El pulso del poder: Hugo Moyano, la CGT y el divorcio con el kirchnerismo
En una muestra de fractura expuesta dentro del movimiento obrero organizado, Hugo Moyano lideró el retiro de la CGT de la convocatoria impulsada por el kirchnerismo. Entre acusaciones de relegamiento histórico y tensiones familiares, el sindicalismo peronista reconfigura sus vínculos con la política partidaria. Una decisión con consecuencias políticas que exceden el calendario inmediato.
La historia del peronismo está signada por tensiones internas que, lejos de resolverse, se reciclan con nuevos protagonistas pero viejos vicios. En esta oportunidad, el escenario lo ofreció la sede de la Federación de Sanidad, donde tuvo lugar una reunión que derivó en una decisión de peso político y simbólico: la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió bajarse de la movilización en respaldo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner.
El dato no pasó desapercibido, no solo por la magnitud del actor que se retira del juego —la central obrera—, sino por la contundencia de los argumentos. Hugo Moyano, uno de los emblemas del sindicalismo argentino, tomó la palabra en ese cónclave y dejó en claro que no era una retirada inocente. Sus declaraciones fueron lapidarias: “Siempre relegaron al peronismo y al movimiento sindical”, expresó con dureza, apuntando directamente al núcleo kirchnerista.
Esta frase, que podría leerse como una queja circunstancial, revela en verdad una tensión de fondo: la constante disputa por la centralidad en el espacio peronista. La relación entre el sindicalismo tradicional y La Cámpora, así como con el aparato kirchnerista en general, ha estado marcada por una combinación incómoda de necesidad mutua y recelo permanente. Moyano, con su verborragia habitual, esta vez puso fin a las ambigüedades.
Las diferencias no se limitaron al plano ideológico o estratégico. La interna también alcanzó ribetes familiares. La ausencia de la CGT contrastó de manera flagrante con la presencia de Pablo Moyano, hijo del líder camionero, quien días antes había visitado a la ex presidenta en su domicilio para expresarle su respaldo. La distancia entre ambos dirigentes —padre e hijo— funciona como metáfora de una división más amplia que atraviesa a todo el universo sindical: ¿acompañar o no al kirchnerismo en su deriva hacia una épica defensiva y personalizada?
En ese contexto, el comunicado posterior de la CGT fue tan breve como elocuente: se limitó a señalar que “aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones sindicales quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes”. Un mensaje frío, administrativo, pero que encierra una advertencia clara: el movimiento obrero no será furgón de cola de ninguna narrativa ajena a su interés inmediato.
La decisión se gestó en una reunión que reunió a pesos pesados del sindicalismo: Héctor Daer, Octavio Argüello, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Juan Pablo Brey, Jorge Sola, Omar Plaini, Miguel Paniagua y dirigentes del Consejo Nacional del PJ como Víctor Santa María y Guillermo Moser. Todos ellos compartieron una lectura común: no era el momento, ni el contexto, para seguir una agenda impuesta unilateralmente.
Detrás de las palabras, hay también una estrategia: distanciarse de una imagen pública cada vez más polarizante como la de CFK y, al mismo tiempo, reordenar el tablero de cara a futuras negociaciones dentro del peronismo. El mensaje es claro: el sindicalismo quiere volver a tener voz y voto, no ser simplemente una fuerza de apoyo logístico.
El trasfondo de esta ruptura parcial remite a un viejo dilema: ¿puede el sindicalismo mantener autonomía política en un país donde la política lo atraviesa todo? Moyano parece creer que sí. O al menos, intenta demostrar que el sindicalismo tiene margen para marcarle la cancha al peronismo partidario. En este caso, al kirchnerismo.
La jugada de Hugo Moyano no es sólo una reacción coyuntural sino un posicionamiento político de largo aliento. Marca un límite, traza una frontera y deja en evidencia que el peronismo sindical ya no está dispuesto a delegar su protagonismo histórico. El silencio institucional de la CGT es, en realidad, un grito: el grito de una estructura que reclama ser escuchada, no como soporte, sino como actor de peso en la definición del rumbo nacional.
El conflicto expone además una contradicción que ha recorrido toda la etapa kirchnerista: su relación ambigua con las estructuras clásicas del peronismo. La tensión entre la mística juvenil de La Cámpora y el músculo del sindicalismo tradicional sigue sin resolverse. Y cada vez que el peronismo debe salir a la calle, esa fisura se vuelve grieta.
En la disputa entre Moyano padre y su descendencia política, se juega más que un drama familiar: se pone en jaque la unidad de acción de un movimiento obrero que, aunque golpeado, conserva su capacidad de condicionamiento. Mientras tanto, el resto del arco político observa y toma nota: en la Argentina del presente, cada gesto, cada ausencia, y cada palabra no dicha, vale más que una consigna.
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ASIJEMIN acordó con Vicuña un aumento salarial del 10% para el personal jerárquico minero
El entendimiento fue firmado en San Juan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Contempla una recomposición del 6% retroactiva a octubre de 2026 y otro incremento del 4% desde enero de 2027, con bases de cálculo correspondientes a los salarios de septiembre y diciembre, respectivamente.
La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y Vicuña Argentina S.A. alcanzaron un acuerdo paritario que establece una mejora salarial acumulada del 10% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. La conformidad se firmó este miércoles 18 de noviembre y contempla dos etapas de aplicación, con incrementos distribuidos entre el último trimestre de 2026 y el comienzo del próximo año.
La primera recomposición será del 6%, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y calculada sobre los salarios básicos de septiembre. El retroactivo correspondiente será abonado junto con los haberes de noviembre, según lo establecido en el acuerdo.
La segunda actualización alcanzará el 4% y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. En este caso, la base de cálculo será el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2026. De esta manera, las partes definieron un esquema de actualización escalonado que extiende sus efectos sobre las remuneraciones del personal jerárquico, profesional y técnico alcanzado por el convenio.
Por ASIJEMIN participaron de la negociación el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano.
La representación de Vicuña Argentina estuvo integrada por Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.
El pacto constituye un nuevo resultado de la negociación entre la organización sindical y la compañía minera, en una actividad donde la evolución de los proyectos y la incorporación de personal mantienen en primer plano las discusiones sobre condiciones laborales y remuneraciones. La aplicación de los dos tramos acordados marcará la pauta salarial para los trabajadores alcanzados durante los próximos meses.
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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical
El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.
El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.
Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción
Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.
En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.
La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.
Las cifras de la pérdida salarial
El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.
En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.
El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.
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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado
Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.
El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.
Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.
El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.
Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.
Formación y tecnología, dos herramientas para competir
Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.
A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.
También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.
La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.
El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.
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