La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales y trasladó la discusión al Congreso. La central obrera reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023, después de que el Senado avanzara en el mismo sentido.

En un comunicado difundido, el Consejo Directivo Nacional calificó la resolución bajo el título “Un fallo contra la soberanía y la voluntad popular” y expresó su “más enérgico repudio” a la decisión del máximo tribunal. La CGT sostuvo que la derogación de la normativa elimina las restricciones que regían sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La central vinculó el pronunciamiento judicial con el debate que semanas atrás llegó al Congreso en torno a las reglas de propiedad rural. En ese marco, sostuvo que las movilizaciones sindicales y sociales contribuyeron a frenar modificaciones que buscaban flexibilizar el régimen establecido por la Ley 26.737.

“El territorio argentino es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, planteó la CGT en su documento. La organización advirtió, además, que la eliminación de los límites establecidos por la legislación derogada puede favorecer procesos de extranjerización, una interpretación que forma parte de su posicionamiento frente a la decisión judicial.

El reclamo central quedó dirigido ahora a Diputados. “Exigimos a la Cámara de Diputados que asuma su responsabilidad y rechace el DNU 70/2023, como ya lo hizo el Senado”, sostuvo la conducción cegetista. De esa manera, la central plantea una salida legislativa frente a una norma cuya derogación volvió a quedar operativa tras el fallo de la Corte.

La polemica judicial se originó en una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el artículo 154 del DNU 70/2023. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional esa disposición, pero la Corte revocó aquella sentencia al considerar que la asociación no estaba legitimada para impulsar la acción colectiva.

El máximo tribunal aclaró que no resolvió la constitucionalidad del DNU. Su decisión se limitó a la legitimación del CECIM y a la inexistencia de un caso o controversia que habilitara ese proceso judicial. Por efecto de la revocación, quedó nuevamente vigente el artículo que derogó la Ley 26.737, pero la cuestión de fondo sobre la validez constitucional de esa derogación no fue analizada.

Las elecciones nacionales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstas para el 7 y 8 de octubre, fueron suspendidas por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó retrotraer el proceso hasta la etapa de presentación de listas y avales y fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre.

La resolución, firmada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, cuestionó distintos aspectos del proceso electoral. Entre ellos aparecen inconsistencias en el padrón, la distribución de los electores en las mesas y la oficialización de candidaturas. El tribunal concluyó que, bajo esas condiciones, los comicios no podían celebrarse válidamente en las fechas originalmente previstas.

Uno de los principales puntos observados fue el padrón. La Justicia identificó 2.870 exclusiones realizadas entre junio y agosto bajo la causal genérica de “cese laboral”, sin consignar la fecha concreta de finalización de la relación. También dispuso controles adicionales sobre altas y bajas de afiliados y ordenó verificar documentación antes de resolver futuras impugnaciones.

La Cámara también revisó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas. Para la nueva elección estableció un máximo de 600 votantes por mesa, además de contemplar una urna complementaria para determinados votos observados y mecanismos de verificación de información ante organismos como RENAPER y ARCA.

El nuevo proceso tendrá, además, fiscalización judicial permanente. El abogado laboralista Matías Cremonte fue designado veedor y podrá acceder a registros, bases de datos y documentación vinculada con la organización de los comicios. La Junta Electoral Central y las juntas locales continuarán en funciones, aunque bajo ese control.

La causa se inició a partir de una presentación de la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, contra la UTA y su Junta Electoral. El fallo también permitirá revisar la situación de listas opositoras que habían quedado excluidas en distintas seccionales.

La postergación modifica el calendario de una elección atravesada por una fuerte disputa interna. El oficialismo, representado por la Lista Celeste y Blanca, impulsa nuevamente a Roberto Fernández, mientras que entre los espacios opositores aparecen la Lista Negra de Escriba, la Lista Marrón de Alberto Patiño y la Lista Bordó de Claudio Gómez.

Desde la conducción de la UTA manifestaron su respeto por la resolución judicial, aunque cuestionaron su contenido y atribuyeron la postergación a una estrategia de judicialización de la disputa interna. Esas acusaciones forman parte de la posición del oficialismo y no constituyen una conclusión establecida por el tribunal.

Según el nuevo cronograma, las listas definitivas deberán oficializarse antes del 30 de octubre y las mesas quedarán definidas el 1° de diciembre. En tanto, el escrutinio definitivo y la proclamación de autoridades tendrán que completarse antes del 29 de diciembre.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) ratificó el paro de 72 horas que comienzó este miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en adhesión a la medida nacional convocada por CONADU y CONADU Histórica. La huelga alcanzará el dictado de clases en las facultades y en los colegios preuniversitarios de la UNSJ.

El reclamo combina dos puntos centrales: la recuperación de los salarios docentes y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La norma establece mecanismos de actualización para los haberes docentes y nodocentes y dispone la recomposición de programas destinados a estudiantes.

En medio de la escalada judicial, el juez Martín Cormick —titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11— ratificó este miércoles la intimación al Gobierno nacional para que acate la cautelar universitaria en un lapso de cinco días. El magistrado consideró insuficientes los argumentos del Ejecutivo y advirtió que mantendrá las multas diarias en caso de persistir el incumplimiento.

La resolución se produjo después de que el Gobierno apelara la primera intimación y sostuviera ante la Justicia que ya había cumplido con las obligaciones alcanzadas por la cautelar. La controversia judicial se concentra en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a salarios universitarios y programas de becas.

En San Juan, además, ADICUS cuestionó la presentación judicial impulsada por familias de estudiantes de los colegios preuniversitarios que procuran evitar nuevas interrupciones de clases. La secretaria gremial Edith Liquitay sostuvo que ni el sindicato ni la UNSJ habían recibido una notificación formal del planteo y defendió la continuidad de las medidas mientras persista el reclamo salarial.

La dirigente también anticipó que dentro del gremio se analizan alternativas de mayor alcance para el próximo ciclo académico. Entre ellas aparecen la suspensión de las mesas de exámenes finales y la posibilidad de no iniciar las clases de 2027, aunque ADICUS aclaró que ninguna de esas medidas constituye por ahora una decisión adoptada.

El conflicto sumará una nueva convocatoria el 15 de octubre con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y respaldada por agrupaciones de docentes, nodocentes y estudiantes. La protesta exigirá el acatamiento de la normativa vigente, una actualización de los salarios y un mayor presupuesto para las casas de altos estudios públicas

La huelga de esta semana y el nuevo requerimiento judicial al Ejecutivo nacional trasladan la crisis universitaria a tres dimensiones simultaneamente: la puja salarial, la ejecución de la ley sancionada y el litigio en tribunales. En la órbita local, ADICUS continúa con la protesta en la UNSJ y analiza nuevas medidas que dependerán estrictamente de la evolución del escenario general.