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La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta. El fallo, que conmociona al país, abre un nuevo capítulo de tensión política y movilización social, en un contexto de profunda polarización y desconfianza institucional.

El máximo tribunal del país emitió un dictamen de alto voltaje político e institucional: la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la asignación de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. El pronunciamiento, avalado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no solo ratifica la pena de prisión efectiva por seis años, sino que también sella su exclusión definitiva de cualquier cargo público.

Este veredicto, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una saga judicial que ha acompañado la vida política de la ex mandataria desde que dejó la presidencia. La Corte, en su resolución, rechazó todos los recursos presentados por la defensa, sosteniendo que el proceso se desenvolvió con las garantías del debido proceso y una sólida base probatoria. Asimismo, desestimó el pedido del Ministerio Público Fiscal para revisar la absolución por asociación ilícita, en base al artículo 280 del Código Procesal, decisión que también levanta suspicacias dentro del espectro judicial.

Pero lo jurídico es apenas una cara de la moneda. La política, como telón de fondo permanente, se vuelve ineludible. Tras el anuncio, comenzaron a gestarse reacciones masivas entre sindicatos, organizaciones sociales y sectores del peronismo más combativo. La narrativa del “lawfare”, esa idea de una persecución sistemática mediante el aparato judicial, volvió a instalarse con fuerza en las calles, en los discursos y en las redes. Las marchas que se avecinan no serán simples manifestaciones: prometen ser un punto de inflexión en un país que se asoma peligrosamente al abismo de la deslegitimación de sus instituciones fundamentales.

La justicia en la encrucijada

El fallo de la Corte no puede analizarse sin tomar en cuenta su impacto sobre el entramado republicano. Si bien es crucial que las máximas autoridades rindan cuentas ante la ley, también lo es que la percepción pública no vea en este acto una revancha política disfrazada de justicia. La desconfianza hacia el Poder Judicial es, en muchos sectores, estructural. Y decisiones de esta envergadura, por más fundadas que estén en la letra jurídica, adquieren inevitablemente una dimensión simbólica.

La legitimidad del sistema judicial no se construye únicamente sobre la pulcritud procesal, sino también en la percepción de imparcialidad que logre proyectar. La grieta argentina —más emocional que ideológica— encuentra así un nuevo combustible: para unos, se trata de la consagración de la impunidad; para otros, de un montaje institucional con fines persecutorios. La verdad, como casi siempre en política, probablemente habite en algún pliegue intermedio, donde conviven los intereses, las omisiones y las conveniencias.

Una nación fracturada ante un fallo ineludible

Más allá de la figura de Cristina Fernández, lo que está en juego es la capacidad de la Argentina para reconfigurar un consenso democrático donde las instituciones sean respetadas por todos los sectores, más allá de sus simpatías políticas. La condena no solo afecta a una persona, sino que interpela al sistema político en su conjunto, obligándolo a replantear los límites entre justicia, poder y representación popular.

Con el fallo firme, el país ingresa en un territorio inédito: una ex presidenta condenada por corrupción y potencialmente detenida, en medio de un clima social inflamable y con una dirigencia política deslegitimada por su inacción o complicidad. En los próximos días, el termómetro social medirá el alcance de esta decisión, no solo en las calles, sino también en el seno de la ciudadanía desencantada, que asiste perpleja a un espectáculo de decadencia institucional que parece no tener fin.


La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner representa un hito judicial de proporciones históricas, pero también una fractura más en la ya resquebrajada arquitectura institucional del país. La justicia ha hablado; ahora la política y la sociedad deberán responder, no con eslóganes ni consignas, sino con la madurez de quienes entienden que la democracia no se sostiene solo en los veredictos, sino en la legitimidad del conjunto. El desafío, enorme y urgente, será reconstruir la confianza en los pilares republicanos sin caer en el precipicio de la revancha o la victimización. Porque lo que está en juego no es sólo el futuro de una dirigente, sino el alma misma de la república.

