos, como sumas fijas no remunerativas, bonos extraordinarios y esquemas mixtos para evitar una mayor licuación salarial.

Gremios con acuerdos vigentes y revisiones próximas

Algunos de los sindicatos más numerosos ya cuentan con acuerdos firmados con anterioridad. Camioneros, conducido por Hugo Moyano, activó una cláusula gatillo que permitió una recomposición del 4,7% en los salarios, junto con el pago de un bono total de 840.000 pesos en cuatro tramos, de los cuales ya se abonó la primera cuota. Para febrero está prevista una suba adicional del 1%.

En el caso de los Empleados de Comercio, el gremio que lidera Armando Cavalieri cerró un acuerdo vigente hasta marzo. El esquema contempla el pago de una suma no remunerativa de 100.000 pesos durante el primer trimestre, que se incorporará al salario básico en abril, cuando se retomen las negociaciones con las cámaras empresarias.

La Asociación Bancaria mantiene desde hace años un sistema de actualización mensual atado a la inflación informada por el INDEC. Actualmente, el salario básico del sector supera los 2 millones de pesos y tendrá una nueva actualización en los próximos días. Para marzo, el gremio que conduce Sergio Palazzo prevé una discusión de fondo con las entidades públicas y privadas para redefinir la estrategia salarial.

Conflictos abiertos y advertencias de huelga

Otros sectores ya muestran señales de mayor confrontación. La Federación Aceitera y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, lograron recientemente un salario básico de 2.344.000 pesos tras una serie de protestas que paralizaron la actividad. Su titular, Daniel Yofra, fue categórico: “Si no hay respuestas, vamos a recurrir a las huelgas, porque es nuestra herramienta”.

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga se prepara para discutir salarios partiendo de un piso de 1.300.000 pesos, mientras que en el convenio de Mercado Libre los ingresos promedio superan los 2.200.000. Su secretario general, Daniel Vila, alertó que la preocupación central “no es sólo la paritaria, sino la fuerte caída de la producción y el impacto en la economía doméstica”.

Sectores con conflicto latente

En el transporte, la UTA logró un básico de 1.682.000 pesos, pero arrastra tensiones por atrasos salariales y amenazas empresarias de pagar el aguinaldo en cuotas. El gremio reclama una nueva recomposición, mientras que las cámaras condicionan cualquier mejora a un aumento del boleto o una actualización de los subsidios.

La construcción también se encamina a una negociación compleja. La UOCRA y la UECARA reabrirán las paritarias tras haber actualizado salarios hasta enero. El reclamo incluirá una compensación por la pérdida del poder adquisitivo y una mejora salarial, en un sector golpeado por la paralización de la obra pública y la destrucción de puestos de trabajo.

En la industria automotriz, SMATA sostiene su esquema de negociación trimestral con actualización automática. Los salarios básicos oscilan entre 816.000 y 1.633.000 pesos según categoría, pero el gremio enfrenta un escenario adverso: caída de la producción nacional, mayor ingreso de autos importados y suspensiones en varias terminales.

Con salarios en retroceso, un techo paritario impuesto desde el Poder Ejecutivo y una inflación que sigue erosionando el ingreso real, los sindicatos anticipan una puja distributiva más intensa y no descartan medidas de fuerza si el Gobierno persiste en limitar las negociaciones. En ese marco, las paritarias vuelven a ocupar un lugar central en el debate económico y social, como termómetro del conflicto entre ajuste fiscal y derechos laborales.

Más de 130 trabajadores de la empresa Hunter fueron despedidos sin previo aviso, luego de que la firma perdiera la licitación del servicio de seguridad del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Denuncian que el sindicato UPSRA avaló los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y que solo intervino cuando el conflicto se viralizó. Reclaman indemnizaciones completas y respeto por la antigüedad.

