La Federación del Personal de Vialidad Nacional cuestionó el alcance del Decreto que habilita a provincias a gestionar tramos de rutas nacionales. Advierten sobre un proceso progresivo de debilitamiento del organismo y la posible pérdida de puestos de trabajo.

La política de infraestructura vial volvió al centro de la escena tras la publicación del Decreto 253/2026, que otorga a nueve provincias a asumir tareas de mantenimiento sobre rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida, presentada por el Gobierno como una herramienta de fortalecimiento del federalismo, abrió un frente de conflicto con trabajadores del sector, que interpretan la iniciativa como un repliegue de la capacidad operativa del Estado nacional.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional, la reacción fue contundente. La entidad se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió que la transferencia de funciones podría afectar a cerca de mil trabajadores. El diagnóstico gremial es claro: sostienen que la delegación de tareas implica una pérdida progresiva de atribuciones para la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico en la planificación y ejecución de la red vial.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto a miembros de su gabinete, establece que la cesión será de carácter temporal y revocable, sin alterar la titularidad nacional de las rutas. Las provincias involucradas —entre ellas Córdoba, Mendoza, Neuquén y San Juan— deberán suscribir convenios específicos, presentar planes de obra y definir esquemas de financiamiento, en muchos casos vinculados a concesiones con peaje.

Sin embargo, el eje del cuestionamiento sindical se sitúa en las consecuencias prácticas de la disposición. Para los trabajadores, el traspaso de tramos implica una reducción directa del campo de acción del organismo nacional. “Se pierde objeto de trabajo”, advirtieron desde el gremio, al tiempo que señalaron que la reasignación de funciones podría derivar en un proceso de desvinculaciones progresivas.

El análisis técnico elaborado por la federación profundiza esa lectura. Allí se sostiene que la iniciativa no elimina formalmente a Vialidad, pero reduce su rol a tareas de supervisión, debilitando su capacidad de ejecución y planificación. En ese aspecto, el organismo pasaría de ser un actor central en la política vial a una estructura con funciones limitadas.

Otro de los puntos críticos es el financiamiento del sistema. Según el gremio, una parte significativa de los tramos transferidos no cuenta con niveles de tránsito suficientes para sostener esquemas de concesión sin asistencia estatal. Esta situación podría derivar en obras postergadas o en un traslado de costos hacia los usuarios a través de peajes más elevados, con impacto en la logística y en los precios de bienes y servicios.

La dimensión laboral aparece como uno de los aspectos más sensibles. El decreto no contempla mecanismos específicos de protección para los trabajadores afectados, ni establece garantías de continuidad en caso de cambios en la gestión. En ese vacío normativo, el gremio advierte sobre un proceso gradual que podría derivar en reducción de planteles y pérdida de capacidades técnicas acumuladas durante años.

El trasfondo de la discusión remite a una redefinición del rol del Estado en áreas estratégicas. Mientras el Gobierno plantea la necesidad de optimizar recursos y promover esquemas más flexibles de gestión, los trabajadores señalan que la fragmentación de funciones puede comprometer la coherencia del sistema vial y su capacidad de respuesta ante emergencias o necesidades de largo plazo.

El titular de ADICUS en San Juan, Jaime Barcelona, advirtió sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento académico, denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y confirmó una movilización nacional que buscará visibilizar la crítica situación del sector.

La universidad pública vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. Con una convocatoria prevista para el 12 de mayo, distintos sectores sindicales, junto a la Federación Universitaria Argentina y espacios representativos del sistema académico, preparan una nueva marcha federal en reclamo por el financiamiento y la recomposición salarial. En San Juan, la iniciativa comienza a tomar forma y promete una amplia adhesión.

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, en diálogo con Mundo Laboral San Juan, expuso con claridad el trasfondo del conflicto: la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la persistencia de decisiones oficiales que, según sostuvo, profundizan el deterioro del sistema. “Existe una dilación inexplicable en el cumplimiento de la norma”, señaló, al tiempo que cuestionó la estrategia del Gobierno nacional de recurrir a instancias judiciales sin acatar las resoluciones vigentes.

En ese punto, el dirigente fue enfático: la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema no exime al Ejecutivo de cumplir con la cautelar que ordena la implementación inmediata de la ley. “Estamos frente a una conducta omisiva”, remarcó, al describir un escenario institucional que, lejos de resolverse, suma nuevos focos de incertidumbre.

El impacto de esta situación se refleja con particular crudeza en el ámbito docente. Barcelona advirtió que las universidades enfrentan crecientes dificultades para cubrir cargos, especialmente en los niveles iniciales, donde los salarios han perdido competitividad frente a otras opciones laborales. La consecuencia es un progresivo éxodo de profesionales hacia el sistema educativo provincial o el sector privado, donde las condiciones económicas resultan más atractivas.

A ello se suma una política salarial que, según el representante sindical, consolida la pérdida de poder adquisitivo. Con aumentos definidos por decreto y por debajo de la inflación, la brecha entre ingresos y costo de vida se amplía mes a mes. “La diferencia se vuelve cada vez más significativa”, indicó, al describir un proceso que impacta no solo en los trabajadores, sino también en la calidad y sostenibilidad del sistema educativo.

En términos presupuestarios, el referente de ADICUS puso el foco en un dato que considera revelador: el costo de la ley cuestionada representa apenas el 0,23% del PBI. Desde su perspectiva, este número debilita el argumento oficial centrado en el equilibrio fiscal y refuerza la interpretación de que las decisiones responden a una orientación más profunda. “No se trata de una cuestión económica, sino de una definición ideológica”, afirmó.