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Docentes universitarios profundizan la protesta y convocan a un paro desde el 30 de septiembre

Universidades: rechazo al 3%, nuevo paro y una quinta Marcha Federal en octubre
Paritaria universitaria: los docentes reclaman una recomposición del 33,4%
El conflicto universitario suma otro paro y queda atravesado por una disputa judicial
Universidades nacionales: paro desde el miércoles y presión para aplicar la Ley 27.795
Docentes universitarios vuelven al paro antes de la Marcha Federal de octubre

CONADU resolvió un paro total de actividades de entre 48 y 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre. La medida quedó condicionada a que el Gobierno aplique antes del martes 29 la recomposición salarial que los gremios reclaman en el marco de la Ley 27.795. La disputa también llegó a la Justicia, que intimó al Ejecutivo a cumplir una cautelar en cinco días.

La huelga, sin embargo, quedó sujeta a una condición: los gremios anticiparon que podría levantarse si el Gobierno nacional efectiviza antes del martes 29 la recomposición salarial del 33,4% que reclaman en aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La última propuesta oficial había sido del 3%, porcentaje rechazado por las organizaciones sindicales.

La Ley 27.795, sancionada en 2025 luego de que el Congreso insistiera con dos tercios de los votos frente al veto presidencial, establece en su artículo 5 la actualización de los salarios docentes y no docentes tomando como referencia la variación del IPC desde diciembre de 2023. También dispone actualizaciones periódicas en las negociaciones paritarias. El artículo 6 establece la recomposición de las becas estudiantiles según la evolución de los precios.

La disputa incorporó en los últimos días un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora.

El Gobierno, en cambio, sostiene que ya cumplió con la cautelar y anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La controversia judicial se suma así a una negociación paritaria que permanece sin acuerdo.

Para Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, la respuesta sindical debe sostener la organización colectiva frente a la fragmentación que, según afirmó, caracteriza el momento político y laboral. Su planteo acompañó la decisión de profundizar las medidas hasta la próxima movilización nacional.

El paro se inscribe además en una secuencia de protestas que tendrá otro punto central el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios prevén llevar allí el reclamo salarial, la aplicación de la Ley 27.795 y la discusión sobre el financiamiento de las universidades en el Presupuesto 2027.

De este modo, el conflicto universitario llega a una nueva instancia con tres frentes simultáneos: una paritaria sin acuerdo, una disputa judicial por la aplicación de una ley sancionada por el Congreso y un calendario gremial que se extenderá hasta octubre. La definición sobre el aumento salarial antes del martes 29 determinará si el paro comienza el miércoles o si las partes encuentran una salida de último momento.

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CGT, 96 años: nació en medio de un golpe y convirtió la unidad sindical en una herramienta de poder

La Confederación General del Trabajo fue creada el 27 de septiembre de 1930, pocas semanas después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Su origen fue el resultado de un acuerdo entre corrientes sindicales que mantenían profundas diferencias y que entendieron que la fragmentación debilitaba su capacidad de representación. La central atravesó rupturas, dictaduras, proscripciones y reunificaciones hasta convertirse en una de las instituciones centrales de la vida laboral y política argentina.

Pero el golpe no creó la necesidad de una central obrera. La discusión sobre la unidad sindical venía de antes. Durante las décadas previas, el movimiento obrero había construido una extensa red de sindicatos, federaciones y centrales atravesadas por diferencias profundas sobre la relación con el Estado, los partidos políticos, la huelga y el papel de las organizaciones de trabajadores.

En la década de 1920 convivían distintas tradiciones. La Confederación Obrera Argentina (COA) reunía principalmente a sindicatos de orientación socialista; la Unión Sindical Argentina (USA) expresaba la tradición sindicalista revolucionaria; la FORA mantenía la influencia anarquista, mientras los comunistas desarrollaban sus propias estructuras. No se trataba de matices dentro de una misma corriente, sino de concepciones diferentes acerca de la organización y la acción obrera.

