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La empresa busca reemplazar a los trabajadores de escaneo de equipajes y reemplazarlos por personal de seguridad con menos formación, salarios más bajos y jornadas laborales más largas.


Aeropuertos Argentina 2000 aprovecha el fin de mandato de Cambiemos para arrebatarle hasta los últimos negocios que quedan a disposición. En ese marco licitó toda la actividad de escaneo y rayos sobre los equipajes de los aeropuertos, una tarea que antes realizaba cada aerolínea, y busca quedarse con un negocio sobre el que hasta el momento no tenía control.

El lado b del negocio está en la regulación que quieren imponerle a los trabajadores. Es que la empresa «ganadora» del proceso de licitación para operar los rayos X en Ezeiza, es MSA, una firma que compite en una especie de dumping contra las otras compañías que se presentaron.

Es que MSA busca aplicar a todo el personal que se encargará de las tareas el convenio colectivo de trabajo que rige para la actividad de seguridad y no el de la Unión Personal de Aeronavegación de Entes Privados (Upadep), que hasta ahora se aplicó para el sector y en el que se movían todas las competidoras. El marco regulatorio de seguridad estipula salarios más bajos, jornadas laborales más largas (hasta 12 horas) y un régimen de francos menos beneficioso para los empleados, entre muchas otras cuestiones.

En ese contexto desde Upadep lanzaron una serie de asambleas informativas para evitar el avance de la precarización de las tareas propias y por los más de 200 despidos que implicaría un cambio de «rubro» del personal involucrado. Hasta hoy las firmas del rubro, en caso de cambiar de mano un concesión, mantienen el personal y le respetan la antigüedad para evitar pagar indemnizaciones y para dotar de estabilidad a los trabajadores.

La secretaría de Trabajo resolvió dictar conciliación obligatoria, aunque no citó a Aerolíneas Argentina 2000 ni a MSA, la empresa involucrada en la maniobra, a una reunión de partes. El gremio puso como plazo el miércoles par que se convoque a los involucrados y amenaza con volver a las protestas.

Adicionalmente, desde Upadep le dijeron a InfoGremiales que la maniobra para achicar los costos laborales «pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y de cualquier aeronave que esté en vuelo, además de la pérdida de tantos puestos de trabajo calificados para brindar el servicio».

Fuente: infogremiales

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El gobierno anunció la desregulación completa del correo

El Gobierno nacional publicó el decreto que desregula el servicio postal en Argentina y le quita preponderancia a la compañía estatal Correo Argentino.

Este lunes quedó publicado en el Boletín Oficial el decreto con las firmas de Milei; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En diálogo con Mundo Laboral SJ el secretario general de Ajeproc San Juan, Carlos Maldonado, advirtió sobre los efectos devastadores que esto podría tener sobre para los trabajadores del Correo de bandera. En este sentido Maldonado expresó. El Decreto 1005/24 emitido por el gobierno de Milei establece nuevas regulaciones para la actividad postal, permitiendo que cualquier persona pueda iniciar un servicio de correo sin requisitos documentales.

Esta normativa plantea una posible desaparición del sistema de correos en su forma actual, generando preocupaciones sobre la privatización del sector o una concesión de la actividad.

La situación es delicada, ya que podría afectar gravemente a numerosos trabajadores del sector postal, dejándolos sin empleo.

El sindicalista manifestó también que, en los años 90 la empresa de Correo Argentino atravesó una etapa difícil tras su privatización bajo la gestión de Franco Macri, lo que generó inseguridad laboral, con reducciones de sueldos, despidos masivos y una afectación general en las condiciones laborales. La situación mejoró durante el gobierno de Néstor Kirchner, quien recuperó el correo para el Estado, trayendo cierta estabilidad. Sin embargo, el correo Ofical ha enfrentado una administración problemática a lo largo de varias gestiones, acumulando deudas y recortes de personal. Aunque las cuentas actualmente están más equilibradas, cabe señalar que la empresa sigue operando con una significativa reducción en el número de empleados, completó.












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Este martes se lleva a cabo la tercera marcha federal universitaria

La Asociación Gremial Docente (AGD) convocó a una nueva marcha nacional universitaria en defensa de la educación pública, que se llevará a cabo el martes 12 de noviembre. La manifestación en la Ciudad de Buenos Aires partirá desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo a las 17:00, en el marco de un paro de actividades que comenzará a las 16:00.

La movilización busca visibilizar la situación crítica que atraviesan las universidades públicas y la necesidad urgente de mejorar el financiamiento y las condiciones salariales de los docentes universitarios, tras la confirmación por el Congreso del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

La marcha de este martes está consensuada entre todos los estudiantes de las universidades y facultades que se mantienen tomadas en el país, aunque desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales, por otro lado, han puesto en agenda el 22 de Noviembre, también como marcha nacional. Ellos de esta manera quieren coincidir con la celebración de los 75 años de la gratuidad de la universidad pública. Esta opción, aunque se concrete, no tiene el apoyo de la mayoría de los alumnos, quienes como adelantaron a La Unión, la consideran «contraproducente», dado que en esas fechas hay mesas de exámenes previstas y finales de cursadas. 

Además de la marcha en Buenos Aires, se difundió en redes una convocatoria a un «flashmob federal» a las 18:00 en distintas ciudades del país, como Posadas, Córdoba, Rosario, Paraná, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, Bahía Blanca, Mendoza, Neuquén y General Roca, entre otras.

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Procesaron a Carlos Acuña por supuesta coacción en el marco de una protesta

La Cámara Nacional de Apelaciones revocó el sobreseimiento de Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, y sentó un precedente para criminalizar la protesta al delimitar el alcance del derecho a la huelga, señalando que no debe perjudicar los derechos de terceros. La Cámara se amparó en las reformas legales recientes en Argentina.

La reciente decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina en contra de Carlos Acuña, secretario general del SOESGyPE y uno de los líderes de la CGT, puede marcar un hito en el tratamiento judicial de las protestas sindicales. La resolución del 8 de noviembre de 2024 revocó el sobreseimiento previo de Acuña y lo somete a procesamiento bajo el cargo de coacción, estableciendo que los límites del derecho a la protesta deben respetar los derechos de terceros, como el libre acceso a establecimientos comerciales.

El conflicto se originó en una manifestación del 21 de diciembre de 2021, en la cual los trabajadores habrían obstaculizado la entrada a una estación de servicio en Buenos Aires. Según la denuncia, la protesta fue organizada no por un conflicto laboral directo con el establecimiento afectado, sino como una táctica de presión durante la negociación salarial de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA).

Inicialmente, en septiembre de 2022, Acuña había sido sobreseído por un juez de primera instancia que consideró que la manifestación formaba parte de los derechos a la protesta y a la huelga. Sin embargo, en una apelación posterior, la Cámara revocó el sobreseimiento al sostener que el bloqueo excedía los límites del derecho a huelga, al implicar una obstrucción física de un lugar de trabajo y causar un perjuicio económico. El objetivo de las huelgas es precisamente cortar el proceso productivo como protesta por bajos salarios o demandas laborales pero la Cámara ahora tiene otro marco.

La resolución de la Cámara establece un precedente serio al precisar que, aunque el derecho a la huelga está protegido constitucionalmente, su ejercicio no puede derivar en acciones intimidatorias o restrictivas que afecten a terceros. Además, la Cámara se refirió a reformas legales recientes en Argentina que penalizan el bloqueo de establecimientos y la obstrucción del tránsito como infracciones graves.

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