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El secretario general de la CGT, Héctor Daer, rechazó de plano la pretensión de fijar un tope del 30 por ciento en los aumentos salariales a discutir en las paritarias de este año que impulsan sectores del Gobierno, en particular el ministro de Economía, Martín Guzmán, y reclamó que en las discusiones no se convoque a “los lobistas de las cámaras” sino que se llame a “los verdaderos formadores de precios”.

“Podemos confluir si hay un seguimiento de precios y le damos dinámica a todas las negociaciones”, admitió Daer en declaraciones a NA, aunque puntualizó que no se aceptarán incrementos salariales inferiores a la inflación.

Al respecto, la pretensión de Guzmán, expresada en la última reunión del gabinete económico, pasa por la coordinación de precios y salarios en el marco de “un esquema integral de política macroeconómica”, diseñada en el Presupuesto para este año, entre cuyos supuestos está una inflación del 29 por ciento.

Por ese porcentaje pasan, precisamente, las diferencias en las posturas del sindicalismo y el Gobierno: en base a las proyecciones de economistas y consultores, la inflación esperada para 2021 se ubicaría entre el 45% y el 50%, al punto que el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central dio en su última medición un 49,8% para los próximos doce meses.

Por tal razón, Daer expresó su rechazo a una pauta salarial de no más del 30%: “Nuestra intención es que cuanto más baja sea la inflación, mejor, pero esto se tiene que garantizar”, advirtió, en tanto se prevé un aumento de precios del orden del 3,5% para enero.

Si la inflación del primer mes del año se ubicase en ese nivel (el INDEC la informará oficialmente el 11 de febrero), quedaría un margen difícil de cumplir en lo que resta del año para alcanzar la meta fijada en el Presupuesto, lo que justifica los recaudos de Daer.

En ese sentido, el titular de la CGT reclamó “un seguimiento riguroso, en serio” de los precios de los principales productos de consumo.

Sin embargo, advirtió que “todo está demorado” y reclamó a Economía “que presente algo, sentando en la mesa a los formadores de precios y no a los gerentes, a los lobistas de las cámaras”.

La preocupación radica principalmente en los precios de los alimentos, teniendo en cuenta la suba de la carne vacuna en las últimas semanas y los cuestionamientos que hasta los propios frigoríficos le hicieran al recientemente anunciado acuerdo para bajar los valores de diez cortes vacunos que, según CICCRA, representa sólo el 3% del consumo de carne de la población.

Asimismo, el aumento en las cotizaciones de las commodities repercute en dos granos fundamentales en la canasta básica, como el trigo y, de manera indirecta, el maíz, que sirve de insumo alimentario a pollos y ganado de feed lot.

Si bien las negociaciones paritarias son realizadas por cada sindicato en particular con las cámaras del sector, cada año desde los despachos oficiales se desliza en riguroso off the record un porcentaje que sirve de pauta general para evitar que los acuerdos deriven en un desborde inflacionario.

Las negociaciones para 2021 se llevarán a cabo en un escenario especial: además de ser un año electoral -caracterizado por aumentos salariales mayores a los de los años pares- se viene de un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, una suba en la desocupación y un recorte en las horas extras pero también un incremento de las suspensiones, al punto que fueron parte de varios acuerdos entre gremialistas y empresarios.

En consecuencia, además de la inflación de 2021 se prevé que muchos gremios plantearán reclamos para recomponer los salarios deteriorados a lo largo de 2020.

Fuente: viernes 29 de enero de 2021- (NA)

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Los nodocentes universitarios anunciaron un paro total de 24 horas y se suman a la movilización de la CGT

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales decidieron intensificar su plan de lucha y anunciaron un paro total de actividades por 24 horas, en simultáneo con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La medida fue resuelta por amplia mayoría en el Consejo Directivo de la Federación del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) y se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, con cese total de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.

“Se resolvió un paro de 24 horas y movilización de las y los trabajadores nodocentes en defensa de la Universidad Pública, de nuestros salarios y de nuestros derechos laborales”, señalaron desde la organización sindical a través de un comunicado oficial.

