El secretario general de la UOM San Jaun, Martín Solazzo, describió el presente del sector como “uno de los peores momentos de la historia reciente”, con fábricas paralizadas, caída en el empleo y un panorama que remite a los años noventa. Apuntó contra la apertura indiscriminada de importaciones, advirtió sobre un “efecto dominó” en todo el país y ratificó el compromiso sindical con la defensa de la industria nacional, la educación, la salud y los jubilados.

La voz de alerta resuena desde el corazón industrial cuyano. Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la provincia de San Juan, advirtió que el sector atraviesa “uno de los peores momentos de la historia reciente”, con un nivel de actividad comparable al registrado durante la pandemia y una pérdida de empleos que, según datos gremiales, supera los 5.000 puestos en todo el país.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente explicó que las fábricas sanjuaninas están “estancadas” y que la situación se replica en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias con fuerte presencia metalúrgica. “Estamos en estado de alerta permanente. Cada cierre en una planta repercute en toda la cadena y genera un efecto dominó que tarde o temprano nos alcanza”, sostuvo.

La preocupación no es abstracta. En las últimas semanas, el cierre de una planta de motos en Campana dejó a 70 trabajadores en la calle; en el sector siderúrgico ya se contabilizan 350 despidos, y en Santa Fe una empresa metalúrgica bajó sus persianas con 120 empleados cesanteados. “La industria cuando no tiene trabajo no puede sostener el mismo nivel de empleo. Nosotros defendemos la cultura del trabajo, pero sabemos que sin producción no hay manera de mantener las fábricas abiertas”, subrayó Solazo.

El fantasma de los 90 y la importación indiscriminada

El dirigente comparó el escenario actual con los años noventa, cuando la apertura de las importaciones derivó en la reconversión forzada de numerosas industrias nacionales. “Muchos empresarios están dejando de producir para convertirse en importadores. Una fábrica que empleaba a cien trabajadores hoy se limita a importar piezas, ponerles una etiqueta y reducir la plantilla a veinte embolsadores. El resto son familias que quedan sin sustento”, graficó.

Solazo retomó una idea clásica del pensamiento industrialista: “Cuando exportamos materia prima sin procesarla, lo que estamos haciendo es generar empleo en otro país. Argentina tiene recursos y capacidad, pero sin una política de protección y desarrollo lo único que logramos es destruir nuestra propia base productiva”.

En este punto, el titular de la UOM San Juan reclamó un cambio de rumbo: “Antes de abrir de manera indiscriminada la importación, el Gobierno debería haber fortalecido a la industria local, promovido la competitividad y la innovación tecnológica. De lo contrario, el resultado es condenar a la industria nacional y a la mano de obra argentina”.

Más allá de la fábrica: derechos en riesgo

El diagnóstico de la UOM excede la cuestión industrial. Solazzo anunció que el gremio se sumará al “súper miércoles” de movilización convocado por la CGT, junto a organizaciones universitarias, médicas y científicas, en rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica. “Siempre vamos a estar del lado de la igualdad y la equidad. No queremos un país para unos pocos. No se puede vetar leyes que garantizan salud y futuro a una generación entera”, advirtió.

En la misma línea, defendió a la universidad pública y al Hospital Garrahan, al que calificó como “el mejor de Sudamérica”. “Son conquistas de décadas que no vamos a dejar caer. Cada derecho que costó lucha y sacrificio, lo vamos a defender. Siempre van a contar con la UOM, en San Juan y en todo el país”, enfatizó.

Un discurso presidencial bajo la lupa

Consultado sobre el mensaje que el presidente Javier Milei pronunció esta semana, en el que defendió su plan económico y aseguró que “lo peor del ajuste ya pasó”, Solazzo fue categórico: “Da pena escucharlo. Parece que hablara de otro país. Dice que los salarios están en 1.200 dólares, pero eso no existe en la realidad de los trabajadores. Estamos muy lejos de lo que describe”.

