La experiencia del Consejo de Mayo llega a su fin envuelta en tensiones, desconfianzas y un marcado desequilibrio institucional. Lo que el Gobierno había presentado como un espacio para articular consensos entre los actores centrales del sistema productivo —gobernadores, cámaras empresariales e industria— se disolvió antes de consolidarse como mesa tripartita. Las reiteradas filtraciones de los borradores sobre la reforma económica y laboral precipitaron la decisión presidencial: Javier Milei ordenó clausurar de manera definitiva el Consejo.

Según reveló el periodista David Cayol, la Casa Rosada había intentado blindar las discusiones mediante acuerdos de confidencialidad, exigencia resistida por una mayoría de los mandatarios provinciales. El Ejecutivo había logrado cierta adhesión en sectores del empresariado, pero los gobernadores rechazaron firmar cualquier compromiso que limitará su margen político. Las tensiones internas se tornaron inocultables y, para Milei, las filtraciones representaron una traición que justificó el cierre del ámbito.

Sin embargo, las causas de fondo exceden el enojo presidencial. La arquitectura jurídica de las reformas —incluida la laboral— no se diseñó en oficinas del Gobierno, sino en estudios privados vinculados directamente al empresario Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. La última versión de la Ley Bases ingresada al Congreso fue elaborada desde la terminal informática de uno de los abogados del propio industrial, un hecho que expone el peso decisivo del sector empresarial en la confección normativa.

En contraste, la representación sindical ocupó un asiento simbólico y acotado. Gerardo Martínez, enviado por la CGT, participó de las reuniones sin acceso real a los textos preliminares ni margen de incidencia en el contenido central de la reforma laboral. Aunque la Casa Rosada insiste en que el proyecto “no está escrito”, diversos borradores circulan hace semanas y sus lineamientos están prácticamente definidos. El virtual desplazamiento de las organizaciones de trabajadores de la discusión profundiza la crítica sindical: una reforma diseñada unilateralmente en clave empresarial.

Los gobernadores, mientras tanto, transitan su propio frente de conflicto: la disputa por los fondos de coparticipación. Esa tensión condiciona cualquier articulación futura con la Casa Rosada y plantea un escenario de imprevisibilidad política en la previa del debate legislativo. La disolución del Consejo plantea un interrogante crítico: ¿cómo reaccionarán las provincias en el Senado cuando deban posicionarse sobre una reforma que impacta directamente en las relaciones laborales y en la economía regional?

El borrador que analiza la CGT —aunque todavía sin confirmación oficial— incluye modificaciones sensibles: cambios en el régimen de indemnización, eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, desarticulación de mecanismos de actualización salarial, ampliación de la jornada laboral y otras reformas estructurales que la central obrera interpreta como un retroceso profundo en derechos adquiridos. La conducción sindical anticipó su rechazo y se prepara para un escenario de confrontación parlamentaria y callejera.

La última reunión del Consejo de Mayo pondrá fin a un experimento que nunca logró equilibrio ni representatividad plena. Con su cierre, el Gobierno enviará al Congreso un informe final que será transformado en proyecto de ley. A partir de entonces, el Parlamento se convertirá en el epicentro de un debate que ya divide al país: una reforma laboral impulsada desde el poder económico, resistida por el movimiento obrero y condicionada por la fragilidad política de los gobernadores.

El cierre anticipado del Consejo de Mayo desnuda una dinámica que tensiona la promesa de diálogo que el Gobierno intentó instalar. Mientras el empresariado influyó decisivamente en la redacción de las reformas, los sindicatos quedaron relegados y los gobernadores se movieron entre la desconfianza política y la disputa fiscal. Con el proyecto a punto de llegar al Congreso, el tablero se reconfigura: la reforma laboral dejará de ser una discusión reservada para convertirse en una pulseada abierta que pondrá a prueba alianzas, liderazgos y la capacidad real del oficialismo para articular mayorías. Lo que se define ahora no es solo un cambio normativo: es el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina durante las próximas décadas.

La proximidad del recambio de diputados y senadores activó una serie de movimientos en la CGT, que busca robustecer un bloque legislativo para enfrentar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. En esa estrategia, la conducción cegetista mantiene canales de diálogo con legisladores de origen sindical, gobernadores aliados y cámaras empresarias, con el objetivo de avanzar en una propuesta alternativa que contemple cambios graduales, integrales y compatibles con el nuevo escenario productivo.

