En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de las Telecomunicaciones, (Soeesit), Marcelo Trujillo, se refirió al nuevo acuerdo salarial del sector y cuestionó los intentos de impulsar una reforma laboral que implique retrocesos en derechos adquiridos. “Podemos hablar de modernizar, pero no de quitar conquistas. La reducción horaria debe ser el punto de partida”, afirmó.

El gremialista destacó que los acuerdos paritarios se están volviendo cada vez más cortos debido a la inestabilidad económica y la inflación constante. “Antes las paritarias eran anuales, luego pasaron a ser semestrales, y hoy prácticamente negociamos mes a mes”, explicó.

Según Trujillo, el objetivo principal es “acercar algo de dinero al bolsillo de los compañeros” para enfrentar una inflación que “no refleja la verdadera situación” de los trabajadores.

“El gobierno impone cifras y mediciones que no se corresponden con la realidad del costo de vida. Por eso debemos revisar los salarios constantemente, porque a muchos compañeros se les hace imposible llegar a fin de mes”, sostuvo el dirigente, aludiendo al deterioro del poder adquisitivo en el sector de las telecomunicaciones.

Trujillo reivindicó el rol de los sindicatos como “la representación genuina del pueblo trabajador”, y rechazó los intentos de demonizar su función. “Los gremios no son enemigos de nadie: son el canal a través del cual los trabajadores pueden hacer oír sus reclamos y defender sus derechos”, remarcó.

En relación con la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, el titular de Soeesit fue enfático: “Podemos discutir modificaciones, pero no la pérdida de derechos. Una verdadera reforma debe buscar equilibrio entre trabajadores y empleadores”.
Según Trujillo, la clave está en reducir la jornada laboral para generar más empleo y distribuir mejor las horas de trabajo:

“No se puede tener a una persona trabajando doce horas seguidas. Si en ese tiempo pueden trabajar dos, ganamos todos: hay más empleo y mejor calidad de vida.”

El dirigente también advirtió que es necesario vincular los salarios con las ganancias empresarias. “No puede ser que porque alguien da trabajo pague lo que se le antoja. Debe haber una relación justa entre la rentabilidad de las empresas y el ingreso de los trabajadores”, subrayó.

Marcelo Trujillo cerró su mensaje con una apelación al diálogo social: “Hay que sentarse a hablar en serio, sin borrar lo que ya se construyó. La ley laboral benefició muchas veces también a los empresarios, aunque no siempre lo digan. Hoy debemos encontrar un nuevo equilibrio que preserve los derechos y garantice trabajo digno.”

El referente de Soeesit San Juan reafirmó que el sindicato seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores frente a cualquier intento de flexibilización. En tiempos de incertidumbre económica, sostuvo, “el camino no es quitar derechos, sino distribuir mejor el trabajo y dignificar el salario”.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de 24 horas y una jornada nacional de protesta ante la inacción del Gobierno, que no promulgó en tiempo y forma la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo suma adhesiones en universidades de todo el país y pone en foco el deterioro presupuestario del sistema público de educación superior.

La posición rígida entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público se profundiza. Este martes y miércoles, las universidades de todo el país se verán afectadas por medidas de fuerza convocadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en reclamo de la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo plazo legal venció este lunes.

La norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y con veto previo del Poder Ejecutivo, busca recomponer el presupuesto del sistema universitario nacional, garantizar la actualización de los fondos para gastos de funcionamiento, becas y proyectos científicos, además de reabrir las paritarias para docentes y nodocentes, paralizadas desde octubre del año pasado. Sin embargo, pese a haber sido sancionada nuevamente tras el rechazo del veto presidencial, el Poder Ejecutivo no la promulgó ni publicó en el Boletín Oficial, incumpliendo los plazos establecidos por la Constitución.

Ante esta situación, CONADU lanzó un plan de lucha de dos días. Este martes se realizará una jornada nacional de protesta y el miércoles un paro general de 24 horas en todas las universidades públicas del país. Según confirmaron fuentes gremiales, se espera una amplia adhesión de docentes, estudiantes y organizaciones sociales.

