La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones puso en marcha una batería de medidas que incluye trabajo a reglamento, movilización y un paro general de 48 horas. Reclama reapertura de paritarias y una compensación salarial ante la caída del poder adquisitivo.

El conflicto en el Correo Argentino ingresó en una etapa de mayor intensidad tras la decisión de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) de profundizar su plan de lucha. Con una estrategia escalonada que combina medidas progresivas y una escalada en aumento, el sindicato busca forzar una respuesta frente al deterioro salarial que, según denuncia, atraviesan los trabajadores del sector.

La resolución fue adoptada por el Secretariado Nacional de la organización, con respaldo unánime del LXXV Congreso Nacional Ordinario realizado en Santa Fe. Allí no solo se ratificó la conducción gremial, sino que también se delineó un esquema de acción que anticipa una disputa prolongada si no se reactivan las negociaciones.

El cronograma comenzó con el establecimiento del estado de alerta y la implementación de trabajo a reglamento desde el 27 de abril, una modalidad que implica el cumplimiento estricto de las tareas según normativa, con el consiguiente impacto en la operatoria cotidiana del servicio. La hoja de ruta continuará con una movilización prevista para el 30 de abril, en articulación con la CGT, y alcanzará su punto más crítico con un paro general de 48 horas los días 4 y 5 de mayo, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Tras esa instancia, el sindicato prevé retomar el trabajo a reglamento entre el 6 y el 8 de mayo, en una secuencia que busca sostener la presión de manera continua y visible. El diseño de las medidas responde a una lógica de acumulación progresiva, donde cada acción amplifica el impacto de la anterior y refuerza la capacidad de negociación del gremio.

En el núcleo del conflicto se encuentra la discusión salarial. FOECYT exige la reapertura urgente de paritarias, al considerar que las negociaciones permanecen estancadas mientras los ingresos pierden capacidad de compra. Como parte de su planteo, el sindicato reclama el pago de un bono extraordinario de $840.000, distribuido en cuatro cuotas, con el objetivo de compensar la pérdida acumulada en los haberes.

La organización también cuestiona la adopción de decisiones unilaterales por parte de la empresa en materia de remuneraciones y sostiene que cualquier recomposición debe canalizarse a través de instancias formales de negociación colectiva. Este punto se ha convertido en uno de los ejes centrales de la disputa, al tensionar los márgenes de diálogo entre las partes.

Desde la conducción encabezada por Alberto Cejas se ratificó que el plan de lucha no se detendrá en las medidas ya anunciadas. Por el contrario, se advirtió que podrían intensificarse en las próximas semanas si no se registran avances concretos. El escenario, en consecuencia, permanece abierto: la empresa sostiene limitaciones para dar respuesta a los reclamos, mientras el gremio profundiza su estrategia de presión.

La disputa adquiere relevancia adicional por el rol del Correo Argentino como servicio clave en la logística y las comunicaciones, lo que amplifica el impacto de cualquier interrupción en su funcionamiento. En este contexto, el conflicto trasciende el ámbito estrictamente laboral y se proyecta sobre la dinámica cotidiana de usuarios y actividades económicas vinculadas.

El Poder Judicial de San Juan dio un paso decisivo en su proceso de modernización al anunciar la implementación de un sistema de notificaciones digitales destinado a ciudadanos que deban comparecer ante los tribunales. La iniciativa, impulsada de manera conjunta con el Gobierno provincial, introduce un cambio sustancial en la dinámica de comunicación judicial y abre la puerta a una transformación estructural en la gestión de los procesos.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que el proyecto comenzará con una fase piloto que permitirá evaluar su funcionamiento antes de su aplicación plena. El desarrollo de la herramienta es el resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Orden Público, la Jefatura de Policía, el Ministerio de Economía —a través de la Dirección Provincial de Informática— y el área de Gobierno Digital.

El impacto económico aparece como uno de los argumentos centrales de la iniciativa. Actualmente, el sistema judicial emite alrededor de 90 mil notificaciones anuales bajo formatos tradicionales, lo que implica un despliegue logístico significativo. Según estimaciones oficiales, este mecanismo demanda un gasto superior a los 1.500 millones de pesos por año, cifra que podría reducirse de manera considerable con la adopción de un esquema digital.

Más allá del ahorro, el cambio apunta a resolver ineficiencias propias del modelo vigente. En la actualidad, las notificaciones se canalizan a través de distintos circuitos según el fuero, lo que deriva en un funcionamiento fragmentado. En materia penal, por ejemplo, intervienen oficinas judiciales en coordinación con la Policía, mientras que en otros ámbitos pueden participar abogados u otros actores, generando heterogeneidad en los procedimientos.

La incorporación de una plataforma digital —que tendría como eje el sistema de Ciudadano Digital del Gobierno provincial— permitirá unificar criterios y simplificar los procesos. Este nuevo esquema no solo agilizaría los tiempos de comunicación, sino que también reduciría la dependencia de intermediarios y minimizaría las fallas asociadas a la notificación presencial, como la imposibilidad de ubicar al destinatario.

