El Gobierno relanza la licitación del Hotel Provincial y apuesta a captar más inversores
Tras el fracaso del proceso realizado en abril, la Provincia prepara una nueva convocatoria para concesionar el emblemático establecimiento por 20 años. El proyecto exige una inversión superior a los $3.360 millones y busca elevar la categoría del hotel para fortalecer la infraestructura turística local.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte confirmó que en las próximas semanas lanzará una nueva licitación para concesionar el Gran Hotel Provincial, luego de que el proceso realizado en abril quedara desierto por incumplimientos administrativos de las empresas participantes.

La iniciativa apunta a transferir la explotación del establecimiento al capital privado bajo un contrato de 20 años, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar su categoría y ampliar la capacidad de alojamiento frente al crecimiento esperado de la actividad económica y turística en la provincia.

El ministro Guido Romero aseguró que existe interés empresario en el proyecto y adelantó que los oferentes que participaron en la convocatoria anterior manifestaron su intención de volver a competir. No obstante, el Ejecutivo aspira a ampliar la concurrencia y lograr una mayor participación de inversores en esta nueva etapa.

El antecedente inmediato dejó una señal de advertencia para los potenciales postulantes. El llamado realizado el 29 de abril concluyó sin adjudicación luego de que las dos propuestas presentadas fueran rechazadas durante la apertura de sobres por incumplimientos considerados esenciales, entre ellos la ausencia del Certificado de Cumplimiento Fiscal y documentación incompleta exigida por el pliego.

La licitación original establecía condiciones económicas y operativas de considerable exigencia. El presupuesto oficial ascendía a $3.360 millones, mientras que el canon mensual mínimo se fijaba en $14 millones, con actualización trimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, el adjudicatario debía ejecutar un plan de inversión destinado a elevar la categoría del establecimiento hasta alcanzar la distinción de “3 estrellas superior”, una condición considerada estratégica para mejorar la oferta hotelera en el microcentro sanjuanino.

El esquema también contemplaba incentivos para facilitar el inicio de la explotación. Durante los primeros seis meses de concesión, el operador podía abonar el 50% del canon previsto, siempre que cumpliera con las obras comprometidas en el proyecto de reconversión.

Uno de los aspectos más valorados dentro de la evaluación técnica era el denominado “Beneficio Social del Proyecto”, que otorgaba hasta 20 puntos sobre un total de 100 a las propuestas capaces de demostrar mayor impacto económico y laboral. El criterio incluía compromisos vinculados a la generación y sostenimiento de puestos de trabajo, además de garantías sobre el cumplimiento de obligaciones salariales durante toda la vigencia del contrato.

Mientras avanza la preparación del nuevo llamado, la Provincia continúa con tareas de acondicionamiento del edificio. Desde que el hotel volvió a la órbita estatal en 2025, se ejecutaron trabajos de mantenimiento, mejoras eléctricas, pintura y adecuaciones técnicas destinadas a dejar el inmueble en condiciones operativas para su futura concesión.

El gobernador sanjuanino respondió al avance legislativo impulsado por Ricardo Quintela y sostuvo que la delimitación entre ambas provincias posee respaldo constitucional y parlamentario. Además convocó a todo el arco político local a sostener una posición común frente al reclamo de La Rioja.

La discusión por los límites entre San Juan y La Rioja sumó este viernes un nuevo episodio de alto voltaje político. Horas después de que la Legislatura riojana aprobara una ley destinada a fortalecer los reclamos territoriales de esa provincia, Marcelo Orrego salió a fijar una posición contundente: la jurisdicción sanjuanina no está sujeta a revisión por decisiones adoptadas de manera unilateral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario provincial buscó despejar cualquier incertidumbre respecto de la situación jurídica de los territorios involucrados en la contienda. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, afirmó.

La declaración constituyó la primera respuesta oficial de San Juan luego de que el gobernador riojano Ricardo Quintela lograra respaldo legislativo para avanzar con un plan político y judicial orientado a cuestionar la delimitación vigente entre ambas provincias. La iniciativa contempla gestiones ante el Congreso de la Nación y eventuales presentaciones en los tribunales para sostener la posición riojana.