El sindicalista recordó que Milei ya había hecho la misma promesa hace un año. “En agosto pasado aseguró que lo peor había pasado. Hoy estamos peor que entonces. Cada vez que lo escuchamos repetir ese discurso sentimos que es una burla para quienes vivimos la crisis en la base. No hay señales de reactivación ni en la industria ni en el comercio”, afirmó.

Para el dirigente, la distancia entre el relato oficial y la vida cotidiana de los trabajadores erosiona la credibilidad política: “Cuando el presidente insiste en un diagnóstico que no coincide con lo que pasa en las fábricas, lo único que genera es desesperanza”.

La radiografía que traza la UOM San Juan refleja con nitidez el dilema que enfrenta la Argentina: una industria debilitada por la apertura indiscriminada de importaciones, despidos que se multiplican en todo el país y un Estado que no logra articular políticas de protección y desarrollo. A la vez, el sindicalismo se muestra dispuesto a dar la disputa no solo por los puestos de trabajo, sino también por la salud, la educación y los derechos sociales conquistados.

El contraste entre los discursos oficiales y la realidad que describen los trabajadores anticipa que la conflictividad laboral y social seguirá en aumento. El desenlace dependerá de la capacidad política de generar consensos que permitan reactivar la producción sin resignar soberanía ni justicia social.

El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena, participó de un encuentro en el Senado donde reclamó una nueva legislación minera y defendió el proyecto de jubilación anticipada para los trabajadores del sector. Además, criticó el índice de inflación difundido por el INDEC y ratificó la presencia sindical en el “supermiércoles” legislativo.

Los jerárquicos mineros llevaron al Congreso un reclamo que busca abrir una discusión profunda: qué minería quiere la Argentina para el siglo XXI. Mena, sostuvo que la legislación vigente responde a un modelo del siglo XIX y ya no alcanza para los desafíos actuales.

“Tenemos trabajadores formados en el siglo XX y queremos una minería del siglo XXI. Necesitamos una ley moderna, que piense en el federalismo, en la participación de las provincias, en el agregado de valor con refinerías y en la distribución equitativa de la riqueza”, señaló.

En el mismo encuentro, Mena insistió en la necesidad de aprobar un régimen previsional diferenciado para los trabajadores mineros, presentado el año pasado en el Congreso. El proyecto propone que los varones puedan jubilarse a los 55 años y las mujeres a los 50, con los aportes correspondientes de empleadores y empleados.

“Es muy difícil sostener una vida laboral a 4.000 metros de altura con 20 grados bajo cero, o bajo tierra en la Patagonia profunda. La salud se deteriora antes y necesitamos un marco legal que reconozca esas condiciones extremas”, explicó.

Ausencia de San Juan, presencia de otras provincias

El dirigente destacó la participación de legisladores de La Rioja y de diversos representantes provinciales y del sector privado, pero cuestionó la ausencia del Ministerio de Minería de San Juan. “Fue un vacío llamativo en una provincia clave para la actividad”, observó.

Inflación: la brecha entre la estadística y la vida cotidiana

Más allá del debate sobre minería, Mena se refirió a la situación económica y cuestionó los datos oficiales de inflación. “El 1,9% que marcó el INDEC en agosto no refleja la realidad de las familias. Cuando suben el combustible y los servicios, todo se encarece. La gente prioriza la comida y la educación de sus hijos antes que el consumo. Con esos números es imposible discutir paritarias serias”, advirtió.
El referente gremial aseguró que la mesa sindical, de la que ASIJEMIN forma parte, trabaja en un planteo conjunto para reclamar un índice que refleje con mayor fidelidad el costo de vida.

Solidaridad entre gremios y defensa de lo público

Aunque reconoció que el sector minero atraviesa un buen momento con paritarias favorables, Mena subrayó que el movimiento sindical no puede mirar hacia otro lado. “Hay compañeros de otros gremios que sufren despidos, cierres de fábricas y recortes en obra pública. No se trata solo de defender lo propio, sino de ser solidarios”, expresó.

