La movilización convocada en rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad luego de que un grupo de manifestantes derribara una de las vallas instaladas alrededor del Congreso. El operativo incluyó carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Una fotoperiodista resultó herida en la cabeza y fue trasladada al Hospital Argerich.

Mientras el Senado debatía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las inmediaciones del Congreso se transformaron en el escenario de una fuerte confrontación entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Lo que había comenzado como una concentración multitudinaria para expresar el rechazo a la iniciativa oficial terminó con un amplio despliegue policial, heridos y al menos doce personas detenidas.

La protesta reunió a sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y colectivos ambientalistas, que habían convocado a manifestarse contra el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Aunque el capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras había sido retirado del temario parlamentario, la movilización se mantuvo como una señal de rechazo a la orientación general de la iniciativa.

El operativo de seguridad involucró a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad. Según la versión oficial, la intervención se produjo después de que un grupo de personas derribara una de las vallas de seguridad colocadas alrededor del Palacio Legislativo, momento en el que se activó el protocolo para el control de manifestaciones.

A partir de ese instante, la tensión escaló rápidamente. Los efectivos avanzaron para despejar la Plaza de los Dos Congresos mediante el uso de carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Imágenes difundidas por distintos medios registraron corridas, columnas de manifestantes dispersándose y enfrentamientos en distintos sectores de la plaza, mientras continuaba la sesión en el recinto.

Uno de los episodios de mayor preocupación tuvo como protagonista a una fotógrafa, quien recibió un impacto en la cabeza durante los incidentes. Fuentes presentes en el lugar indicaron que la lesión habría sido provocada por una bala de goma. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó su traslado al Hospital Argerich con diagnóstico de traumatismo de cráneo y señaló, además, que otras tres personas fueron asistidas por dificultades respiratorias ocasionadas por la exposición a gases lacrimógenos.

Hasta el cierre de la jornada no existía un balance definitivo sobre la cantidad total de personas lesionadas. Sí se confirmó la detención de doce manifestantes: nueve por la Policía de la Ciudad y tres por la Policía Federal.

Durante gran parte de la tarde la manifestación transcurrió sin incidentes de gravedad. Sin embargo, distintos testimonios señalaron que la tensión aumentó tras la aparición de un grupo de jóvenes identificado como nacionalista, que previamente había realizado convocatorias a través de redes sociales con mensajes de contenido antisemita. Poco después comenzaron los primeros forcejeos en el perímetro de seguridad y se produjo el avance policial.

La jornada volvió a exponer el elevado nivel de conflictividad que acompaña el tratamiento de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. Aunque el capítulo sobre la Ley de Tierras fue retirado de la sesión, el operativo de seguridad y los enfrentamientos desplazaron el eje del debate parlamentario hacia la actuación de las fuerzas de seguridad y el derecho a la protesta, un tema que continúa generando fuerte controversia política y social.

El canciller Pablo Quirno respaldó el espíritu de la iniciativa impulsada por el Gobierno para flexibilizar el régimen de propiedad de tierras rurales y aseguró que una mayor participación de inversores extranjeros generaría beneficios para el país. Sus declaraciones se produjeron en la antesala del debate en el Senado sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse en el centro de la agenda política luego de que el canciller Pablo Quirno defendiera la posibilidad de ampliar el acceso de ciudadanos extranjeros a inmuebles y campos argentinos. Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que la llegada de inversores del exterior representa una oportunidad para el desarrollo económico y afirmó que incluso la adquisición de «pueblos y provincias enteras» podría traducirse en beneficios para el país.

Al ser consultado sobre el alcance de la propuesta original impulsada por el Gobierno nacional, Quirno respondió que el ingreso de capitales extranjeros para adquirir tierras, edificios o desarrollar emprendimientos constituye un aporte positivo para la economía argentina. Sus declaraciones generaron repercusiones políticas en momentos en que el oficialismo busca reunir apoyos parlamentarios para avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa, que será debatida en el Senado, originalmente contemplaba modificaciones a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El objetivo inicial era eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque posteriormente el Gobierno introdujo cambios para facilitar acuerdos legislativos.

La normativa vigente establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país y fija, además, límites para la concentración de superficies y restricciones vinculadas a áreas consideradas estratégicas. Esas disposiciones fueron incorporadas con el propósito de preservar el control nacional sobre recursos naturales y territorios de valor productivo.

Más allá de las modificaciones introducidas durante la negociación parlamentaria, el proyecto mantiene cambios relevantes en materia de expropiaciones, desalojos, propiedad rural y manejo del fuego. Para el Gobierno, la reforma apunta a fortalecer la protección de la propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones. En cambio, distintos sectores de la oposición, organizaciones sociales y especialistas advierten que las modificaciones podrían facilitar una mayor extranjerización de la tierra y ampliar el margen de intervención de actores privados sobre recursos considerados estratégicos.

La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos y organizaciones sociales confirmaron que se movilizarán este jueves frente al Congreso. Consideran que la eliminación del capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros no modifica los aspectos centrales del proyecto, al que continúan rechazando por entender que afecta derechos sociales, patrimoniales y ambientales.

La decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no alcanzó para desactivar la protesta convocada por el movimiento sindical. La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) y diversas organizaciones sociales ratificaron la movilización prevista frente al Congreso, donde se debatirá una de las iniciativas más controvertidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Desde la conducción cegetista confirmaron que la concentración se desarrollará desde las 14 frente al Palacio Legislativo, al sostener que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo no alteran el contenido de fondo del proyecto. «Se sostiene la movilización», señalaron dirigentes de la central obrera, que consideran que la propuesta continúa incorporando disposiciones que afectan derechos adquiridos y el patrimonio nacional.

En la misma línea se expresó el Frente de Sindicatos Unidos, espacio que reúne a organizaciones gremiales críticas de la actual conducción de la CGT. Sus referentes anunciaron que comenzarán a concentrarse desde el mediodía y advirtieron que el texto conserva artículos que califican como perjudiciales para amplios sectores de la sociedad.

Entre los puntos más cuestionados mencionan mecanismos que agilizan desalojos de inquilinos, comunidades indígenas y familias campesinas; restricciones a las facultades del Estado para disponer expropiaciones por razones de utilidad pública y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que, según denuncian, facilitarían la comercialización de terrenos afectados por incendios.

Las dos CTA también confirmaron su participación en la protesta. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores sostienen que la eliminación del capítulo referido a la venta de tierras no modifica el espíritu general de la iniciativa, por lo que consideran necesario mantener la presión sobre el Congreso durante el tratamiento legislativo.

La convocatoria fue respaldada además por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que ratificó su presencia en la movilización y llamó a confluir con las centrales sindicales en una manifestación unificada. Desde la organización indicaron que la convocatoria permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La decisión de sostener la protesta ya había sido anticipada durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT, en la calle Azopardo. Allí participaron los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante ese encuentro, los dirigentes cuestionaron con dureza el proyecto oficial y afirmaron que la propuesta original para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros significaba «ponerle un cartel de venta al país» en beneficio de intereses económicos concentrados. Aunque ese apartado fue finalmente eliminado para facilitar el tratamiento parlamentario, las organizaciones sindicales consideran que el resto de la iniciativa mantiene cambios de fondo que justifican la continuidad del plan de protesta.

La movilización volverá a colocar al movimiento obrero y a las organizaciones sociales en el centro del debate político mientras el oficialismo intenta reunir los apoyos necesarios en el Senado para avanzar con una de las reformas consideradas prioritarias por la Casa Rosada. El resultado de esa pulseada parlamentaria y la magnitud de la protesta marcarán un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las principales centrales sindicales del país.