Mientras estaciones de servicio e industrias enfrentan restricciones en distintas regiones del país, San Juan mantiene el suministro de GNC sin interrupciones. El contraste reavivó el debate sobre la infraestructura gasífera, la planificación energética y las inversiones pendientes en transporte y distribución de gas natural.

La ola de frío que atraviesa gran parte de la Argentina volvió a poner bajo presión al sistema energético nacional. Las restricciones en el expendio de GNC, los recortes a industrias y las dificultades registradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires reabrieron una discusión recurrente: la capacidad del país para transportar y distribuir el gas que produce.

En ese contexto, San Juan aparece como una excepción. Mientras en numerosas localidades bonaerenses las estaciones de servicio enfrentan interrupciones parciales o totales del suministro, en la provincia la provisión se mantiene estable y sin afectaciones operativas, según confirmaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles.

La diferencia no responde a una menor demanda ni a condiciones climáticas distintas, sino a la configuración del abastecimiento. San Juan recibe gas proveniente de la cuenca neuquina, uno de los principales polos productores del país, una característica que le permite sostener el servicio incluso durante los períodos de mayor consumo residencial.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan (CECA), Miguel Caruso, explicó que no existen inconvenientes en el suministro local y aclaró que los episodios de interrupción registrados en años anteriores estuvieron vinculados a contingencias técnicas y no a problemas de disponibilidad del recurso.

La situación contrasta con lo que ocurre en Buenos Aires, especialmente en La Plata, Berisso y Ensenada, donde numerosas estaciones suspendieron la venta de GNC en cumplimiento de los protocolos que priorizan el abastecimiento domiciliario durante los picos de demanda invernal. La medida también alcanzó a industrias con contratos interrumpibles, generando complicaciones productivas y logísticas.

Detrás de la emergencia reaparecieron cuestionamientos sobre la política energética nacional. Desde la Asociación de Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas) calificaron los cortes como un “clásico lamentable” de cada invierno y atribuyeron las restricciones a la falta de planificación e inversión en infraestructura estratégica.

La entidad sostuvo que el problema central no radica en la disponibilidad del recurso, sino en las limitaciones para transportarlo hacia los centros de consumo. Según su análisis, Argentina produce gas suficiente para abastecer la demanda interna, pero arrastra déficits estructurales en gasoductos, plantas compresoras y redes de distribución que reducen la capacidad de respuesta cuando las temperaturas caen abruptamente.

El gremio también cuestionó la paralización o demora de obras consideradas clave para ampliar el sistema, entre ellas la segunda etapa del Gasoducto Perito Moreno, la reversión completa del Gasoducto Norte y la finalización de instalaciones complementarias destinadas a incrementar la capacidad de transporte.

Mientras tanto, en San Juan el panorama permanece estable. La provincia continúa exhibiendo uno de los mayores niveles de adopción de GNC del país, impulsado por el diferencial de costos frente a los combustibles líquidos y por esquemas de financiamiento que facilitan la conversión vehicular. El ahorro operativo sigue siendo un incentivo determinante para particulares y sectores vinculados al transporte.

El Gobierno de San Juan prepara una de las modificaciones más relevantes de los últimos años en materia habitacional. El proyecto de reforma del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que será remitido en los próximos días a la Cámara de Diputados, incorpora nuevos criterios para acceder a viviendas sociales y créditos habitacionales, entre ellos la exigencia de no registrar antecedentes penales.

La iniciativa forma parte de una revisión más amplia del sistema de adjudicación y administración habitacional. Según adelantaron desde el Ejecutivo, el objetivo es actualizar una normativa que quedó rezagada frente a las nuevas demandas sociales y fortalecer los mecanismos de selección de beneficiarios.

Uno de los aspectos centrales del proyecto apunta a incorporar parámetros vinculados a la conducta de los postulantes. La evaluación pondrá especial atención en antecedentes relacionados con delitos contra la integridad sexual y hechos de violencia de género. Desde la administración provincial sostienen que la medida busca responder a reclamos vecinales y reforzar condiciones de convivencia dentro de los complejos habitacionales.

Sin embargo, el alcance de la reforma trasciende la discusión sobre los requisitos de acceso. El Gobierno pretende aprovechar la modificación legislativa para atacar uno de los problemas estructurales más persistentes del sistema habitacional sanjuanino: la falta de escrituración de miles de viviendas adjudicadas durante las últimas décadas.

Al asumir la actual gestión, el stock de inmuebles sin título de propiedad rondaba las 12.000 unidades. Si bien en los últimos meses se avanzó en más de 2.000 regularizaciones, todavía permanecen pendientes cerca de 10.000 casos. La situación afecta tanto a barrios construidos por el IPV como a emprendimientos desarrollados por cooperativas, sindicatos, fundaciones y otras entidades que, con el paso del tiempo, dejaron inconclusos los trámites administrativos necesarios para completar la transferencia de dominio.

El problema también alcanza a urbanizaciones impulsadas por municipios y organizaciones creadas bajo marcos regulatorios muy distintos a los actuales, con deficiencias documentales que hoy dificultan la registración formal de los inmuebles y la obtención de escrituras.

En este sentido, la reforma busca combinar dos objetivos políticos y administrativos: endurecer los criterios de acceso a los beneficios habitacionales y avanzar en la regularización de un universo significativo de familias que, pese a ocupar sus viviendas desde hace años, todavía no cuentan con plena seguridad jurídica sobre la propiedad.

El Gobierno convocó a los gremios docentes para el 30 de junio y confirmó que trabaja en un programa de retiros voluntarios que formará parte de una estrategia más amplia de modernización estatal. La iniciativa buscará reducir gradualmente el peso del empleo público sin afectar derechos previsionales ni cobertura de salud.

La gestión de Marcelo Orrego comienza a delinear dos decisiones centrales para la segunda mitad del año: la política salarial de los trabajadores estatales y una reforma administrativa orientada a redefinir la estructura del empleo público provincial.

En ese marco, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, confirmó que el Gobierno convocó a los gremios docentes para el próximo 30 de junio, encuentro en el que comenzará a discutirse la pauta salarial para el segundo semestre. La negociación se desarrollará en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria, pero también por la persistente pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años.

El esquema de retiros voluntarios contemplará mecanismos de protección para quienes adhieran, incluyendo la continuidad de la obra social y la preservación de los aportes previsionales. El desafío para el Gobierno será compatibilizar la necesidad de ordenar las cuentas públicas y modernizar la administración con la demanda de estabilidad laboral de miles de trabajadores estatales.

Con la reapertura de la discusión salarial y el inminente anuncio de la desvinculación concertada, la gestión provincial pone en marcha una agenda que combina negociación gremial, reorganización administrativa y búsqueda de mayor eficiencia en el aparato estatal, uno de los ejes que pretende consolidar durante la segunda etapa de gobierno.