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Desde la CONADU Histórica recordaron que la vuelta a la presencialidad debe hacerse en un contexto de distanciamiento y seguridad, y recalcó que el año pasado los docentes hicieron un gran esfuerzo para sostener la actividad.

En la última reunión del Consejo Federal de Educación, los funcionarios del sector acordaron con los gremios de docentes de la educación superior la vacunación de los profesores, en el marco de un cronograma de prioridades. La medida busca garantizar el inicio del ciclo lectivo con cierto grado de presencialidad, como ocurre en el nivel inicial y medio. El tema fue discutido esta semana en el marco de la reunión virtual de la Comisión Nacional de Condiciones y Ambiente de Trabajo, con la participación de representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones de docentes.

En este contexto, la CONADU Histórica presentó una serie de reclamos, entre ellos el pedido de priorizar la salud de los trabajadores docentes y de la comunidad educativa en general y sus grupos familiares, así como el respeto a los derechos laborales. La delegación destacó “el trabajo docente a lo largo de los meses de pandemia en 2020, sosteniendo la educación superior de manera remota desde los hogares, haciéndose cargo de los gastos ocasionados por la virtualidad, sin apoyo de la patronal y con sobrecarga laboral”.

En este sentido, sostuvieron que “cualquier retorno a la presencialidad debe respetar, además de los procedimientos y protocolos acordados y aprobados por organismo competente, la convocatoria en todas las universidades nacionales a paritarias particulares y comisiones de condiciones y ambiente de trabajo que establece el convenio colectivo de trabajo”. El gremio universitario estuvo representado por la secretaria Adjunta Claudia Baigorria, la secretaria Gremial Francisca Staiti, el secretario de Niveles Preuniversitarios Sergio Zaninelli, el secretario de Organización Antonio Rosselló y Mónica Frías, en calidad de Asesora Experta en Higiene y Seguridad.

CONADU Histórica advirtió que el dictado de clases presenciales a grupos más reducidos de estudiantes para respetar el distanciamiento, aforos, así como la continuidad en simultáneo de actividades virtuales, demandará mayor cantidad de horas de trabajo”, destacó el gremio luego de la cumbre. Por ello, afirmó, reclamaron “la provisión necesaria de cargos, para cubrir incluso las suplencias que correspondan a docentes que se acojan a licencias y dispensas por pertenecer a grupos vulnerables, por tener hijos o mayores a cargo de cuidados o por violencia de género”. “Es condición imprescindible que se respeten las cargas horarias y las responsabilidades de cada categoría y dedicación para no repetir situaciones de precarización como muchas suscitadas en 2020”, concluyó.

Del mismo modo, se exigió que se garanticen condiciones seguras edilicias y de infraestructura, provisión de elementos de bioseguridad y la pronta vacunación de la docencia de todos los niveles, en particular del nivel preuniversitario que son quienes comienzan antes las actividades académicas. Enfatizaron en la necesidad de “incorporar al Covid-19 como ‘enfermedad profesional’ al listado de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, de modo que sean las ART quienes se hagan cargo de afrontar los gastos ante cualquier caso de contagio, y no las obras sociales universitarias.

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El Gobierno mueve piezas en Trabajo y los gremios aguardan señales

La Secretaría de Trabajo volvió a modificar su segunda línea en un momento especialmente sensible de la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Claudia Testa presentó su renuncia a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y Mariano Sartoris fue designado para ocupar su lugar, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del área conducida por Julio Cordero.

Testa había llegado al Gobierno a fines de 2024, después de desarrollar parte de su trayectoria en el ámbito laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Su designación fue formalizada mediante el Decreto 31/2025, con vigencia desde el 10 de diciembre de 2024. Durante su gestión intervino en negociaciones colectivas, mediaciones y conflictos entre empresas y organizaciones sindicales.

La salida se produjo mediante una renuncia indeclinable. Desde el Gobierno fue presentada como parte de un proceso de reestructuración interna, mientras que otras versiones periodísticas consignaron diferencias y motivos personales como parte de las explicaciones que circularon alrededor de la decisión. No existe, hasta el momento, una explicación oficial que permita atribuir el alejamiento a una disputa específica.

El reemplazante introduce un dato político-administrativo relevante. Mariano Sartoris, abogado y hasta ahora subsecretario Legal de Capital Humano, es identificado como un funcionario de confianza de la ministra Sandra Pettovello. También había tenido funciones dentro de la propia estructura laboral antes de pasar al área jurídica de Capital Humano.

La Subsecretaría ocupa un lugar central en la relación cotidiana del Estado con el mundo del trabajo: participa en paritarias, conflictos colectivos, mediaciones y vínculos entre sindicatos y empresas. Por eso, el reemplazo no se limita a un movimiento administrativo. Para las organizaciones gremiales, la principal incógnita será conocer qué perfil tendrá Sartoris en la interlocución con dirigentes y qué grado de continuidad tendrán los canales construidos durante la gestión anterior.

El cambio también vuelve a poner de relieve la alta rotación de funcionarios en la segunda línea de Trabajo durante la gestión de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, seis nombres ocuparon esa posición: Liliana Archimbal, Mariana Hortal Sueldo, Horacio Pitrau, Martín Huidobro, Claudia Testa y ahora Sartoris. La sucesión contrasta con la permanencia de Julio Cordero, quien continúa al frente de la Secretaría.

