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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) cuestionó la «falta total de propuestas» de las empresas de transporte y advirtió que podría retomar medidas de fuerza si no hay avances en las negociaciones salariales.

La UTA denunció que las empresas de transporte no presentan propuestas serias para resolver el conflicto salarial y que, en cambio, pretenden discutir el reajuste de cuentas en lugar de abordar el reclamo paritario. El gremio que lidera Roberto Fernández anticipó que continuará con su plan de lucha y reactivará «las medidas legítimas de acción gremial» si no se resuelve el conflicto.

“No se puede construir una sociedad sobre la base del sacrificio de este sector”, advirtió la UTA en un comunicado oficial. En el mismo documento, remarcaron que los empresarios «aceptan que las discusiones con el organismo de transporte no responden al reclamo paritario, sino al reajuste de cuentas», y subrayaron que «el trabajo no debe ser parte de esta discusión».

La modalidad y fecha de estas acciones serán informadas oportunamente, aseguraron desde el sindicato. En este contexto, la Secretaría de Conciliación de la cartera de Capital Humano, a cargo de Guido Arocco, convocó a las partes para una nueva audiencia virtual para mañana viernes 25 de abril a las 15. En ese encuentro se intentará destrabar el conflicto y evitar un posible paro que afecte el servicio de transporte público.

Cabe recordar que el último paro convocado por la UTA estaba previsto para el 28 de abril, pero fue suspendido por la conciliación obligatoria. Esa decisión permitió que los choferes no se sumaran al paro general convocado por la CGT el pasado 10 de abril.

El clima en el sector sigue tenso, y el resultado de la reunión del viernes podría ser determinante para el futuro inmediato del transporte urbano en todo el país.

Desde el sector empresario, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), expresó que actualmente “no tienen herramientas” para resolver el conflicto. La definición, sostienen, queda en manos de la Secretaría de Transporte, que debe evaluar dos caminos posibles: Aumentar los subsidios al sistema o autorizar un incremento en el precio del boleto.

El acuerdo paritario más reciente entre la UTA y las empresas de transporte establecía los siguientes montos para los trabajadores del sector: A partir del 1 de enero de 2025 quedó establecido un salario básico de 1.200.000 pesos, proporcional al tiempo trabajado. El básico con un año de antigüedad se eleva a 1.218.00 pesos (con 18 mil pesos por antigüedad).

Mientras tanto, con dos años de antigüedad, el salario sube a 1.236.000 pesos. Hasta la fecha, esta última referencia es la que sirve para calcular el salario de los choferes, a la que se debe añadir los conceptos de antigüedad, premios por asistencia y viáticos, según el caso.

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Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional: ¿Qué se espera?

El presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional este lunes a las 21 horas, en una situación de creciente expectativa y debate sobre la política económica del Gobierno. El mensaje, que se espera sea breve y conciso, será grabado a las 17 horas en el Salón Blanco de Casa Rosada y se centrará en la ratificación de la reducción del gasto como política central de su gestión.  

La presentación del Presupuesto 2026 es un momento clave en la gestión de Milei, quien ha hecho de la austeridad y el déficit cero una de sus principales banderas políticas. En un contexto de creciente presión económica y social, el Gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad y previsibilidad a los mercados y a la sociedad en general.

El presupuesto será presentado bajo el formato de déficit cero, lo que implica un ajuste significativo en el gasto público y una reducción de la deuda. Según fuentes oficiales, el Gobierno busca alcanzar un superávit fiscal primario del 2,2% para 2026, acorde al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la oposición legislativa ya anunció que impugnará el presupuesto, argumentando que no refleja las necesidades reales del país y que es un intento del Gobierno de imponer su política económica sin considerar las voces disidentes. La oposición también comunicó que presentará un presupuesto alternativo, que refleje las necesidades y prioridades de la sociedad argentina.

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Universitarios convocan a la tercera Marcha Federal el 17 de septiembre

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.

La tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Congreso de la Nación, con el objetivo de expresar el rechazo al veto presidencial y exigir un mayor presupuesto para las universidades nacionales.

La universidad pública argentina se encuentra en una situación crítica, con un futuro incierto que depende en gran medida de la decisión del Gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. La falta de financiamiento adecuado ocasionado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de la educación y la investigación en las universidades nacionales.

En este escenario, la FATUN ha sido una de las principales voces en defensa de la educación pública, y ahora convoca a una nueva movilización para exigir un cambio en la política educativa del Gobierno. La marcha del 17 de septiembre será una oportunidad para que la comunidad universitaria exprese su rechazo al veto presidencial y exija un mayor compromiso del Ejecutivo nacional con la educación pública.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó un amplio rechazo entre los sectores académicos y estudiantiles, que ven en esta medida un golpe significativo a la estabilidad del sistema universitario. Los reclamos de la FATUN incluyen un aumento en el presupuesto para las universidades, mejoras en los salarios de los docentes y no docentes, y la garantía de continuidad de los programas de becas estudiantiles.

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La OIT llama a reducir la jornada laboral en América Latina

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó un llamado a los países de América Latina para que reconsideren sus actuales horarios semanales de 48 horas y avancen hacia una reducción, según su más reciente informe. La OIT sostiene que esta modificación podría tener efectos beneficiosos en la salud y el bienestar de los trabajadores, así como en los niveles de productividad y empleo digno.

La OIT analizó experiencias en distintos países y llegaron a la conclusión de que la reducción de la jornada laboral puede ser beneficiosa para los trabajadores y la sociedad en general. Sin embargo, el informe también advierte que los resultados positivos dependen en gran medida del diseño de la política, las condiciones institucionales y las medidas complementarias.

La OIT insta a que cualquier cambio se efectúe mediante un diálogo tripartito entre gobiernos, empleadores y representantes sindicales, para que la ordenación del tiempo de trabajo promueva políticas sostenibles y equilibradas. Esto implica que los países deben considerar cuidadosamente las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados en el proceso.

Beneficios de la reducción de la jornada laboral:

  • Mejora de la salud y el bienestar: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a reducir el estrés y la fatiga en el lugar de trabajo, lo que puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de los trabajadores.
  • Aumento de la productividad: La reducción de la jornada laboral también puede ayudar a aumentar la productividad, ya que los trabajadores pueden ser más eficientes y enfocados durante sus horas de trabajo.
  • Promoción del empleo digno: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a promover el empleo digno y a reducir la desigualdad en el lugar de trabajo.

Aunque algunos países ya comenzaron reformas escalonadas o debates legislativos en esta dirección, en muchos lugares la jornada de 48 horas permanece vigente. La OIT considera que esto representa una deuda pendiente en materia laboral y que es necesario abordar este tema de manera prioritaria.

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