Desguace laboral por decreto: el Gobierno desmonta las indemnizaciones y traslada el riesgo al trabajador

La creación del fondo de cese laboral por parte del Ejecutivo, en coordinación con la CNV, marca un hito en la demolición del esquema tradicional de derechos laborales en Argentina. La medida, enmascarada como modernización, representa una externalización del costo del despido y una cesión del resguardo legal a los mecanismos del mercado financiero. Sindicatos en alerta, mientras el poder político avanza sin negociación real.

El gobierno de Javier Milei acaba de ejecutar uno de los golpes más significativos al sistema de protección de los trabajadores desde el retorno de la democracia. A través de la Resolución General 1071, la Comisión Nacional de Valores puso en marcha un régimen de fondos de inversión específicamente diseñado para cubrir eventuales ceses laborales, cuya implementación dependerá de acuerdos paritarios.

La aparente voluntariedad de la medida oculta su verdadero espíritu: la sustitución progresiva del régimen indemnizatorio por uno privatizado, fragmentado y dependiente de la capacidad negociadora de cada sector. Este fondo se presenta como “alternativo”, pero en la práctica podría volverse norma en un clima político donde el retroceso de derechos es celebrado como eficiencia.

La arquitectura jurídica del desamparo

Durante décadas, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo garantizó una indemnización por despido que servía como barrera a la precarización estructural. Hoy, esa garantía entra en un proceso de erosión institucional con el aval del Estado. El nuevo esquema permite que empresas aporten periódicamente a un fondo, que luego se entrega al trabajador en caso de desvinculación. ¿El problema? Ya no habrá proporcionalidad con la antigüedad ni obligatoriedad de justificación, lo que diluye la protección ante el despido arbitrario.

Además, los fondos serán administrados como instrumentos de inversión —mediante fideicomisos o FCI—, sujetos a riesgos del mercado y a la lógica especulativa de la renta financiera. En lugar de fortalecer las inspecciones laborales o mejorar la cobertura de la Seguridad Social, el Ejecutivo terceriza el resguardo económico de los trabajadores en el mercado de capitales.

Sturzenegger y la ingeniería del desmantelamiento

Detrás de esta reforma se encuentra la mano ideológica y técnica de Federico Sturzenegger, promotor histórico del achicamiento del Estado y ferviente defensor de la flexibilización laboral. Su alianza con Roberto Silva, titular de la CNV, revela que no se trata de una política aislada sino de una estrategia sistemática de desregulación. La consigna de “libertad de elegir” vuelve a ser una fórmula vacía que omite la desigualdad estructural entre quien contrata y quien vende su fuerza de trabajo.

La medida, que parece de implementación neutra, en realidad se erige como una herramienta de disciplinamiento: ante la pérdida de poder indemnizatorio, el trabajador se ve más vulnerable y con menor margen para resistir condiciones abusivas.

Una “libertad” que no protege, sino expulsa

El discurso oficial insiste en que esta innovación promueve la “libertad económica” y dinamiza el mercado. Pero ese principio, aplicado al mundo laboral sin filtros ni regulaciones, erosiona las bases del derecho social. ¿Cómo se negocia libremente en una economía donde el desempleo crece, los sueldos pierden poder adquisitivo y el miedo al despido paraliza?

La lógica libertaria —traducida a decretos y resoluciones— plantea un país donde el trabajo deja de ser un derecho protegido para convertirse en una mercancía frágil, sin red de contención ni equidad en la negociación.

Esta reforma no debe leerse en clave técnica sino política. Se trata de un nuevo capítulo en la ofensiva contra el entramado legal que daba cierta estabilidad a los sectores más desprotegidos del mercado laboral. Bajo el manto de la innovación financiera, se oculta una voluntad de ruptura con décadas de conquistas obreras.

En este escenario, el papel de los sindicatos se vuelve crucial, aunque limitado por un contexto hostil y un Ejecutivo que desprecia abiertamente la negociación colectiva. Si la transformación avanza sin resistencia, el horizonte próximo será el de un país donde el despido deja de ser un hecho excepcional y costoso, para convertirse en una maniobra habitual, sin consecuencias ni reparos.

La Argentina que se dibuja tras esta reforma no es una república moderna ni eficiente: es una sociedad que retrocede décadas, desamparando al trabajador en nombre de una libertad que, lejos de emancipar, somete.