La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) lanzó un plan de lucha este viernes que incluye un paro nacional de 24 horas para reclamar la recomposición salarial y oponerse al traspaso de la Justicia nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajadores judiciales denuncian una pérdida del 31,26% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La UEJN inició una semana de protestas y medidas de fuerza para recuperar el poder adquisitivo perdido durante durante la gestión libertaria. El plan de lucha comenzó con banderazos en todas las sedes judiciales y continúa con un paro nacional de 24 horas durante la jornada de este viernes. Los trabajadores judiciales rechazan la propuesta del Gobierno de aumento salarial del 2% para los meses de febrero y marzo, considerándola insuficiente y calificándola de «migajas».

El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, explicó que los judiciales perdieron un 31,26% de su poder adquisitivo durante el actual mandato de Milei y que el Gobierno sigue limando sus salarios en fetas. El sindicalista destacó la constancia, rebeldía y convicción de los judiciales para no aceptar las ofertas insuficientes del Gobierno.

Rechazo al traspaso de la Justicia

Además de la recomposición salarial, la UEJN también se opone al traspaso de la Justicia nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajadores judiciales denuncian que el traspaso es un «desguace» de la Justicia argentina y que se está implementando de manera «improvisada» y sin respetar la Ley Cafiero y la Constitución Nacional.

El paro nacional de 24 horas tiene un impacto significativo en la Justicia federal, ya que los empleados judiciales paralizan sus actividades en todo el país. La estrategia es parte de un plan de acción más amplio que incluye asambleas en lugares de trabajo y un plenario para definir la continuidad de las mediadas a seguir.

Los sindicatos del sector y las autoridades de Correo Argentino llegaron a un acuerdo salarial que contempla aumentos mensuales acumulativos y un bono extraordinario por tareas electorales. Además, se creó una mesa de diálogo para elaborar un proyecto de pago por productividad que beneficiará a todos los trabajadores.

En un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados del Correo Argentino, los gremios FOECYT, AJEPROC, y AATRAC, junto con las autoridades de la empresa estatal, llegaron a un acuerdo que establece un cronograma de aumentos mensuales acumulativos entre enero y mayo. El incremento salarial total será cercano al 7%, además de un bono extraordinario de $45.000 por tareas electorales.

El acuerdo salarial contempla los siguientes aumentos:

• 1,5% en enero
• 1,2% en febrero
• 1,3% en marzo
• 1,3% en abril
• 1,3% en mayo

Además, se pagará un bono de $45.000 en concepto de gratificación por tareas electorales, que se abonará en dos cuotas: $30.000 en mayo y $15.000 en junio.

Otro punto destacado del acuerdo es la creación de una mesa de diálogo entre los gremios y las autoridades de Correo Argentino para elaborar un proyecto de pago por productividad que beneficiará a todos los trabajadores de la empresa. Dicho plus se implementaría a partir de junio próximo y tiene como objetivo mejorar los ingresos de los trabajadores.

Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.

La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.

El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.

Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.

Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.

El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.

No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.

El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.

El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.