La bronca, la angustia y la sensación de abandono atraviesan a más de 130 vigiladores de seguridad privada que se quedaron sin trabajo en San Juan en las últimas horas de 2025. El 31 de diciembre, a las 12:30 del mediodía, trabajadores de la empresa Hunter comenzaron a ser citados en grupos de 15 o 20 personas a la oficina local de la firma. Allí recibieron una notificación seca y sin margen de negociación: la empresa había perdido el “objetivo” del Hospital Rawson y quedaban desvinculados de manera inmediata.

Entre los despedidos hay trabajadores con más de dos décadas —y en algunos casos cerca de 30 años— de antigüedad. Muchos de ellos cumplieron funciones clave en pasillos, guardias y perímetros del principal nosocomio de la provincia, en jornadas de hasta 12 horas y en un contexto laboral de alta exigencia.

“UPSRA no intervino para nada”

Las críticas más duras de los despedidos apuntan contra la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA). En este sentido, los trabajadores aseguraron que el sindicato no solo no los defendió, sino que convalidó los despidos.

“Nos despidieron con el artículo 247 de la LCT y UPSRA lo avaló. El gremio nos entregó en bandeja”, expresó uno de los vigiladores afectados.

Según relataron, no hubo acompañamiento gremial durante el proceso ni presencia sindical en las instancias previas o posteriores a los despidos. “El gremio no intervino para nada, ni cuando se perdió la licitación ni cuando nos echaron. Nadie se comunicó”, remarcaron.

El artículo 247 y la indemnización recortada

La empresa Hunter aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de una indemnización reducida en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Bajo ese encuadre, la firma ofreció solo el 70% de la indemnización correspondiente, una propuesta que los trabajadores consideran injusta y abusiva.

Los vigiladores sostienen que la pérdida de la licitación no puede ser utilizada como excusa para recortar derechos adquiridos, especialmente en casos de antigüedades tan extensas. Por eso, exigen el pago completo de las indemnizaciones y el rechazo de la aplicación del artículo 247.

La nueva empresa y los puestos que no se conservaron

El servicio de seguridad del Hospital Rawson quedó en manos de la empresa El Guardián. Sin embargo, lejos de absorber al plantel saliente, solo incorporó a 13 de los 130 trabajadores despedidos. “No quieren saber nada con los vigiladores de Hunter”, denunciaron.

Además, remarcaron que las condiciones laborales de la nueva firma son diferentes y que no hubo ningún proceso transparente de traspaso de personal. “Después del primer día no llamaron a nadie más”, aseguraron.

El sindicato reaccionó tras la viralización

Recién en las últimas horas, y luego de que el conflicto tomara estado público, UPSRA presentó una nota ante el Gobierno de San Juan reclamando el pago completo de las indemnizaciones y repudiando la aplicación del artículo 247 por parte de Hunter Security SA.

Sin embargo, para los despedidos la reacción llega tarde. “UPSRA se comunicó recién ayer, cuando todo se viralizó”, señalaron, y aclararon que el contacto fue solo con algunos de los diez afiliados que había entre los 130 despedidos.

Dolor, incertidumbre y un reclamo que sigue abierto

Las imágenes de despedida en redes sociales reflejaron el impacto humano del conflicto. “130 personas perdimos el laburo, ya no más ‘nos vemos mañana’. Adiós Hospital Rawson”, escribió uno de los trabajadores, junto a fotos cargadas de emoción.

En una situación económica adversa, los despedidos enfrentan ahora la incertidumbre total: sin empleo, con indemnizaciones recortadas y con un sindicato al que acusan de haberlos dejado solos.

El conflicto en la seguridad privada de San Juan expone una combinación explosiva de precarización laboral, despidos masivos y un rol sindical severamente cuestionado. Mientras los trabajadores exigen indemnizaciones completas y respeto por años de servicio, el caso vuelve a poner en debate el uso del artículo 247 de la LCT, la responsabilidad de las empresas ante la pérdida de contratos y el verdadero alcance de la representación gremial en momentos críticos. La bronca sigue abierta y el reclamo, lejos de cerrarse, recién comienza.