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En el marco del programa «Mundo Laboral San Juan», Waldo Gutiérrez, titular de la Bancaria en la provincia de San Juan, expuso en detalle su preocupación ante el decreto presidencial que pretende convertir al Banco Nación en una sociedad anónima. Según sus declaraciones, la decisión se ha tomado de forma sorpresiva y poco transparente, en un contexto marcado por decisiones apresuradas que dejaron a la institución y a sus trabajadores en una situación de incertidumbre.

Gutiérrez resaltó que, a pesar de que el Banco Nación opera en entornos con baja rentabilidad —donde la presencia de bancos privados es prácticamente inexistente—, la entidad se ha mantenido financieramente sólida y continúa presentando balances positivos. Este contraste se hace aún más evidente cuando se analiza el desempeño de las sucursales ubicadas en localidades con alta concentración de población, en las cuales el banco cumple una función social vital, atendiendo a comunidades que en muchos casos suman hasta 6000 habitantes o familias.

El dirigente denunció la estrategia del gobierno de utilizar argumentos negativos y falaces para justificar cambios que, en su opinión, menoscaban la labor de la institución. Uno de los ejemplos citados fue la reducción intencional del personal en puntos clave, lo que ha provocado largas esperas y un deterioro en la calidad del servicio, especialmente en áreas críticas como el sector destinado al pago de jubilaciones. Este recorte, según Gutiérrez, forma parte de una política deliberada para desprestigiar al Banco Nación y abrir la puerta a una eventual privatización que, de concretarse, tendría consecuencias nefastas para miles de argentinos.

Ante este panorama, se ha declarado un estado de alerta a nivel nacional en el ámbito gremial. La movilización se traduce en convocatorias a asambleas y acciones de protesta que podrían materializarse en paros nacionales o en la suspensión de la atención al público, medidas que el sindicato considera necesarias para forzar al gobierno a retomar el diálogo. La estrategia, explicaron, busca restablecer el rumbo del banco y garantizar que su función social no sea sacrificada en aras de intereses económicos que benefician a sectores privados.

La defensa de la institución no solo responde a la preservación de un ente bancario, sino que se fundamenta en la importancia de mantener un servicio público que atienda a las comunidades más vulnerables. En este sentido, el Banco Nación representa mucho más que números y balances positivos; es un pilar fundamental para el desarrollo y la cohesión social en áreas donde la rentabilidad no es el motor principal de la actividad financiera.

En conclusión, el debate en torno a la transformación del Banco Nación en SA, pone en evidencia el choque entre las decisiones gubernamentales y las necesidades reales de una población que depende de este servicio. Mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro de la entidad, la respuesta sindical se fortalece, apostando por el diálogo y la acción colectiva para preservar la esencia y el carácter social de uno de los bancos más emblemáticos del país.

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