La Unión Tranviarios Automotor advirtió que, si para el cuarto día hábil de la próxima semana no se paga el 100% de los salarios y el aguinaldo, se paralizarán los servicios en todas las compañías que incumplan. Las cámaras empresarias alertan sobre un sistema al borde del colapso por tarifas intervenidas, subsidios insuficientes y caída de pasajeros.Un conflicto que vuelve a escalar y amenaza con paralizar el transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, endureció su posición y emitió un ultimátum directo al sector del transporte público: si antes del jueves próximo no está depositado el 100% de los sueldos y aguinaldos, habrá paro en cada empresa incumplidora, a nivel nacional.

La medida, comunicada formalmente por el gremio, rechaza cualquier esquema de pago fraccionado y cuestiona que los trabajadores sean «rehenes» de la disputa entre compañías y Gobierno por subsidios y tarifas.

Mientras tanto, las cámaras empresarias —especialmente en el AMBA— aseguran que el servicio está “en un punto de quiebre”. CETUBA, AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA alertaron esta semana sobre un “inminente colapso” y remarcaron que las tarifas cubren menos del 70% de los costos reales, incluso con los últimos ajustes. Los subsidios, aseguran, no alcanzan para sostener la operatividad ni para cumplir con las obligaciones salariales.

AMBA: empresas al límite y un caso emblemático que encendió todas las alarmas

El caso más visible de la crisis es el de la Línea 148, paralizada recientemente en el sur del Conurbano. La detención del servicio dejó a millones de pasajeros sin movilidad y a los choferes de la empresa El Nuevo Halcón sin cobrar sus sueldos.
La situación no es aislada: más de 40 empresas de la región no lograron completar los pagos, y ya anunciaron que los haberes de noviembre se cancelarán en dos tramos, mientras que el aguinaldo se abonará en seis cuotas.

“El sector ya no puede asumir más esfuerzos”, insisten las cámaras. Reclaman una adecuación urgente del marco tarifario y del sistema de subsidios, que consideran desactualizado frente a inflación, suba de insumos y caída de la demanda.

Además, advierten que entienden el ajuste fiscal, pero señalan que la reducción de subsidios sin un esquema alternativo deriva en un ajuste directo sobre salarios, frecuencia de servicios y condiciones de seguridad.

El interior tampoco resiste: FATAP pide “condiciones excepcionales” para cumplir salarios

La crisis no se limita al AMBA. La FATAP, que representa a empresas de Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, se sumó al conflicto al presentar una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

La entidad asegura que la eliminación de subsidios nacionales, la insuficiencia de aportes provinciales y tarifas sin sustento técnico han generado un deterioro profundo del sector:

cierres de empresas,

eliminación de servicios,

pérdida de fuentes laborales,

deterioro del capital

y proliferación de medios alternativos informales y riesgosos, como motos para transporte de pasajeros.

Para diciembre, FATAP advierte que es “materialmente imposible” pagar los salarios de noviembre y la segunda cuota del aguinaldo sin un esquema extraordinario, replicando el mismo cuadro crítico que atraviesa el AMBA.

Una disputa que expone la fragilidad estructural del sistema

El conflicto se tensó aún más tras las presentaciones ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Las empresas argumentan que la combinación de tarifas congeladas, subsidios demorados, inflación persistente y caída de pasajeros por la recesión destruyó la ecuación económica del sector.
La UTA, por su parte, sostiene una postura inamovible: el pago íntegro es “irrenunciable”.
Para el gremio, los problemas financieros de las compañías “no pueden trasladarse a quienes sostienen el servicio”.

En el fondo, la discusión vuelve a poner bajo la lupa la sostenibilidad del sistema de transporte público urbano: un entramado que combina tarifas subsidiadas, dependencia del financiamiento estatal, regulación fragmentada entre Nación y provincias, y demandas laborales que se intensifican en contextos de crisis.

En un encuentro calificado como “picante”, la CGT recibió a representantes de CGERA y CAME y acordó una hoja de ruta conjunta para enfrentar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso el 9 de diciembre. Con diagnósticos compartidos y preocupación por la caída del empleo y la falta de diálogo institucional, gremios y pymes anunciaron reuniones quincenales y el diseño de propuestas propias.

La sede de la CGT fue escenario de una reunión que, aunque inicialmente discreta, terminó mostrando el nacimiento de una alianza que pocos imaginaban en tiempos de polarización: gremios y empresarios pyme, sentados en la misma mesa, coordinando posiciones frente a un Gobierno que —según ambos sectores— avanza sin consulta sobre reformas estructurales.

El encuentro reunió a la conducción renovada de la central obrera —integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— con referentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Fue esta última la que, a último momento, confirmó su presencia y sumó un condimento inesperado a la discusión.

