El procurador general interino Eduardo Casal sostuvo que el Poder Ejecutivo no demostró una urgencia excepcional que justificara modificar mediante decreto el régimen de descuentos sobre los salarios. También consideró que la legitimación de la CGT para cuestionar esa norma quedó firme durante el proceso.

La CGT obtuvo un respaldo relevante en su disputa judicial contra el DNU 70/2023. La Procuración General de la Nación recomendó a la Corte Suprema confirmar la inconstitucionalidad de su artículo 73, al considerar que el Gobierno no acreditó razones de necesidad y urgencia suficientes para modificar por decreto las reglas que regulan determinados descuentos sobre las remuneraciones.

El dictamen fue elaborado por el procurador general interino Eduardo Casal en el expediente iniciado por la central obrera contra el Poder Ejecutivo. La posición de la Procuración no alcanza a todo el Título IV del decreto: buena parte de sus disposiciones quedó desplazada posteriormente por leyes sancionadas por el Congreso, por lo que entendió que esos planteos ya no requieren una definición de fondo.

El artículo 73, en cambio, mantiene vigencia y conserva relevancia jurídica. La disposición sustituyó el inciso c) del artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y estableció que determinados descuentos vinculados con cuotas, aportes o contribuciones de origen legal, convencional o sindical sólo podían efectuarse con autorización expresa del trabajador.

Antes de esa modificación, la legislación contemplaba esos descuentos cuando derivaban de normas legales, convenios colectivos o de la afiliación del trabajador a determinadas organizaciones profesionales, mutuales o cooperativas. El DNU incorporó como requisito el consentimiento explícito del empleado.

El punto que la Corte deberá resolver

Para la Procuración, el problema constitucional no reside en la conveniencia o inconveniencia de modificar ese régimen, sino en la vía utilizada para hacerlo. La Constitución reserva al Congreso la función legislativa y sólo permite al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia ante circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario de una ley.

Ese requisito, sostuvo Casal, no quedó demostrado en este caso. El Gobierno había fundamentado el DNU en la crisis económica y social, la necesidad de modificar el rumbo de la economía y una serie de reformas destinadas a transformar las relaciones laborales.

Sin embargo, el dictamen advierte que esas consideraciones generales no permiten establecer una relación concreta entre la emergencia invocada y la necesidad inmediata de modificar el régimen de descuentos salariales. Tampoco encontró elementos que demostraran que el Congreso estuviera imposibilitado de tratar una reforma de esa naturaleza mediante el procedimiento legislativo habitual.

La Procuración remarcó que la invocación de una emergencia económica no habilita por sí misma al Poder Ejecutivo a sustituir al Congreso. Para recurrir a un DNU debe existir una circunstancia objetiva, excepcional y suficientemente urgente que torne impracticable la vía parlamentaria.

El organismo también rechazó la idea de que la necesidad de impulsar cambios en el mercado laboral pueda justificar automáticamente el uso de esa herramienta. Que el empleo registrado no haya mostrado crecimiento sostenido durante años, señaló, no prueba que una modificación específica de la legislación deba adoptarse necesariamente mediante un decreto de excepción.

Un argumento procesal favorable a la central obrera

El dictamen contiene además un elemento relevante para la CGT: Casal consideró que la legitimación de la central sindical para cuestionar el artículo 73 quedó consentida durante el expediente.

El Estado había objetado aspectos procesales de la demanda y cuestionado la posibilidad de que una sentencia tuviera efectos sobre personas que no participaron directamente del juicio. Para la Procuración, sin embargo, la discusión sobre la legitimación de la CGT no puede reabrirse en esta instancia porque el Gobierno no formuló oportunamente una crítica concreta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El expediente comenzó durante la conducción del anterior triunvirato de la CGT, integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. La Cámara laboral había hecho lugar al amparo de la central obrera y declarado la inconstitucionalidad del Título IV del DNU, que comprendía los artículos 53 a 97.

La posterior sanción de las leyes 27.742 y 27.802 modificó, sustituyó o dejó sin efecto buena parte de esas disposiciones. Por ese motivo, la Procuración entendió que la Corte no debería avanzar sobre normas cuya vigencia ya fue alterada por el Congreso.

