La experiencia del Consejo de Mayo llega a su fin envuelta en tensiones, desconfianzas y un marcado desequilibrio institucional. Lo que el Gobierno había presentado como un espacio para articular consensos entre los actores centrales del sistema productivo —gobernadores, cámaras empresariales e industria— se disolvió antes de consolidarse como mesa tripartita. Las reiteradas filtraciones de los borradores sobre la reforma económica y laboral precipitaron la decisión presidencial: Javier Milei ordenó clausurar de manera definitiva el Consejo.

Según reveló el periodista David Cayol, la Casa Rosada había intentado blindar las discusiones mediante acuerdos de confidencialidad, exigencia resistida por una mayoría de los mandatarios provinciales. El Ejecutivo había logrado cierta adhesión en sectores del empresariado, pero los gobernadores rechazaron firmar cualquier compromiso que limitará su margen político. Las tensiones internas se tornaron inocultables y, para Milei, las filtraciones representaron una traición que justificó el cierre del ámbito.

Sin embargo, las causas de fondo exceden el enojo presidencial. La arquitectura jurídica de las reformas —incluida la laboral— no se diseñó en oficinas del Gobierno, sino en estudios privados vinculados directamente al empresario Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. La última versión de la Ley Bases ingresada al Congreso fue elaborada desde la terminal informática de uno de los abogados del propio industrial, un hecho que expone el peso decisivo del sector empresarial en la confección normativa.

En contraste, la representación sindical ocupó un asiento simbólico y acotado. Gerardo Martínez, enviado por la CGT, participó de las reuniones sin acceso real a los textos preliminares ni margen de incidencia en el contenido central de la reforma laboral. Aunque la Casa Rosada insiste en que el proyecto “no está escrito”, diversos borradores circulan hace semanas y sus lineamientos están prácticamente definidos. El virtual desplazamiento de las organizaciones de trabajadores de la discusión profundiza la crítica sindical: una reforma diseñada unilateralmente en clave empresarial.

Los gobernadores, mientras tanto, transitan su propio frente de conflicto: la disputa por los fondos de coparticipación. Esa tensión condiciona cualquier articulación futura con la Casa Rosada y plantea un escenario de imprevisibilidad política en la previa del debate legislativo. La disolución del Consejo plantea un interrogante crítico: ¿cómo reaccionarán las provincias en el Senado cuando deban posicionarse sobre una reforma que impacta directamente en las relaciones laborales y en la economía regional?

El borrador que analiza la CGT —aunque todavía sin confirmación oficial— incluye modificaciones sensibles: cambios en el régimen de indemnización, eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, desarticulación de mecanismos de actualización salarial, ampliación de la jornada laboral y otras reformas estructurales que la central obrera interpreta como un retroceso profundo en derechos adquiridos. La conducción sindical anticipó su rechazo y se prepara para un escenario de confrontación parlamentaria y callejera.

La última reunión del Consejo de Mayo pondrá fin a un experimento que nunca logró equilibrio ni representatividad plena. Con su cierre, el Gobierno enviará al Congreso un informe final que será transformado en proyecto de ley. A partir de entonces, el Parlamento se convertirá en el epicentro de un debate que ya divide al país: una reforma laboral impulsada desde el poder económico, resistida por el movimiento obrero y condicionada por la fragilidad política de los gobernadores.

El cierre anticipado del Consejo de Mayo desnuda una dinámica que tensiona la promesa de diálogo que el Gobierno intentó instalar. Mientras el empresariado influyó decisivamente en la redacción de las reformas, los sindicatos quedaron relegados y los gobernadores se movieron entre la desconfianza política y la disputa fiscal. Con el proyecto a punto de llegar al Congreso, el tablero se reconfigura: la reforma laboral dejará de ser una discusión reservada para convertirse en una pulseada abierta que pondrá a prueba alianzas, liderazgos y la capacidad real del oficialismo para articular mayorías. Lo que se define ahora no es solo un cambio normativo: es el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina durante las próximas décadas.

En una entrevista con la UOM provincial, su titular Martín Solazzo lanzó un panorama crítico: la industria metalúrgica registra pérdidas sostenidas, y ya se estiman cerca de 22.000 puestos de trabajo menos a nivel nacional. Solazzo advierte que la combinación de desindustrialización, transferencia de producción al exterior y una reforma laboral que reduciría derechos amenaza con profundizar una crisis social y productiva que golpea con particular fuerza a las familias trabajadoras.

