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La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan emitió un comunicado en respuesta a un mensaje oficial que calificaron como «violento y persecutorio». Los trabajadores exigen una recomposición salarial del 100% y condiciones laborales dignas.

En un comunicado emitido este domingo, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (ApyT) denunció que el reclamo salarial no es nuevo y que afecta a todo el personal del hospital. La pérdida de poder adquisitivo ha provocado la renuncia de casi 200 profesionales, lo que ha deteriorado gravemente la capacidad operativa de la institución.

Los trabajadores del Garrahan exigen una recomposición del 100% y un salario que alcance el valor de la canasta familiar, además de condiciones laborales dignas para sostener la atención de pacientes con patologías complejas. Sin embargo, hasta el momento no se ha fijado fecha ni lugar para la audiencia correspondiente a la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Un ultimátum

La APyT informó que si al momento de la Asamblea Hospitalaria convocada para el martes 3 de junio a las 13 horas no hay novedades concretas, evaluarán retomar las medidas de fuerza. Los trabajadores están decididos a no retroceder en su lucha por mejores condiciones laborales y salariales.

Además, la APyT interpuso al Congreso Nacional para que trate de forma urgente el proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento estructural del hospital. Los trabajadores consideran que es fundamental que se aborde este tema para asegurar la estabilidad y el funcionamiento del hospital.

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Trabajadores del transporte y organizaciones sociales marchan contra el gobierno

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizará una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado el miércoles 25 de junio, en respuesta al plan del gobierno y en defensa de los derechos laborales. La marcha es una reacción general del área del transporte y cuenta con el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, convocó a una movilización multisectorial hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. La marcha, programada para el miércoles 25 de junio, es una respuesta contundente al plan del gobierno y busca defender los derechos laborales y la soberanía.

La CATT ha unido fuerzas con otros sindicatos y organizaciones sociales para formar el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y Salarios Justos. Este frente multisectorial busca dar una respuesta colectiva a las políticas del gobierno nacional que afectan a los trabajadores y a la economía popular. Entre los sindicatos y organizaciones convocantes se encuentran la Federación Marítima Portuaria de la República Argentina (FeMPINRA), la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), La Fraternidad, la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (ATE-PBA), la CTA Capital, la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios eléctricos y Afines (FATIDA), la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros.

Repudio al DNU 340/25

La CATT repudió explícitamente el DNU 340/25, que busca enmarcar judicialmente la nulidad del derecho a huelga. Esta medida es vista como un ataque a los derechos laborales y sindicales, y que ha causado un amplio rechazo en el sector del transporte y otras actividades laborales.

La movilización del 25 de junio es un llamado a la acción para todos los trabajadores y organizaciones sociales que se sienten afectados por las políticas del gobierno. La CATT y el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y Salarios Justos buscan dar una respuesta colectiva y contundente a las políticas que afectan tanto a los trabajadores como así también a la economía popular.

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La lucha global por los derechos laborales en la era digital

Organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña global para exigir garantías laborales para quienes trabajan a través de aplicaciones digitales, en el marco de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. La iniciativa busca frenar la precarización estructural que enfrentan millones de personas repartidoras y conductoras en todo el mundo.

La economía de plataformas ha revolucionado la forma en que trabajamos y nos relacionamos con el mercado laboral. Sin embargo, detrás de la promesa de flexibilidad y autonomía, se esconde una realidad de precarización y desprotección para millones de trabajadores en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca visibilizar esta problemática y exigir cambios estructurales para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de plataformas.

La precarización laboral en la era digital

Los algoritmos de las aplicaciones definen turnos, ingresos y sanciones, sin transparencia ni participación de las personas afectadas. A pesar de la promesa de flexibilidad, en la práctica los trabajadores carecen de estabilidad, protección social y derechos básicos. Las empresas son las mayores beneficiarias de este modelo de negocio, que les permite externalizar costos y maximizar ganancias a costa de la desprotección de los trabajadores.

La lucha por la regulación

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) juega un papel fundamental en la regulación de los derechos laborales en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca presionar a la OIT para que establezca normas internacionales que garanticen derechos laborales en el entorno digital. La aprobación de un instrumento normativo vinculante que regule estas tecnologías del trabajo es imprescindible para garantizar la transparencia en el uso de los datos y proteger los derechos de los trabajadores.

La situación en América Latina

En América Latina, también hay intentos por legislar sobre el trabajo en plataformas. Sin embargo, aún quedan desafíos como el uso de datos, los seguros, la libertad de asociación y la gestión algorítmica. La región necesita una regulación efectiva que proteja los derechos de los trabajadores y garantice condiciones laborales justas.

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La pobreza y la desigualdad se agravan en Argentina debido a la informalidad laboral

La tasa de informalidad laboral en Argentina sigue aumentando, con un crecimiento del 78% en la participación de la recuperación del empleo total desde la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro.

El trabajo en negro es un fenómeno persistente y complejo que afecta a millones de trabajadores en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. En Argentina, la situación es particularmente grave, con una alta tasa de informalidad que afecta tanto a adolescentes como a mujeres, exacerbando las desigualdades de género y generacionales en el mercado laboral.

El crecimiento de la informalidad

Según datos del Indec, en los últimos cuatro años se han generado 568.000 empleos informales, en comparación con 363.000 formales registrados en el sector privado. Esto significa que por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro. El sector con mayor informalidad laboral es el servicio doméstico, con más de un millón de personas trabajando sin aportes al sistema previsional.

Sectores más afectados

La industria agrícola y la construcción también presentan altas tasas de informalidad laboral. En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a los beneficios de un empleo formal. En la construcción, el 58,4% de los empleados están en la informalidad.

La recesión económica

La economía argentina ha experimentado una recesión significativa, lo que ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. La caída del 5,1% en el Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre de 2024 ha llevado a un aumento del desempleo y la precarización laboral.

La pobreza y la desigualdad

El 34,9% de los trabajadores en Argentina vive por debajo de la línea de pobreza, un fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos años. La situación ha empeorado significativamente en el último semestre, con una caída de casi un 40% en los ingresos promedio de los ocupados desde 2017.

La informalidad laboral en Argentina es un flagelo que crece sin cesar, perpetuando las desigualdades socioeconómicas y afectando a un amplio sector de la población. Es fundamental que se implementen políticas activas de empleo, formación profesional y coordinación con políticas sectoriales para abordar esta problemática y proteger los derechos de los trabajadores.

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