Camino al “supermiércoles”

Finalmente, el dirigente anticipó la participación de la mesa sindical en la jornada legislativa conocida como “supermiércoles”, donde se tratarán leyes vinculadas a la ciencia, la universidad y la salud. “Vamos a estar presentes porque no es una cuestión de desestabilizar, sino de reclamar lo que es justo. Queremos que al país le vaya bien, pero con la verdad y con los trabajadores adentro”, concluyó.

La voz de ASIJEMIN en el Congreso reflejó una doble preocupación: por un lado, modernizar la legislación minera y garantizar condiciones de retiro justas para quienes trabajan en contextos extremos; por otro, defender el poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación que, según los sindicatos, se mide con criterios alejados de la realidad. Con la vista puesta en el “supermiércoles” legislativo, el sindicalismo minero ratifica que la discusión sobre el modelo productivo no puede separarse de la justicia social.

El Gobierno anunció que venderá el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación nacional e internacional. El Estado mantendrá el 51% y destinará un 5% a los trabajadores. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un paso para financiar proyectos estratégicos, surgen críticas por la cesión de participación en una empresa rentable y clave para la soberanía energética.

El Gobierno nacional confirmó este martes que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión se enmarca dentro de la Ley Bases de 2024 y fue oficializada en paralelo a la presentación del Presupuesto 2026.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el proceso consistirá en la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a los trabajadores mediante un programa de propiedad participada. De esta manera, el Estado conservará el 51% accionario para garantizar la mayoría. Actualmente, la participación está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA).

La resolución llega en un momento en que Nucleoeléctrica exhibe resultados financieros positivos. En el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado operativo superior a $103.267 millones, y durante el primer trimestre registró un superávit financiero de $17.234 millones. Para este año, el Ministerio de Economía proyecta un resultado económico favorable de $23.389 millones y una inversión de $239.000 millones en obras estratégicas. Entre ellas se encuentran la extensión de vida de Atucha I, prevista para 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

El Ejecutivo justifica la apertura al capital privado como un paso para “promover la inversión en el sector nuclear” y financiar el primer reactor modular argentino, además de extender la vida útil de las centrales y relanzar la minería de uranio. “Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, sostuvo Adorni. Desde la Casa Rosada remarcan que NASA ya no depende de aportes estatales: mientras en 2023 recibió transferencias por unos u$s 2 millones, en 2024 no necesitó asistencia del Tesoro.

En cuanto a la valuación de la compañía, estimaciones realizadas en 2024 ubican su valor entre u$s 560 millones y u$s 1.000 millones, cifra que marcará el piso y techo de la licitación.

La decisión genera cuestionamientos en distintos sectores. Para los gremios, la privatización parcial implica “ceder soberanía energética a intereses privados”. Académicos especializados en energía nuclear señalan que, más allá de los balances, el valor estratégico de NASA radica en su capacidad técnica, el know-how acumulado y su rol en la investigación. Desde la oposición acusan al Gobierno de “vender una empresa superavitaria” en lugar de discutir un modelo energético de largo plazo.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina expone el dilema entre la necesidad de inversión para sostener proyectos estratégicos y el resguardo de un sector clave para la soberanía nacional. Para el Gobierno, la medida es una señal de confianza hacia el mercado y una vía para potenciar la autosustentabilidad del sistema nuclear. Para críticos y opositores, significa abrir la puerta a la pérdida de control sobre un activo que no representa déficit y que concentra conocimientos estratégicos únicos.

El desenlace dependerá de cómo se concrete la licitación y de si el ingreso de capital privado logra traducirse en nuevas obras y desarrollos, o si la operación quedará en la historia como un paso más dentro de un plan de privatizaciones sin consenso social ni político.