El Frente Sindicatos Unidos inició en Córdoba un plan de lucha con una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno. Exigen al gobernador Martín Llaryora que inste a los legisladores provinciales a abstenerse o rechazar el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse en el Senado el 11 de febrero. Advierten que la iniciativa implica un retroceso histórico en derechos laborales.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó este jueves un nuevo capítulo de alto voltaje político y sindical en Córdoba. Diferentes gremios nucleados en el Frente Sindicatos Unidos se movilizaron de manera masiva frente a la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo al proyecto oficialista y exigir una definición concreta del gobernador Martín Llaryora.

La marcha, que comenzó cerca de las 9.30 de la mañana, reunió a trabajadores estatales, metalúrgicos, aceiteros y otros sectores que confluyeron bajo una consigna común: frenar una reforma que, según denuncian, facilita despidos, precariza las condiciones de contratación y debilita los Convenios Colectivos de Trabajo.

Durante el acto central, los referentes sindicales presentaron un documento dirigido al mandatario provincial en el que le reclaman que instruya a los legisladores cordobeses a abstenerse o votar en contra del proyecto cuando empiece su tratamiento en el Senado de la Nación, previsto para el próximo miércoles 11 de febrero.

El reclamo directo al poder político

En diálogo con Mundo Gremial, el secretario general de la UOM Córdoba y uno de los principales impulsores de la protesta, Rubén Urbano, fue contundente al definir el objetivo de la jornada:
«Va a haber una gran marcha federal nacional y vamos a llevar un documento a la Casa de Gobierno donde le vamos a exigir al gobernador que sus legisladores se abstengan de votar esta nefasta reforma laboral, que no tiene ningún punto favorable para los trabajadores».

Las declaraciones sintetizan el clima de confrontación que atraviesa al movimiento obrero frente a una iniciativa que consideran estructuralmente regresiva y alineada con una política de ajuste más amplia.

Un frente sindical ampliado y con respaldo nacional

La movilización marcó el inicio formal del Plan de Lucha impulsado por el Frente Sindicatos Unidos, integrado entre otros por ATE, la UOM y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, con el acompañamiento de las centrales sindicales.

La jornada contó además con la presencia y el respaldo explícito de referentes nacionales del sindicalismo, entre ellos Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (aceiteros), Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy (estatales), junto a Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional. La participación de estas figuras buscó enviar una señal clara de unidad y coordinación frente al avance del proyecto en el Congreso.

Advertencia de escalada

Desde el escenario, los gremios advirtieron que la reforma laboral “pulveriza derechos conquistados a lo largo del siglo XX” y anticiparon una profundización del conflicto si el oficialismo insiste en avanzar con la iniciativa sin modificaciones sustanciales.

En ese marco, confirmaron que el plan de lucha continuará el 10 de febrero en Rosario, como antesala de una posible convocatoria a un paro general, con el objetivo de incrementar la presión política y social en la antesala del debate parlamentario.

La protesta en Córdoba no solo expresa el rechazo sindical a la reforma laboral, sino que también interpela directamente a los gobernadores y a sus bancadas legislativas, en un momento clave para la estrategia parlamentaria del Gobierno nacional. Con las calles como escenario y el Senado como próximo campo de disputa, el movimiento obrero busca condicionar el rumbo de una iniciativa que considera un punto de quiebre en el modelo de relaciones laborales en la Argentina.

Mientras el Gobierno acelera gestiones para tratar su reforma laboral en el Congreso, ingresó a Diputados un proyecto alternativo que propone ampliar derechos, regular el trabajo en plataformas y combatir la informalidad. La iniciativa, impulsada por Eduardo Valdés, se presenta como una respuesta directa al modelo de “modernización” promovido por el oficialismo.

En un momento de fuerte disputa política y social por el rumbo del mundo del trabajo, la Cámara de Diputados recibió un nuevo proyecto de reforma laboral que busca funcionar como contrapeso a la iniciativa flexibilizadora del Gobierno de Javier Milei. La propuesta fue presentada este miércoles a última hora por el diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) y plantea una revisión integral del marco normativo laboral con una orientación diametralmente opuesta a la del oficialismo.

