Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en San Juan dejarán su actual ubicación sobre calle Tucumán, antes de avenida Libertador, en el corazón de la ciudad, y serán reubicadas en otro punto de Capital. El cambio se enmarca en un proceso de reorganización de dependencias nacionales impulsado por el Gobierno nacional, cuyo objetivo central es reducir el elevado costo de los alquileres que paga el Estado.

La confirmación llegó de la mano del diputado nacional José Peluc, quien explicó que la sede central de ANSES en la provincia pasará a funcionar en el edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ubicado sobre calle Rivadavia. En ese mismo esquema, la Unidad de Atención Integral (UDAI), que actualmente atiende al público en Tucumán entre Libertador y San Luis, también será trasladada.

“ANSES se muda a calle Rivadavia, donde está el INV. En el caso de PAMI todavía no hay un espacio definido, pero la idea es avanzar siempre hacia inmuebles que pertenezcan a organismos nacionales y que estén disponibles”, señaló el legislador, al detallar los lineamientos generales del plan.

Por el momento, el traslado no tiene una fecha precisa. Peluc reconoció que se trata de un proceso complejo y gradual, que requiere evaluaciones técnicas y administrativas. “No es solo cambiar de lugar. Hay que analizar las condiciones edilicias, adaptar sistemas y programas informáticos, y eso lleva tiempo”, explicó. Dentro de este esquema, ANSES aparece como la dependencia con mayor grado de avance.

El ahorro económico es uno de los ejes centrales de la iniciativa. Según detalló el diputado, el Estado nacional desembolsa actualmente entre 6 y 7 millones de pesos mensuales en concepto de alquiler por las oficinas que ahora serán reubicadas, una cifra que se busca reducir de manera significativa mediante el uso de edificios propios.

Asimismo, se dispuso el cierre de la oficina Bicentenario de ANSES, ubicada en calle Catamarca entre Córdoba y Santa Fe, y el traslado de distintas dependencias de Vialidad Nacional y del PAMI, que también forman parte del esquema de optimización de espacios y recursos.

Con esta reconfiguración, el Gobierno busca avanzar en una administración más austera y eficiente de los recursos públicos en la provincia, concentrando oficinas en inmuebles estatales y reduciendo gastos fijos en alquileres. Aunque el proceso avanza de manera gradual y sin plazos definidos, el traslado de ANSES marca uno de los cambios más relevantes dentro de una estrategia que apunta a redefinir la presencia de organismos nacionales en San Juan.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno está próximo a retomar su tratamiento parlamentario. Mientras el oficialismo busca sumar apoyos, la CGT y varios gobernadores expresan fuertes reparos por el impacto sobre los derechos sindicales, el empleo y la recaudación provincial.

Con negociaciones abiertas en distintos frentes, el oficialismo intenta consolidar apoyos legislativos, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) y varios gobernadores advierten sobre artículos que consideran regresivos y fiscalmente perjudiciales.

Desde la difusión del proyecto, la central sindical dejó en claro su rechazo a múltiples apartados, en especial aquellos que afectan la actividad gremial y el ejercicio del derecho a huelga. Durante la masiva movilización del 18 de diciembre, los principales dirigentes sindicales sintetizaron su postura con un mensaje contundente:
“Este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados. Se limita la acción gremial, se amplía el poder disciplinario del empleador y se violenta la libertad sindical”.

Los artículos que generan mayor rechazo sindical

El núcleo del conflicto con la CGT se concentra en las modificaciones que restringen la protesta y la organización sindical. Entre los puntos más cuestionados figura la ampliación del listado de servicios considerados “esenciales”, que deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% durante medidas de fuerza. A esto se suma la categoría de “actividades de importancia trascendental”, obligadas a sostener el 50% de su actividad. Para los gremios, esta redefinición vacía de contenido el derecho a huelga.

Otro aspecto crítico es la limitación a las asambleas y congresos sindicales, que solo podrían realizarse con autorización previa y sin goce de haberes para los trabajadores que participen. Además, el proyecto habilita a los empleadores a retener las cuotas sindicales únicamente con conformidad expresa del trabajador, lo que la CGT interpreta como una intromisión directa en la vida interna de los sindicatos.

La central obrera también rechaza la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a renegociar acuerdos vencidos sin prórroga automática; la exclusión del aguinaldo y las vacaciones del cálculo indemnizatorio; y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desvía el 3% de los aportes patronales hacia un esquema de inversión privada en lugar de reforzar el sistema de seguridad social.

Gobernadores entre el apoyo condicionado y la alarma fiscal

En el plano político, La Libertad Avanza logró conformar la primera minoría en la Cámara de Diputados, pero necesita construir consensos con bloques provinciales. Allí aparece el rol clave de los gobernadores, cuyas posiciones oscilan entre el respaldo parcial y el rechazo abierto.

Desde una gobernación con diálogo fluido con la Casa Rosada admitieron que “algunos aspectos del proyecto de modernización laboral van en línea con lo que se necesita”, aunque aclararon que existen “distorsiones que deben corregirse para no perjudicar ni a los trabajadores ni al capital privado”.

