ATE anunció que llegó a un acuerdo con el Gobierno, garantizando que no habrá clausuras de servicios ni el cierre del centro médico.

En concreto, el Ministerio de Salud llegó a un acuerdo con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para asegurar que el hospital continuará operando con todos sus servicios y que no habrá despidos. «Además se garantiza la continuidad de los 612 puestos de trabajo. Nos comprometimos a suspender las medidas de fuerza en el hospital, pero vamos a mantener la convocatoria a marchar el jueves en el Día de la Salud Mental. Siempre lo dijimos: Con un gobierno que prioriza el déficit cero por sobre el hambre de los niños y los jubilados y que quiere destruir el Estado, no tenemos que dialogar, tenemos que confrontarlo. ¡LUCHAR SIRVE! ¡ES EN LA CALLE! ¡LA SALUD PÚBLICA SE DEFIENDE!», señaló ATE.

Esta decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Salud, llegó después de 96 horas consecutivas de protestas y la ocupación del edificio. “El ministro de Salud de la Nación acaba de acordar con ATE que no habrá clausura de servicio, ni cierre del Hospital Laura Bonaparte. Este es el triunfo de la decisión de luchar de los trabajadores y de la masividad demostrada en las calles”, informó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Lo concreto es que este martes al mediodía, el Gobierno firmó un acuerdo con los gremios estatales UPCN y ATE para crear una mesa de trabajo conjunta «a fin de asegurar la prestación de servicios y la atención de salud de los pacientes en el citado organismo, en el marco de la reestructuración».

Las autoridades aseguraron que «las personas que concurran al centro de salud seguirán siendo atendidas en los diversos servicios del mismo con total normalidad» y garantizaron la continuidad del personal del Hospital.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se comprometió a suspender las medidas de protesta que estaba llevando a cabo, las cuales incluían la ocupación del edificio del centro de salud.

Este martes, tras un plenario de la Mesa Nacional de Transporte, integrada por siete gremios importantes del sector,  se anunció un paro de transporte de 24 horas para el miércoles 30 de octubre. La medida de fuerza, decidida por unanimidad, estaba prevista originalmente para el 17 de octubre. El objetivo es “la defensa de la soberanía del país que está representada en las rutas nacionales, en los trenes, mares, ríos y cielos”.

La reunión se llevó adelante a partir de las 10 en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, donde se abordó la situación del sector. Como la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, negocia un aumento salarial dentro del período de conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, y las partes no pueden tomar ninguna medida que complique las tratativas, el paro fue postergado para el 30 de octubre.

Días antes, los gremios del sector declararon “el estado de alerta y movilización” en repudio a distintas medidas del Gobierno nacional. Algunas de ellas son la vuelta del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, la declaración del servicio aeronáutico como esencial (que en la práctica implica una limitación al derecho a huelga) y el conflicto salarial en Aerolíneas Argentinas.

Un informe reveló que siete de cada 10 familias tuvieron que realizar recortes en su alimentación, número que empeora en los barrios populares, donde los recortes alcanzaron al 80% de las familias.

El relevamiento se implementó sobre 49 políticas de cuidado, detectando que solo siete continúan en vigencia. «El 86% de las políticas se encuentran discontinuadas y derogadas», resalta el informe.

Según lo relevado, el porcentaje exacto de familias que debieron recortar es el 65%, agregando que el 67% de los hogares con infantes afirmó tener más dificultad para obtener vacantes en espacios de cuidado y jardines.

Asimismo, el 76% de las familias con adultos mayores expresó que perciben costos ampliamente más elevados, sobre todo en los medicamentos que perdieron cobertura. El 74% aseveró un impedimento para contratar cuidados para estas personas, debido a una caída en sus ingresos.

Por otro lado, de los hogares que contienen personas con discapacidad, el 64% afirmó que se acrecentaron los problemas económicos para obtener prestadores que les aseguren las terapias necesarias. A la par, el 85% de estas familias identificó un importantes suba de precios en los medicamentos, representando su mayor dificultad.

Según el relevamiento: «En los 3 grupos de hogares la mayoría de las familias identificó tener menor disponibilidad de tiempo para cuidar de estas personas en los últimos 6 meses».

Fuente: ámbito