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Desde la CONADU Histórica recordaron que la vuelta a la presencialidad debe hacerse en un contexto de distanciamiento y seguridad, y recalcó que el año pasado los docentes hicieron un gran esfuerzo para sostener la actividad.

En la última reunión del Consejo Federal de Educación, los funcionarios del sector acordaron con los gremios de docentes de la educación superior la vacunación de los profesores, en el marco de un cronograma de prioridades. La medida busca garantizar el inicio del ciclo lectivo con cierto grado de presencialidad, como ocurre en el nivel inicial y medio. El tema fue discutido esta semana en el marco de la reunión virtual de la Comisión Nacional de Condiciones y Ambiente de Trabajo, con la participación de representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones de docentes.

En este contexto, la CONADU Histórica presentó una serie de reclamos, entre ellos el pedido de priorizar la salud de los trabajadores docentes y de la comunidad educativa en general y sus grupos familiares, así como el respeto a los derechos laborales. La delegación destacó “el trabajo docente a lo largo de los meses de pandemia en 2020, sosteniendo la educación superior de manera remota desde los hogares, haciéndose cargo de los gastos ocasionados por la virtualidad, sin apoyo de la patronal y con sobrecarga laboral”.

En este sentido, sostuvieron que “cualquier retorno a la presencialidad debe respetar, además de los procedimientos y protocolos acordados y aprobados por organismo competente, la convocatoria en todas las universidades nacionales a paritarias particulares y comisiones de condiciones y ambiente de trabajo que establece el convenio colectivo de trabajo”. El gremio universitario estuvo representado por la secretaria Adjunta Claudia Baigorria, la secretaria Gremial Francisca Staiti, el secretario de Niveles Preuniversitarios Sergio Zaninelli, el secretario de Organización Antonio Rosselló y Mónica Frías, en calidad de Asesora Experta en Higiene y Seguridad.

CONADU Histórica advirtió que el dictado de clases presenciales a grupos más reducidos de estudiantes para respetar el distanciamiento, aforos, así como la continuidad en simultáneo de actividades virtuales, demandará mayor cantidad de horas de trabajo”, destacó el gremio luego de la cumbre. Por ello, afirmó, reclamaron “la provisión necesaria de cargos, para cubrir incluso las suplencias que correspondan a docentes que se acojan a licencias y dispensas por pertenecer a grupos vulnerables, por tener hijos o mayores a cargo de cuidados o por violencia de género”. “Es condición imprescindible que se respeten las cargas horarias y las responsabilidades de cada categoría y dedicación para no repetir situaciones de precarización como muchas suscitadas en 2020”, concluyó.

Del mismo modo, se exigió que se garanticen condiciones seguras edilicias y de infraestructura, provisión de elementos de bioseguridad y la pronta vacunación de la docencia de todos los niveles, en particular del nivel preuniversitario que son quienes comienzan antes las actividades académicas. Enfatizaron en la necesidad de “incorporar al Covid-19 como ‘enfermedad profesional’ al listado de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, de modo que sean las ART quienes se hagan cargo de afrontar los gastos ante cualquier caso de contagio, y no las obras sociales universitarias.

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San Juan reabre la paritaria docente con el cierre salarial del año en discusión

El Gobierno de San Juan volverá a negociar los salarios docentes el próximo lunes, cuando reciba a los representantes de UDAP, UDA y AMET para discutir una actualización de los haberes de cara al cierre de 2026. La convocatoria se produce después de que se completara en octubre el último incremento previsto en el acuerdo firmado en julio.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó la reapertura del diálogo y anticipó que el Ejecutivo escuchará los planteos sindicales antes de definir los próximos pasos. Según explicó, el vínculo con las organizaciones se mantiene también mediante las mesas de trabajo pedagógicas, aunque la cuestión salarial concentrará ahora la atención de las partes.

La reunión fue anunciada para las 14 en la sede de la cartera educativa, aunque otra información difundida sobre la convocatoria consignó las 12. El horario deberá ser confirmado oficialmente.

El último entendimiento había establecido una actualización escalonada del salario neto mínimo garantizado por cargo: $882.573,78 en julio, $909.050,99 en agosto, $916.504,73 en septiembre y $943.999,87 en octubre. En ese mismo mes, el básico de un maestro de grado alcanzó los $516.529,05.

Durante el primer semestre, los acuerdos de marzo y abril habían incorporado un piso inicial de $150.000, sumas fijas y modificaciones en el nomenclador y la bonificación por radio.