Bajo el título “Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción”, el proyecto propone reafirmar el trabajo como derecho humano fundamental, ampliar licencias, regular el empleo en plataformas digitales y establecer herramientas de política pública para reducir la informalidad, uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino.

Desde el entorno del legislador señalaron que se trata de una verdadera “contrarreforma”, pensada para proteger las conquistas históricas del Derecho del Trabajo frente a los intentos de desregulación y pérdida de derechos contenidos en la iniciativa oficial, presentada bajo el rótulo de “Modernización Laboral”.

Trabajo en plataformas y límites a la precarización

Uno de los ejes centrales del proyecto es la regulación del trabajo en plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya, Uber o Cabify. La iniciativa establece que deberá considerarse relación laboral cuando existan elementos de dirección, organización o control, incluyendo el control algorítmico, reafirmando en esos casos la plena vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo y el vínculo de dependencia.

“Vamos a impedir que la innovación tecnológica sea utilizada como un mecanismo de evasión de responsabilidades laborales”, sostuvo Valdés, quien remarcó que el objetivo es garantizar registración efectiva, protección social y transparencia en los sistemas digitales de gestión del trabajo.

En esa misma línea, el proyecto declara al aguinaldo como irrenunciable, estableciendo que no podrá ser sustituido, absorbido ni compensado por pagos de otra naturaleza, buscando cerrar la puerta a acuerdos individuales que desplacen lo establecido en convenios colectivos y en la legislación vigente.

Paritarias, licencias y derecho a huelga

Otro punto sensible que aborda la iniciativa es el funcionamiento del sistema de paritarias. Frente a la práctica reiterada del Gobierno de demorar o bloquear homologaciones para frenar aumentos salariales, el proyecto fija un plazo máximo de 30 días para la homologación de los acuerdos. Vencido ese plazo, la paritaria quedará automáticamente homologada.

El texto también amplía y protege el régimen de licencias por maternidad, paternidad, enfermedad y fallecimiento, y dedica un capítulo específico a resguardar el derecho a huelga, uno de los aspectos más cuestionados de la reforma impulsada por el oficialismo.

Además, crea un Ingreso Familiar de Emergencia para personas desocupadas, vinculado a instancias de capacitación laboral. Su financiamiento se prevé mediante la reasignación y reducción de gastos discrecionales del Estado, como viáticos, ceremonial, protocolo y publicidad institucional, cumpliendo con los requisitos de equilibrio fiscal exigidos por el Poder Ejecutivo.

Qué no incluye

A diferencia del proyecto oficial, la iniciativa de Valdés no incorpora figuras como la eliminación o reducción de indemnizaciones, el banco de horas ni la fragmentación de las vacaciones, puntos que concentran un amplio rechazo sindical y social y que son considerados mecanismos de precarización.

Una reforma con mirada de futuro

Al presentar el proyecto, Valdés subrayó que no se trata de una modificación aislada, sino de una propuesta integral:
“No proponemos una reforma fragmentaria, sino la construcción de un sistema normativo coherente, orientado a formalizar, proteger e integrar, preservando las conquistas históricas del Derecho del Trabajo argentino y proyectándolas hacia los desafíos del siglo XXI”.

El diputado sostuvo que la modernización laboral “no puede construirse a partir de menos derechos” y llamó a superar la falsa dicotomía entre derechos y desarrollo productivo. En ese marco, reivindicó el Decálogo de los Derechos del Trabajador de 1947, incorporado luego al constitucionalismo social argentino, como base conceptual de la iniciativa.

La presentación de este proyecto introduce un nuevo actor en el debate legislativo sobre la reforma laboral y profundiza la polarización en torno al modelo de relaciones laborales que se discute en el Congreso. Mientras el Gobierno busca avanzar con una agenda de flexibilización, la oposición propone una alternativa centrada en la formalización, la ampliación de derechos y la protección del trabajo como pilar de la justicia social. La disputa, lejos de saldarse en términos técnicos, anticipa un debate político de fondo sobre el rumbo económico y social del país.