La idea de construir una organización común comenzó a ganar fuerza antes del golpe. La Federación Obrera Poligráfica Argentina (FOPA) había impulsado desde 1927 una propuesta de unidad que buscaba reunir a las principales expresiones sindicales. La fragmentación, frente a un empresariado organizado y a un Estado que podía recurrir a la represión, comenzaba a ser percibida por distintos dirigentes como una limitación concreta para defender intereses comunes.

El 6 de septiembre de 1930 cambió las condiciones políticas. La interrupción del orden constitucional, la persecución de organizaciones obreras y el avance del desempleo en medio de la crisis económica internacional aceleraron aquellas conversaciones. Tres semanas después, el 27 de septiembre, delegados de la COA y la USA conformaron una nueva central y adoptaron el nombre de Confederación General del Trabajo de la República Argentina. El primer secretario general fue el dirigente ferroviario Luis Cerutti.

La nueva organización no representó a todas las corrientes del movimiento obrero. La FORA anarquista permaneció fuera de aquella construcción y los comunistas conservaron estructuras propias. Por eso, la fundación de la CGT no significó el final de las diferencias: fue, en realidad, el comienzo de una experiencia de unidad que durante décadas tendría que atravesar nuevas fracturas y acuerdos.

Tampoco existió una institucionalización inmediata. La central funcionó durante sus primeros años con una estructura todavía en proceso de consolidación y recién entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 1936 realizó su Congreso Constituyente. La documentación histórica del Ministerio de Trabajo señala precisamente ese intervalo de casi seis años entre la creación de la central y su organización formal.

En 1935, además, la disputa interna desembocó en una nueva fractura. Los socialistas ganaron peso en la conducción y los sindicalistas que habían encabezado inicialmente la central quedaron desplazados. La división derivó en la existencia de dos CGT y volvió a demostrar que la unidad alcanzada en 1930 no era irreversible.

El proceso adquirió otra dimensión a partir de 1943. El golpe que derrocó a Ramón Castillo abrió una etapa en la que Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, construyó una relación cada vez más estrecha con importantes organizaciones sindicales. La CGT se convirtió en un actor central de esa transformación y llegó al 17 de octubre de 1945 con una capacidad de movilización que la colocaría en el centro de la escena política nacional.

La movilización de aquel día, protagonizada por miles de trabajadores que confluyeron en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, marcó un punto de inflexión. El triunfo electoral del peronismo en 1946 profundizó la gravitación de la central, que durante los años siguientes pasó a ocupar un lugar decisivo en la estructura del movimiento obrero y en la relación entre sindicatos y Estado.

La historia posterior estuvo marcada por nuevas rupturas. Después del derrocamiento de Perón en 1955, la proscripción del peronismo y las restricciones sobre las organizaciones sindicales obligaron al movimiento obrero a reorganizarse. La CGT atravesó intervenciones, divisiones y distintas experiencias de conducción mientras conservaba un peso significativo en la vida política argentina.

Ese papel volvió a adquirir una dimensión dramática durante la última dictadura. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la CGT fue disuelta y los sindicatos intervenidos. La legislación represiva restringió severamente el derecho de huelga y numerosos dirigentes, delegados y militantes obreros fueron perseguidos, encarcelados, torturados y desaparecidos.

Documentación oficial sobre la historia del sindicalismo argentino señala al golpe de 1976 como una de las etapas más graves de persecución contra el movimiento obrero.

En ese período también surgieron expresiones de resistencia sindical. El 27 de abril de 1979, la Comisión de los 25 convocó al primer paro general contra la dictadura. Posteriormente llegaron la movilización a San Cayetano de 1981, la protesta de Plaza de Mayo de 1982 y la marcha de “Paz, Pan y Trabajo”, hitos que contribuyeron a recuperar la presencia pública del sindicalismo en los últimos años del régimen militar.

