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El secretario general de la CGT, Héctor Daer, rechazó de plano la pretensión de fijar un tope del 30 por ciento en los aumentos salariales a discutir en las paritarias de este año que impulsan sectores del Gobierno, en particular el ministro de Economía, Martín Guzmán, y reclamó que en las discusiones no se convoque a “los lobistas de las cámaras” sino que se llame a “los verdaderos formadores de precios”.

“Podemos confluir si hay un seguimiento de precios y le damos dinámica a todas las negociaciones”, admitió Daer en declaraciones a NA, aunque puntualizó que no se aceptarán incrementos salariales inferiores a la inflación.

Al respecto, la pretensión de Guzmán, expresada en la última reunión del gabinete económico, pasa por la coordinación de precios y salarios en el marco de “un esquema integral de política macroeconómica”, diseñada en el Presupuesto para este año, entre cuyos supuestos está una inflación del 29 por ciento.

Por ese porcentaje pasan, precisamente, las diferencias en las posturas del sindicalismo y el Gobierno: en base a las proyecciones de economistas y consultores, la inflación esperada para 2021 se ubicaría entre el 45% y el 50%, al punto que el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central dio en su última medición un 49,8% para los próximos doce meses.

Por tal razón, Daer expresó su rechazo a una pauta salarial de no más del 30%: “Nuestra intención es que cuanto más baja sea la inflación, mejor, pero esto se tiene que garantizar”, advirtió, en tanto se prevé un aumento de precios del orden del 3,5% para enero.

Si la inflación del primer mes del año se ubicase en ese nivel (el INDEC la informará oficialmente el 11 de febrero), quedaría un margen difícil de cumplir en lo que resta del año para alcanzar la meta fijada en el Presupuesto, lo que justifica los recaudos de Daer.

En ese sentido, el titular de la CGT reclamó “un seguimiento riguroso, en serio” de los precios de los principales productos de consumo.

Sin embargo, advirtió que “todo está demorado” y reclamó a Economía “que presente algo, sentando en la mesa a los formadores de precios y no a los gerentes, a los lobistas de las cámaras”.

La preocupación radica principalmente en los precios de los alimentos, teniendo en cuenta la suba de la carne vacuna en las últimas semanas y los cuestionamientos que hasta los propios frigoríficos le hicieran al recientemente anunciado acuerdo para bajar los valores de diez cortes vacunos que, según CICCRA, representa sólo el 3% del consumo de carne de la población.

Asimismo, el aumento en las cotizaciones de las commodities repercute en dos granos fundamentales en la canasta básica, como el trigo y, de manera indirecta, el maíz, que sirve de insumo alimentario a pollos y ganado de feed lot.

Si bien las negociaciones paritarias son realizadas por cada sindicato en particular con las cámaras del sector, cada año desde los despachos oficiales se desliza en riguroso off the record un porcentaje que sirve de pauta general para evitar que los acuerdos deriven en un desborde inflacionario.

Las negociaciones para 2021 se llevarán a cabo en un escenario especial: además de ser un año electoral -caracterizado por aumentos salariales mayores a los de los años pares- se viene de un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, una suba en la desocupación y un recorte en las horas extras pero también un incremento de las suspensiones, al punto que fueron parte de varios acuerdos entre gremialistas y empresarios.

En consecuencia, además de la inflación de 2021 se prevé que muchos gremios plantearán reclamos para recomponer los salarios deteriorados a lo largo de 2020.

Fuente: viernes 29 de enero de 2021- (NA)

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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical

El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.

El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.

Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción

Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.

En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.

La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.

Las cifras de la pérdida salarial

El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.

En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.

El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.

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La CGT reclamó al Gobierno una nueva prórroga de la jubilación anticipada por desempleo

La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó el reclamo de los trabajadores desocupados mayores de 30 años de aportes y pidió formalmente al Gobierno nacional una nueva prórroga de la Prestación Anticipada por Desempleo, un régimen que permitía acceder a una jubilación antes de la edad ordinaria a quienes habían perdido su empleo pese a cumplir con los requisitos contributivos.

El planteo fue elevado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una presentación firmada por los tres integrantes del triunvirato de conducción sindical: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. La central acompañó así la iniciativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que busca recuperar una herramienta previsional vencida en septiembre de 2025.

El reclamo tuvo su origen en una reunión realizada el 6 de octubre, cuando Sola recibió a representantes del movimiento para analizar la situación de quienes, después de décadas de actividad y aportes, quedan fuera del mercado laboral sin haber alcanzado la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.

La prestación fue creada mediante el Decreto 674/2021 y extendida posteriormente por el Decreto 558/2023. Permitía anticipar hasta cinco años el acceso al beneficio jubilatorio: a partir de los 55 años para las mujeres y de los 60 para los hombres, siempre que acreditaran 30 años de aportes y se encontraran desocupados. No se trataba de una moratoria, sino de un mecanismo dirigido a trabajadores que ya habían cumplido con los requisitos contributivos.

En su presentación, la CGT advirtió sobre la vulnerabilidad de este grupo, que enfrenta obstáculos crecientes para conseguir un nuevo empleo debido a su edad y, al mismo tiempo, todavía no reúne las condiciones para jubilarse por el régimen ordinario. Desde el movimiento describen esa realidad como la de los nuevos «NI-NI»: personas que no son consideradas suficientemente jóvenes para reinsertarse laboralmente ni tienen la edad requerida para acceder a una jubilación.

