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La resolución del máximo tribunal del país, que ratificó la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, desató un profundo malestar en el universo gremial. Con una postura que va desde la condena enérgica hasta la amenaza de acciones masivas, el movimiento obrero organizado se encuentra ante una encrucijada: sostener la institucionalidad o reavivar su histórico poder de presión callejera.

La CGT se manifestó antes de que la Corte Suprema hiciera pública su decisión, advirtiendo sobre una “embestida político-judicial” contra la dos veces jefa de Estado. El lenguaje elegido no fue casual: se apeló al imaginario de una democracia sitiada, alertando sobre una peligrosa erosión del pacto republicano. Tras el fallo, el tono se endureció, pero la central obrera evitó, por ahora, anunciar medidas concretas. Internamente, sin embargo, ya se escuchan voces que exigen un paro nacional como forma de frenar lo que definen como una “proscrición encubierta”.

Movilización contenida y tensión acumulada

Mientras la CGT medita su jugada, otras agrupaciones ya tomaron la iniciativa. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que representa uno de los brazos más potentes de la central, expresó su rechazo categórico y denunció una estrategia de judicialización para condicionar el juego democrático. Su secretario general, Juan Carlos Schmid, trazó un paralelo con lo ocurrido en Brasil durante el juicio al presidente Lula da Silva, denunciando una lógica de disciplinamiento político promovida por sectores enquistados en el poder real.

La FATUN, gremio de trabajadores no docentes universitarios, fue el primero en traducir el repudio en acción concreta: un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. En paralelo, comenzaron a multiplicarse tomas simbólicas de facultades, como ocurrió en la de Filosofía y Letras de la UBA, escenario habitual de la resistencia estudiantil. La FEDUN, que nuclea a docentes universitarios, también llamó a marchar “en defensa de la democracia”, sumando su voz a una narrativa que considera a la ex mandataria víctima de una operación político-judicial.

La Federación Judicial Argentina, que nuclea a trabajadores del sector que dictó el fallo, no dudó en calificar a la Corte como “la de la vergüenza”, cuestionando no sólo la legitimidad del procedimiento sino el trasfondo de la decisión. La paradoja de que un sindicato del propio Poder Judicial repudie el accionar de sus superiores expone, sin rodeos, la magnitud de la fractura institucional.

Una democracia en vilo

Las dos CTA —dirigidas por Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy— emitieron un comunicado de tono categórico: denunciaron un “colapso de la arquitectura institucional” y una “intervención judicial premeditada” destinada a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Según su interpretación, no se trata de una condena penal aislada, sino de un paso más en la utilización de la justicia como herramienta de disciplinamiento ideológico.

La alusión directa al caso Lula no es menor: evoca una jurisprudencia regional en la que se judicializa la política para neutralizar adversarios incómodos al statu quo. En este contexto, los gremios denuncian que no sólo se intenta borrar a una figura política, sino que se busca enviar un mensaje ejemplificador a todo actor que ose desafiar los intereses corporativos dominantes.

Sin embargo, más allá de las declaraciones, hasta ahora no se vislumbran medidas de alto impacto articuladas. La CGT no ha convocado a un paro general ni ha definido un plan de lucha claro. Las acciones se concentran en protestas puntuales y comunicados sectoriales, lo que refleja tanto una falta de consenso interno como el temor a reeditar escenarios de confrontación social que podrían derivar en mayor inestabilidad.

Entre el repudio y la parálisis

El mosaico sindical se encuentra dividido entre la indignación y la cautela. Aunque las palabras duras abundan, la traducción de ese descontento en acciones efectivas todavía está en suspenso. Algunos apuestan por una movilización creciente, mientras otros prefieren la prudencia ante la incertidumbre política y económica que atraviesa el país.

El dilema central no es nuevo: cómo articular una respuesta potente sin deslegitimarse ante una ciudadanía que también desconfía del sindicalismo, al que muchos perciben como un actor burocrático, más preocupado por sus privilegios que por el bien común. No obstante, la coyuntura podría forzar a la CGT a tomar una posición más firme, presionada por sus propias bases y por el avance de la tensión social.

La ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner en evidencia que la justicia argentina se ha transformado, al menos en parte de la percepción pública, en un actor político más. En este escenario, el movimiento sindical se erige como uno de los principales diques de contención ante lo que muchos interpretan como una avanzada antidemocrática.

