La Universidad Nacional de San Juan y la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros acordaron avanzar en capacitaciones vinculadas con las necesidades de las empresas. La propuesta apunta a mejorar la inserción laboral de estudiantes y profesionales, desarrollar oficios especializados y ampliar la participación de proveedores sanjuaninos en la cadena de valor minera.

El entendimiento fue abordado durante una mesa de diálogo que reunió a autoridades universitarias, representantes de CAPRIMSA y referentes de la Federación Universitaria de San Juan. La discusión estuvo centrada en la formación de recursos humanos, el acceso de los jóvenes al empleo y las competencias técnicas que requerirá el crecimiento de la minería.

Desde la representación estudiantil, Gonzalo Leyes planteó la necesidad de generar herramientas que permitan reducir las dificultades que enfrentan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. La propuesta contempla, al mismo tiempo, acompañar las trayectorias universitarias para evitar que la necesidad de conseguir un empleo termine obstaculizando la finalización de las carreras.

Para CAPRIMSA, el desafío también pasa por mejorar la capacidad de respuesta de las empresas locales. Su presidente, Fernando Godoy, admitió que todavía existe una estructura insuficientemente integrada para absorber de manera eficiente a los profesionales y estudiantes que se forman en la provincia.

El representante gremial instó a priorizar sectores clave como la metalmecánica, junto con la certificación y formación de personal técnico, para responder a las exigencias operativas del sector minero.

“Tenemos que ver cómo articulamos todo lo que se puede trabajar en metalmecánica, certificaciones de operadores y soldadores en este ecosistema minero”, sostuvo Godoy.

Formación y proveedores locales

La iniciativa busca que la vinculación entre la universidad y las empresas no quede limitada a acuerdos institucionales, sino que se traduzca en capacitaciones y oportunidades laborales concretas. Para ello, las partes comenzaron a identificar necesidades de formación que puedan ser atendidas mediante herramientas académicas y técnicas disponibles en la provincia.

Godoy remarcó que las propuestas deben transformarse en hechos concretos. «Si cumplimos con el 60 % de las metas, seré el primero en festejar», aseguró sobre el respaldo de la cámara a las iniciativas viables

La apuesta tiene además una dimensión productiva: fortalecer el denominado compre local y ampliar la participación de empresas sanjuaninas en una cadena minera que demanda bienes, servicios y personal especializado.

La articulación entre CAPRIMSA y la UNSJ abre así una agenda que combina formación, inserción laboral y desarrollo de proveedores. El gran objetivo de San Juan es traducir la bonanza minera en capacidades locales reales, impulsando a estudiantes, profesionales y empresas hacia las demandas del futuro.

La normativa comenzará a regir el 5 de septiembre y ampliará el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal en los casos previstos. La Corte de Justicia de San Juan prepara una reglamentación provisoria para cubrir la transición hacia un modelo acusatorio que todavía requiere adecuaciones legislativas. A la falta de un procedimiento específico se suma otra dificultad: la provincia no dispone de un establecimiento destinado a alojar a menores privados de su libertad.

La nueva normativa comenzará a regir el sábado 5 de septiembre e incorporará a adolescentes de 14 y 15 años en los supuestos contemplados por la ley. Para acompañar ese cambio, la Justicia provincial prepara una reglamentación transitoria que permita resolver los primeros casos mientras avanza la elaboración de un procedimiento penal juvenil acorde con el modelo acusatorio.

El presidente del máximo tribunal sanjuanino, Daniel Olivares Yapur, explicó que el mecanismo actualmente vigente pertenece a un sistema inquisitivo mixto, en el cual el juez interviene directamente en la investigación. En cambio, el nuevo modelo adopta una estructura acusatoria que reparte de otra manera las tareas de los jueces y los fiscales.

La alternativa diseñada por el tribunal consiste en establecer reglas intermedias que permitan compatibilizar las nuevas disposiciones con las herramientas procesales disponibles en la provincia. Se trata de una solución provisoria, hasta tanto San Juan complete la adecuación normativa necesaria.

Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen es que la incorporación de adolescentes al sistema penal no equivale necesariamente a una condena de encierro. La legislación contempla medidas socioeducativas, mecanismos de resolución alternativa de conflictos y recursos vinculados con la justicia restaurativa.

La privación de libertad queda reservada para situaciones excepcionales. Olivares Yapur remarcó que “está prevista como último recurso”, una definición que adquiere particular relevancia frente a las dificultades materiales que enfrenta la provincia.

El interrogante aparece cuando un juez determine que una medida restrictiva de libertad resulta indispensable. San Juan no cuenta actualmente con un establecimiento específico para alojar a adolescentes en esas condiciones.

El Penal de Chimbas tampoco puede ser utilizado para ese fin. Según explicó el presidente de la Corte, la propia normativa establece que los menores deben permanecer en instalaciones diferenciadas de las destinadas a adultos.

“No va a ir al penal de Chimbas porque no pueden estar los menores. La propia ley establece específicamente que tiene que haber un lugar especial”, sostuvo.

La consulta sobre la existencia de una institución de esas características en la provincia tuvo una respuesta contundente: “En San Juan no lo hay”.

El cambio normativo obliga, por lo tanto, a resolver cuestiones que van más allá de la actuación de jueces y fiscales. La provincia deberá adecuar su procedimiento, definir los dispositivos para el cumplimiento de las medidas socioeducativas y disponer de infraestructura apropiada para aquellos casos en los que corresponda restringir la libertad.

Las tarifas de agua potable y saneamiento tendrán un nuevo aumento en San Juan a partir de septiembre. Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) dispuso una nueva actualización del 7% para todas las categorías y servicios, mediante la Decisión N° 0603 de su directorio.

Esta modificación toma como referencia los valores establecidos en mayo y fue fundamentada por el organismo en la evolución de los costos asociados a la prestación. Según OSSE, el ajuste apunta a sostener el equilibrio económico y financiero necesario para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios.

Para los jubilados, la tarifa individual de agua pasará de $9.762 a $10.445, mientras que el servicio de cloacas tendrá el mismo valor. Quienes cuenten con ambas prestaciones abonarán $19.108, frente a los $17.858 anteriores.

En la categoría estándar, el agua ascenderá de $19.521 a $20.887 y las cloacas tendrán idéntico importe. La prestación conjunta quedará en $38.247, contra los $35.745 vigentes hasta agosto.

Los usuarios de la categoría residencial diferencial también tendrán una actualización. El agua pasará de $13.665 a $14.621, al igual que las cloacas, mientras que la tarifa por ambos servicios será de $26.756, frente a los $25.006 anteriores.

La suba alcanzará asimismo a los usuarios industriales. El servicio de agua pasará de $24.007 a $25.688, mientras que las cloacas subirán de $23.839 a $25.508. Para quienes reciben ambas prestaciones, el importe combinado llegará a $46.689, desde los $43.635 actuales.