Luego de algunos años abocada a la normalización de la mayor parte de sus 80 regionales, la CGT encara la renovación de sus cúpulas provinciales. Con San Juan votando el 25 de agosto, y Chaco junto a La Pampa en pleno proceso de definición, la interna gremial ya se conecta directamente con la construcción política hacia el escenario electoral de 2027.

La CGT comienza a jugar una nueva partida en las provincias. Después de cinco años de normalizaciones y unificaciones en buena parte de sus más de 80 regionales, durante 2026 empiezan a vencer los mandatos de cuatro años de las conducciones que surgieron de aquel proceso. La central obrera deberá ahora resolver quiénes continuarán al frente de esas estructuras y quiénes intentarán disputar el poder construido desde 2021.

La renovación llega en un momento distinto al de la etapa anterior. La tarea ya no consiste principalmente en reconstruir conducciones fragmentadas o resolver la existencia de autoridades paralelas, sino en definir liderazgos para los próximos cuatro años. Dicha deliberación se produce simultáneamente con el endurecimiento de la postura de la CGT frente al oficialismo y el inicio del armado electoral para 2027.

También cambió el interlocutor de la conducción nacional. La Secretaría del Interior, que tuvo a su cargo buena parte de las normalizaciones, ya no está conducida por Abel Furlán, de la UOM. Ahora es Héctor Daer quien participa de las negociaciones con las estructuras provinciales.

Las regionales tienen una importancia que excede la representación gremial. En numerosas provincias funcionan como espacios de articulación del movimiento obrero y conservan vínculos históricos con el peronismo. Sus autoridades pueden incidir en la construcción territorial, la definición de candidaturas y la representación sindical dentro de las futuras alianzas electorales.

Por eso, las elecciones que comenzarán a multiplicarse durante este año pueden transformarse en una primera medición de fuerzas hacia 2027. La disputa no se limitará a quién ocupará una secretaría general: también estará en juego qué sindicatos tendrán mayor capacidad de representación y qué dirigentes llegarán con mejores condiciones para intervenir en la discusión política.

San Juan, una elección que concentra la disputa

San Juan aparece entre los primeros casos donde esa pulseada adquiere especial relevancia. La CGT Regional San Juan elegirá autoridades el 25 de agosto, en un plenario convocado por la conducción nacional y reservado a las organizaciones confederadas que tengan jurisdicción en la provincia.

El actual titular , Eduardo Cabello, diputado provincial y dirigente de la UOCRA, buscará renovar su mandato con el respaldo de numerosos sindicatos. El reglamento establece que cada organización habilitada tendrá un representante. Si existe una única nómina, podrá ser consagrada por aclamación; si se presentan dos o más listas, la definición será mediante voto secreto y ganará la que obtenga mayoría simple.

La renovación, sin embargo, ya generó movimientos dentro del sindicalismo provincial. Una Intersindical integrada por organizaciones como ASIJEMIN, UOM, SATSAID, ATE, La Bancaria y SIDUNSJ, entre otras, comenzó a reclamar mayor protagonismo y abrió una discusión sobre la conducción de la central.

Los cortocircuitos políticos comenzaron a repercutir en el peronismo de San Juan. Por un lado, el exmandatario provincial Sergio Uñac hizo un llamado a resguardar la cohesión sindical; por el otro, los sectores distanciados de la dirigencia tradicional impulsaron el regreso de las 62 Organizaciones Peronistas como eje de representación gremial y política.

La elección del 25 de agosto tendrá, por lo tanto, una lectura que irá más allá de la composición de la próxima conducción. El resultado permitirá medir la relación de fuerzas entre los gremios, determinará quién tendrá capacidad de interlocución con la CGT nacional y puede influir en el lugar que ocupará el movimiento obrero dentro del armado peronista provincial de cara a 2027.