Pero el desafío que enfrenta el sindicalismo es complejo: debe evitar caer en la sobreactuación, sin resignar su rol histórico de defensa de los sectores populares. La sociedad, agobiada por la inflación, el descreimiento y la fatiga cívica, observa con escepticismo. Las decisiones que se tomen en los próximos días marcarán no sólo la relación entre los gremios y el sistema político, sino también el pulso de una democracia que atraviesa uno de sus momentos más frágiles desde el regreso del Estado de Derecho.

El fallo ya fue emitido. Ahora, las consecuencias políticas y sociales están por escribirse. Y el movimiento obrero, como en tantas otras encrucijadas de nuestra historia, tendrá un papel determinante en esa narración colectiva.

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Un sanjuanino al frente de APOPS: Fabián Montaño será el nuevo secretario general del gremio previsional

Con lista única y el respaldo de dirigentes de todo el país, Fabián Montaño encabezará a partir de diciembre la conducción nacional de APOPS, el sindicato que representa a trabajadores de ANSES. En diálogo exclusivo con Mundo Laboral San Juan, adelantó los desafíos del nuevo ciclo, apuntó contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional y defendió el rol del Estado y la seguridad social.

El 24 de septiembre marcará un punto de inflexión para la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), el gremio que representa a trabajadoras y trabajadores de ANSES en todo el país. Con la confirmación de una lista única y el consenso logrado tras intensas negociaciones internas, el sanjuanino Fabián Montaño será el próximo secretario general del sindicato, sucediendo al histórico dirigente Leonardo Fabre, quien condujo la organización desde 1997.

Montaño celebró el consenso alcanzado y resaltó la importancia de anteponer el interés colectivo a las diferencias personales o sectoriales. “Siempre se busca lo mejor para la institución. No fue fácil, pero el diálogo y la voluntad de construir nos permitieron presentar una lista de unidad que refleja el momento que vive el gremio”, afirmó.

Con décadas de trayectoria en APOPS, Montaño conoce a fondo el funcionamiento interno del gremio y ha participado activamente en numerosas luchas, desde las grandes movilizaciones en defensa de la jubilación pública hasta las marchas contra las reformas que amenazan derechos previsionales. “Uno empieza con vocación de servicio y compromiso, y con el tiempo se van dando los frutos de ese esfuerzo. Es un reconocimiento de los compañeros y compañeras de todo el país”, expresó.

La nueva conducción estará acompañada por dirigentes con experiencia en la estructura sindical, entre ellos Darío Canseco, de la regional Lomas de Zamora, quien asumirá un rol clave en la próxima gestión. el dirigente destacó que se trata de un equipo joven, con ganas de aportar una mirada renovadora, pero sin renunciar a los principios históricos de APOPS. “No se trata de cambiar las banderas, sino de encontrar nuevas formas de estar más cerca de las bases, de escuchar y construir colectivamente”, indicó.

El nuevo ciclo en APOPS no se inicia en un contexto sencillo. La situación política y económica del país impone desafíos urgentes. Montaño fue enfático al describir la coyuntura actual: “Las políticas de ajuste, endeudamiento y desmantelamiento del Estado que impulsa el Gobierno nacional nos preocupan profundamente. No vemos un rumbo claro, sólo retrocesos. Y lo peor es que esas políticas golpean a los trabajadores y debilitan el sistema previsional”.

Advirtió que la falta de empleo registrado, producto del aumento del trabajo informal y el parate económico, afectará directamente a la seguridad social y, por ende, a la tarea que realizan los trabajadores de ANSES. “Si no hay aportes, si cada vez menos personas acceden a un empleo formal, el sistema jubilatorio entra en crisis. Eso no sólo compromete los derechos de millones de ciudadanos, también pone en riesgo nuestras propias fuentes de trabajo”, explicó.

Además, alertó sobre el impacto que podría tener una eventual reforma previsional impulsada desde el Ejecutivo. “No sabemos con qué vendrán, pero seguramente será para recortar derechos. Nuestra responsabilidad será estar atentos, organizados y listos para defender a los jubilados, los trabajadores y el rol del Estado como garante de justicia social”, agregó.

