En un Confederal marcado por discursos firmes y sin debates abiertos, la CGT ratificó la convocatoria a elecciones para el 5 de noviembre en Obras Sanitarias. La central obrera colocó la unidad como escudo estratégico frente a un gobierno al que acusa de clausurar el diálogo, y trazó un horizonte político de confrontación y proyección electoral hacia 2027.

El Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo fue escenario este jueves del Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT), encuentro en el que la central ratificó la convocatoria a elecciones de autoridades para el próximo 5 de noviembre. Bajo un clima de discursos encendidos pero sin discusiones abiertas, el cónclave consolidó la unidad como pilar estratégico y fijó la confrontación como eje de acción frente a un gobierno al que los gremialistas señalan como inflexible y ajustador.

La sesión estuvo encabezada por los secretarios generales Héctor Daer y Octavio Argüello, en ausencia de Carlos Acuña, y contó con la presencia de referentes de todos los sectores internos: los llamados “gordos” e independientes, el moyanismo, el barrionuevismo y dirigentes ligados al kirchnerismo. La diversidad de líneas marcó la amplitud de la convocatoria, que reunió a centenares de representantes gremiales.

El encuentro sirvió además como paso legal previo a la elección de autoridades en Obras Sanitarias. Aunque aparecieron matices sobre el formato de conducción –unicato, triunvirato o incluso un esquema de cuatro cosecretarios–, fuentes gremiales confirmaron que se mantendrá la fórmula tripartita consensuada en la última reunión en UPCN. Daer sintetizó el espíritu común: «Nos comprometimos a trabajar en unidad. Será un unicato o un triunvirato, lo iremos viendo durante el proceso. Lo importante es llegar con una conducción unificada».

Entre los asistentes se destacaron Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Palazzo (Bancarios), Abel Furlán (UOM), Omar y Sebastián Maturano (La Fraternidad), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Romero (UDA), Argentino Geneiro (Gastronómicos), Mario Calegari (UTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Jorge Sola (Seguros), entre otros.

La coincidencia general fue clara: la unidad sindical aparece como herramienta decisiva en un escenario de pérdida de derechos y ajuste económico. “Sin organización sindical no hay derechos: ni colectivos, ni políticos, ni individuales”, fue la frase que sobrevoló el Confederal.

Los discursos también delinearon el rumbo inmediato. Abel Furlán (UOM) sostuvo que el futuro de la CGT debería recaer en un solo secretario general, pero enfatizó la necesidad de endurecer las posiciones: «No hay posibilidad de dialogar con alguien que no quiere escucharte. Viene una etapa de confrontación». Sergio Palazzo (Bancarios) coincidió: «Si el programa económico está escrito en piedra, no queda margen para el diálogo».

Omar Plaini (Canillitas) recordó que la CGT fue la única organización que logró frenar en la Justicia el capítulo laboral del DNU 70. Y Sergio Romero (UDA) advirtió que los salarios docentes se ubican por debajo de la línea de pobreza, denunciando además que el proyecto de Presupuesto 2026 “desfinanciará el sistema educativo”.

El cierre estuvo en manos de Héctor Daer, quien adelantó que no continuará en la conducción. En su discurso, planteó la necesidad de superar la falsa dicotomía entre diálogo y confrontación: «Este gobierno no dialoga. La tarea es fortalecer la organización sindical y construir un horizonte político que nos devuelva triunfos electorales, primero en 2026 y luego en 2027, para que el peronismo vuelva al poder».

La CGT selló en el Confederal un rumbo de cohesión interna y definió que la confrontación será el camino obligado ante un Ejecutivo que, a su entender, niega el diálogo. El 5 de noviembre será el termómetro de esa unidad, en una elección que no solo renovará autoridades sino que proyectará el rol político de la central para los próximos cuatro años. Con la unidad como escudo y la confrontación como estrategia, la CGT busca reposicionarse como actor clave en la disputa por el futuro político y económico del país.

El Sindicato de Luz y Fuerza cuestionó con dureza el anuncio del Gobierno nacional sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Según la organización, la medida implica un retroceso en soberanía energética y tecnológica, encarece el servicio eléctrico y responde a intereses económicos y políticos externos.

El Gobierno nacional confirmó que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida contempla la venta del 44% de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y, con ello, el control de la compañía. El esquema incluye además un Programa de Propiedad Participada para que los trabajadores accedan hasta al 5% de las acciones.

El anuncio desató una inmediata reacción sindical. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, con representación en las centrales nucleares, expresaron un rechazo categórico. “Nucleoeléctrica es una empresa de interés estratégico para la Argentina, construida con el esfuerzo del pueblo. Significa soberanía energética, científica y tecnológica, pilares fundamentales del desarrollo industrial y productivo”, afirmaron.