En Santa Fe, el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que el país requiere una modernización que permita a las pymes sostener el empleo y avanzar en la formalización laboral. En Córdoba, en cambio, el gobernador Martín Llaryora optó por una postura más cautelosa: “Vamos tema por tema, sin apuro y sin condicionamientos”, deslizaron desde su entorno, descartando cualquier negociación atada a fondos discrecionales.

La posición más crítica emergió desde Catamarca. Si bien el gobernador Raúl Jalil reconoce que “algo hay que cambiar”, los legisladores provinciales elevaron un documento con duras objeciones al proyecto. Según advirtieron, la reforma genera un impacto fiscal negativo directo sobre las provincias al reducir aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.

“Lejos de promover un desarrollo equilibrado, el proyecto profundiza asimetrías regionales, debilita derechos laborales y compromete la sostenibilidad fiscal y social de la provincia”, afirmaron los legisladores catamarqueños, marcando una línea roja para el debate parlamentario.

El impacto tributario y el costo fiscal

La reforma laboral también incluye modificaciones impositivas, en particular en el impuesto a las Ganancias. Entre los cambios se destacan la reducción de alícuotas para empresas y la exención del tributo para alquileres destinados a vivienda.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas medidas asciende al 0,22% del PBI, equivalente a unos $1,9 billones a valores actuales. De ese total, $790.000 millones recaerían sobre el Estado nacional y $1,12 billones afectarían a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto no sería homogéneo: Buenos Aires perdería más de $238.000 millones, seguida por Santa Fe ($97.000 millones), Córdoba ($96.400 millones) y Chaco (más de $54.000 millones), lo que refuerza las resistencias provinciales.

La reforma laboral vuelve al centro de la escena con un escenario adverso para el oficialismo. El rechazo de la CGT, las advertencias de los gobernadores y el elevado costo fiscal configuran un debate complejo que excede la modernización del empleo. En juego están los derechos laborales, la capacidad de financiamiento de las provincias y el delicado equilibrio político que el Gobierno necesita sostener en el Congreso para avanzar con su agenda de reformas estructurales.

El seguro de desempleo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) volvió a quedar desactualizado frente a la dinámica del costo de vida. Para enero de 2026, el organismo fijó un tope máximo de $341.000 mensuales, un monto que no solo resulta insuficiente para sostener los gastos básicos de un hogar, sino que se ubica muy por debajo de los umbrales oficiales de indigencia y pobreza.

Aun considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentra atravesando un proceso de revisión metodológica en sus mediciones, los valores de referencia difundidos por organismos nacionales son contundentes. Las últimas estimaciones sitúan la línea de indigencia en torno a los $578.000, mientras que la línea de pobreza supera los $1.250.000 mensuales. En ese contexto, el ingreso máximo que percibe una persona desempleada cubre apenas una fracción de la canasta básica alimentaria y queda lejísimos de los gastos necesarios para vivienda, transporte, salud, educación y servicios esenciales.

La brecha se vuelve aún más evidente si se tiene en cuenta que los cálculos oficiales tienden a subestimar el peso real de algunos consumos mínimos, especialmente los vinculados al transporte, los servicios públicos y los costos asociados a la búsqueda de un nuevo empleo. De este modo, la prestación por desempleo, lejos de funcionar como un verdadero colchón social, termina empujando a los beneficiarios hacia situaciones de pobreza estructural o incluso de indigencia.

Un beneficio con requisitos estrictos

El acceso al seguro de desempleo no es automático ni universal. ANSeS exige que la desvinculación laboral se haya producido por despido sin causa, finalización de contrato o cierre de la actividad. Además, se trata exclusivamente de empleos registrados, con aportes previsionales efectivamente realizados.

Entre los requisitos centrales figura haber trabajado al menos seis meses dentro de los tres años previos al despido, aunque existen excepciones contempladas en los convenios colectivos para casos específicos, como el personal eventual o de temporada, así como regímenes particulares de actividades como la rural o la construcción.

El trámite puede realizarse de forma virtual o presencial y requiere la presentación de documentación que acredite identidad, historial laboral y causa de la desvinculación. Una vez iniciado, el expediente queda sujeto a evaluación por parte del organismo, que determina si corresponde o no el otorgamiento del beneficio.

Un alivio parcial en un mercado laboral adverso

La prestación por desempleo fue concebida como una ayuda transitoria destinada a paliar la pérdida de ingresos mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral. Sin embargo, en el actual contexto económico, marcado por la caída del empleo registrado, la precarización y la retracción de la actividad, ese objetivo aparece cada vez más desdibujado.

Con un monto que no alcanza siquiera para cubrir la alimentación básica, el beneficio se transforma en una asistencia meramente simbólica frente a la magnitud del problema. Para muchos trabajadores despedidos, el seguro de desempleo no evita la caída en la pobreza, sino que apenas atenúa, de manera insuficiente, el impacto inmediato de la pérdida del salario.

El tope de $341.000 que ANSeS paga por desempleo en enero de este año recién iniciado refleja el profundo desfasaje entre las políticas de asistencia y la realidad económica cotidiana. En un país donde los ingresos necesarios para no ser pobre superan largamente el millón de pesos, la prestación queda reducida a un paliativo mínimo que no garantiza condiciones dignas de subsistencia. La discusión de fondo ya no pasa solo por el acceso al beneficio, sino por su adecuación real al costo de vida y por el rol del Estado frente al aumento del desempleo y la fragilidad social.