Salarios, presupuesto y funcionamiento universitario en riesgo

Desde FATUN advirtieron que la situación del sistema universitario es crítica y que la falta de un presupuesto adecuado pone en riesgo su normal funcionamiento. En ese sentido, remarcaron que el deterioro salarial y la incertidumbre financiera afectan directamente la calidad educativa y la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

“La situación es insostenible: sin un presupuesto real y suficiente, se compromete el funcionamiento de todo el sistema universitario”, alertaron. Y agregaron: “Un país que aspira a crecer necesita más y mejores universidades, y eso solo es posible con salarios dignos y presupuestos garantizados, una responsabilidad indelegable de todo gobierno, más allá de los vaivenes económicos”.

Como parte del reclamo central, los nodocentes exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente defendida por amplios sectores del arco político, académico y social.

Paro sin concurrencia y movilización nacional

La medida de fuerza se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo, afectando el normal funcionamiento administrativo de las universidades nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires, los nodocentes concentrarán desde las 13:00 horas en Diagonal Sur y avenida Belgrano, desde donde se movilizarán en el marco de la protesta general.

Desde la federación sindical señalaron que la participación en la marcha busca “decir presente frente a un intento de retroceso que pone en riesgo derechos conquistados” y visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema universitario público.

Asimismo, FATUN convocó a los sindicatos de base del interior del país a sumarse a las acciones organizadas en cada ciudad, con el objetivo de federalizar el reclamo y multiplicar su impacto en todo el territorio nacional.

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Fuerte exposición sindical en el Senado contra la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo

En el marco del intenso debate legislativo por el proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Javier Milei, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó este miércoles ante el Plenario de Comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado para expresar un rechazo técnico, jurídico y político a la iniciativa oficial.

La delegación sindical estuvo encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), acompañados por el asesor legal de la central obrera, Pablo Topet. La jornada, presidida por la senadora Patricia Bullrich, tuvo como eje central la exposición de Sola, quien realizó un pormenorizado análisis del articulado y cuestionó la filosofía que sustenta la propuesta del Ejecutivo.

Desde el inicio de su intervención, el dirigente advirtió que se trata de una reforma “inconsulta”, tanto para los trabajadores como para los empleadores que apuestan a la producción y el empleo genuino. A su entender, el proyecto se apoya en una concepción del derecho laboral que desconoce la desigualdad estructural existente en la relación entre capital y trabajo.

Inconstitucionalidad y el cuestionamiento al principio protectorio

Uno de los puntos más contundentes de la exposición fue la advertencia sobre los “graves problemas de constitucionalidad” que, según la CGT, atraviesan el proyecto. Sola sostuvo que la iniciativa vulnera el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.

“El trabajador es la parte más débil de la relación contractual y la ley no puede fingir una igualdad que no existe”, señaló el dirigente, al tiempo que reclamó un “debate serio” con participación de todos los sectores involucrados. En esa línea, afirmó que las normas laborales deben ser progresivas y orientadas a ampliar derechos, no a restringirlos.

Sola también alertó sobre el intento de “atomizar” la representación sindical mediante la modificación del orden de prelación de los convenios colectivos. Según explicó, el proyecto habilita acuerdos por empresa que podrían firmarse a la baja respecto de los convenios de actividad, debilitando la negociación colectiva y fragmentando la defensa de los derechos laborales.

Críticas al Fondo de Asistencia Laboral y al sistema de salud

Otro de los ejes centrales del planteo sindical fue el cuestionamiento al nuevo Fondo de Asistencia Laboral. La CGT denunció que su financiamiento implicaría el desvío de alrededor de 3.000 millones de dólares que hoy pertenecen al sistema previsional.

“Están sacando recursos de quienes ya se jubilaron para que el empleador no tenga costo al momento de despedir”, advirtió Sola, al caracterizar el mecanismo como un subsidio indirecto a los despidos financiado con fondos de los trabajadores.