El artículo 73 constituye la excepción. Al permanecer vigente, mantiene abierta la controversia constitucional y será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra.

El dictamen no cuestiona que el Poder Ejecutivo pueda impulsar una determinada orientación económica o laboral. Lo que establece es un límite diferente: aun cuando una administración considere necesaria una reforma, debe respetar los procedimientos y competencias que fija la Constitución.

Con su pronunciamiento, la Procuración dejó planteada una definición de alcance institucional sobre el uso de los DNU. Si la Corte Suprema sigue ese criterio, quedará firme la declaración de inconstitucionalidad del artículo 73 y se establecerá que, para modificar ese aspecto de la legislación laboral, la existencia de una emergencia general no resulta suficiente si no se demuestra por qué el trámite legislativo ordinario era imposible o incompatible con la urgencia invocada.

La Cámara de Diputados fijó fechas para avanzar con iniciativas destinadas a enfrentar la morosidad y el sobreendeudamiento familiar. Hay unos 50 proyectos en estudio y varias propuestas fueron impulsadas por dirigentes sindicales. La CGT, las dos CTA y ATE también reclaman al Gobierno medidas para reducir la carga financiera sobre trabajadores y empresas.

La crisis de endeudamiento de los hogares logró finalmente un lugar definido en la agenda del Congreso. La Cámara de Diputados fijó un cronograma para discutir iniciativas destinadas a aliviar la morosidad de millones de argentinos y estableció como fecha límite el 29 de septiembre para avanzar con los dictámenes que podrían habilitar su tratamiento en el recinto.

La decisión fue adoptada en una jornada en la que la oposición consiguió reunir el quórum necesario y forzó al oficialismo a avanzar con un debate que el Gobierno venía evitando. Para el tratamiento del sobreendeudamiento se convocaron reuniones informativas de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para los martes 15 y 22 de septiembre, con un cierre previsto para el 29.

En Diputados existen alrededor de 50 proyectos vinculados con la morosidad, las condiciones de acceso al crédito y mecanismos para aliviar las obligaciones de las familias. Entre ellos aparecen varias iniciativas promovidas por legisladores con trayectoria sindical, lo que refleja la creciente intervención del movimiento obrero frente a un problema que ya dejó de circunscribirse al ámbito financiero.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, impulsó tres propuestas durante los últimos meses. Una de ellas busca prohibir el acoso digital vinculado con el cobro de deudas y limitar los mecanismos mediante los cuales los acreedores pueden contactar a familiares, allegados u otras personas del entorno del deudor. Otra procura establecer reglas para los procedimientos de cobro extrajudicial.

La iniciativa de mayor alcance propone crear un Régimen Integral de Protección y Desendeudamiento de las Familias Argentinas, destinado a facilitar la regularización de pasivos y establecer condiciones de financiamiento razonables y transparentes. El proyecto contempla, entre otras medidas, la condonación total de los intereses punitorios para quienes tengan deudas equivalentes a hasta tres canastas básicas totales.

La propuesta también lleva la firma de Hugo Moyano (h), secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación de Camioneros. Ambos dirigentes habían acompañado además, junto con el diputado de SMATA Mario Manrique, un proyecto para declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias.

El reclamo sindical también encontró una vía parlamentaria a través de Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, referentes de La Bancaria. En enero, Cisneros había presentado junto con legisladores de Unión por la Patria y Encuentro Federal un proyecto para crear un programa de desendeudamiento de las familias argentinas, con participación de la ANSES, frente al avance de las obligaciones generadas por las altas tasas de interés.

La ofensiva gremial no se limitó al Congreso. El 20 de agosto, la CGT y las dos CTA marcharon hasta el Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al incremento de la morosidad. Las centrales sindicales sostienen que el deterioro de los ingresos y la pérdida de poder adquisitivo obligaron a numerosos hogares a recurrir al crédito para afrontar gastos corrientes.

La CGT llevó entonces al ministro de Economía, Luis Caputo, un petitorio con tres líneas principales: establecer mecanismos de regulación sobre el costo financiero y las tasas de interés, asistir a las pequeñas y medianas empresas sobreendeudadas y poner en marcha un programa de refinanciación de pasivos.

