Un país sin caminos: la ofensiva del Gobierno contra Vialidad Nacional pone en jaque la infraestructura y la soberanía
El Sindicato de Trabajadores Viales solicitó a la Comisión Bicameral del Congreso la derogación del decreto 461/25, que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Denuncian falta de fundamentos técnicos, ausencia de planificación y una amenaza directa al entramado territorial de la Argentina.
En un gesto que combina determinación gremial, alerta técnica y defensa del interés público, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, formalizó ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional un pedido categórico: la derogación inmediata del Decreto 461/25. La norma, firmada por el Poder Ejecutivo, ordena el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo clave para la integración territorial, la planificación de obras de infraestructura y el mantenimiento de la red caminera federal.
Lejos de constituir un acto administrativo rutinario, la medida sacude los cimientos del federalismo y exhibe una voluntad de desmantelamiento institucional sin precedentes en democracia. Según advirtió Aleñá en su presentación, el decreto se apoya en informes «apócrifos» elaborados por el Ministerio de Desregulación —una dependencia nacida al calor del actual experimento gubernamental— y omite una cuestión sustancial: no se especifica qué organismo asumirá las funciones esenciales que hasta hoy ejerce la DNV.
¿Quién se hará cargo de los caminos?
La ausencia de una alternativa clara deja en evidencia una peligrosa improvisación. El texto presidencial apenas menciona la creación de una agencia para el control de concesiones, así como el traspaso de maquinarias y bienes inmuebles al dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No se hace alusión, sin embargo, a la planificación, ejecución o fiscalización de obras estratégicas; tareas técnicas que requieren saber especializado, presencia territorial y una articulación activa con las vialidades provinciales.
La Dirección Nacional de Vialidad no es una estructura burocrática más. Se trata de una institución con casi un siglo de existencia, clave para sostener una red de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, garantizar la conectividad de regiones alejadas y definir criterios técnicos para inversiones públicas a lo largo y ancho del país. Su desarticulación implicaría dejar librada al mercado o a la discrecionalidad política una tarea que, en su esencia, responde al interés general.
Un golpe a la vertebración del país
Las consecuencias de suprimir Vialidad Nacional no son menores. Como lo expresó Aleñá, el cierre del organismo «representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria». Más allá del tono alarmante, la afirmación no resulta exagerada: sin una entidad que garantice la continuidad y seguridad de las rutas, se pone en juego no sólo la logística productiva, sino también la vida cotidiana de millones de personas.
Además, el estado de las rutas guarda una relación directa con los niveles de siniestralidad vial. El deterioro de las calzadas, la falta de mantenimiento o la ausencia de señalización constituyen factores letales. Abandonar la gestión estatal de esas tareas equivale a agravar una de las principales causas de muertes evitables en el país.
La Justicia y el Congreso, últimos bastiones
Frente al avance del Ejecutivo, la Justicia Federal ya emitió un fallo cautelar que frena momentáneamente los efectos del decreto. Sin embargo, la decisión final recae en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas y presidida por el diputado oficialista Oscar Zago, la comisión deberá emitir dictamen para que el decreto pueda ser rechazado por ambas cámaras y, de ese modo, quedar definitivamente sin efecto.
La nómina de integrantes —que incluye figuras como Luis Juez, Mariano Recalde, Nicolás Massot, Ana Gaillard y Diego Santilli— será clave para determinar el destino de una medida que amenaza con desmembrar parte del andamiaje institucional construido durante décadas.
El intento por clausurar la Dirección Nacional de Vialidad no puede leerse como una simple política de ajuste o desburocratización. Suprimir un organismo con funciones estratégicas, sin explicar quién las ejercerá ni con qué criterios, revela una peligrosa ligereza en la toma de decisiones públicas. A la vez, expone un desdén hacia las herramientas del Estado que estructuran la vida de un país extenso, diverso y desigual como la Argentina.
En una etapa signada por la polarización y la fragmentación institucional, conservar la capacidad estatal para planificar, mantener y ejecutar obras viales no es un lujo ni un privilegio corporativo: es una necesidad de primer orden. La disolución de Vialidad Nacional, si se concreta, no sólo significará un retroceso logístico y técnico, sino también una claudicación simbólica frente a la idea misma de nación integrada. El Congreso, en su rol indelegable de contralor democrático, tiene ahora la palabra.