También se había establecido una cláusula de actualización vinculada con la inflación y la recaudación, que permitió acumular una mejora del 23,68% hasta junio.

La reapertura de noviembre responde, además, a un compromiso asentado en las actas anteriores. Con el último tramo ya cumplido, los sindicatos buscarán discutir una recomposición que permita preservar el poder adquisitivo de los salarios durante los meses finales del año.

En simultaneo, el Gobierno confirmó la reactivación del concurso de ascenso para cargos directivos y de supervisión, una convocatoria que no se concreta desde 2016. Educación estima que más de 6.000 docentes podrían participar del proceso, que incluirá formación específica en gestión, normativa y liderazgo, además de la presentación y defensa de un proyecto institucional.

La coincidencia de ambos anuncios abre dos frentes clave para los docentes de la provincia: la negociación de los sueldos y la reactivación de los ascensos por concurso, frenados por diez años. Sin embargo, la urgencia está en la mesa paritaria, donde revisar el pacto de julio es indispensable para fijar el aumento del último tramo del año.

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La CGT busca entrar en la unidad peronista, pero sus vínculos con Milei generan resistencias

La participación de la CGT en la reorganización del peronismo comenzó a convertirse en un punto de fricción dentro del armado que busca reunir a sus principales referentes de cara a las elecciones de 2027. Mientras las bases sindicales y los movimientos sociales reclaman incorporarse a las conversaciones, la conducción de la central obrera enfrenta cuestionamientos por sus vínculos y negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.

La mesa política peronista ya tuvo dos encuentros de relevancia: el primero, el 11 de agosto en el Hotel Emperador, y el segundo, el 23 de octubre en la Casa de La Pampa. De las reuniones participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto con gobernadores, legisladores y referentes del peronismo federal. La agenda incluyó la discusión sobre las PASO, el Presupuesto 2027 y la búsqueda de coincidencias parlamentarias.

La ausencia de representantes de la CGT generó malestar en la conducción sindical. El reclamo fue abordado en una reunión celebrada en el Sindicato del Seguro, con la participación de los integrantes del triunvirato y dirigentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Sin embargo, la discusión excede la integración formal de la central obrera. Según consignó el medio que publicó originalmente la información, dentro del peronismo consideran que los acuerdos alcanzados por algunos dirigentes sindicales con funcionarios libertarios condicionan su incorporación a una construcción política que busca confrontar electoralmente con Milei.

Los acuerdos con la Casa Rosada, bajo cuestionamiento

Uno de los principales focos de las críticas apunta a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, por su interlocución frecuente con Karina Milei. Referentes peronistas cuestionan que ese vínculo no haya conseguido respuestas suficientes frente a la fuerte pérdida de puestos de trabajo en la construcción desde el inicio de la actual gestión nacional.

También aparecen objeciones sobre el posicionamiento de Lingeri ante la privatización de AySA y sus relaciones con empresarios vinculados al negocio del agua. Se trata de señalamientos formulados por dirigentes y fuentes empresariales citadas en la publicación original, no de conclusiones acreditadas sobre responsabilidades individuales.

En este debate se inscribe también el nexo entre el Ejecutivo y las obras sociales sindicales. La cartera de Salud, a cargo de Mario Lugones, mantiene canales de negociación con los representantes gremiales respecto de la sustentabilidad financiera y operativa de dichas instituciones. Quienes cuestionan a la cúpula de la CGT sostienen que la permanencia de estos espacios de diálogo obstaculiza la construcción de una estrategia política compartida con las facciones más críticas del oficialismo.

Una disputa por la representación del movimiento obrero

Con el fin de incidir en el debate, las organizaciones sociales buscan el respaldo de las autoridades de las bancadas peronistas en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez, para impulsar un frente común con sectores trabajadores y populares.

La discusión remite al lugar histórico del sindicalismo dentro del peronismo. La CGT reclama ser reconocida como una representación central del movimiento, pero su conducción debe afrontar cuestionamientos internos y externos por el alcance de su diálogo con la administración libertaria.

El reordenamiento partidario hacia 2027 plantea una discusión que supera el reparto de cargos y candidaturas. Lo que realmente está en juego es el lugar que ocupará el movimiento obrero, el margen de independencia que mantendrá respecto al Gobierno y su poder de veto o propuesta en el programa político. La viabilidad de incorporar a la CGT quedará supeditada a la resolución de la contradicción existente entre las demandas de representatividad sindical y los compromisos previos de su conducción con el Poder Ejecutivo.

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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata

La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.

La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.

Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.

Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.

Una operación pendiente de aprobación

Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.

Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.

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