Desde ATE Nacional, su secretario general Rodolfo Aguiar consideró que el avance legislativo constituye una señal relevante frente a una realidad que, según el dirigente, combina deterioro salarial y creciente dependencia del crédito. El gremialismo sostiene que el endeudamiento comenzó a funcionar como un mecanismo para compensar la pérdida de ingresos reales.

La discusión parlamentaria se produce mientras el oficialismo sostiene que las relaciones crediticias corresponden principalmente al ámbito privado y cuestiona las iniciativas opositoras por su utilización política. En la sesión, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el cronograma de comisiones y acusó a la oposición de buscar rédito político.

Con el calendario aprobado, el Congreso quedó obligado a discutir una de las expresiones más visibles del deterioro de los ingresos familiares. Para las organizaciones sindicales, el desafío será transformar el reclamo por la morosidad en instrumentos de alivio financiero; para el Gobierno, la cuestión vuelve a instalar una demanda social que hasta ahora había quedado fuera de sus prioridades legislativas.

El titular de la UOM San Juan, Martín Solazzo, cuestionó el impacto de la caída industrial sobre el empleo metalúrgico, criticó las condiciones en las que se negoció la última paritaria nacional y defendió la reconstrucción de las 62 Organizaciones como herramienta de participación política de los trabajadores. También dejó abierta la posibilidad de una convergencia con otros espacios sindicales de la provincia.

El Día del Trabajador Metalúrgico encontró a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan maracda por una realidad muy diferente a la de otros años. La organización decidió trasladar el tradicional reconocimiento a sus afiliados a un ámbito de encuentro y celebración en el camping sindical, en un intento por generar un momento de distensión frente a un entorno singularizado por la pérdida de empleo, la caída de la producción industrial y el deterioro del poder adquisitivo.

Para Solazzo, ese fue el verdadero propósito de la jornada. El dirigente señaló que, aunque la relación con los empleados suele estar marcada por protestas, disputas laborales o crisis en las fábricas, en esta ocasión fue distinto. Por ello, destacó la importancia de juntar a trabajadores de diferentes empresas para compartir un almuerzo y homenajear el empeño diario de quienes impulsan el sector metalúrgico.

“Siempre por ahí con los compañeros nos vemos en situaciones no muy buenas, nos encontramos por reclamos o por problemas que están pasando en las empresas, en los talleres. Así que vernos en otro ámbito era la idea, compartir un buen clima de camaradería”, manifestó.

El festejo reflejó el difícil momento del sector. Solazzo señaló que la industria nacional opera a menos de la mitad de su capacidad instalada, una retracción que golpea de forma directa a la UOM.

“Nuestra actividad depende por completo de la industria; por eso, al estar tan golpeada, es inevitable que nosotros también suframos el impacto”, afirmó.

El dirigente vinculó la pérdida de puestos de trabajo con el cierre o retiro de empresas que durante décadas tuvieron presencia en el país. Frente a ese cuadro, reivindicó la necesidad de sostener la organización sindical y de continuar defendiendo los derechos laborales, aun cuando las condiciones sean adversas.

“Hay que ponerle la fuerza y las ganas más que nunca. Tampoco podemos desistir de seguir combatiendo esto”, sostuvo el gremialista, quien insistió en que la UOM debe continuar trabajando para evitar que el retroceso de derechos y empleo termine consolidándose.

Una paritaria condicionada por cuatro meses sin aumentos

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista con Mundo Laboral San Juan fue el acuerdo salarial nacional alcanzado para los trabajadores metalúrgicos después de cuatro meses sin actualización convencional.

Solazzo cuestionó el proceso de intervención que atraviesa la conducción nacional de la UOM y sostuvo que la designación de los representantes paritarios sin una elección directa de las seccionales condicionó la negociación.

Según explicó, el entendimiento finalmente alcanzado era necesario porque los trabajadores habían permanecido desde marzo sin una recomposición salarial. Sin embargo, consideró insuficiente el resultado y cuestionó especialmente la extensión temporal del convenio.

La nueva pauta contempla un incremento acumulado del 23,5% hasta abril de 2027, con subas del 4% en agosto, octubre y diciembre; 2% en enero; y 3,5% en marzo. Para abril se estableció además un 4% que servirá como base de cálculo para la próxima negociación.

Solazzo remarcó que, distribuido a lo largo de doce meses, el incremento representa aproximadamente un 1,5% mensual, una cifra que juzgó insuficiente frente a la evolución de los precios.