Desde la Casa de Gobierno sanjuanina remarcan que el caso ya cuenta con definiciones normativas firmes. Por ese motivo, Orrego recordó que cualquier modificación territorial requiere mecanismos institucionales específicos previstos por la Constitución Nacional y acuerdos que exceden la voluntad de una sola jurisdicción.

“Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley”, enfatizó el gobernador, en una frase que sintetiza la postura oficial frente al planteo impulsado desde La Rioja.

El diferendo trasciende la discusión cartográfica. Detrás de la controversia aparecen recursos naturales de enorme valor económico, emprendimientos mineros claves para la región y uno de los principales emblemas patrimoniales del país: el Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y convertido en una referencia internacional para la investigación paleontológica.

Consciente de esa dimensión, Orrego incorporó un mensaje de defensa institucional y económica de la provincia. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto”, expresó.

El mandatario también procuró enviar una señal hacia el interior del sistema político sanjuanino. En un contexto donde la disputa podría trasladarse al ámbito legislativo nacional o incluso desembocar en la Corte Suprema de Justicia, convocó a oficialismo y oposición a sostener una posición común en defensa de los intereses provinciales.

“Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece, con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, sostuvo.

La respuesta de Orrego marca el inicio de una etapa de mayor confrontación institucional entre ambas administraciones. Mientras La Rioja busca abrir una revisión de los límites vigentes mediante herramientas políticas y judiciales, San Juan sostiene que la cuestión ya fue resuelta por la legislación nacional. Con posiciones cada vez más definidas, el conflicto parece encaminarse hacia una discusión de alcance federal, donde no sólo estarán en juego los mapas provinciales, sino también recursos estratégicos y proyectos clave para el desarrollo económico de la región.

La Legislatura riojana aprobó una ley que faculta al Ejecutivo provincial a impulsar gestiones ante el Congreso y promover demandas judiciales para reclamar áreas que actualmente pertenecen a San Juan. El gobierno de Marcelo Orrego rechazó la iniciativa y ratificó que los límites vigentes cuentan con respaldo legal y parlamentario.

La histórica discusión limítrofe entre San Juan y La Rioja volvió a escalar este viernes luego de que la Legislatura riojana aprobara el proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela para avanzar en el reclamo de territorios que hoy se encuentran bajo jurisdicción sanjuanina. La norma habilita al Ejecutivo provincial a desplegar una estrategia política, administrativa y judicial orientada a revisar la delimitación vigente entre ambas provincias.

La iniciativa recibió un amplio respaldo parlamentario y sólo registró la abstención de los representantes de La Libertad Avanza. Entre los espacios alcanzados por la pretensión riojana aparecen zonas de fuerte valor económico, turístico y patrimonial, entre ellas el Parque Provincial Ischigualasto y áreas vinculadas a algunos de los proyectos mineros más relevantes de la cordillera argentina.

El planteo del gobierno de Quintela se apoya en cuestionamientos a la Ley 18.004, sancionada en 1968 durante la administración de facto de Juan Carlos Onganía. Desde La Rioja sostienen que aquella delimitación debe ser revisada, mientras que San Juan recuerda que el trazado fue posteriormente ratificado por el Congreso Nacional en democracia, otorgándole plena vigencia jurídica.

La legislación aprobada autoriza además a la Fiscalía de Estado riojana a iniciar acciones judiciales y solicitar medidas cautelares destinadas a resguardar recursos mineros, hídricos, arqueológicos y ambientales ubicados en la zona objeto de la controversia. El objetivo es impedir eventuales decisiones o explotaciones sobre esos bienes hasta que exista una resolución definitiva sobre la jurisdicción correspondiente.

La disputa cobró renovada intensidad a partir del desarrollo del distrito minero Vicuña, considerado uno de los principales polos cupríferos de Sudamérica y llamado a desempeñar un papel relevante en la producción de cobre durante las próximas décadas.

El conflicto ya había mostrado señales de recrudecimiento en el mes de abril, cuando una resolución judicial dictada en Chilecito dispuso la paralización temporal de actividades vinculadas al proyecto y limitó la utilización de caminos ubicados en territorio riojano. Aunque posteriormente se alcanzaron acuerdos que permitieron normalizar las operaciones, el diferendo nunca terminó de cerrarse.