El Sindicato Jerárquico Minero organizó una charla–debate en San Juan con la participación de dirigentes nacionales de la CTA Autónoma. El encuentro puso en el centro la defensa de los derechos laborales, la organización colectiva y la unidad del movimiento obrero frente al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

En el marco de una demandada agenda de acciones gremiales contra la reforma laboral, el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN) realizó este miércoles en su sede central de San Juan una charla–debate destinada a analizar los alcances del proyecto que impulsa el Gobierno nacional y a fortalecer la organización de las y los trabajadores frente a un escenario que consideran regresivo.

La actividad reunió a trabajadores mineros, dirigentes sindicales y referentes políticos y sociales, y se inscribió en una estrategia más amplia de formación, concientización y construcción colectiva que ASIJEMIN viene desarrollando en el territorio. Desde el sindicato advirtieron que las modificaciones propuestas implican un retroceso histórico en materia de derechos laborales, con impactos directos sobre la estabilidad, las condiciones de trabajo y la negociación colectiva.

El titular nacional de los jerárquicos mineros, Marcelo Mena, abrió la jornada destacando la importancia de generar estos espacios de debate en un contexto de ofensiva sobre las conquistas del movimiento obrero. Subrayó que ASIJEMIN sostiene una línea de trabajo basada en la participación activa de las bases, la articulación con otros sindicatos y una clara vocación de unidad.

Mena remarcó que el sindicato adhiere plenamente a lo resuelto en el plenario conjunto de las dos CTA y sostuvo que el proyecto de reforma laboral “viene a destruir derechos conquistados en casi un siglo de luchas sindicales”. En ese sentido, llamó a profundizar la organización y la movilización: “Esto no solo debe convocarnos a defender lo que tenemos, sino a salir a luchar para conquistar nuevos derechos”.

En su intervención, también planteó la necesidad de avanzar hacia un sindicalismo de nuevo tipo, que ponga en el centro la dignidad humana por sobre la lógica del capital, y propuso discutir iniciativas como la reducción de la jornada laboral y la mejora sustancial de los salarios, incluso con participación de los trabajadores en las ganancias.

Respaldo del movimiento obrero nacional

La jornada contó con la participación del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien realizó un análisis de la situación político y laboral nacional y advirtió sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la reforma. Godoy señaló que el proyecto forma parte de una ofensiva más amplia contra los derechos de la clase trabajadora y llamó a construir poder popular organizado para enfrentarla.

“Cuando el pueblo fue protagonista —el 17 de Octubre, el Cordobazo o en 2001— fue capaz de cambiar la historia”, afirmó, al tiempo que destacó las experiencias provinciales que, como la de San Juan, expresan la voluntad de construir un sindicalismo con fuerte anclaje territorial y protagonismo de las bases.

Godoy también alertó sobre las presiones externas que rodean el debate parlamentario y sostuvo que funcionarios de la embajada de Estados Unidos mantienen gestiones con legisladores y gobernadores para garantizar los votos necesarios que permitan avanzar con las reformas impulsadas por el oficialismo.

La batalla que viene

Por su parte, Ernesto “Kiki” Trigo, secretario general del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero y dirigente de la CTA Autónoma, remarcó la importancia de llevar el debate a cada lugar de trabajo y de informar con claridad a las y los trabajadores sobre el verdadero alcance del proyecto. “Es una reforma que nos retrotrae cien años en materia de contrato de trabajo”, advirtió, en referencia al tratamiento previsto en el Senado el próximo 11 de febrero.

Durante el encuentro también participaron dirigentes sindicales y referentes de organizaciones sociales y políticas de la provincia, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero como herramienta central para resistir el ajuste.

La actividad organizada por ASIJEMIN en San Juan dejó un mensaje contundente: frente al avance de una reforma laboral considerada regresiva, la respuesta pasa por más organización, más debate y más unidad. Con fuerte respaldo del sindicalismo nacional y una clara definición política, el gremio minero se posiciona como un actor activo en la resistencia, apostando a la construcción colectiva y a la defensa integral de los derechos laborales en un momento clave para el futuro del trabajo en la Argentina.