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Las 62 Organizaciones buscan recuperar peso político y sindical en San Juan
Las 62 Organizaciones Peronistas Regional San Juan formalizarán este jueves 13 de agosto su nueva conducción en un acto que reunirá a más de una treintena de gremios y buscará consolidar la representación sindical del peronismo provincial.
El encuentro comenzará a las 18:30, bajo la denominación “Acto Normalizador Compañero Lorenzo Miguel”, en el Camping de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicado sobre calle Frías Sur, antes de calle 5, en Villa Krause, Rawson.
Durante la jornada, Martín Solazzo, dirigente de la UOM, asumirá como secretario general de la organización provincial. La designación apunta a dotar al espacio de una conducción formal y reconocida por las organizaciones que participan de la estructura.
La nómina reúne sindicatos de distintas ramas, entre ellos la UOM, Químicos, Asociación Bancaria, Ladrilleros, Viales Nacionales, Plásticos, Automóvil Club Argentino, ATSA, SOEME, Panaderos, Fleteros, Taxistas, UTEP, Gráficos y Trabajadores del Hielo.
La amplitud de la representación constituye uno de los principales rasgos de la nueva conformación. La estructura incorpora organizaciones vinculadas con la industria, los servicios, el transporte, y distintas áreas de la economía provincial.
Respaldo de la conducción nacional
El acto contará con la presencia de Marcelo Pariente, secretario general nacional de las 62 Organizaciones; Karina Moyano, secretaria adjunta; y Miguel Pedelhez, secretario del Interior.
El respaldo de los líderes nacionales consolidará el proceso político y exhibirá el respaldo de la conducción nacional al proceso iniciado en San Juan. La convocatoria reunirá a dirigentes gremiales y referentes del peronismo provincial en una misma instancia.
La reorganización adquiere relevancia en un momento de búsqueda de nuevas formas de articulación entre el movimiento obrero y el peronismo. Para los sindicatos que integran la estructura, la recuperación de una representación política propia constituye una herramienta para intervenir en las discusiones partidarias y laborales.
La normalización en San Juan recupera esa tradición con una estructura que reúne a numerosas organizaciones y una conducción encabezada por Solazzo. El objetivo central será consolidar esa representación sindical como un actor político clave dentro del movimiento obrero y del peronismo local.
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San Juan comienza a discutir en Diputados el Acta Compromiso con Vicuña
La Cámara de Diputados de San Juan comenzará este jueves a analizar formalmente el acuerdo suscripto entre la Provincia y Vicuña Argentina S.A., en una jornada parlamentaria que tendrá a la minería como uno de sus principales asuntos.
El expediente 1904-2026, enviado por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N° 34, ingresará durante la Octava Sesión Ordinaria del período 2026 y será girado a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Minería y Energía.
El tratamiento no llegará todavía al recinto. El primer paso será el estudio del Acta Compromiso y de sus anexos A, B, C y D en las comisiones correspondientes, donde los legisladores deberán evaluar sus aspectos jurídicos, económicos y vinculados con el desarrollo minero.
La discusión adquiere especial relevancia por la dimensión que proyecta Vicuña dentro de la minería cuprífera sanjuanina. La inversión asociada al emprendimiento puede generar efectos sobre el empleo, la contratación de proveedores locales, infraestructura y la recaudación provincial, además de ampliar la participación de San Juan en el desarrollo de uno de los minerales considerados centrales para la transición energética.
Tecnología y educación
La sesión también tendrá entre sus principales iniciativas la aprobación de la Enmienda N° 2 del Memorándum de Acuerdo entre Argentina, San Juan y UNOPS, destinada a extender el programa de modernización hasta el 31 de mayo de 2027.
La modificación contempla la incorporación de nuevos bienes y servicios, entre ellos 50.000 netbooks educativas destinadas a estudiantes sanjuaninos. La adquisición apunta a ampliar el acceso a herramientas digitales y reducir la brecha tecnológica en el sistema educativo provincial.
