El Congreso Nacional se prepara para tratar una serie de leyes decisivas que afectan a la ciencia, la universidad y la salud en Argentina. La comunidad científica, universitaria y médica se moviliza para respaldar las iniciativas y repudiar las acciones del gobierno que ponen en riesgo la estabilidad y el futuro de estos sectores fundamentales para el desarrollo del país.

La ciencia argentina enfrenta un ajuste brutal que llevó a una caída del 65% en la inversión en equipos científicos. Esto causó una situación de emergencia en los institutos y centros de investigación, donde los científicos y técnicos se ven obligados a trabajar con equipamiento obsoleto y sin recursos suficientes para desarrollar sus proyectos. La consecuencia es una pérdida significativa de la capacidad de investigación y desarrollo del país, lo que puede tener un impacto negativo en la economía y la sociedad en general.

Por otro lado, las universidades nacionales han perdido más del 20% de su presupuesto en 2024 y se espera que pierdan un 8,6% adicional en 2025. Esto generó una situación de incertidumbre y preocupación entre los estudiantes, docentes y no docentes, que ven en peligro la calidad de la educación y la investigación en las universidades. La falta de recursos ha llevado a una reducción en la oferta de carreras y programas, lo que puede afectar la formación de profesionales y la generación de conocimiento en el país.

La salud pública también está en crisis. Los hospitales enfrentan dificultades para mantener sus servicios y personal capacitado. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo han llevado a una situación de agotamiento y desmotivación entre los profesionales de la salud, lo que puede afectar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. La situación es particularmente grave en los hospitales públicos, donde la demanda de servicios es alta y los recursos son limitados.

En estas circunstancias, la comunidad científica, universitaria y médica se une para exigir una solución. La Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia del sistema científico-tecnológico son algunas de las iniciativas que se tratarán en el Congreso Nacional. Estas leyes buscan garantizar el sostenimiento de los programas científicos y tecnológicos, actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional y proteger los salarios del personal de salud.

La importancia de la ciencia, la universidad y la salud es fundamental para el desarrollo y la innovación en Argentina. La ciencia es clave para generar conocimiento y tecnología, la universidad es esencial para la formación de profesionales y la creación del saber, y la salud pública es fundamental para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.

La tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Congreso de la Nación, con el objetivo de expresar el rechazo al veto presidencial y exigir un mayor presupuesto para las universidades nacionales.

La universidad pública argentina se encuentra en una situación crítica, con un futuro incierto que depende en gran medida de la decisión del Gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. La falta de financiamiento adecuado ocasionado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de la educación y la investigación en las universidades nacionales.

En este escenario, la FATUN ha sido una de las principales voces en defensa de la educación pública, y ahora convoca a una nueva movilización para exigir un cambio en la política educativa del Gobierno. La marcha del 17 de septiembre será una oportunidad para que la comunidad universitaria exprese su rechazo al veto presidencial y exija un mayor compromiso del Ejecutivo nacional con la educación pública.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó un amplio rechazo entre los sectores académicos y estudiantiles, que ven en esta medida un golpe significativo a la estabilidad del sistema universitario. Los reclamos de la FATUN incluyen un aumento en el presupuesto para las universidades, mejoras en los salarios de los docentes y no docentes, y la garantía de continuidad de los programas de becas estudiantiles.

La contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo escenario político de alcance nacional. Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, señaló que el resultado representa un freno a las políticas de Javier Milei, y una oportunidad para reconstruir derechos laborales, fortalecer la obra pública y garantizar la protección de los sectores más vulnerables: “Es un triunfo que permite recomponer los esquemas de trabajo y los derechos de los trabajadores, que habían sido avasallados por políticas neoliberales”.

El dirigente destacó que este resultado refleja un mensaje claro del pueblo: la necesidad de un rumbo basado en empleo, industria, exportación y educación. Mena enfatizó la proyección hacia el futuro: “Octubre y 2027 serán decisivos para que la ciudadanía indique el camino a seguir, priorizando trabajo, desarrollo y oportunidades para todos”.

Renovación y liderazgo sindical

En cuanto a la CGT a nivel nacional, que definirá sus autoridades el próximo 5 de noviembre, Mena sostuvo que es crucial encontrar un equilibrio entre continuidad y renovación: “Debe haber una figura que represente a todos, pero con renovación. La juventud aporta energía, ideas y la cercanía con la realidad diaria de los trabajadores. Los cuadros mayores deben acompañar y asesorar, pero el liderazgo debe reflejar un cambio generacional”.

Mena resaltó que la política sindical debe estar en sintonía con los trabajadores, manteniendo la capacidad de adaptarse a los cambios y garantizar la participación activa de todos los sectores: “La edad es importante, pero más aún lo es el espíritu y las banderas que defienden los jóvenes. Ellos deben estar adelante, mientras los mayores guían con experiencia”.

Minería: empleo local y responsabilidad empresarial

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la minería. Mena subrayó que los proyectos mineros deben beneficiar directamente a la provincia y a sus habitantes: “Hemos presentado un expediente al Ministerio de Minería para asegurar que se cumpla la guía de contratación local y empresas nacionales. Es fundamental que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y ambiental”.

Sobre el proyecto Binacional Vicuña, explicó que, si bien está en fase inicial de ingeniería, la etapa de ejecución comenzará con la primavera. El dirigente insistió en la urgencia de generar empleo real y no dilatar procesos: “El trabajo es una necesidad inmediata. No podemos esperar; los proyectos deben traducirse en oportunidades concretas para los sanjuaninos”.

Además, planteó que los yacimientos deben cumplir con la normativa ambiental y logística, respetando a la comunidad y asegurando que la inversión no quede concentrada en intereses externos: “Si quieren avanzar, deben cumplir las normas, integrarse con la economía local y responder a la responsabilidad social que corresponde”.

Mena también analizó el impacto de las políticas nacionales en la economía y la industria: “Se necesita recomponer la estructura productiva y comercial. La política y la industria deben alinearse con la realidad de los trabajadores. No basta con inversión; debe haber compromiso con empleo y desarrollo local”.

El gremialista enfatizó que el sindicalismo debe actuar como interlocutor responsable, promoviendo medidas que protejan a los trabajadores sin caer en confrontaciones estériles, pero marcando límites claros frente a políticas que afectan los derechos: “La política sindical no puede ser pasiva. Debe garantizar condiciones justas, respetar el trabajo local y exigir cumplimiento de las leyes”.

La visión de Marcelo Mena combina política, sindicalismo y desarrollo económico con una mirada estratégica hacia el futuro de San Juan. Desde la renovación en la CGT hasta la exigencia de responsabilidad en la minería, su discurso subraya la necesidad de traducir la inversión y las políticas en empleo real y desarrollo sostenible. La provincia y sus trabajadores exigen resultados concretos: proyectos que respeten normas, generen oportunidades y fortalezcan la economía local, marcando un camino claro hacia la equidad y el progreso.