Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que casi la mitad de los argentinos recurre al crédito para adquirir alimentos y artículos esenciales. El estudio advierte una contracción generalizada del consumo, una creciente dependencia del financiamiento y un salto del 147% en la morosidad desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

En un marco signado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo, el consumo cotidiano de los hogares argentinos se financia, cada vez más, a través del crédito. Según un reciente estudio del Centro RA (Estudios para la Recuperación Argentina), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el 45% de las compras en supermercados se realiza hoy con tarjetas de crédito, frente al 39% registrado en diciembre del año pasado.

El cambio en los hábitos de pago refleja con crudeza la magnitud de la crisis de ingresos: los hogares no solo consumen menos, sino que deben endeudarse para mantener niveles básicos de alimentación y consumo. Mientras tanto, el uso de tarjetas de débito cayó del 34% al 26%, el efectivo del 20% al 16%, y las billeteras virtuales —una alternativa de menor costo financiero— duplicaron su participación, pasando del 7% al 13%.

El fenómeno no ocurre en un vacío. El informe advierte que el deterioro de los ingresos y la suba de precios han impactado en todos los rubros del consumo masivo. Las ventas de los autoservicios mayoristas cayeron un 8,4% interanual en agosto, con una leve mejora mensual de apenas 1%. En los supermercados, el consumo creció 0,34% frente al mismo mes del año anterior, pero registró una baja intermensual del 0,23%, confirmando la tendencia de estancamiento.

Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, las ventas mayoristas acumulan una contracción del 35%, mientras que el retroceso en supermercados ronda el 9%. En términos agregados, la UBA subraya que la retracción del consumo se profundiza particularmente entre los revendedores, un sector que suele anticipar los movimientos del mercado minorista.

El documento señala además que una proporción creciente de las familias destina sus ingresos al pago de servicios y deudas, postergando el consumo corriente. En muchos casos, los salarios apenas logran empatar la inflación, lo que empuja a los hogares a “rotar” su endeudamiento para mantener el consumo esencial.

En palabras del informe: “Una proporción creciente de los hogares estaría recurriendo al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales —como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad—, lo que evidencia la rotación de una mayor parte de los ingresos al pago de servicios”.

Pero quizás el dato más alarmante es el del incremento de la morosidad en el crédito al consumo, que se disparó un 147% desde el inicio de la actual gestión presidencial, pasando del 2,5% al 6,2% del total en julio de 2025. El salto refleja el agotamiento financiero de los hogares: “No solo crece el uso del crédito para financiar el consumo, sino también las dificultades de las familias para afrontar los pagos correspondientes”, advierten los economistas de la UBA.

La fotografía económica que ofrece el estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA resume una paradoja inquietante: en una economía donde el consumo se contrae, el endeudamiento crece. El crédito, que en contextos de estabilidad funciona como una herramienta de planificación o acceso a bienes durables, se ha convertido en un recurso de emergencia para llenar la heladera.

El aumento de la morosidad y la caída sostenida del consumo son, en conjunto, el espejo de una crisis de ingresos que se profundiza mes a mes, mientras el margen de maniobra de las familias se achica peligrosamente. En la práctica, los argentinos están financiando su subsistencia a tasas de interés.

La distribuidora Gas Cuyana informó que el valor base del metro cúbico de gas natural se fijó en $2.943. La medida responde a la recomposición tarifaria dispuesta por el Gobierno nacional, que apunta a reducir los subsidios y trasladar gradualmente los costos a los usuarios finales. Los hogares sin beneficios de segmentación serán los más afectados por el incremento.

El nuevo cuadro tarifario del gas natural ya comenzó a regir en la provincia de San Juan, y los usuarios recibirán sus próximas facturas con un aumento significativo. De acuerdo con lo informado por Gas Cuyana S.A., empresa que presta el servicio en Mendoza, San Juan y San Luis, el valor base del metro cúbico se estableció en $2.943, en el marco del esquema de actualización nacional dispuesto por la Secretaría de Energía.

No obstante, el impacto se hará sentir con fuerza en los hogares de mayores ingresos y en aquellos usuarios no alcanzados por el régimen de subsidios, quienes deberán afrontar la tarifa plena. En cambio, los beneficiarios de la segmentación tarifaria continuarán recibiendo una bonificación parcial, aunque esta podría ajustarse en los próximos meses conforme avance el proceso de revisión de costos.

De esta manera, las facturas comenzarán a reflejar los nuevos valores desde el próximo período de facturación, con variaciones según la categoría del usuario y el nivel de consumo estacional. El aumento se suma al alza acumulada de otros servicios públicos, en un contexto de inflación sostenida y pérdida del poder adquisitivo, que complica el presupuesto familiar y la capacidad de pago de los hogares.

