La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció que los supermercados y comercios del país comenzarán a abonar esta semana los incrementos salariales correspondientes al acuerdo paritario del trimestre abril-junio.

La FAECYS, liderada por Armando Cavalieri, confirmó que los incrementos salariales serán liquidados esta semana, pese a la demora del gobierno en homologar la paritaria. El acuerdo alcanzado contempla un aumento acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos, lo que implica un ajuste significativo en las remuneraciones de los trabajadores mercantiles.

El salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000, mientras que se pactaron sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir del mes de julio, lo que representa una mejora sustancial en las condiciones laborales de los empleados de comercio.

La FAECYS destacó que esta decisión refuerza la plena vigencia del convenio colectivo y brinda certidumbre a los trabajadores en un contexto económico complejo. La entidad sindical recordó que el acta del acuerdo incluye una cláusula específica que garantiza la aplicación de los aumentos, incluso ante una demora en la homologación administrativa por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El Colegio Médico de San Juan anunció el cierre total del Sanatorio CIMyN debido a la falta de pagos y atrasos por parte de la Obra Social Provincia, que supera los $1.200 millones. La medida afecta a más de 130 empleados que están en riesgo de perder su trabajo.

La crisis en el CIMyN es el resultado de una deuda millonaria con la Obra Social Provincia (OSP) que supera los $1.200 millones. Según el Colegio Médico, la OSP paga las prestaciones un 30% por debajo de lo que deberían, lo que hace inviable la continuidad económica del establecimiento. El presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Bordes, señaló que la situación es crítica y que la salud privada está a punto de colapsar.

«Antes había un aporte nacional que era el FESCAS, que pagaba el 30% del sueldo de los empleados. Con la llegada de este Gobierno Nacional, esto desapareció y en ese mismo momento se aumentó un 50% el sueldo del personal de salud. Eso quedó, pero no se compensó nunca ese porcentaje que se estaba pagando por debajo», expresó Bordes.

Sin embargo, el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, aseguró que la responsabilidad del cierre no es de la obra social, sino de un mal manejo de los propietarios del CIMyN. Fasoli destacó que la OSP es uno de los principales pagadores de la provincia y que sus valores prestacionales no son tan bajos como para generar pérdidas.

«Ellos han manifestado que no pueden manejarlo administrativamente. Necesita pasos de corrección y ajuste, porque con los mismos valores prestacionales otras instituciones no están en crisis e incluso algunas crecen formando más camas y prestando más servicios. El motivo por el que no ocurre en el CIMyN tiene que ver con muchas cosas, pero no con la OSP», contestó Fasoli.

La voz de los trabajadores:

Los empleados del CIMyN se manifestaron frente a la Subsecretaría de Trabajo para solicitar la intervención del Estado y lograr la conciliación obligatoria. Mariana Bravo, delegada de los trabajadores, expresó que la situación es crítica y que el personal está muy preocupado por su futuro laboral.

«Hemos sido recibidos y se declaró la conciliación obligatoria. Eso es lo que conseguimos hasta ahora», señaló Bravo. «Actualmente, 136 empleados en relación de dependencia atraviesan una situación crítica: en abril sólo cobraron el 50% de sus haberes. Lo de los vouchers fue en otra ocasión. Ahora lo que estamos tratando de conseguir es que se nos pague el otro 50%», aclaró.

El cierre del CIMyN tendrá un impacto significativo en la comunidad de San Juan, ya que es un centro de salud de alta complejidad que atiende a una gran cantidad de pacientes. La pérdida de empleos y la falta de atención médica especializada serán algunos de los efectos más graves de esta crisis.

En un paso clave hacia la reforma laboral, el Gobierno nacional lanzó un proceso de consulta pública para implementar los «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral» (PICs), que podrían reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. La medida genera un gran impacto y preocupación en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales.

La Resolución General 1066/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) formaliza la implementación de los PICs, que funcionarían como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones. Estos instrumentos financieros se basan en el Decreto N° 847/2024, que sienta las bases para el Sistema de Cese Laboral.

Los PICs podrán adoptar dos formas jurídicas: Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). En ambos casos, deberán incluir la expresión «Cese Laboral» en su denominación y estarán sometidos a estrictos requisitos de funcionamiento. Entre ellos, se establece que no podrán invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes y que los fondos estarán exclusivamente destinados a cubrir situaciones de finalización del vínculo laboral, independientemente de la causa.

La implementación de los PICs podría ser un paso hacia la eliminación efectiva de la indemnización por antigüedad, uno de los pilares históricos de la protección del trabajador en Argentina. La medida ha generado alerta en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales. El impacto de esta reforma, de avanzar, podría modificar profundamente las relaciones laborales y las dinámicas de desvinculación en el país.

La eliminación de las indemnizaciones podría dejar a los trabajadores más expuestos ante decisiones empresariales unilaterales. La falta de protección laboral podría generar incertidumbre y miedo en el lugar de trabajo, lo que podría afectar negativamente la productividad y la calidad del trabajo.

Participación ciudadana:

El Gobierno ha optado por un proceso de «Elaboración Participativa de Normas» para recibir opiniones de ciudadanos, empresas, sindicatos y otros actores del mercado. Las presentaciones pueden realizarse durante quince días hábiles a través del sitio oficial de la CNV. Sin embargo, es importante cuestionar si este proceso de consulta pública es suficiente para garantizar que las voces de los trabajadores sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.