En este contexto, la movilización de mayo aparece como una instancia clave para el sector. La expectativa es lograr una convocatoria amplia, capaz de trascender el ámbito universitario e interpelar a la sociedad en su conjunto. En San Juan, la organización del recorrido y los detalles logísticos se definirán en los próximos días, en articulación con el frente sindical y universitario local.

Barcelona anticipó que el objetivo es construir una manifestación masiva y representativa, que exprese el malestar acumulado y la urgencia de respuestas concretas. “Hay elementos suficientes para que la sociedad comprenda la magnitud del problema”, sostuvo, confiado en que la protesta tendrá una fuerte adhesión, concluyó.

El Ministerio de Educación de San Juan, junto a la Fundación Banco San Juan, entregó 100 kits de robótica a 50 escuelas en el marco del programa Transformar la Secundaria, que busca fortalecer la enseñanza con nuevas herramientas tecnológicas y pedagógicas.

La incorporación de tecnología en el sistema educativo sanjuanino suma un nuevo capítulo con la entrega de kits de robótica a medio centenar de escuelas secundarias. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación de San Juan en articulación con la Fundación Banco San Juan, forma parte de una estrategia más amplia orientada a actualizar prácticas pedagógicas y consolidar un modelo de enseñanza acorde a las demandas contemporáneas.

El acto, realizado en el auditorio Emar Acosta, marcó el avance de la tercera cohorte del programa Transformar la Secundaria, que involucra a 50 equipos directivos y más de 400 docentes. La distribución de 100 kits de robótica no sólo amplía el acceso a recursos tecnológicos, sino que también refuerza un enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo y la resolución de problemas.

Desde la cartera educativa destacaron que la iniciativa se inscribe dentro del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, con el objetivo de fortalecer competencias en áreas clave como Lengua, Matemática y Educación Digital. La propuesta incorpora además metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que busca vincular los contenidos con situaciones concretas y fomentar la participación de los estudiantes.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, subrayó el carácter progresivo del programa y el rol de la articulación público-privada para sostener su desarrollo. En ese sentido, remarcó que el sistema educativo requería herramientas para acompañar los cambios en el nivel secundario y que la colaboración institucional permitió avanzar en esa dirección.

El alcance del programa resulta significativo. La tercera cohorte impacta en aproximadamente 50.000 estudiantes, mientras que las etapas previas ya habían involucrado a centenares de docentes y directivos en toda la provincia. La estrategia contempla una expansión gradual que busca alcanzar a la totalidad de las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada, en distintas modalidades.

Más allá de la incorporación de equipamiento, el eje de la política educativa radica en la construcción de comunidades de aprendizaje en red. La integración de tecnologías como la robótica aparece como un recurso para promover habilidades vinculadas al pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo colaborativo, en un escenario donde la alfabetización digital adquiere un lugar central.

No obstante, el desafío trasciende la provisión de herramientas. La sostenibilidad del programa dependerá de la capacidad de consolidar prácticas pedagógicas innovadoras y de garantizar la formación continua de los docentes, factores determinantes para que la tecnología se traduzca en mejoras efectivas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Educación Secundaria – Modalidad Orientada y Artística

1 – Bachillerato Columna Cabot

2 – Escuela de Educación Secundaria Patricias Mendocinas

3 – Escuela de Educación Secundaria Gral. Antonio Balcarce

4 – Escuela de Educación Secundaria Zonda

5 – Escuela de Educación Secundaria Cruce de los Andes

6 – Escuela Secundaria Constancio Vigil

7 – Escuela de Educación Secundaria Tamberías

8 – Escuela de Educación Secundaria Presbítero Cayetano de Quiroga

9 – Colegio Secundario Nocturno Santa María

10 – Escuela de Educación Secundaria Pascual Chena

11 – Escuela de Educación Secundaria Pablo Ramella

12 – Escuela de Educación Secundaria 9 de Julio

13 – Escuela de Educación Secundaria Cecilio Ávila

14 – Escuela de Educación Secundaria Francisca Ríos de Páez

15 – Escuela de Educación Secundaria Jorge Washington

16 – Escuela Secundaria Campaña del Desierto

17 – Escuela de Educación Secundaria Blas Parera

18 – Colegio Provincial de Santa Lucía Prof. Olga Aubone

19 – Escuela Secundaria Los Berros

Educación Secundaria – Gestión Privada

1 – Colegio San Vicente de Paul

2 – Colegio Santa Teresita del Niño Jesús

3 – Colegio San Francisco

4 – Colegio San Nicolás de Bari

5 – Colegio Don Bosco

6 – Colegio Santa María

7 – Colegio Nuestra Sra. de Andacollo

8 – Colegio Nuestra Sra. de Andacollo

9 – Colegio Nuestra Sra. de Andacollo

10 – Colegio Nuestra Sra. de los Desamparados

11 – Colegio San José

12 – Colegio Juan Pablo II

13- Colegio Jesús de la Buena Esperanza

Educación Secundaria – Técnica

1 – EPET N° 1 Caucete

2 – EPET N° 6

3 – EPET N° 8

4- EPET N° 9

5 – Agrotécnica Ana Pérez Ciani

6 – Agrotécnica Gonzalo Doblas

7- Agrotécnica Gral. Manuel Savio

8-Agrotécnica Ejército Argentino

9- Agrotécnica Los Pioneros

10- Agrotécnica Huaco

11-Agroindustrial Videla Cuello

12-Agroindustrial 25 de Mayo

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

1 – CENS N° 188

2 -CENS Juan Vucetich

3 -CENS RIM 22

4 -CENS Rivadavia

5 – CENS N° 174

6 – CENS 25 de Mayo