El Colegio Médico de San Juan anunció el cierre total del Sanatorio CIMyN debido a la falta de pagos y atrasos por parte de la Obra Social Provincia, que supera los $1.200 millones. La medida afecta a más de 130 empleados que están en riesgo de perder su trabajo.

La crisis en el CIMyN es el resultado de una deuda millonaria con la Obra Social Provincia (OSP) que supera los $1.200 millones. Según el Colegio Médico, la OSP paga las prestaciones un 30% por debajo de lo que deberían, lo que hace inviable la continuidad económica del establecimiento. El presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Bordes, señaló que la situación es crítica y que la salud privada está a punto de colapsar.

«Antes había un aporte nacional que era el FESCAS, que pagaba el 30% del sueldo de los empleados. Con la llegada de este Gobierno Nacional, esto desapareció y en ese mismo momento se aumentó un 50% el sueldo del personal de salud. Eso quedó, pero no se compensó nunca ese porcentaje que se estaba pagando por debajo», expresó Bordes.

Sin embargo, el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, aseguró que la responsabilidad del cierre no es de la obra social, sino de un mal manejo de los propietarios del CIMyN. Fasoli destacó que la OSP es uno de los principales pagadores de la provincia y que sus valores prestacionales no son tan bajos como para generar pérdidas.

«Ellos han manifestado que no pueden manejarlo administrativamente. Necesita pasos de corrección y ajuste, porque con los mismos valores prestacionales otras instituciones no están en crisis e incluso algunas crecen formando más camas y prestando más servicios. El motivo por el que no ocurre en el CIMyN tiene que ver con muchas cosas, pero no con la OSP», contestó Fasoli.

La voz de los trabajadores:

Los empleados del CIMyN se manifestaron frente a la Subsecretaría de Trabajo para solicitar la intervención del Estado y lograr la conciliación obligatoria. Mariana Bravo, delegada de los trabajadores, expresó que la situación es crítica y que el personal está muy preocupado por su futuro laboral.

«Hemos sido recibidos y se declaró la conciliación obligatoria. Eso es lo que conseguimos hasta ahora», señaló Bravo. «Actualmente, 136 empleados en relación de dependencia atraviesan una situación crítica: en abril sólo cobraron el 50% de sus haberes. Lo de los vouchers fue en otra ocasión. Ahora lo que estamos tratando de conseguir es que se nos pague el otro 50%», aclaró.

El cierre del CIMyN tendrá un impacto significativo en la comunidad de San Juan, ya que es un centro de salud de alta complejidad que atiende a una gran cantidad de pacientes. La pérdida de empleos y la falta de atención médica especializada serán algunos de los efectos más graves de esta crisis.

En un golpe directo a las políticas de ajuste y persecución, el Juzgado Nacional del Trabajo N°6 dictaminó que los despidos masivos en ANSES fueron discriminatorios y antisindicales. Esta decisión judicial es un triunfo para los trabajadores y un llamado a la unidad para resistir las embestidas del poder.

El magistrado a cargo sentenció que «no existen dudas de que el accionar de la ANSES resultó discriminatorio y violatorio de los derechos de libertad sindical». La resolución judicial no deja lugar a interpretaciones ambiguas: los despidos no fueron el resultado de una supuesta reestructuración técnica, sino la ejecución de una estrategia política perversa destinada a amedrentar y perseguir a la legítima organización de los trabajadores.

La contundencia del fallo es innegable. El 84,6% de las personas injustamente despedidas ostentaban su legítima afiliación al SECASFPI, dejando al descubierto una operación planificada para asfixiar financieramente al gremio y socavar su capacidad de defensa de los derechos de las y los trabajadores.

El secretario general del SECASFPI, Carlos Ortega, afirmó que «celebramos este fallo que confirma nuestra denuncia de persecución ideológica y antisindical». La lucha sindical ha sido fundamental para defender los derechos de los trabajadores y resistir las embestidas del poder.

Jaime Barcelona, representante de Adicus, expresó su preocupación por el congelamiento de las negociaciones salariales en el ámbito universitario. Denunció que el gobierno impone aumentos del 1% sin discusión y anunció nuevas medidas de fuerza para el 14, 19 y 20 de mayo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, referente de Adicus, confirmó que el conflicto docente en el ámbito universitario continúa profundizándose. Sin respuestas por parte del gobierno nacional, el gremio resolvió convocar a una jornada de lucha el 14 de mayo y un paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 de mayo, con suspensión total de actividades.

“La administración de Javier Milei sigue sin convocar a paritarias y pretende imponer aumentos del 1,3% y luego del 1%, sin ningún tipo de discusión. Por eso la única salida que nos dejan es la protesta organizada”, explicó Barcelona.

Retraso salarial histórico

El dirigente denunció una pérdida salarial significativa desde el inicio de la actual gestión. “En lo que va del gobierno nacional, la inflación superó el 200%, mientras que los aumentos salariales en el sector apenas alcanzaron el 120%. Es decir, los docentes universitarios perdimos más del 70% de nuestro poder adquisitivo”, sostuvo con preocupación.

Barcelona también se refirió a los trascendidos sobre la decisión oficial de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1%: “Es muy grave. Esto es parte de un ajuste profundo. La plata no alcanza, y en lugar de buscar consensos, profundizan la desigualdad con bonos y aumentos en negro. Eso no es salario real”.

El enojo crece entre los docentes, y la situación genera un clima de tensión en las universidades de todo el país. Desde Adicus, instan a mantener la unidad y continuar con las medidas para visibilizar la problemática. “Si no hay respuestas, no habrá clases. Es así de simple. Esta lucha no es sólo por salario, es por el futuro de la universidad pública”, concluyó Barcelona.