En paralelo, el dirigente alertó sobre el impacto de la reforma en el sistema de obras sociales sindicales. Detalló que el proyecto prevé reducir del 6% al 5% los aportes destinados a la salud en las medianas empresas, lo que implicaría una pérdida estimada de 90.000 millones de pesos. “Se trata de un sistema solidario único en el mundo, que ya está en una situación crítica”, subrayó.

“Las reformas por sí solas no generan empleo”

En otro tramo de su exposición, Sola refutó el argumento oficial que vincula la flexibilización laboral con la creación de empleo registrado. Recordó que antecedentes recientes, como la implementación de la Ley Bases con períodos de prueba extendidos y eliminación de multas, no lograron revertir la informalidad ni generar puestos de trabajo de calidad.

“Hoy se pierden alrededor de 400 empleos genuinos por día y cierran 30 pymes”, afirmó, al sostener que el problema central no reside en el marco normativo laboral sino en la ausencia de un plan de inversión productiva.

En ese sentido, sugirió que el Congreso debería priorizar una reforma tributaria que reduzca los costos a la inversión y estimule la actividad económica, antes de avanzar en cambios estructurales en las relaciones laborales.

Sobre el cierre, la CGT pidió a los senadores que el tratamiento de la reforma no se realice “entre gallos y medianoche” y reclamó un debate profundo, responsable y respetuoso de la Constitución. La central obrera advirtió que el proyecto, tal como está planteado, restringe derechos fundamentales como la huelga y la libertad de asamblea, y supone un cambio drástico en el modelo laboral argentino.

El mensaje fue claro: sin consenso, sin diálogo social y sin una estrategia de desarrollo productivo, cualquier intento de reforma corre el riesgo de agravar la conflictividad y profundizar la precarización, en lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas del empleo en la Argentina.

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La CGT vuelve a la calle y exige al Gobierno cumplir la ley de Financiamiento Universitario

En la antesala de la movilización nacional contra la reforma laboral, la CGT exigió al Gobierno la implementación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario y del sistema científico, y reclamó que el Presupuesto 2026 garantice los recursos votados por el Congreso.

En un nuevo gesto de confrontación con el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó la plena implementación de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre pasado, pero posteriormente suspendida por decisión del Poder Ejecutivo. El planteo se produce en un clima de conflictividad social y a pocas horas de la movilización convocada para este jueves contra la reforma laboral.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera exigió el cumplimiento de la ley 27.795 y advirtió sobre el impacto del ajuste fiscal en áreas estratégicas del desarrollo nacional. “Rechazamos el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología”, señaló la CGT, al tiempo que reclamó el retiro del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026, al que considera una amenaza directa para el sostenimiento del sistema universitario y científico.

El documento enfatiza que la reducción de partidas no se limita al ámbito universitario, sino que alcanza de manera crítica a la educación técnico-profesional y a los organismos de ciencia y tecnología. “La educación, la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales del país que defendemos”, sostuvo la central sindical, que volvió a asociar la inversión en conocimiento con la posibilidad de un crecimiento económico sustentable y con la justicia social.

En ese marco, la CGT también reclamó la aplicación plena de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que establece un sendero de incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 1% del Producto Bruto Interno en 2031. Según datos citados por la central, el actual nivel de inversión se encuentra en un piso histórico comparable al de 2002, tras un recorte acumulado cercano al 50% en apenas dos años.

La brecha entre lo estipulado por la normativa y la realidad presupuestaria es significativa. Mientras la ley prevé que en 2025 la inversión alcance al menos el 0,45% del PBI, hoy apenas ronda el 0,17%. Esta caída, advierten desde el sector, se traduce en el deterioro de los salarios de investigadores y docentes, la paralización de proyectos, el abandono de infraestructura y el debilitamiento de programas estratégicos, un escenario que replica las tensiones que atraviesa el sistema universitario nacional.

La protesta de este jueves contará, además, con la adhesión de los gremios docentes y nodocentes universitarios nucleados en la FEDUN y la FATUN, así como de organizaciones sindicales de la CTA, que confluirán en una movilización conjunta contra la reforma laboral y en defensa del financiamiento público para la educación y la ciencia.

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