En ese marco, comenzaron a circular versiones que indican que el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, ya acercó a la central obrera una serie de lineamientos trabajados en conjunto con mandatarios provinciales y representantes del sector privado. Fuentes de la CGT evitaron confirmar esos intercambios: “No vamos a discutir trascendidos”, señalaron, aunque reafirmaron su disposición a debatir reformas “siempre que sean progresivas y no impliquen resignar derechos”.

Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato cegetista, precisó que los gremios están “dispuestos a debatir y discutir cambios”, pero advirtió que el proceso debe darse “en el marco de un debate claro y de propuestas concretas y productivas” orientadas a promover empleo formal. La declaración surgió tras un encuentro en Azopardo con los diputados sindicales de Fuerza Patria —Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Hugo Yasky y Hugo Moyano (h.)— donde se definieron líneas de acción legislativa y se fortaleció la idea de una “postura en unidad”.

La CGT destacó que existe voluntad de construir alternativas que desmonten la narrativa oficial de “modernización laboral”, que según los gremios oculta un intento de desregulación profunda. Mientras el Gobierno promueve esquemas como “salarios dinámicos”, bancos de horas y ampliación de la jornada hasta 12 horas, desde las organizaciones sindicales alertan que ese modelo implica un retroceso histórico. “Es volver a la etapa del preperonismo, a la década infame”, sostuvo Yasky.

La central obrera trabaja en una propuesta que incorpore de manera realista los desafíos de la economía digital: plataformas, inteligencia artificial, robótica y nuevas modalidades de empleo. Diputados aliados como Siley y Yasky ya presentaron iniciativas vinculadas al teletrabajo, la reducción de la jornada y la regulación de trabajadores de plataformas. En esa misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy enfatizó el concepto de “transición justa”, que apunta a capacitar y reentrenar trabajadores para evitar que los cambios tecnológicos se traduzcan en exclusión.

El proyecto del massismo: cinco ejes para un cambio integral

Mientras se desarrolla la discusión en el plano gremial y legislativo, el Frente Renovador avanza en una propuesta laboral propia que busca diferenciarse tanto del proyecto oficial como de las iniciativas parciales presentadas en el Congreso.

La senadora bonaerense electa María Rosa Arata explicó que el espacio viene dialogando con gobernadores, pymes, cooperativas, cámaras empresarias y sindicatos. “Las propuestas no son parches aislados: construimos una mirada integral que incluye cambios tributarios, previsionales y laborales”, señaló. Y remarcó: “Una reforma responsable debe atender las realidades de quienes sostienen la economía cotidiana. La Argentina necesita oportunidades reales, no avances sobre derechos”.

El borrador massista se estructura en cinco ejes:

1. Empleo joven

Un programa integral que combine estímulos económicos para la primera inserción laboral, terminalidad educativa obligatoria y formación tecnológica de base.

2. Mujeres emprendedoras

Líneas de crédito blandas, refinanciación de deudas y acompañamiento económico durante la licencia por maternidad para fortalecer proyectos liderados por mujeres.

3. Pymes y competitividad

Régimen tributario diferencial que incluye la eliminación del impuesto a las ganancias sobre utilidades no distribuidas, incentivos a la formalización y facilidades para exportar.

4. Reinserción laboral de mayores de 45 años

Un plan orientado a sectores particularmente afectados por la apertura comercial, con capacitación específica y estímulos para su reincorporación.

5. Regulación del trabajo en plataformas

Un esquema que mejore ingresos, condiciones laborales y cobertura de riesgos para repartidores y trabajadores digitales, sin sacrificar la flexibilidad horaria que caracteriza al sector.

En una entrevista con la UOM provincial, su titular Martín Solazzo lanzó un panorama crítico: la industria metalúrgica registra pérdidas sostenidas, y ya se estiman cerca de 22.000 puestos de trabajo menos a nivel nacional. Solazzo advierte que la combinación de desindustrialización, transferencia de producción al exterior y una reforma laboral que reduciría derechos amenaza con profundizar una crisis social y productiva que golpea con particular fuerza a las familias trabajadoras.

El diagnóstico que presenta la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, a través de su secretario general Martín Solazzo, no es un lamento aislado sino la concreción local de tendencias que, según el gremio, vienen consolidándose a escala nacional: caída sostenida de la producción industrial, reconfiguración de cadenas productivas hacia la exportación con escasa generación de empleo local y una pérdida de derechos laborales que lejos de “aliviar costos” para las empresas, terminaría por precarizar el trabajo y aumentar la desocupación.