“Fue una reunión picante contra el Gobierno”, resumió uno de los presentes, graficando el clima de coincidencias críticas que atravesó toda la conversación, centrada en la inminente reforma laboral que el Ejecutivo presentará el 9 de diciembre.

Reuniones periódicas y una agenda común

Tras el encuentro, desde el entorno gremial anticiparon que el espacio llegó para quedarse:

“Nos vamos a juntar cada 15 días; este es el camino”.

La apuesta es construir una agenda conjunta que trascienda la mera oposición a las medidas del Gobierno. En la CGT aseguran que no quieren “solo mostrar críticas”, sino elaborar propuestas que contemplen las necesidades de trabajadores y empresas frente a un escenario económico restrictivo.

CGT: señal de alarma por la caída del empleo

Uno de los puntos centrales del análisis de la central obrera fue la destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses. Según plantearon los dirigentes, la coyuntura exige fortalecer el vínculo entre inversión productiva y empleo, un eje que consideran ausente en la estrategia del Gobierno.

“No hay tiempo que perder”, señalaron, subrayando que cualquier reforma laboral debería discutirse con las partes involucradas, y no definirse por decreto o sin participación real, como —advirtieron— está ocurriendo en el Consejo del Salario.

Las PyMEs ampliaron el diagnóstico: costos, presión fiscal y burocracia

Del lado empresario, CGERA y CAME reclamaron abordar con urgencia los temas que condicionan su competitividad: costos logísticos, presión impositiva, estabilidad monetaria, burocracia administrativa, tarifas energéticas y acceso al crédito.

Coincidieron en que, sin resolver esos nudos estructurales, cualquier reforma laboral tendrá un impacto marginal.

En particular, señalaron que la falta de diálogo oficial les preocupa tanto como a la CGT. Ejemplo de ello —afirmaron— es el funcionamiento del Consejo del Salario, donde el Gobierno define el salario mínimo por decreto desde diciembre de 2023.

“Propuestas propias”, no reactivas

El presidente de CGERA, Marcelo Fernández, calificó el encuentro como “muy positivo” y remarcó que la articulación gremio–pyme debe traducirse en iniciativas concretas:

“Es fundamental acercar propuestas al Congreso y al Gobierno elaboradas por quienes conocen la realidad productiva y laboral. No pueden legislar quienes desconocen lo que ocurre en las empresas y en los puestos de trabajo”.

Además, adelantó la creación de mesas de trabajo temáticas para ordenar esos proyectos.

La foto conjunta entre la CGT y las principales entidades pyme representa más que una coincidencia coyuntural. Implica la conformación de un frente socio-productivo que podría convertirse en un actor relevante a la hora de discutir la reforma laboral y otras políticas estructurales impulsadas por el Gobierno.

En un escenario de tensiones crecientes, gremios y pymes parecen haber encontrado un punto de encuentro claro: la defensa de la producción nacional, el empleo y la necesidad de políticas consensuadas. Si la articulación quincenal se sostiene, podría convertirse en una de las oposiciones más consistentes a las reformas libertarias.

La Federación de Sindicatos de la Carne (FESITCARA) acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial que supera el 8% para el período noviembre 2025–febrero 2026, junto con una suma fija mensual de $20.000 por presentismo. El aumento se aplicará de manera escalonada y se suma a las mejoras pactadas en los meses anteriores, en un contexto de fuerte tensión entre ingresos y precios.

El esquema escalonado quedó definido de la siguiente manera:

Noviembre: 2,5%

Diciembre: 2%

Enero: 1,8%

Febrero: 1,7%

A esto se suma la continuidad de la suma fija de $20.000 por presentismo, que se extenderá durante diciembre y enero.

Una suba que supera la pauta oficial

El dato político-económico más relevante del acuerdo es que el incremento del 8% se ubica muy por encima de la pauta oficial del 1% mensual, un límite que el Gobierno busca sostener en las paritarias para anclar expectativas y consolidar la desaceleración inflacionaria.

En ese contexto, el acuerdo de la carne se destaca como un caso donde la negociación sectorial se impone a la directriz oficial, apoyada en la presión del gremio y en la dinámica particular de una industria estratégicamente sensible para el mercado interno y las exportaciones.

Un sendero de ajustes consecutivos

Este entendimiento se suma a una serie de incrementos ya otorgados durante el segundo semestre. Entre julio y septiembre, los frigoríficos aplicaron subas del 1,9% mensual, mientras que en octubre se pactó un aumento del 1%, siempre acompañado por sumas fijas de $20.000.

La persistencia de estos ajustes evidencia que la recomposición salarial viene siendo gradual, fragmentada y muy por debajo del ritmo de los precios, pero representa un esfuerzo por evitar un mayor rezago en un sector donde los salarios de base quedaron extremadamente deteriorados