“El Gobierno sólo genera tensión y malestar con su silencio”, advirtió el secretario general de la Federación Argentina de Docentes de las Universidades Tecnológicas (FAGDUT), Ricardo Mozzi. “Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la ley, y el silencio es total. Senadores y diputados ya la aprobaron y rechazaron el veto. ¿Qué más quieren?”, cuestionó el dirigente, quien confirmó que las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) permanecerán sin clases durante las dos jornadas de protesta.

Mozzi fue aún más contundente al señalar el contraste entre las prioridades del Gobierno y la realidad docente: “Mientras el presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza”.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGDUBA) y el gremio de nodocentes APUBA confirmaron su adhesión a las medidas. “Ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y dar cumplimiento a la misma, realizamos un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo este martes 21 de octubre”, señalaron en un comunicado conjunto.

Además, los gremios universitarios adelantaron que impulsarán acciones legales coordinadas con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, con el objetivo de exigir “la plena aplicación real y efectiva de la ley”. En paralelo, la AGDUBA convocó a una manifestación en la Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo.

La Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación está en suspenso, prevé la creación de una caja de $10.000 millones —actualizable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— destinada a incentivar el ingreso a carreras estratégicas, además de un incremento presupuestario equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El reclamo se produce en un contexto de fuerte deterioro de la educación pública, donde los sueldos docentes han perdido más del 40% de su poder adquisitivo en el último año, y los fondos para gastos corrientes se encuentran prácticamente agotados en varias universidades del interior.

El conflicto también se vincula a otras tensiones recientes entre el Congreso y el Ejecutivo. Durante la última sesión, el Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, otra norma de fuerte impacto social impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan. Dicha ley, que busca recomponer los salarios de los profesionales de la salud y restablecer el sistema de residencias médicas, implica una inversión anual de $133.433 millones, de acuerdo con la OPC.

Mientras tanto, la comunidad académica advierte sobre la gravedad del escenario. “Las universidades no pueden seguir funcionando con partidas de hace un año. No se trata de un reclamo sectorial, sino de la defensa de la educación pública”, expresó una docente de la Universidad Nacional de Córdoba durante una asamblea preparatoria.

La falta de respuesta del Ejecutivo amenaza con profundizar el conflicto. En varias provincias, los gremios analizan extender el paro si el Gobierno mantiene su negativa a promulgar la norma o intenta desactivar su aplicación mediante un decreto reglamentario restrictivo.

El paro universitario nacional reabre una grieta central en la agenda política y social del país: la del financiamiento del conocimiento, la ciencia y la educación pública. Mientras el Ejecutivo posterga decisiones que el Congreso ya convirtió en ley, los docentes, investigadores y estudiantes vuelven a ocupar el centro del debate público. La tirantez entre recorte fiscal y derecho a la educación se instala una vez más en el corazón de la democracia argentina, y promete nuevos capítulos en los próximos días si la Casa Rosada mantiene su silencio.

La cadena Cencosud inició un proceso de cierre de sucursales de su marca Vea en distintas provincias argentinas, afectando a más de un centenar de trabajadores. Los locales de Castelar, Hurlingham, Moreno, San Juan y Catamarca bajaron sus persianas en medio de una caída del consumo que ya supera el 30% en el Conurbano bonaerense. Los gremios advierten sobre despidos encubiertos, reubicaciones forzadas y un panorama laboral cada vez más crítico.

La profunda recesión que atraviesa la economía argentina golpea con fuerza al sector supermercadista. Durante la segunda mitad de 2025, las ventas minoristas y mayoristas se desplomaron hasta niveles históricos, arrastradas por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y el desplome general del consumo interno.

En ese contexto, Cencosud, uno de los grupos líderes del país —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy—, decidió cerrar al menos cinco sucursales de la cadena Vea en Castelar, Hurlingham, Moreno (provincia de Buenos Aires), San Martín (Catamarca) y Villa Krause (San Juan).

