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Desde el 14 de abril, San Juan implementará el boleto educativo gratuito para estudiantes y docentes. Aunque representa una conquista significativa en términos de inclusión y acceso a la educación, surgen cuestionamientos técnicos y sociales que ameritan un análisis profundo.

En una medida largamente esperada por amplios sectores de la comunidad educativa, el Gobierno de la provincia de San Juan anunció oficialmente que, a partir del próximo 14 de abril, entrará en vigencia el boleto educativo gratuito. La presentación se realizó en el Centro Cívico, con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina. Ambos funcionarios detallaron las condiciones y modalidades del nuevo beneficio, destinado a docentes y estudiantes activos del sistema educativo provincial.

El anuncio encuentra eco positivo en un contexto donde los costos de transporte representan una carga significativa para muchas familias. El boleto gratuito busca aliviar esa presión, garantizando el acceso a la educación sin barreras económicas vinculadas a la movilidad. El beneficio se aplicará de lunes a viernes hasta las 23:59 horas, y los sábados por la mañana, contemplando las necesidades horarias de quienes cursan carreras universitarias.

No obstante, esta iniciativa no está exenta de complejidades técnicas y aspectos que invitan a la reflexión crítica. Tal como lo explicó Molina, el sistema SUBE –bajo la órbita de Nación Servicios– no permite registrar viajes a costo cero, por lo cual el usuario deberá contar con una carga mínima. En la práctica, esto significa que cada viaje implicará un descuento simbólico de entre $0,10 para estudiantes y $0,20 para docentes. Este requerimiento, si bien puede parecer menor, condiciona parcialmente la gratuidad prometida, introduciendo un matiz que merece atención: la gratuidad real se ve limitada por una cuestión de arquitectura del sistema tecnológico.

Otro aspecto relevante es la necesidad de gestionar una Credencial Única Escolar y Docente, que podrá tramitarse hasta el 30 de abril. La exigencia de este documento, junto con la tenencia de una tarjeta SUBE registrada, apunta a garantizar un uso ordenado del beneficio. Sin embargo, podría transformarse en una barrera adicional para quienes enfrentan dificultades de acceso a la información o medios tecnológicos, especialmente en contextos rurales o de menor conectividad.

Cabe señalar que el requisito de recorrer una distancia superior a un kilómetro para acceder al beneficio excluye a un grupo no menor de estudiantes y docentes que, pese a vivir cerca de sus instituciones, utilizan el transporte público por cuestiones de seguridad, tiempo o condiciones personales. Esta condición puede tornarse arbitraria si no se considera el contexto integral del usuario.

Desde una perspectiva de políticas públicas, este boleto educativo gratuito representa una decisión acertada que se alinea con los principios de equidad y acceso universal al derecho a la educación. Pero también desnuda una vez más la tensión constante entre las buenas intenciones gubernamentales y las limitaciones operativas de los sistemas burocráticos y tecnológicos que las sostienen.

El inicio del boleto educativo gratuito en San Juan es una noticia que merece celebrarse, en tanto busca derribar barreras estructurales para acceder a la educación. El desafío estará en monitorear su aplicación concreta, garantizar la inclusión de los sectores más vulnerables y corregir a tiempo los desajustes que puedan surgir. Como toda política pública transformadora, su éxito dependerá de la sensibilidad con la que se escuche a quienes deben ser, efectivamente, sus principales beneficiarios.

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La Justicia frenó el intento de disolución del INTI

La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía.

La Justicia dio un paso importante en la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que pretendía reestructurar profundamente el INTI y eliminar su autarquía.

El Decreto 462/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía. Sin embargo, la jueza Forns consideró que esta medida es inconstitucional y ordenó suspender sus efectos. La medida cautelar tendrá vigencia por seis meses.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró la medida judicial, considerándola un triunfo para la defensa de los derechos laborales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ha criticado duramente al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por intentar aplicar decretos que calificó de «truchos».

La medida judicial es un paso clave en la defensa de la institucionalidad del INTI y los derechos laborales. Con este fallo, La Justicia demuestra su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT con jerarquía constitucional.

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Fusiones, salarios y el desafío de la IA: los trabajadores de las telecomunicaciones entre incertidumbre y adaptación


Marcelo Trujillo, referente del gremio Soeesit, advirtió sobre los riesgos laborales y sociales que implican las fusiones empresariales, el deterioro económico y el avance de la inteligencia artificial. En diálogo con este medio, analizó el complejo escenario que enfrentan los trabajadores frente a las transformaciones del mercado y la falta de respuestas gubernamentales.

Trujillo, con trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, abordó en una entrevista con Mundo Laboral un escenario cargado de tensión y expectativas: la fusión entre Telecom (Grupo Clarín) y Telefónica, recientemente autorizada por las autoridades regulatorias. Según explicó, este proceso generará una fuerte concentración empresarial en el sector, con efectos colaterales preocupantes tanto para los usuarios como para los trabajadores.

«Estamos ante una situación parecida a la que vivimos en los años 90, durante la privatización de ENTEL. Ahora se repite la historia, pero con un formato diferente», señaló Trujillo. Uno de los principales focos de preocupación es la posible reducción de puestos de trabajo tras la unificación de estructuras operativas y administrativas. A esto se suma el uso extendido de contratistas y agencias tercerizadas, una modalidad que —según denunció— se emplea para recortar costos laborales sin mejorar necesariamente la calidad del servicio.