Con el retorno democrático, la CGT recuperó su funcionamiento institucional, aunque las divisiones internas continuaron. Hubo distintas conducciones y centrales durante las décadas siguientes, hasta que en 2016 tres espacios confluyeron en un nuevo esquema de conducción colegiada integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. En 2021, la central volvió a organizar un triunvirato, esta vez con Daer, Acuña y Pablo Moyano.

La conducción volvió a modificarse en noviembre de 2025. El Congreso General Ordinario eligió como secretarios generales a Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, según la nómina oficial de autoridades de la central. Héctor Daer quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Carlos Acuña asumió la Secretaría de Turismo.

La propia sede histórica de la CGT, en Azopardo 820, sintetiza parte de ese recorrido. El edificio fue inaugurado el 18 de octubre de 1950 y recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 1233/2007, que reconoció su importancia dentro de la historia del movimiento obrero argentino.

A 96 años de su fundación, la trayectoria de la CGT muestra que la unidad sindical nunca fue un punto de llegada definitivo. Desde aquel acuerdo entre organizaciones que mantenían diferencias ideológicas hasta las sucesivas rupturas y reunificaciones del siglo XX y XXI, la central construyó su identidad alrededor de una negociación permanente entre intereses, tradiciones y modelos de conducción.

Ese rasgo explica también su permanencia. La CGT no nació porque las organizaciones obreras hubieran dejado de discrepar, sino porque encontraron una razón concreta para actuar juntas en un momento de fuerte presión política y económica. Casi un siglo después, esa misma tensión entre unidad, autonomía, representación y capacidad de acción continúa formando parte de la historia cotidiana del sindicalismo argentino.

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San Juan licitó la primera obra para reconstruir la Ruta 40 hacia Jáchal

El Gobierno de San Juan abrió la licitación para reconstruir el tramo Tucunuco–San Roque, en Jáchal, con una inversión oficial de $26.103 millones y un plazo de 540 días. La calzada pasará de 6,30 a 7,30 metros e incorporará banquinas, obras de drenaje, señalización y medidas de seguridad vial.

La obra tendrá un plazo de 540 días corridos y se ejecutará en el marco del convenio celebrado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad. El proyecto apunta a recuperar un pavimento que presenta un deterioro significativo y a mejorar las condiciones de circulación de uno de los principales accesos al norte sanjuanino.


Una ruta más ancha y con nuevas banquinas

La intervención contempla ensanchar la calzada de 6,30 a 7,30 metros, aunque mantendrá un carril por cada sentido de circulación. A ambos lados se construirán banquinas de tres metros: un metro pavimentado y dos metros de material granular.

Los trabajos incluirán repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores deteriorados y la incorporación de un nuevo paquete estructural en las zonas donde se amplíe la ruta.

El proyecto también prevé intervenir alcantarillas, sifones y sistemas de drenaje, además de ejecutar alteos en los puntos que lo requieran. La renovación se completará con defensas laterales, demarcación horizontal y señalización vertical.

La necesidad de la obra está vinculada con el desgaste de la estructura existente y con deficiencias en parte de las obras hidráulicas, factores que afectan tanto la transitabilidad como las condiciones de seguridad.

Un corredor con mayor demanda prevista

Durante 2025, el tramo Tucunuco–San Roque registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. La Provincia proyecta un incremento de la circulación a partir del crecimiento de los servicios, el transporte de cargas y el desarrollo productivo y minero del norte.

La Ruta 40 constituye además la principal conexión terrestre entre el Gran San Juan y Jáchal, por lo que su recuperación tendrá incidencia sobre el transporte de pasajeros, la circulación de mercaderías y el acceso a localidades y emprendimientos ubicados a lo largo del corredor.

La licitación de este tramo abre así la primera etapa de un programa de cuatro secciones para recuperar la Ruta 40 Norte. La obra combina reconstrucción del pavimento, ampliación de la infraestructura y adecuación de los sistemas de seguridad y drenaje, con el objetivo de sostener la circulación actual y atender el crecimiento previsto para uno de los corredores viales más importantes del norte provincial.

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