La transición tras más de 25 años de conducción

La salida de Leonardo Fabre, quien estuvo al frente de APOPS desde 1997, también marca el final de una etapa histórica. Montaño valoró el legado del dirigente saliente y aseguró que su gestión será una continuidad con identidad propia. “Fabre fue protagonista de importantes luchas. Deja una estructura sólida y una identidad gremial muy definida. Ahora nos toca a nosotros proyectar el futuro, con nuevas estrategias pero con la misma convicción de siempre”, destacó.

Una conducción federal con raíz sanjuanina

La elección de un dirigente del interior para conducir un gremio nacional de fuerte presencia en el área metropolitana es también un dato político relevante. Para Montaño, que un sanjuanino encabece APOPS “no es sólo un orgullo personal o regional, sino un signo de apertura y federalismo dentro del gremio”.

“San Juan tiene una rica tradición de militancia social y sindical. Llegar a la conducción nacional desde nuestra provincia es una muestra de que el trabajo, la coherencia y el compromiso tienen valor. Y también es una oportunidad para visibilizar más al interior profundo, que muchas veces es postergado”, subrayó.

El mensaje final de Fabián Montaño fue claro: unidad, organización y firmeza para enfrentar lo que viene. “Estamos atravesando una etapa difícil, pero no hay lugar para el miedo ni el aislamiento. Vamos a construir desde el diálogo con las bases, con participación, con mirada federal. APOPS va a estar donde tiene que estar: al lado de sus trabajadores y en defensa de la seguridad social”.

Con elecciones previstas para el 24 de septiembre y asunción en diciembre, Montaño comienza a delinear una nueva etapa para el gremio previsional. Una etapa que exigirá templanza, decisión y, sobre todo, la capacidad de construir colectivamente en tiempos de incertidumbre.

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El Frente Sindical convocó a la marcha el 7 de agosto para exigir mejoras laborales y salariales

El Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, impulsado por ATE, definió su participación en la marcha del Día de San Cayetano, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de agosto.

Esta movilización, que contará con la presencia de más de 100 organizaciones sindicales, incluyendo la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las dos CTA, y sindicatos de la CGT, tiene como objetivo principal exigir mejoras laborales y salariales.

La marcha, que comenzará a partir de las 8 desde el santuario de Liniers y se dirigirá a la Plaza de Mayo, es una respuesta a la creciente preocupación por la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, enfatizó la importancia de esta movilización, afirmando que «el frente sindical está en pleno desarrollo, goza de muy buena salud y este 7 de agosto en la calle tenemos que asestarle un nuevo golpe al Gobierno».

Aguiar destacó que «tenemos que frenar la destrucción de los puestos de trabajo. Las cesantías y las suspensiones van en aumento en el sector público, pero también en las distintas ramas de la actividad privada».

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Alarma: El empleo informal en Argentina sigue en aumento

En un contexto de estancamiento del empleo formal y deterioro sostenido del poder adquisitivo, el trabajo en plataformas digitales emerge como una salida laboral para miles de personas en Argentina, aunque con un fuerte componente de precariedad y vulnerabilidad laboral

La situación del empleo en el país se encuentra en una coyuntura crítica. La actividad económica logró recuperarse y superar levemente los niveles previos a la contracción de agosto de 2023, pero el trabajo registrado en el sector privado permanece estancado desde mediados de 2024. A esto se suma una tasa de desempleo del 7,9% en el primer trimestre de 2025, la más alta desde 2021.

Esta realidad ha generado un crecimiento significativo de las ocupaciones informales e independientes, categorías que en muchos casos incluyen el trabajo en plataformas digitales, lo que ha llevado a una mayor flexibilización del mercado laboral.

El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) realizó un relevamiento exhaustivo sobre la situación laboral en Argentina, destacando que el trabajo en plataformas digitales es una de las principales salidas laborales para miles de personas en el país. Repartidores, conductores, vendedores online y freelancers encuentran en estas actividades una alternativa rápida para generar ingresos, aunque sin estabilidad ni protección laboral.

La precariedad laboral se ha convertido en un fenómeno generalizado en la economía de plataformas, afectando a sectores como comercio, gastronomía, hotelería y transporte, lo que ha llevado a una mayor precarización de las condiciones de trabajo.

La caída del salario real, que se encuentra un 15% por debajo del nivel de 2017, empujó a muchos trabajadores a buscar ingresos complementarios. Según el CETyD, el porcentaje de personas con más de un empleo pasó del 8% al 12% entre 2013 y 2024.

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