Paritarias bajo presión y aumentos que no alcanzan

El dirigente también hizo mención a la reciente negociación paritaria que involucra a los trabajadores de Claro, Telecom y Movistar. Si bien se lograron algunos aumentos salariales, remarcó que estos debieron ser “dibujados” a través de sumas fijas y complementos no remunerativos para no superar los límites porcentuales que el Gobierno intenta imponer según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«Estamos intentando sostener los aumentos dentro de una lógica que nos permita homologarlos, pero el margen es mínimo. Nos exigen no pasar del 1,2 o 1,3% mensual, cifras que están totalmente desconectadas de la realidad inflacionaria», advirtió.

Trujillo cuestionó duramente esta tendencia a reemplazar las paritarias por aumentos discrecionales decretados desde el Ejecutivo. “Ningún trabajador ni representante debería aceptar esa lógica. Es una imposición que elimina el diálogo y deteriora aún más la ya difícil situación de los asalariados”, enfatizó.

Miedo a perder el empleo: una sensación que crece

En este contexto de incertidumbre económica, los temores se profundizan. Según una encuesta reciente citada en la entrevista, más del 50% de los trabajadores consultados manifestó tener miedo a perder su empleo o ver reducidos sus ingresos. Para Trujillo, este dato no sorprende. “No es una sensación aislada, es algo que se respira en todos los sectores. No solo acá. También está pasando en países centrales como Estados Unidos y en Europa, donde el empleo tradicional está en crisis por múltiples factores”, explicó.

Asimismo, mencionó que la llegada de nuevos flujos migratorios y el avance tecnológico están reconfigurando el mercado laboral, alimentando tensiones, desigualdades y desafíos que los sindicatos deben encarar con urgencia.

Inteligencia artificial: entre la oportunidad y la amenaza

Uno de los puntos más significativos de la charla fue el análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo. Trujillo reconoció que estas tecnologías traerán consigo mejoras en eficiencia y productividad, pero también alertó sobre el riesgo de un desplazamiento masivo de trabajadores, especialmente en áreas técnicas y administrativas.

“La IA no es algo que viene de afuera, es algo que nosotros mismos alimentamos durante años. Es una herramienta muy poderosa, pero que también puede acentuar desigualdades si no se regula a tiempo”, sostuvo. En ese sentido, reclamó un debate urgente y profundo sobre el uso responsable de estas tecnologías, su regulación legal y la necesidad de una reconversión laboral que no deje a nadie atrás.

“Podemos convivir con la IA, pero no a costa de perder el valor humano. No se trata de frenar el progreso, sino de acompañarlo con políticas inclusivas y con representación real en todos los sectores”, agregó.

Finalmente, Trujillo planteó la necesidad de fortalecer la organización sindical en todos los oficios, con representación legal y activa, especialmente frente al avance de nuevas formas de trabajo. “Si no nos sentamos ya mismo a discutir estas transformaciones, vamos a seguir viendo cómo la tecnología avanza mientras los trabajadores retroceden”, alertó.

La entrevista dejó en claro que los desafíos del mundo laboral actual no pueden resolverse con recetas del pasado. La concentración empresarial, el congelamiento salarial, el miedo a perder el empleo y el avance de la inteligencia artificial son piezas de una misma tensión estructural. Para Marcelo Trujillo, la salida debe ser colectiva, organizada y con un firme compromiso por parte del Estado y de los representantes gremiales.

“El progreso no puede construirse sobre la exclusión de los trabajadores”, sentenció. Su llamado, más vigente que nunca, interpela tanto a quienes diseñan políticas públicas como a quienes, día a día, sostienen los servicios esenciales en medio de un país en transformación.

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La industria del juguete enfrenta una temporada crítica ante el aumento de importaciones

Con ventas en baja por segundo año consecutivo, la industria del juguete argentino se prepara para el Día del Niño con fuerte preocupación por el aumento de importaciones baratas y su impacto en la producción nacional y la seguridad infantil

La industria del juguete en el país atraviesa un escenario complejo en la antesala del Día del Niño, que se celebrará el próximo 17 de agosto. Dos años consecutivos de caída en las ventas y un aumento sustancial de las importaciones de bajo costo han generado preocupación en el sector.

Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), en el primer semestre de 2025 las importaciones crecieron un 79% en valor y 108,7% en volumen respecto al mismo período de 2024 alcanzando las 10.500 toneladas por un total de USD 58,3 millones FOB. Además, se duplicó la cantidad de empresas importadoras: de 265 en 2024 a 501 en lo que va del año. Esto representa un riesgo para la seguridad infantil y una competencia desleal para la industria nacional.

La industria en Argentina comprende unas 180 pymes y emprendimientos locales que generan cerca de 8.000 empleos, apuesta a una leve mejora durante la temporada gracias a acciones promocionales como la Noche de las Jugueterías. Sin embargo, es necesario tomar medidas para proteger la industria nacional y promover el consumo responsable.

La CAIJ sostiene que la industria nacional es competitiva en varias categorías —como juegos de mesa, didácticos, masas, pelotas o triciclos—, y que su participación en el mercado local, actualmente del 30%, podría incrementarse si se redujeran cargas impositivas, costos laborales no salariales y se mejorara la logística. Al mismo tiempo, redobla su campaña para promover el consumo responsable, con juguetes certificados y seguros, adquiridos en comercios habilitados, para evitar productos de baja calidad o sin controles.

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