Para el gremio, la decisión del Ejecutivo es un “claro guiño a intereses económicos y políticos externos” y forma parte de un plan para “desmantelar el Plan Nuclear Argentino”. En un comunicado, la organización advirtió que la privatización pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y la seguridad operativa de las plantas, al tiempo que “transforma un derecho esencial en un negocio más, encareciendo el servicio eléctrico, degradando su calidad y beneficiando a privados que solo buscan maximizar sus ganancias”.

El sindicato también apeló a la memoria histórica al recordar las consecuencias de las privatizaciones de la década del 90: pérdida de soberanía, flexibilización laboral y deterioro de servicios públicos. “No olvidamos la complicidad de sectores del sindicalismo empresarial que facilitaron la entrega del país y fueron los únicos beneficiarios de esas políticas”, subrayaron.

Finalmente, Luz y Fuerza concluyó con un mensaje enfático: “La soberanía no se negocia. Lo público es de todos y debemos defenderlo por el bien de toda la Nación”.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un frente de conflicto político y sindical que promete intensificarse. Mientras el Gobierno argumenta que busca atraer inversiones y modernizar el sector, Luz y Fuerza denuncia un intento de convertir un servicio esencial en un negocio privado, con impacto directo en tarifas, calidad del suministro y soberanía nacional. La disputa anticipa un nuevo capítulo en la tensión entre el oficialismo y el movimiento obrero frente al rumbo de la política energética argentina.

La Federación de Remiseros (FAREM) respaldó el proyecto de ley impulsado por el diputado provincial y secretario general de la CGT, Eduardo Cabello, que busca reforzar la regulación de taxis y remises frente al avance de plataformas como Uber, Didi y Cabify. Sindicatos y empresarios cuestionan la iniciativa oficial por habilitar la precarización laboral y la competencia desleal.

La Legislatura de San Juan se convirtió en escenario de un fuerte debate luego de la presentación de un proyecto de ley oficial para “modernizar y transparentar” el transporte de pasajeros. La iniciativa, que abre la puerta a la llegada de plataformas internacionales como Uber, Didi o Cabify, fue duramente rechazada por gremios y empresarios del sector, que advierten sobre la amenaza a miles de puestos de trabajo y el riesgo de consolidar un esquema de competencia desigual.

En este contexto, el diputado provincial y secretario general de la CGT regional, Eduardo Cabello, presentó un proyecto alternativo que, según explicó, busca proteger la actividad tradicional de taxis y remises, garantizando condiciones laborales y reglas claras. “Es una ley hecha a espaldas de los trabajadores y empresarios. El problema no es normativo, ya tenemos la Ley 814-A que regula el transporte, sino de control. Lo que hace falta es que el Estado aplique lo que ya existe”, sostuvo Cabello.

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta oficial es la habilitación de aplicaciones internacionales para operar en San Juan. Cabello cuestionó que, mientras taxis y remises cumplen con seguros, revisiones técnicas e impuestos, las plataformas “trabajan sin controles ni obligaciones”, lo que genera “precarización laboral y competencia desleal”, además de poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

El legislador también alertó que el texto “borra del mapa” a las agencias de remises con décadas de trayectoria en la provincia y omite regular fenómenos ya existentes, como el transporte en moto. Además, señaló que la iniciativa abre la puerta a la concentración del negocio en pocas manos y otorga al Ejecutivo una discrecionalidad excesiva en la reglamentación de artículos clave.

El rechazo al proyecto oficial encontró eco inmediato en la Federación de Remiseros (FAREM). Su secretario general, Alejandro Poli, destacó que la organización acompañará la propuesta de Cabello: “Es una ley que nos permitiría defender la actividad de los remiseros en su conjunto y que fue presentada mucho antes que la del gobierno”. Poli advirtió que “las aplicaciones son, en la práctica, una forma de agencia de remis y deben cumplir con los mismos requisitos: habilitar un local, registrar a sus trabajadores bajo convenio, estar dentro de la seguridad social y respetar las leyes de transporte de San Juan”.

El arco de oposición incluye a taxistas, remiseros, agencias, camioneros, combis escolares, peones de taxi, CAPE, ATAP y la propia CGT Regional San Juan, todos alineados en rechazar la propuesta oficial por considerarla un aval a la informalidad y un retroceso en derechos laborales.

“Lo que el Gobierno llama modernización, en realidad es un aval a la informalidad”, concluyó Cabello, advirtiendo que gremios y organizaciones del transporte intensificarán sus reclamos para frenar la iniciativa en el recinto legislativo.

El proyecto alternativo de Eduardo Cabello, respaldado por la FAREM y una amplia red sindical y empresarial, refleja el rechazo al avance de las aplicaciones internacionales en el transporte de pasajeros en San Juan. Para los actores del sector, la regulación vigente debe cumplirse y no reemplazarse por una norma que habilite mayor precarización y competencia desleal. El debate recién comienza, pero la correlación de fuerzas anticipa que el oficialismo tendrá un camino complejo si pretende imponer su iniciativa.