La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, criticó duramente la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y acusó a Javier Milei y Federico Sturzenegger de generar «Rutas Nacionales de la Muerte». Según Aleñá, esta medida es un claro ejemplo de la ideología del gobierno de achicar el Estado y beneficiar a los privados.

La disolución de Vialidad Nacional es una decisión que ha generado gran controversia y preocupación en el sector vial y en la sociedad en general. Según Aleñá, esta medida es un golpe a la infraestructura vial y la seguridad, ya que la DNV es un organismo clave para el mantenimiento y la planificación de las rutas nacionales. La dirigente sindical afirmó que la decisión del Gobierno de Javier Milei es ideológica y busca beneficiar a los privados, y que la misma va a generar un aumento en la inseguridad vial y un deterioro en la calidad de las rutas.

La importancia de Vialidad Nacional

Vialidad Nacional es un organismo que tiene una presencia territorial real en todo el país y que soluciona problemas en las rutas diariamente. Según Aleñá, la DNV tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial, y su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento en las obras públicas. La sindicalista destacó que la DNV no solo se encargaba del mantenimiento de las rutas, sino que también tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas.

El cierre de Vialidad Nacional va a generar un impacto negativo en la infraestructura vial del país. Según Aleñá, la medida va a dejar sin mantenimiento ni cobertura a más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales, lo que va a aumentar el riesgo de accidentes y va a afectar la economía local y el empleo público. La referente de los trabajadores viales afirmó que la decisión del Ejecutivo es un golpe a la conectividad federal y que va a beneficiar solo a los privados que van a lucrar con las rutas.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno justificó la disolución de Vialidad Nacional argumentando que el organismo tiene una estructura compleja y onerosa que no se ajusta a las necesidades actuales de gestión. Sin embargo, Aleñá desmintió esta afirmación y afirmó que la DNV tiene una presencia territorial real y que soluciona problemas en las rutas diariamente. La dirigente sindical destacó que la decisión del Gobierno es ideológica y que busca beneficiar a los privados.

Los gremios de Vialidad Nacional y del transporte rechazaron la medida del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y advirtieron sobre el impacto que tendrá en la tasa de accidentes en las rutas nacionales. La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) convocó a una asamblea para definir las acciones a seguir en defensa del organismo.

La disolución de Vialidad Nacional es una medida que causó un amplio rechazo en el sector vial y del transporte. Los gremios que forman parte del organismo manifestaron su preocupación por el futuro de los puestos de trabajo y por el estado de las rutas nacionales, que podrían sufrir un deterioro significativo debido a la falta de inversiones. La secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, calificó la medida como una «decisión profundamente ideológica» que se enmarca en la política de achicamiento del Estado del gobierno actual.

Tras el anuncio, la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), y otros gremios con representación en Vialidad, como ATE, convocaron a una asamblea general para mañana a las 10 de la mañana. La cita será en la sede central de Vialidad Nacional, bajo la consigna «¡A seguir luchando en defensa de VIALIDAD NACIONAL!». Se espera que durante esta asamblea se definan las próximas acciones a seguir por parte de los trabajadores, quienes se declararon en estado de alerta y movilización.

El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La medida, dispuesta por el presidente Javier Milei, busca reorganizar la política vial y dar apertura a la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas. Sin embargo, esta decisión plantea interrogantes sobre su impacto en la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios.

Análisis de la medida

La disolución de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial es una medida que busca reducir la intervención estatal en la política vial y promover la participación del sector privado. Sin embargo, esta decisión puede tener consecuencias negativas en la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios. La falta de inversión en la conservación y mantenimiento de las rutas puede generar un deterioro en la calidad de las mismas, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes y reducir la eficiencia del transporte.

La reorganización de la CNRT

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reorganizada y pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Esta nueva agencia será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Sin embargo, no está claro cómo se garantizará la independencia y la transparencia en la toma de decisiones de esta nueva agencia.

La licitación de rutas

El Gobierno también anunció que dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, pero no está claro como seleccionará a los concesionarios. La falta de transparencia y la posibilidad de que se priorice la rentabilidad sobre la calidad del servicio pueden generar problemas en la prestación del servicio.