En materia tributaria, los diputados abordarán modificaciones al Código Tributario y a la Ley Impositiva Anual, con cambios que alcanzan al Régimen de Inclusión Social, el Monotributo Social y el Régimen Simplificado Provincial, entre otras disposiciones.
También se tratará la creación de una Campaña Provincial de Concientización sobre Sífilis, orientada a reforzar la información, prevención y detección temprana de la enfermedad.
Ambiente, salud y seguridad
Otro de los expedientes contempla una adenda para garantizar el funcionamiento y mantenimiento del Parque Faunístico Provincial, mediante un acuerdo entre la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Rivadavia.
En salud, se analizará un convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Sanatorio Argentino para desarrollar durante 2026 acciones de prevención, promoción sanitaria y detección precoz de enfermedades.
La agenda legislativa incluye además pedidos para instalar cámaras de videovigilancia en distintos puntos de Chimbas y para avanzar con el mantenimiento de las defensas hídricas y aluvionales de Iglesia antes de la temporada estival 2026-2027.
Entre los reconocimientos previstos figura la declaración de ciudadanos ilustres post mortem para Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Germán Videla, integrantes de las fuerzas de seguridad fallecidos en la tragedia aérea del 29 de julio.
Con una agenda que combina minería, educación, salud, seguridad, ambiente y cuestiones tributarias, la sesión de este jueves marcará además el inicio del recorrido parlamentario de uno de los acuerdos de mayor relevancia económica para el futuro productivo de San Juan: el entendimiento con Vicuña Argentina.
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La UOM cerró la paritaria siderúrgica con una suba del 12% y un bono de $1,6 millones
La Unión Obrera Metalúrgica y las empresas siderúrgicas alcanzaron un acuerdo para la Rama 21 luego de dos años sin paritaria. El entendimiento establece dos aumentos del 6% no remunerativos y una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores propios. Los contratistas recibirán $1.280.000.
Después de dos años sin un acuerdo salarial, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas siderúrgicas alcanzaron finalmente un acuerdo para los trabajadores comprendidos en la Rama 21. El convenio establece una recomposición del 12% hasta diciembre y un bono extraordinario de hasta $1.600.000.
El incremento se aplicará en dos etapas. El primer 6% no remunerativo tendrá vigencia durante agosto, septiembre y octubre, mientras que desde noviembre se incorporará otro 6% no acumulativo, que regirá durante noviembre y diciembre.
Los nuevos básicos de convenio comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027, según lo acordado entre la organización sindical y las empresas nucleadas en la Cámara Argentina del Acero, entre ellas Acindar y Ternium Siderar.
La negociación también contempló una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores propios de las compañías siderúrgicas. En el caso del personal contratado por empresas contratistas, el monto será equivalente al 80%, es decir, $1.280.000.
El pago de la suma extra todavía no tiene fecha definida. Su implementación quedará supeditada a la homologación del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
El pacto fue alcanzado después de varias audiencias y de una negociación que llegó a tener diferencias importantes entre las partes. En la instancia previa, la UOM había reclamado un incremento del 8% para agosto-octubre y otro 8% para noviembre-diciembre. Finalmente, el acuerdo quedó establecido en dos tramos del 6%.
Las negociaciones fueron encabezadas por la comisión paritaria designada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y permitieron cerrar la discusión correspondiente a la Rama 21 hasta diciembre.
La Rama 17 vuelve a negociar
Mientras los siderúrgicos lograron cerrar su paritaria, la discusión salarial de la Rama 17, correspondiente a la actividad metalmecánica y otras especialidades comprendidas en el convenio, continúa abierta.
La UOM y las cámaras empresarias volverán a reunirse este jueves 13 de agosto a las 14:30, en una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo tras la falta de consenso registrada en el encuentro anterior.
El cierre de la Rama 21 representa así un avance para la conducción de la UOM, aunque deja abierta otra negociación de peso dentro de la industria metalúrgica. La evolución de ambas paritarias será determinante para los ingresos de miles de trabajadores durante los próximos meses.
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