El diagnóstico que presenta la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, a través de su secretario general Martín Solazzo, no es un lamento aislado sino la concreción local de tendencias que, según el gremio, vienen consolidándose a escala nacional: caída sostenida de la producción industrial, reconfiguración de cadenas productivas hacia la exportación con escasa generación de empleo local y una pérdida de derechos laborales que lejos de “aliviar costos” para las empresas, terminaría por precarizar el trabajo y aumentar la desocupación.

Solazzo parte de datos recientes —entre ellos la caída de 6,4% de la industria entre octubre del año pasado y octubre de este año — para ilustrar una regresión que ubica la actividad en niveles comparables a la peor fase de la pandemia de 2020. Pero detrás de esa cifra hay historias concretas: empresas que optan por transformar sus plantas en centros de acopio o ensamblaje reducidísimo, despidos que, aun cuando no siempre aparezcan en los grandes titulares, suman sangrados permanentes en los padrones locales y una cadena de efectos que amplifica la vulnerabilidad familiar. En San Juan, el sindicato estima la pérdida de cerca de 180–200 empleos en el último año sólo en el metalúrgico; extrapolado al territorio nacional, el número de 22.000 puestos fuera del sistema constituye una amenaza económica y social de escala.

La explicación que ofrece Solazzo conjuga factores coyunturales y estructurales. En la primera línea está la política económica reciente: tipos de cambio, costos logísticos, condiciones para la inversión y un régimen tributario que, según el dirigente, castiga la producción local más que incentiva la actividad. Paradójicamente, las empresas pueden aumentar rentabilidad a través de la exportación de bienes o de la deslocalización de etapas productivas; el resultado es una fábrica que factura pero contrata menos. “La rentabilidad de la empresa no cae, al contrario, crece —dice Solazzo—. Pero eso no se traduce en empleo.” En segundo lugar, la reforma laboral propuesta por el oficialismo aparece en la entrevista como un nuevo eje de preocupación: el sindicato la califica de “receta vieja” que busca reducir derechos (horas, vacaciones, garantías colectivas) en nombre de la competitividad, cuando la solución real para aliviar costos empresariales debería pasar por una revisión tributaria y por políticas públicas que protejan la producción nacional.

El dirigente distingue, además, entre lo que son reivindicaciones legítimas de modernización y la pérdida de derechos encubierta. Reconoce que existen aspectos “modernizables” vinculados a tecnología y procesos productivos, pero sostiene que cualquier cambio debe discutirse puertas adentro de cada convenio colectivo, con la participación plena de las organizaciones gremiales y sin imposiciones externas que individualicen la negociación y debiliten la protección colectiva. Esta postura subraya la tradicional lógica sindical: defender salarios, condiciones y estabilidad como pilares de la reproducción social y de la demanda interna.

En su relato se esboza otro elemento: la respuesta práctica del sindicato ante el cierre o el riesgo de cierre. Lejos de limitarse a la protesta, la UOM local afirma haberse involucrado en gestiones no tradicionales —interceder en licitaciones, asistir a empresas con asesoramiento para sostener la producción— porque entiende que la inacción significaría resignar fuentes laborales. Es una admisión de incapacidad estructural: el sindicato no puede sustituir políticas públicas; pero lo hace porque la urgencia social lo obliga.

El riesgo de escalada social aparece como una consecuencia plausible si no se revertieran tendencias: miles de familias sin ingreso y sin redes de contención, desempleo técnico que se profundiza y un mercado interno que se contrae. En este punto, Solazzo hace una lectura política exigente: respeta los resultados electorales que dieron lugar al actual gobierno pero rechaza la dirección de sus medidas, y reclama apertura y rectificación en materia económica y laboral para evitar un deterioro mayor.