En esa línea, uno de los cambios más relevantes es la eventual desvinculación de la Policía de estas tareas, lo que implicaría una reasignación más eficiente de recursos humanos y operativos. La modificación no es menor: actualmente, una parte significativa de las notificaciones requiere intervención policial, lo que incrementa costos y dilata los plazos.

El proceso de implementación será gradual. En una primera etapa, el sistema digital convivirá con los mecanismos tradicionales, con el objetivo de garantizar la transición sin afectar la validez de los actos procesales. “La meta es avanzar hacia una digitalización plena, pero inicialmente se trabajará con ambos formatos”, explicó Olivares Yapur.

El titular de la Corte también destacó que ya se realizaron pruebas preliminares con resultados alentadores, lo que refuerza la viabilidad del proyecto. No obstante, la puesta en marcha definitiva requerirá la adecuación de marcos normativos que respalden jurídicamente el nuevo esquema.

Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía formalizaron la creación del Consejo Metropolitano por la Niñez y la Adolescencia, con participación de UNICEF y la Defensoría Nacional. La iniciativa busca articular políticas, producir diagnósticos precisos y desplegar estrategias coordinadas para intervenir antes de que los conflictos se agraven.

El Gran San Juan dio un paso institucional importante al formalizar un esquema de cooperación entre sus cinco municipios con el objetivo de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes. La firma del Acta Constitutiva del Consejo Metropolitano por la Niñez y la Adolescencia no solo establece un ámbito de coordinación política y técnica, sino que también inaugura una lógica de gestión que trasciende fronteras administrativas para abordar problemáticas que, por naturaleza, no reconocen jurisdicciones.

El acuerdo fue rubricado por los intendentes Susana Laciar (Capital), Daniela Rodríguez (Chimbas), Carlos Munisaga (Rawson), Sergio Miodowsky (Rivadavia) y Juan Orrego (Santa Lucía), con el acompañamiento de representantes de UNICEF, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y autoridades provinciales. El acto se desarrolló en el Museo de la Historia Urbana y reunió además a equipos técnicos y concejales, actores clave en la implementación territorial de las políticas que se proyectan.

La intendenta de Capital, anfitriona del encuentro, subrayó el sentido estratégico de la iniciativa: “Las problemáticas que afectan a los chicos no se detienen en los límites geográficos. Este espacio nos permite escucharlos, construir diagnósticos con respaldo profesional y actuar con responsabilidad”. Su planteo introduce un cambio de enfoque: pasar de intervenciones reactivas a mecanismos de anticipación basados en evidencia.

El Consejo comenzará su funcionamiento con una estructura formal que incluirá reglamento de actuación, conducción ejecutiva, secretariado y equipos interdisciplinarios. La participación de concejales de cada distrito refuerza la dimensión institucional del esquema, mientras que el financiamiento inicial será sostenido con recursos propios de los municipios, un dato que evidencia compromiso político más allá de la asistencia externa.

En este sentido, el programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), impulsado por UNICEF, operará como herramienta de acompañamiento técnico. Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión social del organismo internacional, explicó que la propuesta busca potenciar las capacidades existentes en cada municipio bajo una mirada integradora. “Cada territorio tiene particularidades, pero también hay desafíos comunes que requieren respuestas coordinadas”, sostuvo.

La primera etapa estará centrada en la elaboración de diagnósticos locales, un proceso que permitirá identificar con precisión las principales áreas de intervención. A partir de allí, se avanzará en el diseño de planes de acción con ejes que incluyen violencia intrafamiliar, acoso escolar, salud mental, consumos problemáticos y riesgos asociados al entorno digital, como la adicción al juego en línea.

El enfoque combina territorialidad y escala regional. Por un lado, reconoce las especificidades de cada comunidad; por otro, promueve lineamientos compartidos que otorguen coherencia a las respuestas. La meta es evitar superposiciones, optimizar recursos y, sobre todo, construir políticas sostenidas en el tiempo que no dependan de coyunturas políticas.

En una etapa posterior, UNICEF aportará capacitaciones, asistencia técnica y financiamiento para fortalecer las iniciativas locales. Este respaldo internacional no solo añade recursos, sino que introduce estándares y metodologías probadas en otros contextos, elevando la calidad de las intervenciones.

Más allá de su diseño institucional, el valor del acuerdo reside en su vocación de continuidad. La coordinación entre municipios de distintos signos políticos sugiere un consenso poco frecuente en la gestión pública local: la protección de la infancia como prioridad compartida. En un contexto social atravesado por nuevas formas de vulnerabilidad, la articulación aparece como condición necesaria para respuestas eficaces.

La creación del Consejo Metropolitano por la Niñez y la Adolescencia marca un cambio de tendencia en la forma de abordar las políticas públicas en el Gran San Juan. La decisión de trabajar de manera integrada, con diagnóstico riguroso y planificación conjunta, desplaza la lógica fragmentada que históricamente limitó el alcance de las intervenciones.

El desafío, a partir de ahora, será sostener el impulso inicial y traducir los acuerdos en resultados concretos. Si logra consolidarse, este esquema puede convertirse en un modelo replicable: una gestión que deja de perseguir los problemas cuando ya estallaron y comienza, en cambio, a anticiparlos con inteligencia institucional y responsabilidad política.