Solazzo parte de datos recientes —entre ellos la caída de 6,4% de la industria entre octubre del año pasado y octubre de este año — para ilustrar una regresión que ubica la actividad en niveles comparables a la peor fase de la pandemia de 2020. Pero detrás de esa cifra hay historias concretas: empresas que optan por transformar sus plantas en centros de acopio o ensamblaje reducidísimo, despidos que, aun cuando no siempre aparezcan en los grandes titulares, suman sangrados permanentes en los padrones locales y una cadena de efectos que amplifica la vulnerabilidad familiar. En San Juan, el sindicato estima la pérdida de cerca de 180–200 empleos en el último año sólo en el metalúrgico; extrapolado al territorio nacional, el número de 22.000 puestos fuera del sistema constituye una amenaza económica y social de escala.

La explicación que ofrece Solazzo conjuga factores coyunturales y estructurales. En la primera línea está la política económica reciente: tipos de cambio, costos logísticos, condiciones para la inversión y un régimen tributario que, según el dirigente, castiga la producción local más que incentiva la actividad. Paradójicamente, las empresas pueden aumentar rentabilidad a través de la exportación de bienes o de la deslocalización de etapas productivas; el resultado es una fábrica que factura pero contrata menos. “La rentabilidad de la empresa no cae, al contrario, crece —dice Solazzo—. Pero eso no se traduce en empleo.” En segundo lugar, la reforma laboral propuesta por el oficialismo aparece en la entrevista como un nuevo eje de preocupación: el sindicato la califica de “receta vieja” que busca reducir derechos (horas, vacaciones, garantías colectivas) en nombre de la competitividad, cuando la solución real para aliviar costos empresariales debería pasar por una revisión tributaria y por políticas públicas que protejan la producción nacional.

El dirigente distingue, además, entre lo que son reivindicaciones legítimas de modernización y la pérdida de derechos encubierta. Reconoce que existen aspectos “modernizables” vinculados a tecnología y procesos productivos, pero sostiene que cualquier cambio debe discutirse puertas adentro de cada convenio colectivo, con la participación plena de las organizaciones gremiales y sin imposiciones externas que individualicen la negociación y debiliten la protección colectiva. Esta postura subraya la tradicional lógica sindical: defender salarios, condiciones y estabilidad como pilares de la reproducción social y de la demanda interna.

En su relato se esboza otro elemento: la respuesta práctica del sindicato ante el cierre o el riesgo de cierre. Lejos de limitarse a la protesta, la UOM local afirma haberse involucrado en gestiones no tradicionales —interceder en licitaciones, asistir a empresas con asesoramiento para sostener la producción— porque entiende que la inacción significaría resignar fuentes laborales. Es una admisión de incapacidad estructural: el sindicato no puede sustituir políticas públicas; pero lo hace porque la urgencia social lo obliga.

El riesgo de escalada social aparece como una consecuencia plausible si no se revertieran tendencias: miles de familias sin ingreso y sin redes de contención, desempleo técnico que se profundiza y un mercado interno que se contrae. En este punto, Solazzo hace una lectura política exigente: respeta los resultados electorales que dieron lugar al actual gobierno pero rechaza la dirección de sus medidas, y reclama apertura y rectificación en materia económica y laboral para evitar un deterioro mayor.

La experiencia histórica, citada por el propio dirigente gremial, muestra que intentos de flexibilización laboral sin políticas compensatorias suelen terminar en mayor informalidad y desempleo: episodios de los años 90 y otras experiencias recientes dan argumentos a quienes sostienen una política de sostén industrial. El desafío hoy es complejo: Argentina necesita equilibrio entre costos empresariales competitivos, protección del empleo y estímulos a la inversión productiva dentro del país. Las herramientas disponibles —crédito productivo, reducción selectiva de cargas, incentivos a la exportación con condiciones de empleo local, regulaciones que promuevan encadenamientos productivos— requieren diseño y consenso social. Sin diálogo y sin medidas de corto plazo que amortigüen la pérdida de empleo, las advertencias sindicales adquieren carácter preventivo, no únicamente reivindicativo.

La entrevista con Martín Solazzo condensa la percepción de un sector que siente que la política económica actual está debilitando su capacidad de producir y sostener empleo. Entre cifras de caída de la actividad, pérdida de puestos y una reforma laboral potencialmente regresiva, el reclamo sindical es claro: cualquier cambio debe priorizar la protección de derechos, la negociación colectiva y políticas públicas que incentiven la producción en suelo argentino. La alternativa, advierten desde la UOM, es un proceso de desindustrialización que no sólo reduce la economía real sino que deja a miles de familias sin sustento —un coste social que, remarcan, el país no puede permitirse.