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La creación del fondo de cese laboral por parte del Ejecutivo, en coordinación con la CNV, marca un hito en la demolición del esquema tradicional de derechos laborales en Argentina. La medida, enmascarada como modernización, representa una externalización del costo del despido y una cesión del resguardo legal a los mecanismos del mercado financiero. Sindicatos en alerta, mientras el poder político avanza sin negociación real.

El gobierno de Javier Milei acaba de ejecutar uno de los golpes más significativos al sistema de protección de los trabajadores desde el retorno de la democracia. A través de la Resolución General 1071, la Comisión Nacional de Valores puso en marcha un régimen de fondos de inversión específicamente diseñado para cubrir eventuales ceses laborales, cuya implementación dependerá de acuerdos paritarios.

La aparente voluntariedad de la medida oculta su verdadero espíritu: la sustitución progresiva del régimen indemnizatorio por uno privatizado, fragmentado y dependiente de la capacidad negociadora de cada sector. Este fondo se presenta como “alternativo”, pero en la práctica podría volverse norma en un clima político donde el retroceso de derechos es celebrado como eficiencia.

La arquitectura jurídica del desamparo

Durante décadas, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo garantizó una indemnización por despido que servía como barrera a la precarización estructural. Hoy, esa garantía entra en un proceso de erosión institucional con el aval del Estado. El nuevo esquema permite que empresas aporten periódicamente a un fondo, que luego se entrega al trabajador en caso de desvinculación. ¿El problema? Ya no habrá proporcionalidad con la antigüedad ni obligatoriedad de justificación, lo que diluye la protección ante el despido arbitrario.

Además, los fondos serán administrados como instrumentos de inversión —mediante fideicomisos o FCI—, sujetos a riesgos del mercado y a la lógica especulativa de la renta financiera. En lugar de fortalecer las inspecciones laborales o mejorar la cobertura de la Seguridad Social, el Ejecutivo terceriza el resguardo económico de los trabajadores en el mercado de capitales.

Sturzenegger y la ingeniería del desmantelamiento

Detrás de esta reforma se encuentra la mano ideológica y técnica de Federico Sturzenegger, promotor histórico del achicamiento del Estado y ferviente defensor de la flexibilización laboral. Su alianza con Roberto Silva, titular de la CNV, revela que no se trata de una política aislada sino de una estrategia sistemática de desregulación. La consigna de “libertad de elegir” vuelve a ser una fórmula vacía que omite la desigualdad estructural entre quien contrata y quien vende su fuerza de trabajo.

La medida, que parece de implementación neutra, en realidad se erige como una herramienta de disciplinamiento: ante la pérdida de poder indemnizatorio, el trabajador se ve más vulnerable y con menor margen para resistir condiciones abusivas.

Una “libertad” que no protege, sino expulsa

El discurso oficial insiste en que esta innovación promueve la “libertad económica” y dinamiza el mercado. Pero ese principio, aplicado al mundo laboral sin filtros ni regulaciones, erosiona las bases del derecho social. ¿Cómo se negocia libremente en una economía donde el desempleo crece, los sueldos pierden poder adquisitivo y el miedo al despido paraliza?

La lógica libertaria —traducida a decretos y resoluciones— plantea un país donde el trabajo deja de ser un derecho protegido para convertirse en una mercancía frágil, sin red de contención ni equidad en la negociación.

Esta reforma no debe leerse en clave técnica sino política. Se trata de un nuevo capítulo en la ofensiva contra el entramado legal que daba cierta estabilidad a los sectores más desprotegidos del mercado laboral. Bajo el manto de la innovación financiera, se oculta una voluntad de ruptura con décadas de conquistas obreras.

En este escenario, el papel de los sindicatos se vuelve crucial, aunque limitado por un contexto hostil y un Ejecutivo que desprecia abiertamente la negociación colectiva. Si la transformación avanza sin resistencia, el horizonte próximo será el de un país donde el despido deja de ser un hecho excepcional y costoso, para convertirse en una maniobra habitual, sin consecuencias ni reparos.

La Argentina que se dibuja tras esta reforma no es una república moderna ni eficiente: es una sociedad que retrocede décadas, desamparando al trabajador en nombre de una libertad que, lejos de emancipar, somete.

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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.

Puntos clave de la encuesta:

  • Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
  • Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
  • Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
  • Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.

La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.

Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.

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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

  • Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
  • Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
  • Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

  • Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
  • Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
  • Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

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