Fuentes gremiales confirmaron que más de 100 empleados quedaron sin tareas, algunos reubicados en otras tiendas del grupo y otros desvinculados mediante indemnizaciones voluntarias o despidos encubiertos.

El impacto más severo se registró en el Gran Buenos Aires, particularmente en la zona oeste. La sucursal de Castelar, ubicada sobre Estanislao Zeballos 3154, cerró sus puertas de manera repentina, generando preocupación entre el personal y los vecinos.

Situaciones similares se repitieron en Hurlingham y Moreno, donde la decisión empresarial tomó por sorpresa a los trabajadores. “Por ahora se pudo resolver sin conflicto sindical. De todos modos, el panorama es muy desalentador: la facturación bajó mucho por la caída estrepitosa del consumo”, afirmó Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), en diálogo con medios locales.

Según distintas seccionales del gremio de Comercio, las ventas en el sector retrocedieron un 30% promedio y las empresas comenzaron a concentrar operaciones en los locales con mayor rentabilidad. “Se trata de un ajuste generalizado que busca reducir costos en medio de la crisis”, reconocieron fuentes sindicales.

Datos que confirman la crisis

El deterioro del poder de compra se refleja con claridad en las estadísticas. Un informe de la Secretaría de Producción de La Matanza reveló que las ventas en el rubro Almacén se desplomaron 21% en el último mes, mientras que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre una caída del 7,4% en la facturación de los supermercados desde la asunción de Javier Milei.

En paralelo, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) calculó que, durante los 22 meses de gestión libertaria, el salario mínimo aumentó 120% y la jubilación mínima 153%, mientras que la Canasta de Alimentos subió 184% y la Canasta Básica Total 200,6%, evidenciando una pérdida real del poder adquisitivo que explica el colapso del consumo masivo.

Reestructuración interna y competencia por el mercado

Desde el entorno empresarial, las fuentes consultadas justificaron los cierres como parte de una reestructuración interna destinada a “optimizar recursos y ajustar operaciones ante la baja rentabilidad del negocio minorista”.

Sin embargo, analistas del sector señalan otro motivo de peso: Cencosud estaría ordenando sus finanzas y estructura operativa para competir por la eventual adquisición de la operación de Carrefour en la Argentina, un proceso que requeriría saneamiento de cuentas y racionalización de activos.

“Los cierres apuntan a desprenderse de locales menos rentables y mejorar indicadores de eficiencia de cara a una posible negociación corporativa”, explicaron fuentes del mercado.

Incertidumbre y reclamos de los trabajadores

Mientras las empresas reorganizan su estructura, los trabajadores viven días de incertidumbre. En algunas sucursales, las reubicaciones implican traslados de más de 20 kilómetros, afectando la vida cotidiana de empleados con años de antigüedad. Otros aguardan definiciones o propuestas de retiro voluntario.

Los gremios del sector, como FAECyS y las filiales regionales del Sindicato de Comercio, advierten que el proceso de ajuste se está expandiendo y que los despidos ya alcanzan a grandes cadenas que históricamente resistían las crisis. “La motosierra económica también corta en los grupos concentrados. Hoy los trabajadores pagan las consecuencias del ajuste en las góndolas”, resumió un dirigente gremial.

El cierre de sucursales de Vea refleja el deterioro estructural del consumo argentino y la fragilidad del empleo formal incluso dentro de los grandes conglomerados empresariales. Lo que comenzó como una reestructuración focalizada se transformó en un síntoma más de la recesión generalizada que atraviesa el país.

Las empresas buscan preservar su rentabilidad ajustando costos, mientras los gremios intentan contener los efectos sobre el empleo. En el medio, miles de trabajadores viven con la incertidumbre de un mercado laboral cada vez más restrictivo y un consumo en retroceso.

Si la tendencia continúa, el cierre de supermercados dejará de ser un hecho aislado para convertirse en el nuevo rostro de una economía que se contrae desde el mostrador hasta la góndola, golpeando tanto a quienes venden como a quienes ya no pueden comprar.