La Justicia laboral ordenó la reinstalación de trabajadores de PAMI despedidos durante abril por el Gobierno de Javier Milei, tras hacer lugar al reclamo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La decisión representa un revés para las cesantías y establece que los empleados alcanzados por la medida deberán regresar a sus puestos. El gremio sostuvo que las cesantías incluyeron a representantes sindicales alcanzados por la tutela establecida en la Ley 23.551.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 77, que concedió la medida cautelar solicitada por el sindicato. Entre los trabajadores despedidos se encontraba Melina Gutiérrez, secretaria general de la Junta Interna de PAMI en Rosario, cuya representación gremial está alcanzada por la tutela sindical prevista en la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, atribuyó el resultado a una ofensiva sindical que, según explicó, combinó acciones judiciales con paros y protestas en los lugares de trabajo y en la sede central de la obra social de los jubilados.

“Luchar siempre sirve”, afirmó Aguiar al celebrar el fallo. El dirigente sostuvo que el sindicato decidió desde la primera cesantía disputar las desvinculaciones «en todos los planos» y reivindicó la continuidad de las medidas de fuerza frente a las decisiones del Gobierno.

Aguiar también cuestionó la política de despidos y aseguró que el gremio continuará reclamando ante lo que considera vulneraciones de derechos laborales. Para el gremio, la reincorporación constituye un antecedente relevante frente a futuras cesantías dentro de organismos estatales.

La resolución judicial vuelve a colocar bajo análisis el alcance de los despidos en la administración pública y, particularmente, aquellos que involucran a delegados o dirigentes protegidos por la tutela sindical. En esos casos, la legislación establece garantías especiales para impedir que el ejercicio de la representación gremial derive en una pérdida arbitraria del puesto de trabajo.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) advirtió por el incremento de despidos y cierres de talleres mecánicos en distintas regiones del país. La mayor preocupación está puesta en los pequeños establecimientos, que afrontan una caída de las ventas, menores ingresos y crecientes dificultades para sostener los costos laborales.

Eduardo Gómez, secretario gremial de la seccional Bahía Blanca, señaló que durante julio 25 trabajadores despedidos se presentaron ante el sindicato para revisar sus liquidaciones. Cerca del 80% pertenecía a concesionarias de la ciudad. Entre los afectados hay mecánicos, administrativos y empleados de las áreas comerciales.

Para el dirigente, esa cifra podría representar apenas una parte del problema, ya que no todos los trabajadores recurren al gremio después de perder su empleo. A la vez, remarcó que las dificultades alcanzan tanto a grandes concesionarias como a talleres independientes, aunque estos últimos cuentan con menos capacidad financiera para absorber una caída prolongada de los ingresos.

Los establecimientos más pequeños suelen funcionar con uno o dos empleados. Cuando la recaudación diaria deja de alcanzar para cubrir salarios y otros costos, algunos propietarios optan por continuar solos y prescindir del personal. El problema se agrava cuando los trabajadores tienen muchos años de antigüedad, debido al elevado costo de las indemnizaciones, que puede convertirse en un factor determinante para el cierre definitivo del negocio.

Gómez vinculó la caída de la demanda con la pérdida del poder adquisitivo. Según explicó, las familias concentran sus ingresos en alimentos y vivienda y postergan gastos vinculados al mantenimiento o adquisición de vehículos. También señaló que los planes de ahorro, que pueden rondar los $500.000 mensuales más cargos administrativos, quedaron fuera del alcance de numerosos trabajadores.

SMATA sostiene que el deterioro comenzó a hacerse visible durante 2025 y se profundizó en las últimas semanas. El gremio mantiene el seguimiento de los despidos y brinda asistencia a los trabajadores afectados, mientras advierte que la contracción de las ventas compromete la continuidad de numerosos emprendimientos pequeños.

La evolución del rubro dependerá en buena medida de la recuperación del consumo y de la capacidad de concesionarias y talleres para sostener sus estructuras de costos. Por ahora, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de establecimientos pequeños aparecen como las principales señales de alerta para el gremio.