La central obrera calificó la prestación como una herramienta transitoria, pero necesaria, para evitar que quienes acumularon más de tres décadas de aportes queden sin ingresos al perder su fuente de trabajo. Por eso, reclamó una nueva disposición del Poder Ejecutivo que permita recuperar el régimen y atender las necesidades de este universo de trabajadores.

El pedido también vuelve a poner en discusión otras demandas del movimiento, entre ellas la posibilidad de acceder a la cobertura del PAMI y establecer un mecanismo de devolución de los fondos percibidos anticipadamente. Según lo informado por la organización, esas propuestas tampoco obtuvieron hasta ahora una respuesta oficial.

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El ajuste universitario acumuló una pérdida salarial de $4,48 billones en casi tres años

Un informe de FEDUN y el CIICTI cuantificó en $4,48 billones la reducción de la masa salarial de docentes y nodocentes desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según el relevamiento, los ingresos perdieron un 24,3% de poder adquisitivo y necesitarían una recomposición del 32% para recuperar los niveles de noviembre de 2023. La disputa por el financiamiento universitario volverá al centro del debate con el tratamiento del Presupuesto 2027.

La pérdida de ingresos de los trabajadores universitarios se convirtió en uno de los principales indicadores del deterioro que atraviesa la educación superior desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Un nuevo informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) estimó que, entre 2024 y 2026, la reducción acumulada de la masa salarial del sistema alcanzará los $4,48 billones, a valores constantes de este año.

El relevamiento, correspondiente a su decimosexta edición y con datos salariales hasta septiembre de 2026, señala que las remuneraciones de docentes y nodocentes registraron una pérdida real del 24,3% desde noviembre de 2023. Aunque durante el último mes analizado se produjo una mejora del 1% en términos reales, el retroceso acumulado desde junio volvió a profundizarse y los ingresos necesitarían un aumento del 32% para recuperar su capacidad de compra previa al cambio de Gobierno.

La brecha entre precios y salarios explica buena parte de ese deterioro. Según el estudio, mientras la inflación acumulada desde noviembre de 2023 llegó al 344,4%, los haberes universitarios aumentaron un 236,6%. En septiembre, la actualización nominal fue del 3%, frente a una inflación del 1,9%, pero esa mejora puntual no alcanzó para revertir una tendencia que, de acuerdo con el informe, acumuló retrocesos reales en 21 de los últimos 23 meses.

La estimación sobre la masa salarial refleja el impacto económico de esa diferencia. FEDUN y el CIICTI calcularon una pérdida de $1,47 billones durante 2024 y de $1,61 billones en 2025, mientras que para 2026 proyectaron otros $1,39 billones. En conjunto, la contracción alcanzaría los $4,48 billones en tres años. El documento también advierte que el nivel salarial universitario permanece por debajo de los registros de 2002 y acumula una caída de 41 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011.

El financiamiento, otra disputa con el Gobierno

El deterioro de los ingresos se inscribe en una discusión más amplia por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales. El informe sostiene que la ejecución presupuestaria proyectada para 2026 mantiene una reducción significativa frente a años anteriores: aunque estima una mejora real del 2,9% respecto del ejercicio previo, el financiamiento todavía se ubicaría un 21,9% por debajo de 2023 y un 32,8% por debajo de 2015.

De acuerdo con el registro, los recursos universitarios representarían el 0,535% del Producto Bruto Interno durante 2026, frente al 0,712% registrado en 2023. Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en el ejercicio actual, el Gobierno debería ampliar en $1,58 billones el crédito presupuestario vigente, según el cálculo de las entidades autoras.

La discusión se proyecta ahora sobre el Presupuesto 2027. Desde FEDUN advierten que la iniciativa oficial no contempla los recursos que las universidades consideran necesarios para garantizar su funcionamiento y anticipan nuevas acciones gremiales. Su secretario general, Daniel Ricci, confirmó que el sindicato realizará una vigilia frente al Congreso el próximo 25 de noviembre, durante el tratamiento legislativo del proyecto, con el objetivo de reclamar a diputados y senadores que rechacen la propuesta del Ejecutivo.

La convocatoria había sido prevista inicialmente para el 18 de noviembre, pero fue reprogramada. Ricci señaló que existe incertidumbre sobre el contenido definitivo de la iniciativa, debido a que las partidas todavía se encuentran sujetas a negociaciones y no había un dictamen cerrado al momento de sus declaraciones.

Paros y reclamos en las universidades

La protesta sindical también se expresa en medidas de fuerza impulsadas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, llevó adelante jornadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo y anunció nuevas acciones para reclamar recomposición salarial, actualización de los gastos de funcionamiento y cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento.

A esos planteos se suma la exigencia de que se haga efectiva la recomposición salarial contemplada en la normativa y la medida cautelar judicial vinculada con las obligaciones del Estado hacia el personal universitario.

En este clima, las declaraciones del papa León XIV sobre la importancia estratégica de la educación superior y la ciencia también fueron incorporadas por las organizaciones gremiales a sus argumentos. Durante su presentación en el Palacio Libertad, el pontífice advirtió sobre las consecuencias de la emigración de jóvenes que deben abandonar su país para desarrollar sus proyectos profesionales, una reflexión que los sindicatos vincularon con la situación presupuestaria de las universidades y del sistema científico.

La discusión salarial es apenas la superficie de un problema mucho más profundo. Sin fondos suficientes, las universidades enfrentan serias dificultades para sostener sus aulas abiertas, evitar la fuga de talentos y dar continuidad a la investigación científica. A las puertas del debate por el Presupuesto 2027, el reclamo universitario obliga a definir cuál será el verdadero peso de la educación superior en la agenda fiscal del país.

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