La experiencia histórica, citada por el propio dirigente gremial, muestra que intentos de flexibilización laboral sin políticas compensatorias suelen terminar en mayor informalidad y desempleo: episodios de los años 90 y otras experiencias recientes dan argumentos a quienes sostienen una política de sostén industrial. El desafío hoy es complejo: Argentina necesita equilibrio entre costos empresariales competitivos, protección del empleo y estímulos a la inversión productiva dentro del país. Las herramientas disponibles —crédito productivo, reducción selectiva de cargas, incentivos a la exportación con condiciones de empleo local, regulaciones que promuevan encadenamientos productivos— requieren diseño y consenso social. Sin diálogo y sin medidas de corto plazo que amortigüen la pérdida de empleo, las advertencias sindicales adquieren carácter preventivo, no únicamente reivindicativo.

La entrevista con Martín Solazzo condensa la percepción de un sector que siente que la política económica actual está debilitando su capacidad de producir y sostener empleo. Entre cifras de caída de la actividad, pérdida de puestos y una reforma laboral potencialmente regresiva, el reclamo sindical es claro: cualquier cambio debe priorizar la protección de derechos, la negociación colectiva y políticas públicas que incentiven la producción en suelo argentino. La alternativa, advierten desde la UOM, es un proceso de desindustrialización que no sólo reduce la economía real sino que deja a miles de familias sin sustento —un coste social que, remarcan, el país no puede permitirse.

El sindicato de la Unión Tranviarios Automotor declaró el estado de alerta y anticipó que habrá paros en todas las líneas que no abonen sueldos y aguinaldos antes del cuarto día hábil de diciembre. Las empresas presionan al Gobierno por atrasos en los subsidios y plantean pagar el medio aguinaldo en hasta seis cuotas, una propuesta rechazada de plano por el gremio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) encendió todas las alarmas de cara a diciembre y anunció un posible paro generalizado del transporte urbano si los trabajadores no perciben sus salarios y el medio aguinaldo en tiempo y forma. El secretario de Prensa del gremio, Mario Caligari, confirmó que la organización activó el estado de alerta luego de que varias empresas comunicaran que no podrán cumplir con los plazos legales de pago debido a supuestas demoras del Gobierno en el envío de subsidios.

La situación, que combina tensiones estructurales con un escenario económico cada vez más frágil, podría derivar en un diciembre con interrupciones masivas del servicio de colectivos en distintas regiones del país. El cuarto día hábil del mes fue señalado como un umbral determinante: “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, advirtió Caligari en declaraciones a Splendid AM 990.

Las compañías transportistas afirman que las transferencias estatales no llegan con la regularidad necesaria para sostener los costos operativos y aseguran estar asfixiadas financieramente. Sin embargo, desde la UTA rechazan tajantemente ese argumento. “Nosotros no financiamos los sueldos ni los aguinaldos”, enfatizaron fuentes sindicales, dejando claro que la responsabilidad sobre la estructura de subsidios es exclusiva de las autoridades y los empresarios.

La propuesta de algunos operadores de pagar el aguinaldo en seis cuotas terminó por dinamitar cualquier margen de negociación. Para el sindicato, esa alternativa es inaceptable y vulnera un derecho básico de los choferes. “De ninguna manera, no es esa la forma”, afirmó Caligari, quien además cuestionó duramente lo que definió como una actitud histórica de victimización empresarial: “El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”, disparó.

El vocero gremial subrayó que los conductores trabajan “los 30 días del mes y los 365 días del año”, y que por eso deben cobrar sus haberes “en tiempo y forma”, sin excepciones ni dilaciones. Incluso ironizó sobre el extremo al que, según su visión, pretenden llevar la discusión los transportistas: “Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar”, sentenció, dejando al descubierto el nivel de desgaste en la relación entre ambos sectores.

Mientras tanto, el Gobierno permanece bajo presión de las empresas, que reclaman un esquema de compensaciones actualizado y previsible, capaz de sostener el funcionamiento del sistema. La incertidumbre sobre cuándo se normalizará el flujo de subsidios agrega tensión a un escenario ya delicado, que amenaza con impactar en millones de usuarios justo en el comienzo del mes de mayor demanda social.

El conflicto entre la UTA, las empresas de transporte y el Gobierno vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema de subsidios y la persistente disputa por su financiamiento. Con un diciembre que asoma cargado de tensión, el gremio dejó en claro que no tolerará pagos atrasados ni fraccionados. Si no aparecen respuestas rápidas, el país podría enfrentar un paro de colectivos con fuerte impacto en la movilidad urbana y en la vida cotidiana de millones de personas.