Testa, además, había mantenido actividad hasta los últimos días de su gestión. El 29 de septiembre, encabezó una audiencia con trabajadores despedidos de Flybondi que buscaban la mediación del Estado por salarios e indemnizaciones pendientes. La proximidad entre esa intervención y su salida contribuyó a que el relevo generara atención entre los actores que mantienen negociaciones habituales con el organismo.

El recambio se produce mientras el Gobierno y la CGT mantienen diferencias en torno a las políticas laborales y al alcance de las reformas impulsadas por la administración nacional. En ese marco, cualquier modificación en el equipo que interviene directamente en las relaciones colectivas es seguida de cerca por los sindicatos, especialmente ante las discusiones pendientes sobre convenios, salarios, representación y legislación laboral.

Las versiones que vinculan la salida de Testa con una eventual ofensiva contra las organizaciones sindicales no fueron confirmadas oficialmente y, por ahora, forman parte de interpretaciones políticas sobre el cambio. Lo verificable es que el Gobierno colocó en una posición clave a un funcionario proveniente del núcleo de Capital Humano y cercano a Pettovello, mientras mantiene a Cordero al frente de esa cartera.

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Alarma en el comercio de San Juan por cierre de locales y preocupación por los puestos de trabajo

La crisis comercial en San Juan provoca nuevos cierres y afecta el empleo, según advirtió el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) tras las bajas de la sucursal de Vea en Villa Krause, el mayorista Cabral y el inminente cierre de Niko Calzados

El caso de Vea involucra directamente a 12 trabajadores. Según explicó la secretaria general del SEC, Mirna Moral, los empleados fueron notificados del cierre aproximadamente 15 días antes de concretarse y comenzaron a recibir propuestas de desvinculación. Algunos analizan aceptar los acuerdos ofrecidos, mientras otros evalúan alternativas vinculadas con la continuidad laboral, la cobertura de salud y el acceso al seguro de desempleo.

La situación del mayorista Cabral suma otros 18 puestos de empleo. El local de calle Nuche dejó de funcionar el 4 de octubre y, según la información transmitida por el gremio, la decisión estaría relacionada con la necesidad de reducir costos y achicar la estructura de la empresa.

Entre los factores determinantes se encuentran los costos operativos del establecimiento, destacando un alquiler mensual aproximado de $14 millones, además de la planilla salarial y los servicios públicos. Al respecto, voceros de la firma indicaron que se estudia la reubicación de una parte de la plantilla en el futuro local de Rawson, el cual se encuentra en fase de construcción.

Asimismo, trascendió que Niko Calzados planea clausurar una de sus sedes en la peatonal sanjuanina, una decisión que ya habría sido informada a sus dependientes. Ante esto, el SEC anunció que intervendrá para revisar las propuestas de la empresa y gestionar posibles traslados.

El impacto laboral de los cierres todavía no puede traducirse íntegramente en despidos efectivos, ya que en algunos casos continúan las negociaciones y existe la posibilidad de trasladar trabajadores a otros establecimientos. Sin embargo, los tres episodios comprometen más de 30 puestos de trabajo y vuelven a instalar la preocupación por la capacidad del comercio para sostener sus estructuras.

Moral vinculó esta sucesión de cierres con el deterioro del poder de compra y el aumento de los costos que deben afrontar las empresas. “Estamos pasando épocas bastante malas, de crisis grande, donde ni siquiera los supermercados se están salvando”, sostuvo la dirigente mercantil.

El problema excede la pérdida inmediata de un empleo. Para los trabajadores, una desvinculación implica afrontar alquileres, servicios, deudas y gastos familiares con ingresos que ya vienen condicionados por la evolución de los precios. La eventual pérdida de cobertura médica y el tiempo necesario para conseguir una nueva ocupación agregan presión sobre los hogares.

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El empleo formal en la construcción cayó en julio y quedó muy por debajo del promedio

El empleo registrado en la construcción cayó 1,1% en solo un mes y quedó en 352.511 trabajadores, según el IERIC. Son casi 4.000 puestos menos que un mes antes y un 11,5% por debajo del promedio histórico para ese período.

La ocupación formal en la industria de la construcción volvió a retroceder en julio. Según el último informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el mes cerró con 352.511 trabajadores registrados, 1,1% menos que en junio.

La variación representa la pérdida de casi 4.000 puestos de trabajo en apenas 30 días y profundiza la distancia respecto de los niveles habituales para esta época del año. El volumen de ocupación quedó 11,5% por debajo del promedio histórico de julio, calculado por el IERIC a partir de los registros correspondientes al período 2011-2025.

La referencia histórica para ese mes alcanza los 398.380 trabajadores formales, de modo que la cantidad actual se encuentra a más de 45.000 puestos de ese nivel medio. El indicador refleja una contracción que excede las fluctuaciones propias de un mes y mantiene al empleo de la construcción por debajo de sus registros habituales.

El retroceso se produce sobre una base laboral que ya había sufrido una fuerte reducción durante los últimos períodos. La evolución del empleo formal constituye uno de los principales indicadores para medir el ritmo de las obras privadas y públicas, dado que la construcción tiene una elevada sensibilidad frente a la inversión y al nivel de actividad económica.

Aun con los números negativos de julio, el IERIC identificó señales tempranas de una posible recuperación en los meses siguientes. Los indicadores preliminares relevados por el instituto anticipan una leve mejora de la ocupación, aunque todavía no permiten establecer si se trata del inicio de una recuperación sostenida.

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