Un país sin caminos: la ofensiva del Gobierno contra Vialidad Nacional pone en jaque la infraestructura y la soberanía
El Sindicato de Trabajadores Viales solicitó a la Comisión Bicameral del Congreso la derogación del decreto 461/25, que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Denuncian falta de fundamentos técnicos, ausencia de planificación y una amenaza directa al entramado territorial de la Argentina.
En un gesto que combina determinación gremial, alerta técnica y defensa del interés público, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, formalizó ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional un pedido categórico: la derogación inmediata del Decreto 461/25. La norma, firmada por el Poder Ejecutivo, ordena el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo clave para la integración territorial, la planificación de obras de infraestructura y el mantenimiento de la red caminera federal.
Lejos de constituir un acto administrativo rutinario, la medida sacude los cimientos del federalismo y exhibe una voluntad de desmantelamiento institucional sin precedentes en democracia. Según advirtió Aleñá en su presentación, el decreto se apoya en informes «apócrifos» elaborados por el Ministerio de Desregulación —una dependencia nacida al calor del actual experimento gubernamental— y omite una cuestión sustancial: no se especifica qué organismo asumirá las funciones esenciales que hasta hoy ejerce la DNV.
¿Quién se hará cargo de los caminos?
La ausencia de una alternativa clara deja en evidencia una peligrosa improvisación. El texto presidencial apenas menciona la creación de una agencia para el control de concesiones, así como el traspaso de maquinarias y bienes inmuebles al dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No se hace alusión, sin embargo, a la planificación, ejecución o fiscalización de obras estratégicas; tareas técnicas que requieren saber especializado, presencia territorial y una articulación activa con las vialidades provinciales.
La Dirección Nacional de Vialidad no es una estructura burocrática más. Se trata de una institución con casi un siglo de existencia, clave para sostener una red de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, garantizar la conectividad de regiones alejadas y definir criterios técnicos para inversiones públicas a lo largo y ancho del país. Su desarticulación implicaría dejar librada al mercado o a la discrecionalidad política una tarea que, en su esencia, responde al interés general.
Un golpe a la vertebración del país
Las consecuencias de suprimir Vialidad Nacional no son menores. Como lo expresó Aleñá, el cierre del organismo «representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria». Más allá del tono alarmante, la afirmación no resulta exagerada: sin una entidad que garantice la continuidad y seguridad de las rutas, se pone en juego no sólo la logística productiva, sino también la vida cotidiana de millones de personas.
Además, el estado de las rutas guarda una relación directa con los niveles de siniestralidad vial. El deterioro de las calzadas, la falta de mantenimiento o la ausencia de señalización constituyen factores letales. Abandonar la gestión estatal de esas tareas equivale a agravar una de las principales causas de muertes evitables en el país.
La Justicia y el Congreso, últimos bastiones
Frente al avance del Ejecutivo, la Justicia Federal ya emitió un fallo cautelar que frena momentáneamente los efectos del decreto. Sin embargo, la decisión final recae en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas y presidida por el diputado oficialista Oscar Zago, la comisión deberá emitir dictamen para que el decreto pueda ser rechazado por ambas cámaras y, de ese modo, quedar definitivamente sin efecto.
La nómina de integrantes —que incluye figuras como Luis Juez, Mariano Recalde, Nicolás Massot, Ana Gaillard y Diego Santilli— será clave para determinar el destino de una medida que amenaza con desmembrar parte del andamiaje institucional construido durante décadas.
El intento por clausurar la Dirección Nacional de Vialidad no puede leerse como una simple política de ajuste o desburocratización. Suprimir un organismo con funciones estratégicas, sin explicar quién las ejercerá ni con qué criterios, revela una peligrosa ligereza en la toma de decisiones públicas. A la vez, expone un desdén hacia las herramientas del Estado que estructuran la vida de un país extenso, diverso y desigual como la Argentina.
En una etapa signada por la polarización y la fragmentación institucional, conservar la capacidad estatal para planificar, mantener y ejecutar obras viales no es un lujo ni un privilegio corporativo: es una necesidad de primer orden. La disolución de Vialidad Nacional, si se concreta, no sólo significará un retroceso logístico y técnico, sino también una claudicación simbólica frente a la idea misma de nación integrada. El Congreso, en su rol indelegable de contralor democrático, tiene ahora la palabra.
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San Juan busca preparar su infraestructura para dos décadas de expansión minera
En la Cumbre Federal de Logística 2026, el gobernador Orrego advirtió que San Juan deberá prepararse para un flujo de transporte pesado creciente durante las próximas dos décadas. Reivindicó los fondos del Bono San Juan para la Ruta 40 Norte, los US$ 250 millones vinculados a Vicuña y la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica y vial.
Esta fue una de las principales definiciones del gobernador Marcelo Orrego durante la Segunda Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, donde advirtió que las proyecciones para las próximas dos décadas anticipan un flujo de transporte pesado de gran magnitud. “Hasta diría un camión cada 46 segundos de alto porte”, señaló el mandatario al describir la circulación que podría generar el desarrollo de los proyectos mineros. La dimensión de esa demanda, sostuvo, obliga a anticipar inversiones para evitar que las limitaciones de conectividad condicionen la expansión productiva.
Orrego remarcó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre de la Argentina y que el 73% de su territorio es montañoso. Esa combinación de potencial geológico y complejidad geográfica exige obras capaces de conectar yacimientos, centros industriales y corredores de transporte.
Vicuña y el Bono San Juan, fuentes de financiamiento
El gobernador vinculó esa preparación con dos instrumentos de financiamiento. Por un lado, mencionó el acuerdo relacionado con el proyecto Vicuña, por US$ 250 millones destinados al desarrollo eléctrico y vial, con beneficios previstos también para otras industrias y el turismo.
Por otro, destacó la colocación del Bono San Juan para financiar obras prioritarias. Según detalló, la Legislatura había autorizado una emisión de US$ 600 millones, pero la colocación recibió ofertas por más de US$ 1.030 millones, un monto equivalente al 72% por encima de la autorización original. Los recursos permitirán financiar trabajos en la Ruta Nacional 40 Norte.
La disponibilidad de fondos, sin embargo, deberá traducirse en obras capaces de responder a las necesidades de transporte que acompañarán el crecimiento minero. La conectividad vial y el abastecimiento energético aparecen entre las condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones y ampliar las cadenas de proveedores locales.
Trámites más rápidos y emergencia hídrica
Orrego también defendió la digitalización de la administración pública como una herramienta para acortar plazos sin resignar controles. Según explicó, la simplificación de procedimientos busca agilizar las gestiones vinculadas con proyectos productivos y reducir tiempos administrativos.
A esa agenda sumó la emergencia hídrica provincial. San Juan cuenta con unos 3.000 kilómetros de canales primarios que requieren obras de intervención y mantenimiento, una infraestructura relevante para sostener la producción agrícola en una provincia condicionada por la disponibilidad de agua.
Al referirse a la relación entre minería y sociedad, el gobernador planteó que el desarrollo no puede limitarse a la construcción de caminos y redes eléctricas. “Ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social”, afirmó, al señalar la importancia de que la población confíe en los proyectos y en sus beneficios.
La cumbre, convocada bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios y especialistas para analizar las necesidades de transporte y conectividad de las provincias.
La expansión cuprífera plantea un desafío logístico prioritario para San Juan: sincronizar el flujo de capitales, el desarrollo de infraestructura y el compromiso social de manera preventiva ante el inminente aumento del transporte de carga. De la resolución estratégica de estas variables dependerá el encadenamiento productivo y el crecimiento industrial de la región.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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