Diversas entidades de defensa del consumidor advirtieron que la suba podría tener efectos directos sobre el costo de vida y sobre el consumo energético, particularmente en regiones donde el gas natural es indispensable para calefacción y cocción. También alertaron sobre el riesgo de una mayor morosidad en las facturas y pidieron una revisión de los criterios de segmentación para evitar que usuarios de ingresos medios queden desprotegidos.

El nuevo valor del gas en San Juan se inscribe en un proceso de ajuste estructural del sistema energético, que busca equilibrar las cuentas públicas pero a la vez traslada una carga creciente sobre los consumidores. Mientras el Gobierno sostiene que la actualización es necesaria para “garantizar la sostenibilidad del servicio”, los usuarios enfrentan una realidad distinta: la energía, cada vez más cara, se convierte en un bien difícil de sostener en los presupuestos familiares.

En un plenario con más de 60 gremios, la conducción de la CGT ratificó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y avanzó hacia un acuerdo de unidad de cara a la elección de nuevas autoridades, prevista para el 5 de noviembre. El encuentro exhibió un inusual clima de consenso entre los principales sectores sindicales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunió este jueves a su mesa chica ampliada en la sede de la UOCRA, en un encuentro que duró más de tres horas y congregó a más de sesenta organizaciones. Fue una cita estratégica: allí confluyeron la preocupación por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y los preparativos para el Congreso Nacional Ordinario del próximo 5 de noviembre, donde se renovará el Consejo Directivo de la central.

La reunión, encabezada por el anfitrión Gerardo Martínez (UOCRA) junto a los cosecretarios generales Héctor Daer (Sanidad) y Octavio Argüello (Camioneros), marcó un punto de inflexión en la dinámica interna de la central obrera. La ausencia de Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), referente del sector barrionuevista, no alteró el tono de unidad que caracterizó la jornada.

Entre los presentes se destacaron figuras de peso del movimiento obrero: Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Abel Furlán (UOM), Mario “Paco” Manrique (SMATA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Vanesa Núñez (UTEDYC), Marina Jaureguiberry (SADOP) y Alejandro Gramajo (UTEP), entre otros. También participaron representantes de gremios estatales y del sector de la economía popular, lo que aportó amplitud al debate.

La vuelta de Manrique —quien había renunciado a la Secretaría Gremial en 2024— fue uno de los hechos más comentados. Su presencia, junto con la de Furlán, sumó una nota política: ambos reivindicaron la figura de Cristina Fernández de Kirchner, en contraste con discursos más críticos hacia el peronismo tras la derrota electoral. Sin embargo, y a diferencia de otras etapas, las diferencias no derivaron en fricciones. Según fuentes gremiales, el clima fue de autocrítica constructiva y coincidencia generalizada en preservar la cohesión del movimiento obrero.

“Tenemos que actuar con prudencia, pero también con determinación”, resumió un dirigente histórico al salir de la reunión. En ese espíritu, la CGT acordó mantener una línea de rechazo enfático a los borradores de reforma laboral que circulan en despachos oficiales y que, según los asistentes, “ponen en riesgo el modelo sindical argentino”. Entre los puntos más cuestionados figuran la posibilidad de negociar salarios por empresa, los llamados “salarios dinámicos” y la desregulación de las indemnizaciones.

El diagnóstico compartido es que el proyecto oficial “pretende desarticular la negociación colectiva y fragmentar a los trabajadores”, por lo que la respuesta de la central se definirá en clave “multiacción”: institucional, judicial y de movilización, replicando la estrategia que desplegó frente al DNU 70/23.

En cuanto a la elección del próximo 5 de noviembre, el plenario ratificó la voluntad de mantener el formato de conducción colegiada. Todo indica que el nuevo Consejo Directivo volverá a estructurarse en torno a un triunvirato, con respaldo transversal de los distintos bloques internos. El proceso de renovación incluirá la elección de 36 secretarías y 14 vocalías, entre ellas las de Relaciones Internacionales, Interior, Prensa y Comunicación, y se extenderá hasta el 11 de noviembre de 2029.

El Congreso se realizará en el estadio de Obras Sanitarias, sobre la avenida Del Libertador, y prevé además la presentación de las memorias y balances de los últimos cuatro ejercicios. Será también el escenario de un debate sobre la coyuntura política, social y económica del país, y el rol que deberá asumir el sindicalismo en los próximos años.

A una semana de su Congreso, la CGT se muestra con un frente interno inusualmente alineado y con un mensaje claro hacia el Gobierno: no habrá acompañamiento a ninguna reforma que implique retrocesos en derechos laborales o debilitamiento del poder sindical.

El desafío inmediato será sostener esa unidad en un contexto económico tenso y con un oficialismo decidido a avanzar sobre el marco regulatorio del trabajo. En ese tablero, la central obrera busca proyectarse no solo como actor de resistencia, sino también como referente político de equilibrio, capaz de articular una respuesta colectiva ante lo que considera un intento de “refundación” regresiva del sistema laboral argentino.