“Creo que en este momento hacer una paritaria tan larga es bastante arriesgado”, afirmó, al advertir que una negociación extendida durante tantos meses queda expuesta a modificaciones de la inflación y de las condiciones económicas.

El acuerdo incluye además sumas no remunerativas de $30.000, $40.000 y $50.000, según los meses establecidos, junto con un bono compensatorio de $210.000 por los cuatro meses sin paritaria, que será abonado en tres cuotas de $70.000 entre agosto, septiembre y octubre.

Para el refente metalúrgico, esos adicionales permiten aliviar parcialmente el impacto inmediato sobre los ingresos, aunque no alcanzan para resolver la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

Las 62 Organizaciones buscan recuperar protagonismo político

La entrevista también permitió conocer el papel que Solazzo comenzó a asumir dentro de las 62 Organizaciones Peronistas de San Juan, espacio que volvió a tener presencia pública en la provincia y que realizó una de sus primeras actividades en el camping de la UOM.

El dirigente definió a las 62 como “el brazo político del movimiento obrero”, una función que atribuyó a la tradición histórica de la organización. Su objetivo, explicó, es que los trabajadores tengan representación y capacidad de incidencia dentro de los espacios políticos.

En esa línea, confirmó contactos con dirigentes del Partido Justicialista e intendentes y sostuvo que uno de los principales objetivos será contribuir a la unidad del peronismo sanjuanino de cara al próximo proceso electoral.

“Si tenemos candidatos con todo el apoyo, sería lo ideal para enfrentar las elecciones del año que viene”, sostuvo.

Sin embargo, Solazzo buscó diferenciar la participación política de las 62 Organizaciones de cualquier criterio de exclusión partidaria. Afirmó que la organización trabaja para el conjunto de los trabajadores, independientemente de sus preferencias electorales.

“Tenemos compañeros que son de derecha, que están sin trabajo, que están precarizados; compañeros radicales, compañeros bloquistas. Nosotros trabajamos para todo el sector trabajador”, remarcó.

Desde esa perspectiva, la agenda de las 62 Organizaciones no se limitará a la construcción partidaria. Solazzo señaló que también se encuentran trabajando en proyectos vinculados con derechos laborales, empleo y propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de la sociedad en general.

Una puerta abierta para la unidad sindical

La reciente reelección de Eduardo Cabello al frente de la CGT Regional San Juan también formó parte de la conversación. Consultado sobre la posibilidad de que las 62 Organizaciones y la conducción cegetista puedan trabajar conjuntamente, Solazzo descartó que las diferencias actuales constituyan un obstáculo definitivo.

Su planteo fue directo: si el objetivo común es defender a los trabajadores, existe espacio para la convergencia. “El objetivo de todos los sectores es el mismo: trabajar por el movimiento obrero”, afirmó.

El titular de la UOM sostuvo que la diversidad de posiciones dentro del sindicalismo forma parte de la libertad de cada organización y recordó que hubo gremios que respaldaron la continuidad de Cabello y otros que reclamaron una renovación. Sin embargo, consideró que esas diferencias no deberían transformarse en enfrentamientos permanentes.

“No consideramos que existe algún tipo de conflicto por pensar diferente”, enfatizó.
Para Solazzo, las 62 Organizaciones pueden desarrollar su propia construcción política sin abandonar su pertenencia al movimiento obrero organizado ni su participación en la CGT. Si en algún momento las distintas expresiones sindicales deben confluir para defender intereses comunes, aseguró que estarán dispuestos a hacerlo. “Si de alguna manera tenemos que trabajar juntos para el bien del trabajador, así lo haremos”, resumió.

Una agenda centrada en el empleo, la industria y la representación

El mensaje de Solazzo es claro: ante la crisis del empleo, los salarios y la industria, la única salida para el gremio es la organización y la constancia en la lucha.

En medio de una etapa de profundos cambios en la industria metalúrgica y en la conducción nacional del gremio, la UOM San Juan busca consolidar su presencia provincial y ganar protagonismo en el debate político-sindical. En este proceso, Martín Solazzo sostiene que las diferencias internas no impiden la unidad cuando el objetivo central es común: la defensa del empleo.